Por: José Antonio Gutiérrez D.
Lunes 15 Abril 2013
Se
vende país, barato. Esa debiera ser la consigna que mejor define a los
sucesivos gobiernos de Uribe Vélez y ahora de Juan Manuel Santos. Su
política minera se fundamenta en la política colonial de cambiar oro por
baratijas.
El caso de La Colosa, en Cajamarca, es
uno de los casos más emblemáticos del actual modelo minero-extractivista
que se busca imponer en Colombia en beneficio del gran Capital. Con
este proyecto, se está militarizando y atropellando a la población
campesina, mientras se posterga la soberanía alimentaria del pueblo
colombiano para que una multinacional se lleve el monte y contamine con
cianuro los cursos de agua. Este proyecto es paradigmático de la
insostenibilidad social y ambiental del modelo de desarrollo dependiente
y atrofiado imperante en Colombia.
Megaminería, la locomotora descarriada
Desde el 2006 que el gobierno colombiano
viene desarrollando una política agresiva en la cual se define la
minería como un pilar del “desarrollo” nacional: estatus que queda
consagrado en el Plan de Desarrollo Nacional del gobierno de Santos [1].
La inversión extranjera en la explotación de minas y canteras ha
aumentado exponencialmente, pasando de US$ 466 millones en el año 2002, a
US$1.789 millones en el año 2008, y a USD$ 3.094 millones en el 2009
[2]. Si el 2001 existían 1.889 títulos mineros en Colombia, hacia el
2010 se había dado un salto hacia los 8.928 títulos, que abarcaban
4.839.149 hectáreas de tierra. El 40% del territorio nacional, de hecho,
se encuentra actualmente cedido o solicitado para la exploración
minera[3].
Este proceso se da en un contexto de
revitalización de un modelo económico neo-extractivista en América
Latina de la mano de los precios récords alcanzados por minerales como
el carbón, el oro o el petróleo en la última década. Mientras el
gobierno dice que la explotación de los recursos minero-energéticos
darán bienestar y bonanza a la población en general, en la práctica,
casos como el de Cerro Matoso o El Cerrejón, así como mucho otros,
evidencian que este tipo de explotación, hecha con toda clase de
incentivos y beneficios para las multinacionales, enriquece solamente a
una ínfima élite nacional y extranjera. Las comunidades locales son
excluidas de los beneficios y deben hacerse cargo de los costos sociales
y ambientales de estas explotaciones –recientemente, la multinacional
Drummond, botó 500 toneladas de carbón al mar, hecho que ha causado
indignación y perplejidad, ya que la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales le levantó la sanción.
Otro ejemplo es Puerto Gaitán, en el
Meta, que ha sido el municipio de Colombia que más regalías ha recibido
por concepto de la explotación del petróleo. Sin embargo, los niños se
mueren de hambre (13 apenas en el primer semestre del 2011) y se
registra una de las tasas de mortalidad infantil más altas del país, con
61 niños por cada 1.000 nacidos, triplicando el promedio nacional. Por
su parte, la población carece de servicios esenciales como acceso seguro
y estable a agua potable o a electricidad, y los caminos que se han
construido son solamente para permitir la salida del “oro negro” [4].
Algo no muy diferente ocurre con el Cerrejón en la Guajira: pese a las
inmensas riquezas que ha generado en más de dos décadas de explotación
de carbón, la población local sigue sufriendo niveles muy por encima del
promedio nacional en cuanto a analfabetismo, desnutrición, desigualdad,
falta de servicios básicos [5].
Estos son los elementos que permiten
entender el porqué de la creciente resistencia popular en contra de los
megaproyectos mineros que se viene adelantando por todo el territorio
nacional colombiano.
El nuevo delirio del Dorado
Entre todas las áreas de la minería, es
la del oro la cual está experimentando una de las más importantes
actividades, con un gran dinamismo, pero que a la vez representa uno de
los mayores peligros para la biodiversidad, la sostenibilidad ambiental y
la vocación agropecuaria del país. Existen actualmente alrededor de 89
proyectos de megaminería aurífera en Colombia, la mayoría de ellos en la
fase de prospección; se estima que, al menos, existen 2.015 toneladas
de oro en el país (60 millones de onzas). Antioquia se lleva la “medalla
de oro” concentra 47 de estos proyectos [6]. Municipios como Remedios,
Caucasia o Segovia, han visto aumentar de manera bastante preocupante la
violencia, asociada al avance de los paramilitares que operan en
consorcio con el Ejército, acosando a los mineros artesanales en la
disputa por el metal precioso (se estima que unos 40.382 mineros
artesanales trabajan el oro). [7]
Hoy en día se producen 40 toneladas de
oro anuales y el proyecto del gobierno es intensificar la producción
hasta alcanzar las 80 toneladas hacia el 2019 [8]. La pelea no es sólo
por el control de la producción del oro, sino también por el control de
los títulos mineros. Según el analista Mario Valencia “El negocio es
obviamente extraer el oro, pero también lo es vender acciones de las
empresas que poseen los títulos mineros. Es casi lo mismo tener el oro
en lingotes en los bancos que en una montaña” [9]
Las principales empresas poseedoras de
títulos de explotación aurífera son la AngloGold Ashanti (por lo menos
410 títulos -391 directos, 19 a través de ‘Exploraciones Chocó Colombia
S.A.S.’-, controlando, al menos, una extensión de 821.087 hectáreas) y
la Continental Gold (por lo menos 135 títulos, controlando una extensión
de 111.000 hectáreas); es de destacar que estas cifras son tentativas,
pues estas corporaciones operan bajo distintos nombres, filiales,
razones sociales, etc. Ambas empresas son socias en la explotación de La
Colosa, en el municipio de Cajamarca, Tolima, siendo la AngloGold
Ashanti la socia principal. Todas estas concesiones son a 30 años,
prorrogables por otros 30 [10]. Se espera que la explotación de La
Colosa comience en el 2019, año en que el gobierno se ha puesto por meta
duplicar la producción aurífera; este sólo hecho da cuenta de que La
Colosa no es un proyecto más, sino una pieza clave en el proyecto del
bloque dominante.
Se calcula que La Colosa produciría unos
24 millones de onzas de oro; el costo ambiental de esta explotación
puede calcularse si se toma en consideración que hay que remover más de
100 toneladas de roca para producir apenas una onza de oro… La Colosa,
según diversas estimaciones, produciría, además, 100.000 toneladas de
residuos mineros al día, más 8 toneladas de cianuro, 500 toneladas de
dióxido de carbono, y utilizaría 70.000.000 de litros de agua… todo eso
para producir apenas 50 kilos de oro [11]. Personalmente, no sé si el
precio del mercado justifique, aún en términos estrictamente
economicistas, el tremendo daño ambiental y social que esto produciría.
La AngloGold hoy tiene totalmente ocupado el municipio: tiene 21 títulos
mineros que copan prácticamente el 60% del municipio de Cajamarca
(30.440 hectáreas), con lo cual el daño que se prevé en la zona, de
iniciarse esta explotación, sería irreversible [12]
Militarización y Minería
“La fuerza pública protege la gran
inversión privada y los paramilitares evitan la protesta social y
presionan el desplazamiento” (CODHES, ¿Consolidación de qué?, Febrero
2011 [13])
Militarización y minería van
estrictamente de la mano en el marco del conflicto colombiano: no es
casual que ahí donde se incrementan las acciones contrainsurgentes, haya
intereses de carácter económico. El 30% de la Fuerza Pública (unos
100.000 uniformados), está puesta al servicio de las empresas
minero-energéticas, resguardando sus inversiones en infraestructura, a
sus ejecutivos y contratistas, acallando las protestas de las
comunidades, y muchas veces de mano de paramilitares, “limpiando” el
terreno.
También los soldados se dedican a
erradicar cualquier forma de “competencia” para las megamineras
transnacionales. Siguiendo una política estricta al servicio de los
grandes capitales, toda forma de producción campesina o artesanal está
siendo ilegalizada en Colombia: lo mismo ocurre con la minería
artesanal, la cual de un tiempo a la fecha, es llamada por los medios y
funcionarios de gobierno, minería “ilegal”. Dejando muy en claro que la
ley colombiana está en lado del capitalista, de preferencia si es
extranjero, se han aprobado decretos para atacar a los mineros
artesanales y se les señala frecuentemente en los medios de ser
financiadores de la insurgencia para “justificar” así este ataque en
nombre de la contrainsurgencia. Así, el Estado violenta la subsistencia
de más de 300.000 familias (cinco millones de personas) que dependen de
la minería artesanal, a fin de mejor servir a las empresas mineras
multinacionales [14].
En este marco de creciente
militarización, 573 minas de las llamadas “ilegales” han sido
intervenidas [15]. Esta militarización, y la consecuente presencia de
bandas paramilitares al alero del ejército para que realicen el trabajo
sucio, redunda en crecientes atropellos y violaciones en contra de las
comunidades. En los últimos diez años, según las Brigadas de Paz
Internacionales, el 80% de las violaciones a los derechos humanos y el
87% de los desplazamientos en Colombia han ocurrido en regiones donde se
desarrollan megaproyectos de explotación minera (existen 42 distritos
mineros compuestos por 328 municipios); así mismo, el 78% de los
atentados contra sindicalistas fueron contra aquellos que trabajan en el
área minero-energética [16].
En la zona de Anaime, Cajamarca, desde
la llegada de la AngloGold se ha incrementado notablemente la
militarización de la vida de la comunidad, afectando al tejido social.
Un líder comunitario de la región, Yesid Muñoz, del Comité Ambiental y
Campesino de Cajamarca, nos dice del ambiente de militarización que se
vive en Anaime que:
“La AngloGold tiene a mucho campesino trabajando para ellos. Los pocos muchachos que quedan en el campo el ejército los persigue los días domingo y los recluta a las malas. Quiero que el gobierno colombiano explique cuál es la diferencia cuando critican que la guerrilla recluta muchachos de 16 años, cuando ellos los persiguen como locos para reclutarlos (…) El ejército tiene una base militar acá en La Colosa, es para proteger a los empresarios, a los directivos y al personal de la AngloGold, protegen el daño que están haciendo (…) La militarización acá usted la ve a lo largo de toda la carretera panamericana, en los ramales. Al borde de esos caminos usted ve casas miserables de invasión ¿qué es lo que cuida el ejército? Acá no hay ni ricachones ni terratenientes, lo que buscan es intimidar al campesino, al pueblo.”
Cuando las personas de la comunidad se han pronunciado en contra de la AngloGold, ha comenzado la estigmatización: toda forma de oposición es asimilada a expresiones civiles de la insurgencia, y por tanto reciben trato militar.
El día 22 de Febrero, se celebró una
“Mesa Ciudadana Ambiental” en Ibagué (en la cual el rechazo de la
comunidad al proyecto fue evidente) y los periódicos captaron los
intercambios de mensajes entre el vicepresidente de sostenibilidad de la
AngloGold, Rafael Hertz, y el encargado de comunicaciones de La Colosa,
Iván Malaver, en el que uno decía: “identificaron en el público de los
opositores a varios guerrilleros de Anaime”. A lo que el otro contestó:
“Entendido perfectamente” [17].
Ante estas acusaciones, Yesid Muñoz,
sencillamente se encoge de hombros: “A mí me consideran revolucionario,
pero eso no es pecado, Cristo fue un revolucionario, y yo quiero la
revolución que Cristo nos enseñó.”
Una dirigenta de una Junta de Acción
Comunal (JAC) de la región, nos explicaba en Noviembre, en base a su
experiencia directa, esta relación entre el ejército y la multinacional:
“Yo entiendo que el ejército trabaja con
la AngloGold, les pagan para que los custodie y así nos han venido
metiendo esto de la militarización. Si uno no está de acuerdo con la
empresa, pues ahí mismo a uno la tildan de guerrilla. Hay muchos abusos
de autoridad, lo miran a uno y como hay gente que soplonea que una ha
estado contra la AngloGold, entonces ahí llegan a joderle la vida a uno.
Pero es que uno tiene que mirar al futuro, y estamos dispuestos a todo
con tal de que el proyecto no se dé porque nos va a afectar mucho y a
las generaciones que siguen”.
Carlos Gámez, de la Unión Campesina de
Los Alpes, Tolima (UCAT) explica el giro orwelliano de la militarización
en Cajamarca: “El ejército tiene un batallón allá a favor de ellos,
para atajar a las comunidades y que ya no transiten por los caminos que
antes transitaban. Están imponiendo un control muy tenaz sobre las
personas, poniendo cámaras por todos lados, cosa que si uno habla queda
todo grabado en cámara.” Fernando Pérez Sánchez, coordinador de OSADA
(Organizaciones Sociales del Cañón de Anaime), ratifica estas mismas
aseveraciones “El ejército les dio un batallón al servicio de ellos y
los líderes estamos supervigilados, nos han grabado a todos”.
Aunque ahora los ejecutivos de la
AngloGold salgan con cara de “yo no fui” a decir que ellos jamás han
tratado a nadie de guerrillero, ya en Noviembre, corrían rumores entre
los campesinos de la comunidad que directivos de la empresa andaban
diciendo que el ejército iría a abrirle campo a la AngloGold Ashanti,
corriendo a esos “guerrilleros” y “revoltosos” de Anaime. Y cuando el
río suena, es porque piedras trae.
El oro no se come
A mi llegada a Anaime, un campesino me
explicaba que el Tolima era como el paraíso, y que Cajamarca era el
vergel del Edén. No es en vano que Cajamarca ha sido llamada la despensa
agrícola de Colombia. Las laderas de los montes de esta región rebozan
de verdor, en ellos prospera casi cualquier cosa que se cultive, el
café, los plátanos, la arracacha.
Cajamarca, sin ir más lejos, provee el
10% de la comida que se consume en Bogotá [18], con lo cual el impacto
que tiene el cambiar la vocación productora de alimentos de esta región
para reorientarla hacia la explotación aurífera, es de carácter
potencialmente catastrófico.
Los campesinos dicen que ya se están
viendo los efectos de la megaminería en detrimento de la producción de
alimentos. La misma dirigenta de la JAC señala:
“AngloGold le ofrece a los campesinos sueldos de hasta 800.000 pesos al mes, con lo cual han dejado de labrar la tierra. Pero la mayoría de esta plata es como un espejismo, porque se les va en pagar transporte y comida. Hay que pensar a más largo plazo que en la plata que le pagan en un mes, porque nos están afectando el agua, están robando el agua y eso está afectando nuestro medio ambiente. Y aunque quizás ahora no veamos todas las consecuencias tarde o temprano las tendremos que ver.”
Carlos Gámez, de la UCAT explica:
“Se nos va a dañar el agua, nos van a afectar los terrenos de cultivo… nos está generando desplazamiento… andan comprando tierras y sacando campesinos que producen alimentos para el país. Están generando enemistad y contrariedad entre los vecinos, están ejerciendo presión sobre la gente que está en desacuerdo para tratar de voltear la forma de pensar de la gente que lidera procesos a informa a los campesinos por acá. Andan diciendo a la gente que esas personas son mentirosas, que el proyecto es lo mejor para Cajamarca.”
Fernando Pérez Sánchez, de OSADA,
corrobora el impacto de la AngloGold no sólo en la misma producción de
alimentos, sino que también sobre el tejido social de las comunidades
campesinas que es el que, en última instancia, sustenta este modo de
producción: “el proyecto está afectando a las comunidades campesinas,
engañándolas y dividiéndolas. En la parte económica hacen creer a la
gente que la agricultura no da nada y que la minería es la mejor
opción.”
El malestar de los campesinos en la zona
en contra de la multinacional es parte del malestar que recorre a todo
el campo colombiano y que estas semanas se ha expresado en las protestas
masivas de los cafeteros y cacaoteros. Es resultado de la ruina a que
ha llevado al campesino el aperturismo neoliberal y los Tratados de
Libre Comercio, así como a la secular política de despojo contra los
campesinos. Yesid Muñoz nos señala, haciéndose eco de la creciente
rearticulación del movimiento campesino y de sus demandas, que:
“AngloGold Ashanti no nos puede engañar con sus carteles de que hay que
hacer al campo productivo y competitivo, cuando lo que quieren es sacar a
los campesinos de la zona. Todos los días la tele nos engaña mostrando
cosas ficticias pero acá usted ve la realidad. El gobierno tiene al
campo muy mal, no les interesa el campesino, y luego se hacen socios con
estas empresas multinacionales dicen que para crear empleo, pero a
ellas les dan todo, todos los recursos que le niegan a los campesinos de
Colombia. Mire que el gobierno le hizo todas esas carreteras a
AngloGold y nosotros pidiendo carreteras durante cien años. Con un campo
tan productivo como el que tenemos lo que queremos es apoyo para
producir”.
La locomotora que intenta avanzar ante un pueblo que no se deja avasallar
El entorno de La Colosa es un
microcosmos en el que se reproducen todas las contradicciones del actual
Plan de (Sub)desarrollo Nacional impulsado por el gobierno de Santos
(el cual es la elaboración de la propuesta uribista de país, no su
negación): la contradicción entre Capital rentista y Capital productivo,
entre comunidades y Capital multinacional, entre la vocación productora
de alimentos y la ilusión extractivista, entre el desarrollo social
sostenible y el desarrollo macroeconómico, entre el campesino y el
tecnócrata-militar-capitalista, entre las mismas comunidades
sobrepasadas por el arrollador avance de la inversión extranjera
directa, entre integración económica o desarrollo tipo enclave, entre la
vida o la muerte. La locomotora minera, de la mano de la AngloGold
Ashanti, sencillamente ha acelerado el ritmo del despojo al que vienen
siendo sometidas las comunidades campesinas desde tiempos inmemoriales,
sumándose a otros fenómenos que afectan al campesinado como el
aperturismo neoliberal y la presencia del narcoparamilitarismo, el cual
sigue vivo como lo expresa un campesino: “Acá los narcotraficantes tiene
cara la tierra, porque se dedican a lavar dinero comprando y vendiendo.
Este problema no se va a acabar porque el gobierno los deja.”
En este territorio, se expresa con todo
su peso la historia de contradicciones de Colombia. El caso de La Colosa
es paradigmático de un modelo que para la mayoría genera pobreza y
hambre, en medio de la riqueza y la abundancia de unos pocos.
Pero es también importante, en este
punto, destacar que el pueblo de Cajamarca y las comunidades rurales del
municipio no son “víctimas” inermes que se cruzan de brazos ante su
fatalidad, para clamar que terceros hagan justicia por ellos. Estamos
ante un pueblo que ha sido oprimido, reprimido, violentado, victimizado,
pero que mantiene intacta su dignidad. Un pueblo berraco que lucha y
que se niega a la pasividad, que reclama su derecho a ser agente activo
del cambio. Un pueblo que teje solidaridad, que estrecha brazos y manos,
que trabaja, sueña y crea.
El dinamismo de la lucha por la defensa
de la vida y contra La Colosa es enorme, según nos explica una compañera
que participa del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca:
“se han realizado cuatro marchas
carnavales en Ibagué, que han movilizado hasta 30.000 personas contra el
proyecto de La Colosa y en defensa del agua. También ha habido
seminarios y vigilias en Anaime, 2 encuentros de ECOVIDA, con los que la
población pudo empezar a enterarse de primera mano del proyecto, porque
la empresa que llevaba ya varios años con diferentes nombres, nunca
había informado nada. El primero de agosto del año pasado se hizo la
movilización nacional contra la locomotora minero-energética y se
movilizaron 1.000 personas en Cajamarca, lo que es muy significativo.
También está la acción popular de Usocoello, la organización que agrupa a
los usuarios campesinos del Rio Coello, contra el proyecto minero… de
este río dependen unas 800.000 personas, o sea, el impacto de La Colosa
es impresionante. El 22 de Febrero las autoridades municipales de
Piedras, de la ONIC, del CRIC, de la Universidad del Tolima, de
Fedearroz, de los comités ambientales, unieron sus posiciones y
escucharon un informe de las preocupaciones de la Contraloría por los
impactos ambientales de este megaproyecto… ese día se rechazó totalmente
el proyecto, y ante la cantidad de indicadores sobre los riesgos así
como la presión popular, el mismo gobernador fue forzado a posicionarse
en contra. Ese evento del 22 de Febrero fue una cosa muy importante.
Ayer 7 de Marzo a la Universidad Cooperativa de Ibagué asistieron más de
500 líderes comunales y sociales de Ibagué, académicos, ambientalistas,
y se rechazó unánimemente a La Colosa”
Esta actividad va de la mano de una importante tarea organizativa, que refuerza el tejido social de estas comunidades, rica en formas organizativas ya presentes en la zona, en la forma de JAC, organizaciones sindicales y campesinas, grupos juveniles, grupos ambientales, etc.:
Esta actividad va de la mano de una importante tarea organizativa, que refuerza el tejido social de estas comunidades, rica en formas organizativas ya presentes en la zona, en la forma de JAC, organizaciones sindicales y campesinas, grupos juveniles, grupos ambientales, etc.:
“Los campesinos se han organizado en
comités ambientales, como el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca,
que reúne 17 expresiones organizadas del territorio, líderes de Juntas
de Acción Comunal, campesinos, ambientalistas… nosotros estamos a favor
de la defensa del agua, de la soberanía alimentaria y territorial, no es
que no queramos el progreso de la región… está también el Comité
Ambiental por la Defensa de la Vida, que funciona en Ibagué, y está
también el Comité Ambiental del Sur del Tolima. Hay otro Comité por la
Defensa del Río Opía, en Piedras, y ahí la resistencia tiene al alcalde y
al consejo en pleno de su lado. Está también el Comité por la Defensa
del Río Lagunillas en el Líbano. En todos los municipios del Tolima
vienen gestándose comités y colectivos que han identificado que la lucha
de los próximos años es por el uso del suelo, que es una lucha social y
ambiental, que es una lucha también por si éste lo explota una
multinacional o todos nosotros. Es importante también destacar que
existe un Comité Ambiental de Apoyo al Tolima en Bogotá.”
Consultada sobre el potencial que significa la lucha de Anaime en el contexto actual de auge de las luchas populares en Colombia, dice esta compañera que:
“la región compuesta por Cundinamarca,
Meta, Boyacá, Tolima, las fronteras con el pie de monte llanero y
Quindío, las salidas al sur del país, es central… digamos que el Tolima
es el epicentro del conflicto social y territorial que se está viviendo
en el país: tenemos el proyecto minero más grande de todo el continente,
más el tema de las siete hidroeléctricas en el Tolima, el tema de la
infraestructura y las carreteras para el TLC, la navegabilidad del río
Magdalena, hay más de cinco batallones de todo tipo en la zona y está la
base militar de Palenquero, de Puerto Salgar, en convenio con los
Estados Unidos, y tenemos toda el área de consolidación del sur del
Tolima. Hay una reorganización del país, y esta zona central es la
plataforma logística, financiera y de control del conflicto social,
porque acá está también el centro urbano del país. El Tolima adquiere
una relevancia política que ha tenido en otros momentos, que lo tuvo en
la guerra del os mil días y en la Violencia. Hoy concentra una gran
importancia financiera y también en términos de las luchas sociales”.
Tolima está en el corazón de Colombia,
en una zona de importancia geoestratégica, de importancia por sus
recursos hídricos y minerales, una zona de gran fertilidad. El
departamento comienza a ser escenario de grandes movilizaciones, de los
cafeteros y de los campesinos, así como de oposición a megaproyectos
minero-extractivos e hidroeléctricos. El gobierno sabe la importancia
estratégica de esta región y por eso ha convertido este territorio en un
importante escenario de la llamada “consolidación militar”. Pero no
cuenta en sus cálculos con la fuerza de un pueblo que no está dispuesto a
dejarse pisotear ni por la bota militar, ni dejarse avasallar por la
locomotora minera. Y que lo están demostrando en la práctica con su
resistencia.
NOTAS:
[2] Agua o Minería, un debate nacional, Tatiana Rodríguez y Danilo Urrea, CENSAT Agua Viva, 2011, p.4
[3] Colompbia, Boletín Informativo No.18 de PBI Colombia, Noviembre de 2011, pp.4-5.
[6] Ahumada, Omar “El ‘boom’ apenas empieza en el país”, El Tiempo (Suplemento ‘debes leer’), p.2, 2 de Diciembre, 2012
[7] http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article6486 ; sobre los antecedentes de la violencia en el Nordeste Antioqueño ligada
a la disputa por la riqueza aurífera, ver http://www.periferiaprensa.org/index.php/edicion-actual/1132-la-tragedia-de-los-territorios-mineros-en-el-nordeste-antioqueno
[9] “Los Dueños del Oro”, El Tiempo (Suplemento ‘debes leer’), p.3, 2 de Diciembre, 2012
[10] Ibid, Algunas mineras están negociando algunas de las 52 cédulas reales, para que no quede duda del tufillo colonial de la actual política de minas, las cuales serían explotables a perpetuidad.
[11] Ibid, p.4. Los campesinos de la región, sospechan que no sólo hay oro en La Colosa y que eso determina otra clase de intereses. Nos decía un campesino que “se sabe de buena fuente que ahí también hay uranio, que se lo llevan con escoltas para el aeropuerto”.
[12] Agua o Minería, p.8
[15] Agua o Minería, p.6.
[16] Colompbia, p.3-6.
[17] http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/173039-comunidad-a-una-sola-voz-dijo-no-al-proyecto-la-colosa?quicktabs_3=2 ; http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-407330-nunca-hemos-senalado-nadie-de-guerrillero-anglogold
[18] Agua o Minería, p.8
(*) José Antonio Gutiérrez D. es
militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los
movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de
la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio
web internacional www.anarkismo.net.
Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugués,
Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orígenes Libertarios del
Primero de Mayo en América Latina" (Quimantú ed. 2010).