Por: Constanza Vieira
07 de Mayo 2013.
Informe - "Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista"
"Yo
estoy desplazado acá por la minería, hace un mes. Me sacó de mi
municipio la minería ilegal. No, no vaya a decir de dónde vengo. Mi
nombre, menos". Con el atemorizado hombre de piel azabache, de unos 40
años, IPS acordó decir solo que proviene del sur de la Costa Pacífica de
Colombia.
Allí, en medio de una biodiversidad
desbordante, entre la cordillera de los Andes y la costa oceánica
campean las dos guerrillas izquierdistas activas, una que está en
negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y la otra en
plan de emprender un camino similar.
También operan grupos
paramilitares de ultraderecha, que las autoridades llaman Bacrim (bandas
criminales) tras una desmovilización negociada durante el mandato del
presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Son el único sector armado en
crecimiento.
En la actualidad, esos bandos se dedican a la
minería del oro, actividad ancestral en el lugar. La producción y
tráfico de cocaína no va más en el sur de la región conocida como Costa
Pacífica, se asegura. "El negocio es el oro", confirmó el hombre que se
declara desplazado de su hogar. Según sus datos, el oro genera hoy entre
13 y 23 veces más ganancia neta que la cocaína en el suroccidente
colombiano, cerca de la frontera ecuatoriana.
Pero para dedicarse al oro hay que tener más capital inicial. Y la minería también trae conflictos. Muchos.
En
los últimos 20 años, Colombia se transformó radicalmente al convertirse
en un país minero y petrolero. Y la institucionalidad no se ha ajustado
a esa nueva realidad.
Es la conclusión de los especialistas
que hablaron para IPS en el marco de la presentación de "Minería en
Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista", el estudio
más completo hasta ahora, primero de una serie de informes de la
Contraloría General de la República, máximo organismo interno de control
fiscal.
El economista Luis Jorge Garay dirigió durante seis
meses el grupo de autores, integrado por los expertos Julio Fierro,
Guillermo Rudas, Álvaro Pardo, Fernando Vargas, Mauricio Cabrera,
Rodrigo Negrete y Jorge Espitia.
Los comentaristas durante el
lanzamiento, el lunes 6, fueron Manuel Rodríguez, el exministro de
Ambiente, Jorge Iván González, director del Centro de Estudios
Económicos de la pública Universidad Nacional, y el jurista
especializado en derecho constitucional Rodrigo Uprimny, director de la
no gubernamental DeJusticia.
"Esta investigación es de la
mayor importancia. Por primera vez aparece en un solo volumen la
complejidad de la minería en todos sus aspectos: el ambiental, el
social, el jurídico, el económico", indicó Rodríguez.
"Nos
indica que estamos encaminando el sector minero con muy poca
consideración de los enormes costos sociales y ambientales que implica",
dijo.
La Constitución de 1991 establece una serie de
derechos fundamentales que, sin embargo, se degradan a la hora de las
normas mineras. Un funcionario de turno puede emitir una medida que
contradiga la carta magna, pero es la que va a primar en la práctica.
"El
Estado está renunciando, desde hace dos o tres décadas, a tener una
participación en los recursos que genera la minería legal", dijo el
economista Rudas. "El problema no es únicamente la minería ilegal, sino
la minería legal, que no está dejando réditos al país para que tenga un
Estado fuerte, capaz de solventar los otros problemas", argumentó.
La
contralora general, Sandra Morelli, consideró que "el Estado colombiano
se ha venido debilitando notablemente, y no es un tema de tamaño, sino
de capacitación técnica y de facultades jurídicas para intervenir, de
manera mucho más oportuna, para evitar afectaciones al interés público".
La
minería aporta anualmente a Colombia unos 1.100 millones de dólares,
según la contralora. "La pregunta es si esa cifra está compensando el
impacto de la actividad minera o no", planteó.
En la actualidad, los principales rubros mineros de Colombia son el carbón, del que es décimo productor mundial, el níquel, en que ocupa el séptimo lugar, y el oro, en el puesto 22 entre los mayores países extractores.
"En
Colombia se ha creado la idea de que hay que atraer la inversión
extranjera dando dádivas. Falso. La inversión extranjera va donde hay
los recursos, pero más donde hay reglas claras", declaró Garay, el
director del estudio.
"Este informe muestra que la minería,
si bien tiene promesas, tiene también enormes peligros", advirtió
Uprimny. Ellos van de los ambientales, de afectación de pueblos
indígenas y afrocolombianos, de disputa de la tierra a la agricultura,
hasta la eventual intensificación del conflicto armado y el
desplazamiento.
"Plantea algunas recomendaciones para
fortalecer la normatividad ambiental y la capacidad regulatoria
jurídica. Es un informe muy importante para enfrentar un país que se
volvió minero", añadió el constitucionalista.
"Se conceden licencias ambientales a todo el que las pida, solo se niegan tres por ciento de las solicitudes", indicó Uprimny.
El
desplazado, quien asistió al lanzamiento del informe, se incluye entre
las minorías afectadas y en el tres por ciento rechazado. "A las
comunidades afrodescendientes no se les otorgan títulos mineros. Se les
dice que no cumplen los requisitos", aseveró.
"Hay una
coincidencia territorial, en términos geográficos, con fenómenos de
desplazamiento", advirtió el abogado y sociólogo Fernando Vargas, "y
territorios donde hay solicitudes mineras o licenciamiento minero".
"Sobre
todo en territorios ancestrales, la explotación del oro está generando
tensiones gravísimas y crisis humanitarias, violaciones al derecho
internacional humanitario y violaciones graves y sistemáticas a los
derechos humanos", indicó.
Cuatro claves contra el modelo extractivista
Luis
Jorge Garay, director del informe "Minería en Colombia: Fundamentos
para superar el modelo extractivista", resumió para IPS sus cuatro
claves.
PRIMERO: "A la luz de la Constitución de 1991 y la
primacía de los derechos fundamentales, uno de los temas cruciales es
cómo circunscribir y enmarcar la política minera, extractivista, dentro
de la carta colombiana.
Si bien la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado han avanzado, nos falta una jurisprudencia más
taxativa, que nos permita hacer una jerarquización entre los derechos
fundamentales, de las comunidades, sobre la propiedad del suelo y el de
quienes reciben las licencias ambientales y mineras sobre la explotación
del subsuelo. Esto no ha sido taxativamente tratado".
SEGUNDO:
"El impacto medioambiental, geofísico y geológico de la minería
extractivista masiva, especialmente a cielo abierto, de carbón y oro,
producen, de no ser bien controlados, daños ecológicos inconmensurables
para varias generaciones".
TERCERO: "Mostramos que la renta
minera en Colombia está muy mal distribuida, en contra del Estado y de
la sociedad y a favor de las empresas.
La tasa efectiva neta
que pagan las empresas es solo cinco por ciento en impuestos. Las
regalías son fijas y las más bajas internacionalmente".
CUARTO:
"Colombia no tiene un esquema de gobernanza ni una institucionalidad
fuerte y sólida para desarrollar una minería necesaria, pero que sea
suficientemente balanceada dentro de los propósitos económicos,
sociales, políticos y culturales enmarcados en un Estado social de
derecho".
Lea el informe completo aquí: colombiapuntomedio.com
