Por: Oficina de prensa Hernando Hernández Tapasco
Jueves 18 2013
“ No solo los falsos positivos han sido
un práctica constante de los militares en los últimos años, también la
desaparición forzada, la tortura y los asesinatos selectivos son parte
del arsenal de guerra que ahora vienen utilizando en contra de los
campesinos e indígenas que habitan en las regiones afectadas por el
conflicto.
Resulta fundamental que el estado
sea consecuente con la paz, y esto implica irreductiblemente que tanto
el gobierno como las fuerzas militares se acojan al protocolo de respeto
de los derechos humanos y del Derecho Internacional humanitario”, dijo
el congresista al presentar la denuncia ante la comisión de paz avalada
por el gobierno.
Según el informe presentado por la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, “14 homicidios intencionales de persona protegida, 13 muertes por causa del uso de métodos o medios ilícitos de guerra, 4 masacres (18 personas asesinadas), 39 heridas de civil en acción bélica, 11 heridas intencionales de persona
protegida, 45 heridas por causa del uso de métodos o medios ilícitos de guerra, 28 amenazas individuales, 2 torturas, 25 desplazamientos forzados colectivos, 67 ataques indiscriminados, 18 pillajes, 308 ataques a bienes civiles, entre otros hechos que también quedaron registrados en el informe, son el saldo que a finales de 2012 dejaron las continuas violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros del ejército y la policía en suroccidente colombiano y otras regiones del país sin que a la fecha se hayan tomado los correctivos necesarios por parte de la instituciones.
El panorama no es mas alentador para el 2013 teniendo en cuenta que: en lo corrido del año, en esta misma zona se han documentado 23 denuncias, que reportan 52 hechos flagrantes de violación al DIH, entre los cuales podemos mencionar:
“4 homicidios intencionales de persona protegida, 1 muerte de civil en acción bélica, 3 heridas de civil en acción bélica, de los cuales 2 son menores de edad, 3 heridas en ataque a bienes civiles, 3 amenazas colectivas, 1 amenaza individual, 2 torturas, 2 desplazamientos forzados colectivos, 23 ataques indiscriminados, 2 pillajes, 11 ataques a bienes civiles, 8 ataques a bienes culturales o religiosos, 3 ataques a bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, 2 ataques al medio ambiente, 3 utilizaciones de colectivo como escudo, 2 ataques a civiles con armas de fuego, 2 intentos de desaparición forzada”[1].
Estos y otros hechos como los que se vienen presentando en Nariño en la comunidad Awá del Resguardo Indígena “El Sande”, del municipio de Guachavéz, han sido denunciados ante los organismos de control sin que a la fecha existan soluciones para los afectados; según informaron miembros de esta comunidad, el 25 de Marzo del presente año, la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, organismo integrado a la Policía Nacional, realizó fumigaciones aéreas en diferentes veredas de la zona, afectando al menos a 200 familias y violando flagrantemente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que confiere el derecho a las comunidades indígenas a ser consultadas sobre las acciones a desarrollar por las instituciones estatales.
Estas acciones ejecutadas por la policía y le ejercito, que también han obligado a la población a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, siguen amenazando los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al trabajo, y al derecho colectivo y a tener un medio ambiente sano, entre otros.
La Situación se agrava aún mas si tenemos en cuenta que una situación similar se está gestando en los municipios del norte del departamento del Cauca, donde habitan comunidades campesinas y afros.
Vale señalar que a la fecha, al menos 60 dirigentes de comunidades desplazadas que adelantaban solicitudes para devolución de predios de los cuales fueron despojados por los grupos paramilitares han sido asesinados desde 2007, tres de ellos entre los meses de marzo abril del presente año.
Estos hechos que hacen parte de las denuncias que el congresista indígena presentó ante la Comisión de Paz del Congreso de la República y de las cuales hará lectura en la Plenaria de la Cámara, se presentan como evidencia para solicitar investigaciones pertinentes a los militares implicados, y a la Corte Penal Internacional, para que abra los procesos correspondientes que permitan aclarar los hechos y hacer que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la vida y derechos de los indígenas y campesinos que vienen siendo afectados.
Anexamos constancia de denuncia.
Oficina de prensa
Hernando Hernández Tapasco
Representante a la Cámara
Tel: 318 7350239
Fuente Hernando Hernández Tapasco
