Abril 18-2013
La gran marcha por la paz, la democracia y la defensa de lo público
ha marcado un punto de giro del compromiso político con el proceso de
diálogo que se cumple en La Habana. Ha mostrado que crece un respaldo
social de masas a la vía de una solución política en contraposición a la
solución militar promovida por la derecha y el militarismo.
Ha mostrado que la izquierda y el movimiento popular pueden ganar la
calle en unidad para crear nuevos hechos que construyen matrices de
debate con base en la movilización.
Ha mostrado que las contradicciones en el seno del poder existen, no
le cambian su naturaleza, pero pueden ser aprovechadas por las fuerzas
populares para ampliar el campo de la lucha por la paz, no de cualquier
paz, sino de la paz con justicia social. Ha mostrado que la polarización
construida por el guerrerismo contra quienes luchan por la paz empieza a
deshacerse en el aire, poniendo al desnudo a quienes boicotean el
proceso de diálogo en lamentable ayuntamiento con quienes lo
menosprecian.
En síntesis, el 9 de abril ha significado el inicio de un compromiso
popular con lo que representa la lucha por la paz. Pero este paso
sustantivo no logra aún contener el curso de una política en contravía
de la justicia social, como la que impulsa Juan Manuel Santos. El empeño
en imponer la ley estatutaria del fuero militar, la contrarreforma
pensional, la reforma a la salud en crisis y, más recientemente, la
anunciada política económica de choque, indica que el ciego curso
clasista sigue guiando la conducta del Establecimiento, junto con la
guerra en medio del diálogo. El reto del movimiento popular es
confrontar toda la política regresiva frente a la justicia social.
Mientras el señor Santos se sumaba a la marcha en algunos actos
protocolarios, su ministro de Defensa y el director de la Policía
acusaban a la Marcha Patriótica de estar financiada por la insurgencia.
Nuevas contradicciones se manifiestan: el Procurador se pronuncia contra
el diálogo, incluso contra el llamado marco jurídico para la paz, en
controversia con el Fiscal General quien reconoce que el diálogo “es una
negociación y no un sometimiento”.
¿Qué puede seguir ahora? Ante todo, el movimiento popular no puede
quedarse quieto, expectante. Hay que unir las luchas reivindicativas
legítimas y justas con la lucha por la paz. El reto es muy fuerte pero
ineludible.
Pero, además, hay dos aspectos de la situación que exigen la mayor
atención de la Ruta Social Común por la Paz: 1) sembrar las
constituyentes populares de base y sectoriales como espacios de
propuesta y de movilización por la paz con justicia social; 2) la unidad
de la izquierda comprometida con el frente amplio por la paz que no da
espera y que no es un asunto exclusivamente electoral sino un espacio de
coordinación, de convergencias y de iniciativas del factor consciente
sin cuya presencia la paz justa y democrática corre el riesgo de no
alcanzar sus objetivos.
Dos aspectos diferentes y complementarios ligados a la construcción
de la paz y la reconciliación desde los derechos del pueblo y su
intervención decisoria e independiente en este proceso.
