Por: Semana
Abril 13 de 2013
INVESTIGACIÓN El saqueo a la capital fue peor de lo
que hasta ahora se cree: existía una junta en la sombra que se reunía en
Miami y tenía un avión privado. Agenda secreta del carrusel.
El senador Iván Moreno (centro), hermano del alcalde, era la cabeza
del ‘gobierno a la sombra’. Emilio Tapia (derecha) era el eslabón entre
los Moreno Rojas y los contratistas. Había una especie de código no
escrito: Samuel Moreno no se reunía con nadie.
El 23 de octubre de 2007, una semana antes de las elecciones en las que se iba a escoger el alcalde de Bogotá tuvo lugar el último debate de televisión entre los dos candidatos que lideraban las encuestas: Enrique Peñalosa y Samuel Moreno.
El 23 de octubre de 2007, una semana antes de las elecciones en las que se iba a escoger el alcalde de Bogotá tuvo lugar el último debate de televisión entre los dos candidatos que lideraban las encuestas: Enrique Peñalosa y Samuel Moreno.
Cuando faltaba un minuto para terminar, le preguntaron a Moreno: “¿Si usted
comprando 50 votos puede salvar a la ciudad de alguien capaz de comprar
50.000 votos lo haría?”. Samuel ni lo pensó. De inmediato dijo: “Sí”.
Tal vez su respuesta era un presagio de lo que se venía. Y a 915.000
bogotanos que votaron por él –el 43 por ciento del total– pareció no
importarles ese detalle.
Samuel Moreno
sacó la más alta votación que hasta hoy ha tenido un alcalde en Bogotá y
durante tres años demostró que, como en ese debate, no se detiene a
reflexionar cuando de dilemas éticos se trata. Testimonios y documentos
en poder de SEMANA, y las pesquisas de la Fiscalía, revelan que en los
tres años que estuvo al frente del gobierno distrital se dio el saqueo a
gran escala más impresionante que se haya visto en Colombia.
Su
mandato se convirtió en un segundo Bogotazo. Así como ese 9 de abril,
de 1948, marcado por el caos y la destrucción, partió en dos la historia
de la capital, con la administración Moreno Rojas Bogotá cayó del cielo
al infierno.
Los bogotanos no tienen idea de
hasta dónde llegó la devastación. Lo interesante de este caso, a
diferencia de otros grandes descalabros del país, es que gracias a la
confesión y a las pruebas entregadas por Emilio Tapia, todo se está
descubriendo. SEMANA ha tenido acceso a información privilegiada –de
investigadores del caso y testimonios de seis de los involucrados– para
armar el rompecabezas completo.
El modus operandi
¿Qué
hace distinto este caso? Basta con decir que el saqueo fue de tal
envergadura que tuvieron que montar un ‘gobierno en la sombra’ para
poder mantener aceitada la maquinaria de los contratos y las mordidas.
“Eso funcionaba como una empresa”, ha dicho Emilio Tapia, el hombre que
sirvió de eslabón entre la cúpula del carrusel de contratos (el alcalde
Samuel Moreno y su hermano el senador Iván Moreno) y los contratistas
(que se encargaban de garantizar las ‘mordidas’).
Ese
‘gobierno en la sombra’ tenía una especie de ‘junta directiva’ que
decidió cómo se repartía la torta del Distrito. La Uaesp, por ejemplo,
que se encargaba de los multimillonarios contratos de recolección de
basuras y del relleno de Doña Juana, le tocó al abogado Álvaro Dávila,
según testimonios que ya están en la Fiscalía.
El
Acueducto fue para el contratista Andrés Cardona Laverde. Y en el IDU,
que tenía 3 billones de pesos para invertir, se acogió la propuesta del
contratista Julio Gómez de mantener a la directora que ya estaba. Por
mencionar solo las tajadas más grandes. Cabe anotar que Julio Gómez ya
llegó a un acuerdo con la Fiscalía, de diez años de prisión, a cambio de
confesar y delatar otros engranajes del carrusel. Pero Cardona y Dávila
–hoy detenido– han negado ser parte del carrusel.
El
modus operandi de la ‘junta directiva’ era sencillo. Cada uno resolvía
cómo repartía los contratos, pero tenía que garantizar un porcentaje
para los hermanos Moreno Rojas. “Eso funcionaba como si fueran
franquicias. Los Moreno le entregaban a un contratista una entidad para
que les respondiera por ella y les tenían que pagar un porcentaje por
cada contrato”, le explicó un exgerente del Acueducto a SEMANA.
Había
una especie de código no escrito que todos seguían al pie de la letra:
Samuel Moreno no se reunía con nadie. La cabeza del ‘gobierno a la
sombra’ era Iván Moreno, hermano del alcalde y para ese momento senador.
Cabe recordar que como alcalde de Bucaramanga fue cuestionado por malos
manejos y porque aumentó el déficit de la ciudad en un 166 por ciento.
Emilio
Tapia era el ejecutor de la estrategia. “Las reuniones con Iván eran
prácticamente todo el día, todos los días”, les ha dicho a los
investigadores. Tapia nació en Sahagún, Córdoba, pero vivió en San
Andrés, donde su papá fue director de la Dian. Se ganó la confianza de
los Moreno Rojas porque su abuelo había sido amigo y vecino del general
Gustavo Rojas Pinilla. Su centro de operaciones era una lujosa y amplia
oficina cerca del parque de la 93. La tarea era tan exigente que
adquirieron un avión, por leasing a nombre de Geos Investment.
En
el avión, Tapia viajaba de noche para llegar a primera hora ya fuera a
Estados Unidos –para reunirse con algunos aliados allá o para invertir
el dinero de las comisiones–o ya fuera a Perú –para ver cómo iba el
negocio que iba a hacer la Empresa de Energía de Bogotá –o para Brasil– a
concretar a los empresarios que ya estaban listos para construir las
autopistas urbanas–.
La ‘junta directiva’
también se daba cita en Miami. En los registros de migración aparece que
Emilio Tapia viajó a esa ciudad 53 veces entre enero de 2008 y
diciembre de 2010. Y coincidió en 22 de esos viajes con el entonces
senador Iván Moreno, en dos con el entonces alcalde Samuel Moreno, y
nueve veces con Álvaro Dávila.
En las
reuniones en Miami, según documentos que conoció SEMANA, tomaban parte
dos colombianos radicados allá: Saúl Campanella y Luis Cárdenas.
Campanella es un cartagenero que vive en Miami y brinda asesoría para
crear empresas offshore y colocar recursos en paraísos fiscales. Y
Cárdenas es un barranquillero que se radicó en Miami tras lograr, en
medio de muchos cuestionamientos, que ampliaran un jugoso contrato
público por veinte años en su ciudad natal.
Mientras
todo esto ocurría en la sombra, en el Palacio Liévano, en pleno corazón
de Bogotá, Samuel Moreno convocaba a consejos de gobierno. “Pone poca
atención a lo que se discute. Se la pasa conversando con su secretario
general y poco atiende lo que los demás decimos”, se quejaba en esa
época uno de los miembros de su gabinete a SEMANA.
El
fiscal delegado ante la Corte Suprema que lleva el caso, Juan Valbuena,
dijo en una audiencia que todo fue fríamente calculado. “Desde
diciembre del 2007 y hasta junio del 2010, Samuel Moreno, su hermano
Iván, el abogado Álvaro Dávila y los empresarios Emilio Tapia y Julio
Gómez se pusieron de acuerdo para cometer delitos contra la
administración pública”.
La agenda de ‘mordidas’’
Hace
dos años, en un allanamiento a la oficina de Emilio Tapia encontraron
un documento de tres páginas que, ahora, ha cobrado gran importancia. Es
una ‘agenda’ en donde aparecen tareas pendientes de esa ‘junta
directiva’. ¿En qué consiste? Se trata de un listado de 35 frentes del
Distrito en los que había ‘mordida’ y en cada uno se asignan tareas en
el manejo de los contratos.
En la ‘agenda’ hay
apelativos como Yoyi, M, el chiquito, Dávila y Lucho, que al parecer
corresponden a Emilio Tapia, Iván Moreno, Andrés Cardona, Álvaro Dávila y
Luis Cárdenas, respectivamente.
Por ejemplo: el punto 2 dice
“Basuras. Responsabilidad de (aparece un nombre tachado) y Lucho. Esta
semana deben quedar listos los acuerdos con las empresas brasilera y
argentina”.
Se refieren al contrato de
recolección de basuras por 2,5 billones de pesos. El mismo que en ese
entonces no se pudo firmar y que hace poco generó la peor crisis del
gobierno de Gustavo Petro. Para la época, una empresa brasileña aspiraba
a quedarse con una de las seis zonas de recolección de basuras. Se
trata de la misma a la que le dieron el relleno sanitario Doña Juana, en
medio de un escándalo. Y como ese punto hay muchos más en la ‘agenda’.
Este
no es el único documento revelador que tiene la Fiscalía. Hay otro en
Excel de once páginas, una especie de ‘acta’ de una reunión de la ‘junta
directiva’, el 6 de junio de 2010, en Miami. El documento se llama:
“Reunión de asignación de tareas, fechas y compromisos” y fue revelado
por El Espectador.
La bitácora de ‘mordidas’ que aparece es
extensa. Tanto, que los contratos que dieron origen al escándalo, los de
los Nule, son apenas una pequeña porción de uno solo de los 35 puntos
de la ‘agenda’.
Y es que Bogotá, para su
desgracia, estaba con los bolsillos más llenos que nunca. El presupuesto
de 2008, por ejemplo, fue de 13,1 billones de pesos y el de 2010 llegó a
16,81. Con el ‘agravante’ de que el 80 por ciento es para inversión.
Eso sin contar contratos como el del recaudo del SITP, el de basuras o
los de la Empresa de Renovación Urbana en los que las millonarias
ganancias vienen del negocio mismo, y no del erario público.
La ‘mordida’ de 56 millones de pesos diarios
En
el listado hay muchas ‘mordidas’ que hasta ahora no se conocían. Pero
la más impresionante es la del contrato del recaudo del Sistema
Integrado de Transporte (más conocido como Sirci). En toda la historia
de Colombia no ha existido un contrato público tan jugoso como ese.
El
ganador de ese ‘premio gordo’ maneja desde enero de este año 3.150
millones de pesos diarios, que corresponden a los pasajes del Sistema
Integrado de Transporte –hoy se venden 1,8 millones de pasajes-, pero el
cálculo es que en agosto del año entrante sean 12.250 millones de pesos
–cuando el SITP llegue a 7 millones de pasajes diarios– Ese monto, en
efectivo, solo es comparable con el que manejan cada día los más grandes
hipermercados o las empresas de telefonía celular. Eso suma, cada año,
4,4 billones de pesos. Y, como se firmó a 16 años, el negocio es de ¡64
billones de pesos!
La mordida –para los Moreno y
Emilio Tapia–según el acta mencionada era la bobadita de 8 pesos por
cada pasajero: lo cual, multiplicado por 7 millones de pasajeros,
equivale a 56 millones de pesos diarios. Eso suma 20.000 millones de
pesos al año. Durante 16 años.
Para tener un
punto de comparación de lo que significa la fortuna que se puso en
juego, basta decir que los dos contratos más grandes de los últimos
tiempos en Colombia son Hidroituango, que se firmó por 5,5 billones de pesos, y la Ruta del Sol, por 3,8 billones de pesos.
Consultado
al respecto, el presidente del consorcio Recaudo Bogotá niega que haya
mordidas: “¡Imposible! Nosotros no estamos asociados con cualquiera.
LG-CN cotiza en las principales bolsas del mundo. Además el gobierno
coreano nos financió. Ellos no se meten en un negocio donde hay el
mínimo asomo de corrupción. Además la Procuraduría estuvo encima todo el
tiempo”.
En efecto, la Procuraduría hizo un
acompañamiento preventivo y, según pudo establecer SEMANA, encontraron
irregularidades. Sin embargo, contrario a la celeridad que caracteriza
al procurador en otros frentes, todavía no se han dado a conocer los
resultados.
Crearon hasta EPS de papel
Otro
gran ponqué al que le cayeron como niños con hambre fue el de la salud.
Allí, exprimieron hasta lo que no tenía. Primero, inflaron
escandalosamente los gastos de los hospitales del Distrito. ¿Cómo opera
la ‘mordida’? A un concejal se le da un hospital. Y allí se nombra un
gerente amañado. El gerente entonces empieza a generar facturas de
pacientes que no atienden o exámenes especializados que no se hacen o
por los cuales se pagó menos de lo facturado.
Por
eso no es extraño que mientras en 2005 el Distrito les giraba a sus
hospitales 500.000 millones de pesos, en 2010 la cuota se disparó a 1,3
billones. Y por eso, también, el secretario de Salud actual, Guillermo
Alfonso Jaramillo, denunció que durante el gobierno de Samuel Moreno se
manipuló la selección de por lo menos seis gerentes de hospitales.
En
la Fiscalía hay denuncias de operarios que tenían que pagarle la mitad
de su sueldo al concejal de turno. Una de ellas dice: “El concejal José
Juan Rodríguez, que es ‘el dueño del Hospital de Kennedy’, los
funcionarios de cierto rango nombrados por él tienen que entregarle
mensualmene la mitad de sus salario, como ocurrió con la señora…”. No en
vano, en la Fiscalía investigan si Jorge Salamanca era el dueño del
Hospital Santa Clara; Jorge Durán Silva del San Rafael; Andrés Camacho
del de Chapinero y Fontibón; Soledad Tamayo de La Victoria; Darío
Fernando Cepeda del San Blas, y el exsecretario de Salud Héctor Zambrano
del de Meissen.
La segunda estrategia para
sacar ‘mordidas’ de la salud consistía en construir nuevos hospitales.
No contento con la abultada billetera del Distrito, el entonces alcalde
Samuel Moreno pidió en 2010 al Concejo que le aprobara 200.000 millones
de pesos de vigencias futuras para cinco nuevos hospitales. “Un hospital
equipado ‘full’ puede costar 42.000 millones. Se roban entre el 25 y el
30 por ciento”, le contó a SEMANA alguien que manejaba las cuentas en
esa época.
Eso sin contar del contrato de las
ambulancias –la tercera estrategia del saqueo a la salud–. Emilio Tapia
reveló a la Fiscalía cómo se entregó ese negocio: “Una noche en el
apartamento de Hipólito Moreno, que queda en Rosales, debajo de la
Circunvalar, nos reunimos Héctor Zambrano, secretario de Salud, Julio
Gómez y Federico Gaviria, que trabaja con el concejal, y se les dijo que
ese contrato de las ambulancias era para Hipólito.
Eso
quiere decir que él puso los precios e hizo los pliegos de la
licitación y Zambrano adjudicó”. La Fiscalía ya logró establecer que ese
contrato se ejecutó con tan solo la mitad de los 67.000 millones de
pesos y lo demás fue ganacia para los involucrados. Luc Gerard,
presidente del Fondo Tribeca, del que hace parte Emi, la firma líder en
el servicio de ambulancias, recordó que ellos perdieron la licitación
porque no quisieron pagar la ‘mordida’. “Nos dijeron que nos
descalificaron por ser demasiados baratos”, contó Gerard.
Y
como si fuera poco también crearon la EPS distrital. Figura como uno de
los 35 frentes de negocio de la ‘agenda’ que le encontraron a Emilio
Tapia. La composición era peculiar, pues si bien el 51 por ciento era
del Distrito y el 49 por ciento del privado, en este caso Salud Total,
era este último el que ponía el gerente y en últimas controlaba.
En
la Fiscalía investigan si es cierto, como les dijo Tapia, que “todas
las EPS son un negocio. Giran una plata por afiliado y realmente se
gastan menos de la mitad”. El actual secretario Guillermo Alfonso
Jaramillo denunció en abril del año pasado: “Capital Salud es una EPS de
papel”. Tenía 471.980 afiliados que, en realidad, estaban carnetizados
en la EPS Salud Total. Y hace unos pocos días, anunció que se iba a
liquidar.
Precios inflados en un 30 por ciento
La
otra gran piñata fue el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). El 2 de
junio de 2010, Samuel Moreno se vanagloriaba diciendo: “La capital de la
República vive una transformación nunca antes vista”. Y calificó como
“grandiosa” la inversión de 3,6 billones de pesos en obras viales.
“Nunca en los presupuestos del IDU se había hecho una inversión de tal
magnitud”.
En la ‘agenda’ de Emilio Tapia esos
3,6 billones ocupan solo un punto de los 35. La tabla de ‘mordidas’ en
el IDU, según varios testimonios en la Fiscalía, va del 6 al 10 por
ciento. Pero el negocio es aún más suculento porque en el caso de
Bogotá, según le contaron a SEMANA dos contratistas, los precios de las
obras están inflados en un 30 por ciento.
La
‘junta’ tenía muy claro que en el IDU los negocios eran tres: “Las
adiciones, el mantenimiento de malla vial y la valorización” (punto 11
de la ‘agenda’). Porque dos días antes de Samuel Moreno asumir como
alcalde ya se había entregado el contrato de TransMilenio de la 26 por
1,3 billones.
Lo de las adiciones a contratos
ya existentes fue escandaloso. Casi 850.000 millones de pesos fueron
asignados, de esa manera a dedo, según el informe que lideró en su
momento el concejal Carlos Vicente de Roux. “Las razones alegadas por la
administración para haber adicionado esos recursos sin los trámites de
rigor fueron, en varios casos, deleznables”, dice el informe.
En
cuanto al mantenimiento de la malla vial, el alcalde dividió la ciudad
en seis partes. Curiosamente dos de ellas, por 187.000 millones de
pesos, le tocaron a empresas ‘satélite’ de Julio Gómez, ambas en
consorcio con los primos Nule. Esos dos contratos son los que tienen en
la cárcel a la mayoría de los implicados en el escándalo del cartel de
la contratación: entre ellos, al alcalde Samuel Moreno y a su hermano
Iván, a Julio Gómez, a Álvaro Dávila y a Manuel, Miguel y Guido Nule.
Y
el tercer punto, el de valorización, también fue la debacle. Se
entregaron 36 obras y Julio Gómez ‘se quedó’ con 11 de ellas. Según
denunció hace poco el contralor de Bogotá, Diego Ardila, cuatro no se
terminaron. Una de ellas, el puente deprimido para resolver el trancón
de la 94 con novena, una obra de 45.000 millones que quedó en manos de
Julio Gómez, pero nunca arrancó. Ardila además cuestionó que el paquete
de valorización que empezó costando 528.000 millones de pesos, con las
adiciones terminó en 638.000 millones.
Lo que
en ese momento no advirtió Iván Moreno es que con valorización cometió
uno de los errores que pueden complicarle la vida a él y a su hermano.
Iván Moreno mandó llamar a la directora del IDU, Liliana Pardo, para que
le rindiera cuentas. Pero como ella estaba de vacaciones quien apareció
con el listado de contratos fue el subdirector, Luis Eduardo
Montenegro. Y cuando Iván se dio cuenta que a Julio Gómez le habían
tocado muchos contratos y eso los ponía en evidencia ante la opinión
pública, se salió de la ropa. “Casi me golpea”, le oyó decir un
investigador. Montenegro ha decidido colaborar con la Justicia. Y esa
historia es otra evidencia del modus operandi del cartel.
El
‘gobierno a la sombra’ estaba tan entusiasmado con las ‘mordidas’ a las
obras públicas que la ‘junta directiva’ empezó a explorar de dónde
podían sacar más dinero. En la ‘agenda’ aparece que estaban viendo cómo
sacarle un pedazo a la sobretasa a la gasolina (punto 14 del ‘agenda’)
para dedicar a la pavimentación restante. Lo de la sobretasa no les
salió, pero entonces abrieron otro frente de ‘negocios’ con la Unidad de
Malla Vial.
A diferencia del IDU, que se
dedica a las obras grandes de la ciudad, esta es una dependencia que
repara vías locales y que tenía en el bolsillo más de 200.000 millones
de pesos para la repartija. Allí pusieron a Iván Hernández, ficha del
concejal Andrés Camacho. “Cuando llegó eso se lo tomaron los concejales.
Por la mañana llegaba Hipólito Moreno, y por la tarde Andrés Camacho.
Orlando
Parada era tan descarado que citaba a sus líderes de barrio en la sala
de juntas del piso 16”, le contaron a SEMANA tres funcionarios de la
entidad. “Vivíamos aterrados. De pronto uno oía en el pasillo a alguien
que reclamaba: ‘¿Cómo así que los contratos se los llevaron para
Rosales?’. Y era que se los llevaban al apartamento de Hipólito Moreno
para acomodarlos allá”. Llegaron incluso al extremo de mandar a
pavimentar un conjunto residencial en Usme, con maquinaria y material
del Distrito, por petición de uno de los concejales que estaba en
campaña, según consta en una investigación interna.
Salarios de $89 millones
Otro
frente del que poco se ha hablado, pero al que le sacaron mucho jugo
fue el de la renovación urbana. La idea es convertir sitios decadentes
de la ciudad en espacios modernos. La encargada de esta tarea es la ERU
(Empresa de Renovación Urbana) y al frente estuvieron, durante la
alcaldía de Samuel Moreno, fichas claves de Emilio Tapia como Néstor
Eugenio Ramírez, que luego pasó al IDU, y Diego Muriel.
Tanto
en el ‘acta’ como en la ‘agenda’ aparecen los tres grandes
megaproyectos de renovación del centro de la ciudad (Centro Comercial de
San Victorino, La Hoja –en el Centro Administrativo Distrital– y La
Manzana 5 –en Las Aguas–) y el negocio es, entre otras, quedarse con un
porcentaje de la venta a los privados.
El
‘gobierno a la sombra’ solo alcanzó a avanzar con la renovación de San
Victorino, que consistía en coger ese inmenso lote ya recuperado, al que
el Distrito le invirtió sumas multimillonarias en los gobiernos de
Mockus y Peñalosa, para convertirlo en un “Centro Internacional de
Comercio Mayorista”. En total son tres manzanas, entre la Caracas y la
carrera Décima, y entre calles 9 y 10, que permitirían la venta de miles
de locales cuyo valor-ventas podría ascender a 780.000 millones de
pesos.
Pero allí también se dio otro
descalabro: casi cuatro años después, cuando se habían girado más de
7.000 millones de pesos y no había pasado nada. Se dieron
irregularidades como que el contrato se le entregó a dedo a una empresa
de fachada de Emilio Tapia, la interventoría a una firma de los Nule y
aumentaron los honorarios de la Gerencia del proyecto de 19 a 89
millones de pesos mensuales a pesar de que no se había visto ningún
resultado.
Quedó hasta un túnel sin salida
Y
así, uno a uno, podría hacerse una historia de los 35 frentes que
aparecen en la ‘agenda’. Hay contratos, por ejemplo, de los que nadie ha
hablado hasta ahora. Como uno para cobrar multas de tránsito vencidas
por 2 billones de pesos, según contó uno de los involucrados a SEMANA.
El que gana este contrato se queda con el 40 por ciento de la cartera
que logre cobrar y la ‘mordida’, en este caso, era miti-miti.
En otros frentes se está apenas descubriendo la dimensión de la rapiña.
Como
es el caso de la Empresa de Acueducto, en la cual uno solo de los
contratos que entregó con ‘mordida’ –según testimonios que reposan en la
Fiscalía– vale 250.000 millones de pesos, es decir, más que la suma de
dos de los contratos de los Nule que prendieron la chispa del escándalo.
Eso
sin contar los contratos de menor cuantía que sirvieron para mantener
‘aceitados’ a los concejales. Eran de 200 a 500 millones de pesos, en
los que el concejal se quedaba mínimo con un 20 por ciento. Si le daban
10 de 500 se ganaba 1.000 millones. “En algún mes yo alcancé a contar
que se les dieron 130”, contó Emilio Tapia a la Fiscalía. Entre 2008 y
julio de 2010, el Acueducto entregó contratos por 1,3 billones de pesos.
Y
la historia de ese contrato es un buen ejemplo del Macondo urbano que a
veces es Colombia. Se trata de la construcción de un túnel de ocho
kilómetros para llevar las aguas negras residuales de Bogotá hasta la
futura planta de tratamiento Canoas, ubicada en Soacha. En el túnel
debían construirse varios pozos de inspección, pero uno de ellos, el
número 12 no se hizo porque no se compraron los terrenos.
La
solución fue sencilla: no construirlo, cambiar el trazado inicial y
terminar el túnel. Pero no se percataron de un pequeño detalle: era por
ese pozo por donde debían sacar las dos enormes máquinas de excavación
que estaban trabajando el túnel. De manera que las dos máquinas quedaron
enterradas a 60 metros de profundidad, el Acueducto está pagando daños y
perjuicios por ellas y, lo peor, es que si no las sacan no se puede
utilizar el túnel para descontaminar el río Bogotá. Sacarlas, como
informó CM&, cuesta 35.000 millones de pesos.
Las cámaras de seguridad que valieron 45.000 millones de pesos más y no sirven
Curiosamente, mientras la entrega del contrato del recaudo del SITP que era
megamultimillonario
mereció una reseña simple en los diarios; el del relleno de Doña Juana,
que era más ‘pequeño’ (230.000 millones de pesos), fue todo un
espectáculo. Primero, por la conversación que de manera providencial
presenció un periodista de El Espectador en un restaurante del norte de
Bogotá, en la que participaba la secretaria jurídica de la Uaesp,
entidad encargada de entregar el contrato. Según un diagrama que dejaron
escrito en el mantel, exploraban cómo contratar a dedo un operador.
Se
explicaba cómo se iban a repartir las ganancias y aparecían signos de
pesos al lado de iniciales como A.D. (que se interpretó eran de Álvaro
Dávila, ‘dueño’ para ese entonces de la franquicia de la Uaesp).
Después, cuando se iba a dar el contrato, a través de la televisión se
vio cómo la procuradora María Eugenia Carreño –una de las pocas que
intentó ponerle freno a la orgía de desperdicio–llamaba la atención
sobre las posibles irregularidades. La administración de Samuel Moreno
decidió entregar el negocio antes de que llegara la procuradora. Se
descalificó a dos firmas y se dio un bochornoso espectáculo por un
billete de 2.000 pesos que debía estar en una de las propuestas de los
consorcios eliminados.
Otro escándalo que
apenas hace poco comenzó a sonar es el del sistema de cámaras de
vigilancia que se debía montar en las fronteras de la ciudad, en las
patrullas y motos de Policía, y en 190 colegios. El contrato fue
entregado por la administración de Samuel Moreno en octubre de 2010,
pero hoy es un dolor de cabeza para Gustavo Petro.
El
contralor distrital ha puesto el grito en el cielo porque faltan la
mitad de las cámaras de los colegios, las de la patrullas de la Policía
no funcionan porque son incompatibles y el contratista pidió una
adición. Hace poco le mandó una carta al alcalde Petro en la que muestra
cómo el contratista tumbó al Distrito de entrada en 45.000 millones de
pesos, porque “el valor cobrado al Fondo de Vigilancia por los equipos
(72.978 millones de pesos) es superior al valor real (27.877 millones de
pesos) según la información de importación suministrada por la Dian y
según cotizaciones realizadas por la Contraloría”.
Creció un 300 por ciento la burocracia
Como
si todo eso fuera poco, también le echaron mano a la burocracia. Los
contratos por prestación de servicios en Bogotá entre 2010 y 2011
aumentaron en cerca del 300 por ciento, es decir que se pasó de tener
12.000 contratos, a 38.000. “El empleo público le ha costado al
Distrito, en contratación por prestación de servicios desde el 2009, 2,6
billones de pesos. Con eso se habrían construido fácilmente las
troncales de la avenida Boyacá y de la 68”, afirmó el director del
Servicio Civil, César Manrique.
La paradoja es
que con tantos contratistas las metas no se cumplían. Por ejemplo, la
Secretaría de Integración Social con una planta de personal de 1.741
funcionarios y 3.149 contratistas solo cumplió el 52 por ciento de sus
metas. Esa secretaría fue otra víctima del saqueo. Le inflaron su
chequera con un presupuesto por año de 290.000 millones de pesos, es
decir, un 350 por ciento más que durante el gobierno de Lucho Garzón.
Ahí pusieron a Mercedes Ríos, una de las fichas del kínder del
contratista Julio Gómez. Modificaron el manual de funciones de la
Secretaría para poder nombrarla, pues era una líder comunitaria, que se
convirtió en alcaldesa local, pero no tenía estudios profesionales.
La
rapiña fue tal que ni siquiera dejaron al sacerdote Javier de Nicoló en
el Idipron. Llevaba 40 años en el cargo, atendiendo a niños y jóvenes
de la calle, pero eso no significó nada para el cartel que tenía ojos
solo para ver el jugoso presupuesto de 134.000 millones de esa entidad.
Le pidieron la renuncia “porque había llegado una protesta de un
ciudadano que decía que tenía ya más de 80 años”. La versión que tiene
la Fiscalía, según publicó El Tiempo, es que “Julio Gómez se apoderó del
Idiprón; el concejal Salamanca se metió ahí y empezó a obtener
beneficios para la campaña, como los mercados, juguetes, comidas y
demás”.
El drama de los resultados
La
‘junta directiva’ en sus reuniones en Miami repasaba la mayoría de esos
contratos y otros no mencionados. Por ejemplo, en el del recaudo del
SITP aparece que la comisión de éxito es de 8 pesos: “Pago del valor que
le corresponde a ET por cada pasajero durante todo el término de la
concesión”. ET es Emilio Tapia. Pero esa ‘mordida’, ha dicho él a la
Fiscalía, era compartida con los hermanos Moreno Rojas.
Y
en el caso de la Avenida Longitudinal (ALO) se da una idea del modus
operandi. En la columna de tareas dice: “Elaboración del vehículo
jurídico que garantice la participación de ET en la ejecución y
utilidades de la obra correspondiente al 22 por ciento. Asegurar
comisión de éxito del 8 por ciento”. Esta obra no se llevó a cabo.
Lo
más dramático es que mientras en Miami hacían cuentas y se enriquecían,
Bogotá, que marchaba como un cohete y vivía su cuarto de hora, comenzó a
padecer un verdadero calvario. Los resultados del ‘Bogotazo’ de la
Alcaldía de Samuel Moreno saltan a la vista.
Hace
menos de un mes, el superintendente de Servicios Públicos, César
González, reveló que muestras del agua de Bogotá resultaron no aptas
para el consumo humano. “Las muestras encontradas generan mucha
preocupación. El caso es muy delicado”, dijo. La Superintendencia
investiga el ocultamiento de información relacionada con el tratamiento
de agua en Bogotá.
En materia de salud el
panorama no es menos alentador. En 2010 se presentaron en la capital
1.200 casos de tuberculosis, una enfermedad que se suponía erradicada.
La red pública de hospitales de Bogotá, que hasta 2007 tuvo un balance
positivo en su operación, a partir de 2008 se desplomó: los hospitales
de tercer nivel terminaron el 2010 con 30.000 millones de déficit. Y la
EPS que se creó, Capital Salud, luego de que les resolvió el problema a
otras EPS que se salieron del negocio y les recibió a sus pacientes,
hace dos semanas se dijo que sería liquidada.
En
materia de movilidad se vive una tortura. En Bogotá está el único
sistema integrado de transporte en el mundo que funciona con tarjetas
diferentes. Y en el cual se ven por las calles unos modernos buses
azules vacíos. ¿Cómo puede ser posible que el Distrito haya entregado un
contrato multimillonario –el del sistema de recaudo del SITP a Recaudo
Bogotá– a sabiendas de que sus tarjetas no estarían sincronizadas con
las de otro que ya operaba en la ciudad –el de Angelcom–?
Por
no hablar del ya mencionado túnel del Acueducto, ni del puente para
descongestionar el cruce de la Novena con 94, que ‘comenzó’ desde 2008 y
no se ha hecho. Ni menos del elefante blanco que hay en pleno corazón
de la ciudad: tras invertir cerca de 20.000 millones de pesos en la 26
con Séptima, donde se supone debía haber unas discretas plataformas para
conectar el Parque Bicentenario con el Museo de Arte Moderno y la
Biblioteca Nacional, desde hace más de tres años hay una inútil mole de
concreto de hasta ocho metros de altura.
¿A dónde se fue la plata?
La
historia es fácil de contar, pero encontrar a dónde ha ido a parar la
plata es lo más difícil. Cada uno de los contratistas la sacó a su
manera. Los primos Nule abrieron cuentas en Suiza, una información que
está en manos de un fiscal de extinción de dominio. El abogado Álvaro
Dávila, como lo reveló la revista Dinero, fue en 2001 hasta una notaría,
renunció a los bienes de la sociedad conyugal y quedó insolvente. Los
concejales, como lo reveló SEMANA en marzo pasado, compraron todo tipo
de lujosas casas y fincas. Julio Gómez invirtió en Estados Unidos. Y lo
que ha pasado con Andrés Cardona es aún una incógnita.
SEMANA
pudo confirmar por dos fuentes distintas, y con documentos, un dato que
lo dice todo: el tamaño de la ‘empresa’ era tal que, por ejemplo, la
compra del edificio de River Oaks en Miami, que adquirieron inicialmente
por 25 millones de dólares, representa apenas un 5 por ciento del
‘producido’ de Bogotá para los Moreno Rojas y Emilio Tapia. Es decir, en
tan solo tres años, con el ‘gobierno a la sombra’ habrían logrado
‘utilidades’ de cerca por 900.000 millones de pesos.
En
Miami tenían expertos que saben cómo invertir el dinero. En medio de
sociedades por acciones, empresas offshore, cuentas en paraísos fiscales
o compras inmobiliarias, el rastro desaparecía. Uno de los que ayudó
fue Saúl Campanella. Su firma Overseas Equity Advisors prestaba
servicios de corretaje de dinero a empresas como Geos Invesment,
representada por Tapia, y Arkgo Corporation, presidida por la esposa del
contratista Julio Gómez.
Otra de las firmas
que la Fiscalía tiene entre ojos es Novela Law, un bufete de abogados
con oficina en la avenida Brickell de Miami (Florida). Esta, según le
dijo Emilio Tapia a la Fiscalía, se encargaba de inversiones en bienes
raíces del carrusel de la contratación en Estados Unidos.
En
su momento, Daniel Coronell en su columna de SEMANA reveló que el
senador Iván Moreno Rojas tenía dos cuentas en las Islas Vírgenes, a
nombre de las empresas Saymor y Balmore, registradas a su nombre. En su
momento, el senador Moreno aseguró que las empresas creadas en Miami y
registradas en Islas Vírgenes no habían tenido actividad alguna. Sin
embargo, ¿para qué va a tener alguien unas cuentas abiertas, cuando el
sostenimiento de cada una puede costar hasta 10 millones de pesos, si no
las utiliza?
Hasta ahora estaba claro que a
Bogotá se la habían robado. Pero lo que no parecía contundente era el
papel del alcalde Samuel Moreno. El heredero más carismático de la
dinastía política de los Moreno Rojas había logrado cierto blindaje ante
la Justicia. Y frente a un sector de la opinión, sus defensores decían
que su papel en el escándalo era más ingenuidad que maquiavelismo. Pero
ya hay mínimo tres testigos que lo señalan. “Samuel sabía todo”, le ha
dicho Emilio Tapia a la Fiscalía. Y este es un testigo fiable porque es
buen amigo de Moreno y se refiere a él como un hombre “demasiado noble”.
Al
de Tapia se suma un testimonio que revela hoy SEMANA. El del
subdirector del IDU Luis Eduardo Montenegro, que le contó a la Fiscalía
cómo en alguna oportunidad, cuando estaba como director encargado, tuvo
que hablar con Samuel Moreno sobre un contrato y él le dijo: “Hable eso
con Emilio Tapia”.
El tercer testigo es
Inocencio Meléndez, quien contó que cuando estaban discutiendo la
construcción del TransMilenio de la Séptima, el alcalde Samuel decidió
que se hiciera por adición a otro contrato que ya estaba en ejecución y
no por licitación. Es decir, a dedo. Meléndez, que era el director
jurídico del IDU, se opuso “porque –dijo– era ilegal”. Pero el alcalde
lo llamó y “me pidió que mirara a ver cómo se podía sacar”.
Comparado
con los grandes escándalos de corrupción en Colombia, el del carrusel
de la contratación de Bogotá tiene todos los elementos para pasar a la
historia como un caso ejemplarizante. Por primera vez los protagonistas
están confesando y entregando información. Y la Fiscalía está haciendo
una tarea juiciosa. Hace apenas unos días, el fiscal Juan Valbuena
señaló a Samuel Moreno de ser “uno de los que encabezó y dirigió este
concierto para delinquir”. Y peor aún, asegura que “con destino suyo y
de su hermano iba dirigida la mayor cantidad de dinero producto de los
sobornos solicitados a los contratistas”.
Ahora
solo falta que los jueces demuestren que tienen un compromiso serio con
el país: extrañamente le han puesto todo tipo de trabas a los acuerdos
de la Fiscalía con Emilio Tapia y con Julio Gómez. Y mientras no den su
aval, el proceso se frena.
El alcalde, tal vez,
quería pasar a la historia como su abuelo. El gobierno del general
Gustavo Rojas Pinilla se destacó por las grandes obras de
infraestructura que dejaron huella en Bogotá: construyó el aeropuerto
Eldorado, el Hospital Militar, la calle 26 el Centro Administrativo
Nacional (CAN). Samuel Moreno Rojas, en el papel, parecía querer
seguirle los pasos: había prometido dejar comenzado el metro y
prácticamente tenía contratadas cinco autopistas urbanas, de las que se
pagan por peaje.
Pero no logró ninguna de las
dos obras. Y para desgracia suya, tal y como van las cosas, lo que sí
podría ocurrir es que termine pareciéndose a su abuelo pero solo en la
cara trágica de la historia: el general Rojas fue declarado indigno por
mala conducta en el ejercicio de su cargo por el Congreso de la
República, entre otras cosas por haber multiplicado por 40 su patrimonio
y el de su esposa y sus hijos, sin explicación, mientras fue presidente
(de 194.500 pesos en 1952, a poco más de 8 millones en 1956).
Y
lo que en este momento se está descubriendo en el búnker de la Fiscalía
es la más escalofriante operación de saqueo que se recuerde en
Colombia.
Los estragos del bogotazo
1) En
2010 se presentaron en la capital 1.200 casos de tuberculosis, una
enfermedad que se suponía erradicada. La red pública de hospitales de
Bogotá, que hasta 2007 tuvo un balance positivo en su operación, a
partir de 2008 se desploma: los hospitales de tercer nivel terminaron
2010 con 30.000 millones de déficit. Y la EPS que se creó, Capital
Salud, luego de que les resolvió el problema a otras EPS que se salieron
del negocio y les recibió sus pacientes, hace dos semanas se dijo que
sería liquidada.
2) En Bogotá está el único
sistema integrado de transporte en el mundo que funciona con tarjetas
diferentes. Y en el cual se ven por las calles unos modernos buses
azules vacíos. ¿Cómo puede ser posible que el Distrito haya entregado un
contrato multimillonario –el del sistema de recaudo del SITP a Recaudo
Bogotá– a sabiendas de que sus tarjetas no estarían sincronizadas con
las de otro que ya operaba en la ciudad –el de Angelcom-?
3) Tras
invertir cerca de 20.000 millones de pesos en la 26 con Séptima, donde
se supone debía haber unas discretas plataformas para conectar el Parque
Bicentenario con el Museo de Arte Moderno y la Biblioteca Nacional,
desde hace más de tres años hay una inútil mole de concreto de hasta
ocho metros de altura que además tiene bloqueado el tráfico. Un
verdadero elefante blanco.
4) La construcción
del túnel de ocho kilómetros para llevar las aguas residuales de Bogotá
hasta la futura planta de tratamiento en Soacha es otro monumento al
absurdo. Por un cambio de planes cuando ya lo estaban construyendo,
cerraron el túnel sin percatarse que se les quedaron dos enormes
máquinas de excavación a 60 metros de profundidad. Si no las sacan no se
puede utilizar el túnel. Y sacarlas cuesta 35.000 millones de pesos.
¿Samuel va a colaborar con la Justicia?
El
exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, decidió también colaborar con
la Fiscalía. La situación se le puede poner más difícil al exalcalde de
Bogotá Samuel Moreno.
El jueves, la
W difundió una noticia que decía: “Exalcalde Samuel Moreno Rojas
estudia colaboración con la Fiscalía”. Sin embargo, luego publicó otra
en su página web que decía que una fuente cercana a Moreno había dicho
que no era cierto.
Más allá de cuál de las dos
versiones terminará siendo la verdadera, lo cierto es que con el paso de
los días se va cerrando el círculo alrededor del exalcalde Samuel
Moreno. El testimonio de Emilio Tapia y las evidencias que él le ha
entregado a la Fiscalía le complican la situación jurídica al
burgomaestre. De hecho, a la primera imputación que le habían hecho al
alcalde en la Fiscalía de Vivian Morales, se le sumó hace unas semanas
otra, y eventualmente podrían venir más imputaciones en la medida en que
van apareciendo indicios en su contra, como por ejemplo, el contrato de
ambulancias, que ya tiene en la cárcel a su secretario de Salud, Héctor
Zambrano.
Con él, ya son dos secretarios de Samuel Moreno en la cárcel.
A
las revelaciones de Tapia, se suma un testimonio que conoció SEMANA, el
del entonces subdirector del IDU, Luis Eduardo Montenegro, que le ha
dicho a la Fiscalía que Samuel Moreno le dijo que se entendiera con
Emilio Tapia sobre un contrato que le estaba preguntando. Y a ellos se
añade el ya conocido de Inocencio Reyes, quien era director jurídico del
IDU, que también deja mal parado a Moreno.
El
exalcalde está detenido desde octubre de 2012 en la sede de la Policía
de carabineros del Parque Nacional, y su juicio no se ha podido llevar a
cabo por una serie de aplazamientos que más parecen obedecer a una
estrategia de dilación, que a verdaderas necesidades del proceso.
¿Por
qué querría Samuel Moreno admitir su culpa? No parece fácil que eso
suceda. Sin embargo, en la medida en que se involucran más personas al
proceso, la Fiscalía puede recoger más testimonios o pruebas contra el
exalcalde. Y este puede verse expuesto a juicios cada vez más difíciles
de controlar para él.
Si admite su culpa, no solo no iría a juicio, sino que el sistema penal acusatorio le ofrece descuentos significativos de pena.
