Abril 148 de 2013
Congresistas estadounidenses piden ayuda al Gobierno de Obama para apoyar el proceso de paz en Colombia.
Un buen número de congresistas de Estados Unidos
ha manifestado apoyo total a los diálogos de paz que adelanta el gobierno del
presidente Juan Manuel Santos, con el grupo de las Farc en La Habana (Cuba).
En carta enviada al secretario de Estado de
Estados Unidos, John Kerry le manifiestan que "esperamos trabajar con
usted para ayudar a Colombia a alcanzar una paz justa y duradera y a consolidar
el estado de derecho y respeto de los derechos humanos en un entorno post-conflicto".
En uno de los apartes de la extensa misiva, los
congresitas consideran que "Los Estados Unidos pueden apoyar el proceso de
paz, ofreciendo un paquete de asistencia diseñado para la paz...".
Carta de congresistas
Estimado Secretario Kerry:
Escribimos para expresar nuestro apoyo a la paz,
el desarrollo y derechos humanos en Colombia y para alentar la implementación
de una política de Estados Unidos que enfatiza estas prioridades. Después de
cincuenta años de conflicto, más de 5 millones de personas internamente
desplazadas, cientos de miles de víctimas de violencia y generaciones
conociendo sólo la guerra, los colombianos merecen una oportunidad para la paz.
Reconocemos que el camino hacia la paz nunca es
directo o fácil. Apreciamos las declaraciones del Departamento del Estado que
apoyan el proceso de paz en Colombia y solicitamos que alienten a los
negociadores del gobierno colombiano y las Farc para mantener el curso de los
diálogos. A medida que el conflicto continúa afectando la población civil,
especialmente las comunidades más vulnerables rurales, indígenas y
afrocolombianas, le pedimos que le solicite a ambas partes comprometerse para
respetar el derecho internacional humanitario. Sería positivo si las
conversaciones de paz se abrieran, en una línea de tiempo apropiado, con el
restante grupo guerrillero de Colombia, el ELN, con el fin de asegurar un fin
definitivo a todo el conflicto armado.
Pedimos al Departamento del Estado abogar por la
inclusión de las víctimas y la sociedad civil en el proceso de paz y en su
implementación, incluyendo la participación de comunidades afrocolombianas e
indígenas y mujeres. Asociaciones de víctimas y otras organizaciones de la
sociedad civil colombiana piden una voz en el proceso de paz que visibilizara el
mundo en que viven. Sin su participación, tanto el diseño como la
implementación de las medidas para promover la reconciliación, verdad, justicia
y reparación – y para abordar la grave desigualdad y la falta de justicia que
dieron origen al conflicto – son menos probables a tener éxito.
Cuatro situaciones específicas requieren
respuestas mientras que se negocia la paz. Las familias de los secuestrados
necesitan saber qué pasó con sus familiares, y si cualquier víctima restante
está en cautiverio, ellos deben ser liberados inmediatamente. Las familias de
los desaparecidos necesitan saber qué pasó con sus familiares, quién fue
responsable de su destino y donde se encuentran sus cuerpos, para que sus
restos puedan ser devueltos para su entierro, y para que ellos puedan por fin
poder encontrar paz. Los grupos armados ilegales deben revelar cuántos niños
soldados están en sus filas y luego colaborar plenamente con su desmovilización
para que reciban urgentemente el tratamiento y los servicios sociales que
necesiten. Finalmente, la guerrilla debe abandonar el uso de minas
antipersonales que matan o mutilan a cientos de no combatientes cada año, y
proporcionar información para localizar y eliminarlas.
Asimismo, la justicia por violaciones a los
derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del estado no se debe
negociar en la mesa de negociación. Por ejemplo, los casos de más de 3.000
víctimas de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros de
las fuerzas armadas de Colombia deben ser efectivamente juzgadas por la justicia
ordinaria. La administración del Presidente Santos prometió que estos y los
futuros casos de ejecuciones extrajudiciales, así como la violencia sexual y
otros delitos graves de derechos humanos, serán investigados y procesados por
la justicia ordinaria, a pesar de las recientes reformas constitucionales que
aumentan el poder de la justicia penal militar. El Departamento del Estado debe
seguir de cerca los casos de ejecuciones extrajudiciales y otros casos de
abusos graves para asegurar que no sean transferidos, o inicien en la justicia
penal militar. Estados Unidos proporcionó programas de capacitación y recursos
financieros a las fuerzas armadas de Colombia durante los años 2004 hasta el
2008 cuando la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como
"falsos positivos", se llevaron a cabo, y por lo tanto tenemos una
responsabilidad especial para asegurar que el gobierno colombiano cumpla con su
promesa de entregar justicia efectiva por estos crímenes.
Además de garantizar la justicia por las atrocidades
cometidas por las fuerzas de seguridad del estado, los paramilitares y
guerrilleros, las organizaciones colombianas de derechos humanos y las no
gubernamentales han solicitado una comisión de la verdad independiente que
revele la responsabilidad de la violencia por parte de todos los actores del
conflicto. La justicia transicional y los beneficios para los autores de
crímenes contra los derechos humanos deben incluir medidas que revelen toda la
verdad sobre quienes implementaron, ordenaron, financiaron, ayudaron,
instigaron, beneficiaron o toleraron las violaciones de los derechos humanos y
al derecho internacional humanitario.
Los Estados Unidos pueden apoyar el proceso de
paz, ofreciendo un paquete de asistencia diseñado para la paz cual reorienta la
asistencia que ha apoyado un gobierno en guerra los últimos doce años. Un nuevo
paquete de ayuda debe ser adoptado para apoyar los eventuales acuerdos de paz,
pero seguramente con un aumento de apoyo para la implementación de la
emblemática Ley de Victimas y Restitución de Tierras de la administración del
Presidente Santos, especialmente para la restitución de tierras segura y
sostenible para los desplazados internos ; titulación para comunidades
indígenas y afrocolombianas y campesinos sin tierras, incluyendo a las mujeres;
una Defensoría del Pueblo fortalecida para ayudar a proteger la población
rural; y apoyo para programas de paz y desarrollo regionales diseñados
respetando la consulta previa con las comunidades. Deberá incluirse una
inversión sustancial en los medios de subsistencia para los desplazados
internos que deciden permanecer en las zonas urbanas de modo que pueden
reconstruir sus vidas, así como respaldo para la gama completa de soluciones
duraderas para mejorar la situación de los refugiados colombianos en países
vecinos. También estamos profundamente preocupados por el aumento de la
violencia urbana y el desplazamiento urbano en las principales ciudades de
Colombia, especialmente en poblaciones vulnerables y en contra de líderes comunitarios
y jóvenes; alentamos ayuda que apoye soluciones basadas en la comunidad para
proteger a la población en estas áreas.
Un paquete de ayuda también incluiría programas
ampliados para la eliminación de minas; reintegración de los guerrilleros
desmovilizados con servicios sociales para los niños soldados y programas
apropiados para mujeres ex combatientes; y protección para los ex combatientes.
Debe incluir apoyo técnico para las exhumaciones y asistencia jurídica para las
familias de los desaparecidos; un programa de ampliación de los derechos
humanos con un componente fuerte de la sociedad civil; apoyo para fortalecer el
sistema de justicia; y apoyo económico y político para investigar y desmantelar
las estructuras paramilitares, incluyendo investigaciones de parapolítica de la
Corte Suprema de Justicia. El apoyo para un mecanismo independiente para la
verificación de paz con participación sustancial de la sociedad civil y una
comisión independiente de la verdad, si tal se establece, será un elemento crítico,
al igual que los esfuerzos para recuperar la memoria histórica.
Afortunadamente, el actual programa de asistencia de Estados Unidos para
Colombia ya apoya varias de estas iniciativas y los fondos para Colombia deben
reestructurarse para proporcionar apoyo más sólido para estas prioridades.
Estados Unidos también puede apoyar la paz al
atender cuestiones de protección durante y después de las negociaciones.
Estados Unidos debe alentar al gobierno colombiano para desarrollar programas
de protección más efectivos para defensores de derechos humanos, líderes
locales de paz y miembros de sindicatos, comunidades en procesos de retorno a
sus tierras y otras comunidades bajo riesgo. Es clave que el diseño de estos
programas de protección cuente con la consulta de los beneficiarios y que se
acompañen con investigaciones y judicialización vigorosas por agresiones en
contra de ellos. Es imperativo desmantelar grupos paramilitares y guerrilleros
sucesores. La experiencia con la desmovilización paramilitar nos ha demostrado
que a menos que se eliminen las estructuras que soportan los actores armados
ilegales, los actores armados persisten o reaparecen, incorporándose en el
crimen organizado, causando estragos en las comunidades. Protección para
guerrilleros desmovilizados que deciden entrar en el proceso político también
será de importancia vital. El proceso de paz en Colombia es acosado por los
asesinatos de miles de miembros del partido Unión Patriótica en la década de
1980, y esta historia no debe repetirse.
Finalmente, la política antidroga es un tema clave
en la mesa de paz. Priorizar el desarrollo rural con participación de los
campesinos, en vez de continuar la fumigación aérea, es un probable resultado
de las negociaciones. Mientras Estados Unidos tiene un interés legítimo en
frenar el impacto negativo de las drogas ilegales en nuestra sociedad, le
recomendamos darles espacio a los colombianos para elaborar estrategias que les
servirán al enfrentar este desafío. Animamos el Departamento del Estado para
responder con flexibilidad a los resultados de las negociaciones sobre este
tema, hacer ajustes a la ayuda de control internacional de narcóticos de
Estados Unidos a Colombia según sea necesario.
Sr. Secretario, esperamos trabajar con usted para
ayudar a Colombia alcanzar una paz justa y duradera y a consolidar el estado de
derecho y respeto de los derechos humanos en un entorno post-conflicto.
Instamos su consideración seria de estas recomendaciones y esperamos su
respuesta y más diálogo sobre estas prioridades.
Miembros del Congreso
James P. McGovern (MA)
Janice D. Schakowsky (IL)
Joseph R. Pitts (PA)
John Lewis (GA)
Randy K. Weber, Sr. (TX)
Gwen Moore (WI)
Barbara Lee (CA)
Henry C. “Hank” Johnson (GA)
Sam Farr (CA)
Rosa L. DeLauro (CT)
Louise M. Slaughter (NY)
Danny K. Davis (IL)
Keith Ellison (MN)
Maxine Waters (CA)
John Conyers, Jr. (MI)
José E. Serrano (NY)
Raúl M. Grijalva (AZ)
Michael E. Capuano (MA)
Bobby Rush (IL)
Michael H. Michaud (ME)
Betty McCollum (MN)
Edward J. Markey (MA)
Donna F. Edwards (MD)
Michael M. Honda (CA)
Mark Pocan (WI)
Lucille Roybal-Allard (CA)
Wm. Lacy Clay (MO)
Rush Holt (NJ)
James P. Moran (VA)
Jim McDermott (WA)
Juan Vargas (CA)
John F. Tierney (MA)
Matthew A. Cartwright (PA)
Charles B. Rangel (NY)
Jared Huffman (CA)
Mike Quigley (IL)
Stephen F. Lynch (MA)
Julia Brownley (CA)
George Miller (CA)
David E. Price (NC)
Earl Blumenauer (OR)
James R. Langevin (RI)
Bill Foster (IL)
Donald M. Payne, Jr. (NJ)
Richard E. Neal (MA)
Paul D. Tonko (NY)
John Garamendi (CA)
Jared Polis (CO)
Al Green (TX)
Jackie Speier (CA)
Peter A. DeFazio (OR)
Luis V. Gutierrez (IL)
Chaka Fattah (PA)
Anna G. Eshoo (CA)
Dina Titus (NV)
William R. Keating (MA)
Steve Cohen (TN)
Joseph P. Kennedy III (MA)
Niki Tsongas (MA)
Peter Welch (VT)
Timothy H. Bishop (NY)
Sander M. Levin (MI)
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-416906-grupo-de-congresistas-de-estados-unidos-pide-apoyo-al-proceso-de
