Por: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel, el ex Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, y
más de 200 intelectuales, escritores-as, periodistas, defensores-as de
derechos humanos y dirigentes políticos de Europa y América Latina,
respaldan a Piedad Córdoba ante la Corte Constitucional de Colombia.
A la opinión pública mundial, a las autoridades colombianas, en especial a los Magistrados de la Corte Constitucional.
Quienes
firmamos esta carta, la dirigimos con profundo respeto y al tiempo con
la convicción moral y el derecho que nos asiste para expresar nuestra
solidaridad y señalar la gravedad de una decisión equivocada en contra
de los derechos no sólo de la dirigente política Piedad Córdoba Ruíz
sino de los derechos colectivos del pueblo
colombiano a construir la paz.
Lo
hacemos con la alarma causada por la información de prensa que da
cuenta de la posibilidad de que el alto Tribunal constitucional pueda
decidir negativamente la acción de tutela interpuesta por la ex Senadora
Piedad Córdoba contra la decisión injusta e ilegítima dictada en 2010,
hace dos años y medio, por el Procurador General de Colombia, en la que,
desbordando su competencia, determinó sancionarla por 18 años,
decretando una muerte política, a quien había sido legítimamente elegida
por una parte importante de mujeres y hombres de Colombia.
La
destitución e inhabilitación que le impusieron nos pareció y nos parece
un exabrupto jurídico, ético y político, basado en pruebas manipuladas,
como judicialmente está confirmado, con elementos obtenidos ilegalmente
en una operación militar violatoria de los más elementales principios
del derecho internacional y de los derechos humanos, al vejar la
soberanía de un país vecino y amigo como es Ecuador, en la que con
poderosos bombardeos se consumó una matanza tras la cual fueron
recogidos unos ordenadores en los que supuestamente unos correos
indicarían una indebida relación de Piedad Córdoba con la guerrilla de
las FARC.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Colombia (18 de Mayo de 2011), determinó que el contenido demostrativo
de esos elementos en archivos estáticos que no ligan un origen con un
destino es ilegal: “Los documentos electrónicos hallados en los
ordenadores de “Raúl Reyes” fueron recogidos por miembros de las Fuerzas
Armadas colombianas, durante una inspección que hicieron en territorio
ecuatoriano sin consultar con las autoridades de ese país, desatendiendo
frontalmente el “debido proceso” que gobierna la producción de pruebas
en el exterior, además de que quienes así procedieron ni siquiera tenían
facultades de policía judicial”.
La presunción de inocencia,
el derecho a la defensa, el conjunto de las garantías y del debido
proceso no sólo se estarían violando de manera radical con una decisión
que la hallara culpable, sino que se estaría violando su derecho y con
ella el de una amplia parte de la población colombiana, a construir y
participar activamente de la paz, tal y como lo reconocen instrumentos
jurídicos suscritos por el Estado colombiano.
La decisión del
Procurador, insistimos, no sólo viola los derechos políticos de Piedad
Córdoba sino de los colombianos y las colombianas que votaron por ella
como representante política. El derecho a ser elegido y a elegir,
protegido irrestrictamente, como lo establece el articulo 23 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados, señala
la posibilidad de limitarlo por condena emitida por juez competente en
un proceso penal, lo cual en absoluto no ha ocurrido, ni siquiera siendo
llamada a un evento o instancia de tal naturaleza, lo cual prueba la
arbitrariedad del acto del
Procurador. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha señalado que si la sanción es aplicada por un órgano
distinto a un juez penal competente o no se aplicó como consecuencia de
un proceso penal en el que se hubieran cumplido las garantías previstas
para la protección del debido proceso, se estaría incurriendo en una
clara violación de los derechos a elegir del pueblo colombiano y a ser
elegida de Piedad Córdoba, generando o pudiendo demandarse la
responsabilidad del Estado colombiano.
Se estaría enviando un
claro mensaje de obstrucción política y persecución, no sólo de la
persona que puso en riesgo su vida para mediar y obtener la liberación
de decenas de civiles y militares en manos de la guerrilla, como lo hizo
exitosamente en una delicada tarea de años, reconocida mundialmente,
sino de todos los que tienen como objetivo el cese de la violencia. En
ello consistieron sus contactos y oficios, dentro de un trato político
que contribuyó al indiscutible escenario que hoy día tenemos, el de un
vivo y esperanzador proceso de paz entre el gobierno colombiano y las
FARC.
Un tal mensaje de castigo es un mensaje de condena de
ese proceso, pues si hoy se ahoga la participación de una destacada
personalidad como Piedad Córdoba, en la vida política de su país en
igualdad de condiciones ¿con qué garantías podrá contar esa gran parte
del pueblo colombiano tradicionalmente excluida del poder político? Esa
muerte política que equivale a una pena extrema que rompe con el avance
del Estado de Derecho en Colombia, esa criminalización resultante,
reforzaría lo que judicialmente ya ha sido comprobado en expedientes que
obran contra redes y estructuras comprometidas en crímenes de lesa
humanidad. Que por todos los medios, incluyendo atentados contra su vida
y de sus asesores, interceptaciones de sus comunicaciones,
hostigamiento y amenazas, ha existido un propósito espurio contra Piedad
Córdoba.
Confiamos que una justa decisión de la Corte
Constitucional no les de la razón a quienes acudiendo a diversidad de
métodos oprobiosos han buscado apartarla de las opciones y alternativas
políticas a las que el pueblo colombiano tiene derecho para el logro de
la paz.
Expectantes en que sabrán acoger dicha acción de
tutela, y que conforme al ordenamiento legal colombiano se tendrán esas
pruebas como violatorias del debido proceso, por lo tanto plenamente
nulas, confiamos y demandamos con respeto que se le restituya a Piedad
Córdoba Ruiz todos sus derechos políticos, su condición de Senadora de
la República, cesando así este capítulo deshonroso de persecución
política y de intolerancia inadmisible.
Por tanto, quienes
suscribimos esta misiva pública desde la comunidad internacional,
hacemos un llamado a la Corte Constitucional de Colombia, para que
reestablezca la justicia, conscientes de los efectos no sólo hacia su
persona y electores, sino de lo que significa política e históricamente
para enaltecer así el servicio de la juridicidad a la vocación de paz y
reconciliación, incompatibles con el quebrantamiento de los derechos
fundamentales y de costosos principios de civilización como son la
presunción de inocencia, el respeto al debido proceso y el ejercicio
pleno de los derechos políticos.
Atentamente,
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Presidente SERPAJ-Argentina, miembro de la Comisión Ética para Colombia
Federico Mayor Zaragoza, Ex Director General de la UNESCO, ex Ministro, Presidente Fundación Cultura de Paz, España
Heike Hänsel, Parlamentaria de Die Linke, presidenta de la Subcomisión de Naciones Unidas del Bundestag, Alemania
Mirta
Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuela de
Plaza de Mayo, Miembro de la Comisión Ética para Colombia
Cayo
Lara Moya, Coordinador Federal de Izquierda Unida, Diputado, Presidente
del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, Congreso de los Diputados, España
José
Luis Centella Gómez, Secretario General del Partido Comunista de
España, CE, Diputado, Portavoz del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La
Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
François Houtart, sacerdote, sociólogo, profesor emérito Universidad de Lovaina, Bélgica
Carlos Fernández Liria, filósofo, profesor Universidad Complutense de Madrid – España
Joan
Josep Nuet i Pujals, Coordinador General de Esquerra Unida i
Alternativa, Diputado IU Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA,
congreso de los Diputados, España
Ricardo Sixto Iglesias,
Diputado IU Valencia, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda
Plural, Congreso de los Diputados, España
Belén Gopegui, escritora, España
Santiago Alba Rico, escritor, filósofo, Túnez, España
Agustín Velloso Santisteban, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor universitario y escritor, España
Isaac Rosa, escritor, España
Constantino Bértolo, escritor, editor, España
Ángel Guerra Cabrera, Cuba/México, periodista y catedrático.
Stephen Haymes, Universidad de Paul, Chicago, Estados Unidos
Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado IU Asturias, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA:
La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
Ascensión
de las Heras Ladera, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario
IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, congreso de los Diputados, España
Caridad
García Álvarez, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La
Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
Alberto
Garzón Espinosa, Diputado IU Málaga, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La
Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España
Chesus
Yuste Cabello, Diputado CHA Zaragoza, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA:
La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España
Laia
Ortiz Castellví, Diputada ICV Barcelona, Grupo Parlamentario
IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España
Enrique Santiago Romero, abogado, jurista experto en derechos humanos y derecho internacional
Gilberto López y Rivas, Profesor-Investigador, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
Paul Ríos, Coordinador de Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco.
Aitziber Blanco, Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco.
Juan Domingo Sánchez Estop, escritor, Bruselas, Bélgica
René Vázquez Díaz, escritor, Suecia.
Igor
Urrutikoetxea, Secretario de Relaciones Internacionales de la Central
sindical vasca LAB y miembro del Consejo Presidencial de la Federación
Sindical Mundial
Fabio Marcelli, investigador Instituto
de Estudios Jurídico Internacionales del Consejo Nacional de
Investigación, Director de la Asociación de Abogados Demócratas y
miembro del Bureau de la Asociación Internacional
Julie Cánovas, Doctora, jurista experta en derecho internacional, Universidad de Borgoña, Francia
Salvador López Arnal, profesor, escritor, Catalunya, España
Gabriela Morales Gracia, jurista mexicana, experta en derechos humanos
Antonio Salamanca Serrano, escritor, doctor en filosofía y derecho, experto en derechos humanos, España / Ecuador
Mario Amorós, periodista, historiador, escritor, España
Steven Forti, periodista e investigador en Historia Contemporánea, Universitat Autònoma de Barcelona, España
Unai Aranzadi, Director de la agencia informativa Independent Docs, Suecia
Xabi Puerta, escritor y productor, Presidente de la Asociación Cultural Alfonso Sastre
Joaquim Arrufat Ibáñez, diputado de la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres al Parlament de Catalunya
Carolina del Olmo, Directora de Cultura del Círculo de Bellas Artes, Madrid
Iñaki Markiegi Candina, Presidente Fundación Mundubat
Patricia Rivas Bufala, Periodista, España
Fausto Gianelli, abogado, experto en derecho internacional, Módena, Italia
Amaia Izko, abogada, portavoz de Sortu, País Vasco
José Antonio Gutiérrez D., Analista Político, Latin American Solidarity Centre, Dublín, Irlanda
Adolfo Araiz Flamarique, Abogado, Tafalla, País Vasco, España
Lux Barinagarrementeria Abogado, Donosita, País Vasco
José Mari Esparza, Editorial Txalaparta, Tafalla, País Vasco, España
Iñaki Soto, Director diario Gara, País Vasco
Joseba Álvarez, dirigente político, Portu, País Vasco
Iratxe Urízar, Behatokia, Observatorio Vasco de Derechos Humanos
Jon Iñarritu, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, España
Iker Urbina, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, España
Amalur Mendizábal, Senadora Amaiur, Senado de España
José Manuel Mariscal Cifuentes, Senador Izquierda Unida, Senado de España
Urko Aiartza, Senador Amaiur, Senado de España
Francisco Bello, Informativo digital Iniciativa Debate, España
Carlos Alberto Ruiz, jurista, experto en derechos humanos, España
Marina Albiol Guzmán, Diputada de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes.
Javier Moya, CEDSALA, Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia
Bernardino Camilo da Silva - Abogado del Movimiento Sin Tierra – MST, Brasil
Carlos
Fazio, catedrático Universidad Autónoma de Méjico - UNAM, Méjico, Grupo
Paz con Democracia, México y Red en Defensa de la Humanidad
Lorenzo Loncon, dirigente pueblo Mapuche, Argentina
Elizabeth Deligio, Charity Ryerson, Escuela de las Americas Watch, SOA Watch
Tica Font, Comisión Ética de la Verdad
Valerie Techer, France Amerique Latine
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