23 Abril 2013
Considerando que la búsqueda de la paz con justicia social es un asunto que
le concierne al conjunto de la sociedad colombiana, nos encontramos cerca de
20.000 personas en el Congreso para la Paz para mandatar en torno a una agenda,
y el movimiento social, que requiere el país para encontrar una solución
definitiva al conflicto social, político y armado que nos aqueja hace casi
medio siglo.
Seguimos sosteniendo que la paz no consiste únicamente en el silenciamiento
de los fusiles. A nuestro juicio, no podrá consolidarse una sociedad en paz sin
los cambios necesarios que ataquen de manera decidida las raíces del conflicto
y sin revertir las acciones del estadp que vulneran los derechos de los
pueblos. Las graves problemáticas que vive la mayoría del pueblo colombiano son
factores que profundizan el conflicto, por esa razón avanzamos en delinear una
agenda social de paz planteada en perspectiva de superar las condiciones de
pobreza, desigualdad, marginalidad,
impunidad y exclusión política que han caracterizado al régimen político
imperante, a través de la lucha organizada. Esa agenda social de paz es
expresión de los anhelos de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales
que buscan una sociedad con una paz genuina basada en la plena garantía de los
derechos humanos y la construcción de un país más equitativo.
Consideramos que no podrá construirse la paz sin el concurso de los
sectores sociales populares que hemos padecido la guerra. Insistimos en que la
salida al conflicto armado no le compete solamente al gobierno nacional y las
insurgencias, pues los sectores populares también tenemos mucho que aportar en
la construcción de paz. Si el cese del conflicto armado requiere de consolidar
una sociedad democrática, es necesario
empezar por democratizar la búsqueda de la paz.
Saludamos la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC-EP, es un espacio
importante en el avance hacia la paz, sabemos que ésta es restringida porque no
hay partición desde el movimiento popular, la agenda es limitada y no están
todas las insurgencias. El movimiento popular es un sujeto real y sus opiniones
tienen que hacer parte de las salidas al conflicto y de un acuerdo nacional. La
paz no es una prerrogativa exclusiva de los armados, debe ser un propósito
nacional que vincule a diversos sectores de la sociedad colombiana. Hacemos un
llamado para que se instituyan caminos similares con el ELN y EPL para que
avancen en nuevos escenarios de diálogo.
Para nosotros y nosotras la paz tiene que ver con cambios estructurales,
por ello nuestra agenda contiene un programa que persigue el fin del conflicto,
la construcción de políticas que generen justicia social, la defensa de los
territorios, las salidas a la crisis humanitaria, la democratización del
régimen político, la lucha contra la impunidad y la plena garantía de los
derechos humanos. En ese orden, nuestra apuesta de paz pasa por:
Un nuevo modelo económico que
redistribuya los ingresos y la riqueza, cuyo principal objetivo no sea la
acumulación de capital sino el
bien-estar de la población. Un modelo que no agreda los territorios y
los ecosistemas, sino que parta de su protección, el respeto a la naturaleza y
la afirmación de la diversidad social, cultural y ambiental. En suma, una nueva
concepción de la economía que desmonte el neoliberalismo, la dependencia, la
privatización, la mercantilización, la financiarización, el despojo y el
autoritarismo.
La reinvención de la política, plantear nuevas formas de gobernabilidad,
así como nuevas maneras de defensa de lo público, para concebir un nuevo modelo
de sociedad y de Estado. Por lo tanto, mandatamos construir política desde los
territorios para construir un nuevo Estado y una nueva forma de gobernar.
Es necesaria una transformación estructural del modelo de justicia
imperante en nuestro país, caracterizado por legitimar un conjunto de medidas
que le apuntan a garantizar el orden social y político impuesto. Como rechazo a
este modelo de justicia hegemónico, represor y elitista, los pueblos que
mandatamos paz para la vida digna concebimos urgente la construcción de un
nuevo modelo de justicia que tenga como objetivo central la garantía integral
de los derechos de los pueblos, partiendo de los mecanismos comunitarios y
populares que existen y han existido, y proyectándose hacia las grandes
decisiones judiciales que se toman en el país, un nuevo modelo de justicia que
fortalezca el tejido social de las comunidades y responda a las necesidades
concretas del pueblo Colombiano, expresadas en la agenda legislativa de país
que proponemos como alternativa de vida digna y justicia social, así si podemos
hablar de paz.
Seguiremos luchando por salud y educación públicas, universales, gratuitas,
sin discriminaciones de ningún tipo, a partir de un enfoque de derechos que
reemplace la mercantilización de la vida.
La ley 100 de 1993 y las propuestas de reforma a la educación son
factores de guerra contra la sociedad, especialmente contra los sectores
populares. ¡Trabajo digno y sin
distinción de género, economía que parta de lo regional, socialización de la
riqueza y de los medios que permiten la producción, economía propia y
soberanía, una educación amplia, gratuita y de calidad. El reconocimiento de la
diversidad de pueblos que habitamos este territorio que pasa por reconocer la
autonomía y dar la posibilidad de
existencia a pueblos que han sido condenados al exterminio!
Consideramos que para llegar al fin del conflicto es necesario solucionar
el problema histórico de la tierra y el territorio. Es inaplazable la
formulación de figura jurídica y política que garantice el territorio y la
territorialidad para el campesinado como base para una genuina política de
reforma agraria integral. Es crucial una reforma tributaria que grave con
impuestos altos a los grandes propietarios de la tierra. Consideramos que las
Zonas de Reserva Campesina son una ganancia del movimiento campesino
colombiano, consideramos fundamental defenderlas como instrumento de la lucha
de las comunidades rurales. También creemos que es necesario generar otras
figuras que solucionen los problemas del campo abarcando todo el territorio
nacional y atacando la gran propiedad terrateniente para buscar una genuina
redistribución de la tierra y la pervivencia en el territorio. Por lo anterior,
no compartimos la sustracción de Zonas de Reserva Forestal para instaurar Zonas
de Reserva Campesina. Es necesario seguir buscando el reconocimiento,
ampliación y saneamiento de resguardos indígenas y territorios colectivos afro.
Seguiremos luchando por la suspensión de las concesiones de territorios a
empresas transnacionales. Seguiremos expulsando a esas compañías de nuestras
regiones. Buscaremos derogar las normas que legalizan el despojo y que amenazan la vida y la permanencia en los
territorios. La minería a cielo abierto debe ser erradicada en su totalidad.
Nos oponemos a toda forma de extranjerización de la tierra y cesión de baldíos
de la nación a grandes inversionistas. Rechazamos
la posible aprobación del derecho de superficie, el vuelo forestal y demás
formas de privatización soterrada de la tierra y el territorio. Es necesario
reformar el régimen de licencias ambientales con el fin de generar mecanismos
jurídicos efectivos que protejan los ecosistemas. Las comunidades delimitaremos
Zonas de Biodiversidad para proteger los territorios.
Proponemos una ley marco de hidrocarburos que reivindique elementos de
soberanía nacional y redistribución de
la renta petrolea y gasífera. Buscaremos que Ecopetrol vuelva a ser una empresa
completamente pública y buscaremos instituir una empresa nacional minera
pública. De igual manera defendemos el carácter público de los demás bienes
comunes de carácter estratégico para la nación. Es necesario generar una
política de pago de la deuda ambiental generada por la extracción de recursos.
Buscamos una cultura de la vida que propague una nueva ética de
sobrevivencia y de convivencia, y que libere la re-creación de la sociedad. En
ese gran propósito, será necesario consolidar un movimiento cultural que
involucre el conjunto de acciones que promuevan la cultura de la vida, desde la
educación, las comunicaciones, el arte, el deporte y la recreación.
Asumimos el comprimiso de establecer y fortalecer los lazos con los pueblos
hermanos de nuestra américa y especialmente con movimiento sociales y populares
que encaminan sus luchas por la autodeterminación, la soberanía y la
construcción de la patria grande. Hablamos de CLOC-via campesina, Frente Darío
Santillán, Coordinadora de Movimientos Populares de América (COMPA), Movimiento
de los Sin Tierra y otros. Buscaremos interlocusión ante UNASUR, MERCOSUR,
CELAC Y ALBA en camino de lograr acompañamiento efectivo para el proceso de paz
en Colombia y para presentar nuestra agenda de país para la vida digna.
Finalmente, como Congreso para la paz planteamos que vivimos hoy una crisis
humanitaria en nuestros territorios, como consecuencia de las lógicas
extractivitas, represivas y excluyentes que el actual régimen ha establecido
durante décadas, y que se agudiza por la
existencia del conflicto armado. Esta crisis se manifiesta, entre otras, en la
militarización de los territorios indígenas, campesinos, afro decendientes, y
urbanos; en la sistemática violación a los derechos humanos y las infracciones al DIH; en la precariedad
de la población carcelaria y en
especial de los y las detenidas políticas
que por su estado de
sujeción se ven excluidos de todos sus derechos; en la criminalización
de los sectores rurales; en la
sistemática violencia sexual ejercida contra las mujeres y niñas, hombres y
niños que genera no solo afecciones individuales sino afecciones colectivas que
generan rupturas del tejido social y familiar.
En consecuencia, la construcción de esta agenda social el Congreso para la
paz ratifica y propone como escenarios para la acción política:
1. Configurar espacios regionales y locales de diálogo (insurgencia,
Gobierno, comunidades) para solucionar la crisis.
2. Promover y establecer una comisión de la verdad para esclarecer los
crímenes, los beneficiarios y los autores intelectuales de la crisis humanitaria
al tiempo que avanzamos en la exigencia de la libertad inmediata para lxs
luchadores detenidxs (presas y presos políticos) arbitrariamente y le exigimos
tanto al Estado como a las insurgencias el cese bilateral al fuego.
3. La Ruta Social Común para la Paz, en la que seguiremos participando de
manera más activa y aunaremos esfuerzos para vincular otras organizaciones
sociales y políticas que le apuestan hoy a la Paz. Es necesario que la tomemos
como propia y definamos más claramente la participación de todas las regiones
en ella. Además de ello debemos jalonar desde allí la construcción de una
agenda de paz conjunta para el país, que contemple iniciativas como las
constituyentes por la paz.
4. La construcción de un espacio multilateral de dialogo, donde juegue
nuestra visión de paz, permita la participación directa y decisoria de sectores
populares, sociales y democráticos. Lo nuevo de este escenario es que
participaran los excluidos, los sin voz.
5. La construcción del movimiento social por la paz persiguiendo una gran
confluencia democrática y popular por la paz y los cambios. En este propósito
no partimos de cero, ya tenemos unos acumulados en cuanto a movilización y
encuentro con otros, requerimos que se escuchen muchas más voces. Debemos
retomar las experiencias que diversas comunidades han venido construyendo en la
conformación de territorios de paz. Estos serían escenarios idóneos para
desarrollar propuestas de diálogos regionales.
Dicho movimiento debe reunir a los diversos sectores sociales y políticos
que coincidan en la necesidad de impulsar la movilización por una agenda social
de paz y la pertinencia de la participación de los sectores populares en los
procesos de paz. La unidad debe entenderse como principio permanente de
ampliación de la agenda política del movimiento social por la paz y como la
acción conjunta de diversas expresiones políticas y sociales. Este debe ser
ante todo un agente de impulso de una agenda política por la superación del
conflicto social y armado y por la erradicación de las condiciones que lo hacen
posible. Por esa razón el movimiento por la paz cristaliza sus propósitos en la
acción política y la movilización por una sociedad con justicia social y vida
digna.
CONGRESO PARA LA
PAZ
PUEBLOS CONSTRUYENDO PAZ PARA LA VIDA DIGNA
