Miércoles 17 Abril 2013
Varias organizaciones sociales y
defensoras de derechos humanos denunciaron que el Ejército, con la
complicidad de la alcaldía del municipio de Tierralta, Córdoba, se
dispone a realizar un evento “cívico-militar”, infringiendo de manera
grave el Derecho Internacional Humanitario, DIH.
El acto irresponsable de las fuerzas
militares y de la alcaldía en el que se viola el principio de
distinción, se involucra a la población civil en el conflicto y se pone
en alto riesgo la vida y la integridad de las comunidades, se llevará a
cabo el próximo 26 de abril en el corregimiento de Crucito.
Según la denuncia, el pasado martes 9 de abril la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario de Tierralta, en cabeza de Rocío Jiménez Díaz, citó a las comunidades a una reunión preparatoria a realizarse el pasado 12 de abril en el Concejo Municipal con el fin de organizar la jornada cívico-militar en el corregimiento de Crucito a finales de abril.
La alcaldía y el Ejército escogieron para su evento la misma fecha en que las organizaciones sociales y el campesinado tienen previsto realizar una acción humanitaria, con el fin de escuchar a las comunidades y observar el estado de los derechos humanos.
Esa acción no es más que un acto de sabotaje por parte de la alcaldía y del ejército, por cuanto las organizaciones responsables de la acción humanitaria hicieron una gira en febrero pasado e interlocutaron con las autoridades locales, nacionales y con la Defensoría del Pueblo, quienes a su vez le informaron a la fuerza pública y le solicitaron garantías para quienes realizaron dicha gira.
En marzo hubo otra gira en la que igualmente fueron informadas las autoridades civiles y militares, lo que constata que las fechas de programación y los objetivos de la acción humanitaria eran de conocimiento del alcalde y de los militares.
“Desde la implementación del Plan Nacional de Consolidación territorial en 2009, su reformulación en 2011 y la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo en 2009, en el corregimiento de Crucito, se han incrementado sostenidamente las acciones de estigmatización y amenaza contra la población civil por parte de integrantes de la Fuerza Pública,-
“funcionarios públicos del nivel local y agentes del Ministerio Publico, señalando a la población campesina y sus organizaciones, de ser auxiliadores de la guerrilla o asimilando a las familias cultivadoras de cultivos de uso ilícito con narcotraficantes o combatientes participantes de las hostilidades; situación que ha determinado el desplazamiento forzado, el confinamiento y el miedo en las comunidades rurales de este municipio”, dice el documento.
Según la denuncia, el pasado martes 9 de abril la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario de Tierralta, en cabeza de Rocío Jiménez Díaz, citó a las comunidades a una reunión preparatoria a realizarse el pasado 12 de abril en el Concejo Municipal con el fin de organizar la jornada cívico-militar en el corregimiento de Crucito a finales de abril.
La alcaldía y el Ejército escogieron para su evento la misma fecha en que las organizaciones sociales y el campesinado tienen previsto realizar una acción humanitaria, con el fin de escuchar a las comunidades y observar el estado de los derechos humanos.
Esa acción no es más que un acto de sabotaje por parte de la alcaldía y del ejército, por cuanto las organizaciones responsables de la acción humanitaria hicieron una gira en febrero pasado e interlocutaron con las autoridades locales, nacionales y con la Defensoría del Pueblo, quienes a su vez le informaron a la fuerza pública y le solicitaron garantías para quienes realizaron dicha gira.
En marzo hubo otra gira en la que igualmente fueron informadas las autoridades civiles y militares, lo que constata que las fechas de programación y los objetivos de la acción humanitaria eran de conocimiento del alcalde y de los militares.
“Desde la implementación del Plan Nacional de Consolidación territorial en 2009, su reformulación en 2011 y la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo en 2009, en el corregimiento de Crucito, se han incrementado sostenidamente las acciones de estigmatización y amenaza contra la población civil por parte de integrantes de la Fuerza Pública,-
“funcionarios públicos del nivel local y agentes del Ministerio Publico, señalando a la población campesina y sus organizaciones, de ser auxiliadores de la guerrilla o asimilando a las familias cultivadoras de cultivos de uso ilícito con narcotraficantes o combatientes participantes de las hostilidades; situación que ha determinado el desplazamiento forzado, el confinamiento y el miedo en las comunidades rurales de este municipio”, dice el documento.
