Rebelión: Martes 16 de Abril 2013
Ponencia leída el 09 de abril del 2013 en la Universidad del País Vasco.
Bilbao
Voy a hacer un corto recorrido, sobre los principales intentos de paz que
se han dado en Colombia, tratando de hallarle una solución al largo e histórico
conflicto social y armado, para intentar sacar algunas conclusiones que,
permitan continuar avanzando hacia la Solución Política de la grave crisis
generalizada en la que actualmente se debate nuestro país.
Lo primero que debemos considerar es que Colombia, como parte del globo
terrestre, quiéranlo o no los Dominantes colombianos, está también inmersa en
la crisis global civilizatoria actual. Colombia no es ninguna isla paradisiaca
aislada del resto del mundo, habitada por los buenos salvajes que describieron
los colonizadores europeos, sino una excepcional y muy rica esquina
geoestratégica de Suramérica, a la cual también ha llegado el gigantesco
vendaval socioeconómico originado en el centro de las tres grandes potencias
del capitalismo desarrollado, USA, Europa y Japón, hoy expandida por todo el
mundo.
Y como segunda consideración se debe tener en cuenta que Colombia tiene una
particularidad muy propia, determinada por su historia: Después de la grandiosa
batalla de Ayacucho en la que nuestro Padre Simón Bolívar, junto con el
mariscal Sucre derrotaran a al poderoso Imperio español y, como consecuencia de
la descomposición del régimen colonial, fue convertida por la oligarquía de
esclavistas, terratenientes y exportadores que salió triunfante de la guerra de
liberación, en un permanente campo de batalla, en el cual durante el siglo XIX
se dieron 9 grandes guerras civiles (un promedio de una guerra a cada diez
años, la última prolongada hasta 1902), todas ganadas por los santanderistas y
que asolaron al país y lo hincaron ante el gobierno de los EEUU para que lo
desmembrara y se apoderara de la estratégica provincia de Panamá.
En el Siglo XX, Colombia ya convertida en un enclave imperialista para la
explotación bananera y la extracción petrolera minera; continuó siendo el campo
de batalla del siglo anterior, pero esta vez, con un ejército unificado y
entrenado militarmente por las potencias imperialistas. Entonces, la lucha tomó
otra dirección; ya a no se dio entre las fracciones de la oligarquía por
definir su hegemonía y usufructo del dinero público, sino contra los
trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, quienes recibieron el bautizo
de sangre relatado a en Cien años de Soledad, en la inolvidable masacre de la
zona bananera de Macondo de 1928, cuando más de tres mil trabajadores de la
empresa bananera Yunai Fruit company fueron ametrallados por el ejército
Colombiano al mando del general Cortes Vargas.
Igual bautizo de sangre, recibieron poco después los trabajadores
petroleros de la tropical oil company en Barranca, los braceros y bogas del rio
Magdalena, y los campesinos especialmente los jornaleros de la región andina
que pedían reformas en el campo y que nunca llegaron. Por el contrario, cada
solicitud popular fue respondida con las armas y el endurecimiento represivo de
los gobiernos bipartidistas, hasta desembocar en 1946, en la dictadura liberal
conservadora del falangista Ospina Pérez, quien como parte integrante de la
naciente política norteamericana de la guerra fría contra el comunismo, inició
el ciclo de la violencia bipartidista, cuyo momento culminante es la ejecución
en Bogotá por parte de los servicios secretos de los EEUU, del gran dirigente
popular Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Fecha desde entonces
convertida, en un símbolo imborrable de la movilización popular y social en
Colombia.
Este ciclo de violencia bipartidista se prolongó hasta 1957,cuando el
liberal maltusiano Lleras Camargo y el falangista conservador Laureano Gómez,
firmaron el pacto de Sitges en Cataluña, para detener aquella orgía de sangre y
despojo, pero solo cuando ya se había logrado el objetivo maltusiano de
eliminar más de 300 mil pobladores agrarios y se había realizado el despojo de
cerca de 14 millones de hectáreas de las mejores tierras de Colombia, para dedicarlas
a la renta parasitaria de la ganadería extensiva, con el ideal de que cada vaca
debía tener una hectárea de tierra para pastar, y bajo la consigna eficiente de
que sin guerra no hay tierra.
Sin embargo, una crisis tan gigantesca que se intentó resolver con un pacto
en las alturas del Poder bipartidista, continuó sus efectos arrasadores en la
base social, y aquella violencia sectaria entre el pueblo raso dividido
arbitrariamente entre liberales y conservadores, hizo brotar el él la
conciencia de clase, tornándose en una lucha de resistencia al exterminio
ejercido desde el Poder central contra los trabajadores, especialmente
agrarios. Entonces la guerra sectaria entre pobladores liberales y
conservadores, se trasformó en una guerra oficial contra el pueblo trabajador,
revestida de guerra contra el comunismo, azuzada y apoyada abiertamente por el
Pentágono estadounidense.
Así fue como los bombardeos masivos, iniciados en 1954 por el dictador
conservador Rojas Pinilla contra algunas regiones agrarias como Villarica y el
Sumapaz, donde existía alguna influencia del partido comunista; diez años
después, en 1964, dieron paso a los bombardeos del Plan Lasso ( Latin American
Security Operation) elaborado en la embajada de los EEUU en Bogotá, con el
objetivo militar de exterminar las imaginarias “republíquelas independientes”
de Marquetalia, Riochiquito, el rio Pato y Guayabero señalizadas por el hijo de
Laureano Gómez y que para capricho de la historia, daría origen al movimiento
de resistencia campesina que un año después, en 1965, se convertiría en las hoy
conocidas FARC-EP; mientras que simultáneamente surgirían en la región del
Carare el ELN, y en el alto Sinú el EPL.
Desde entonces hasta hoy, abril de 2013,cada uno de los gobiernos
bipartidistas de Colombia no ha intentado resolver el conflicto así gestado,
sino más bien, ha utilizado una política invariable de obligar por las armas la
insurgencia guerrillera a que negocie su rendición, mientras administra el
conflicto armado y lo usa para expandir el llamado mercado nacional por toda la
geografía del país, es decir para desarrollar y ampliar el capitalismo
dependiente, mediante el lucro producido por el despojo y la acumulación
permanente de capital multinacional, incluso introduciéndole desde la década de
los 70 del siglo pasado, los gigantescos capitales ilegales provenientes de las
bonanzas del narcotráfico.
Por ejemplo, con la llamada ventanilla siniestra en el banco de la
república de los gobierno de López Michelsen y Turbay Ayala, o en 1994
eligiendo presidentes financiados por este capital narco. Pero
fundamentalmente, para aumentar la dependencia de todo tipo y en especial la
dependencia militar al Imperialismo norteamericano, que en la actualidad posee
9 grandes bases militares en territorio Colombiano, con el fin geoestratégico
de continuar adelantando, bajo otros disfraces y con otros nombres, el Plan
Colombia /Iniciativa Regional Andina.
La palabra DDR, aquí ya no significa la malhadada experiencia europea de la
Deutsche Democratische Republik, sino la política de Desmovilización Desarme y
Reinserción de la guerrilla, que como una obsesión política invencible, ha
tenido la clase dominante y dirigente de Colombia durante los últimos 35 años
de conflicto, pues en los 14 años que van de 1965 a 1978 , no se utilizó por
los gobiernos del llamado Frente Nacional ninguna estrategia de paz diferente
al control militar del Orden Publico, reforzado con la estrategia paramilitar
recomendada por escrito en 1960, por la misión del US Army en Colombia,
comandada por el general Yaranborough, como bien lo ha documentado el sacerdote
jesuita Javier Giraldo.
Demos entonces una mirada a vuelo de pájaro, de los llamados procesos de
paz realizados por los sucesivos gobiernos de Colombia a partir de 1978, hasta
hoy, para entender cómo, la política de paz implementada por la clase dominante
y dirigente del Estado colombiano, categorizada con el concepto sociológico de
oligarquía latifundista y financiera trasnacionalizada; ha consistido
simplemente en desarrollar ex profeso, un modelo inflexible e ineficaz de
resolución de conflictos sociales, que se reduce a la elemental táctica
política de anteponer frente a las organizaciones guerrilleras, un laberinto
insoluble de aparatos burocrático jurídicos de Estado, encaminados únicamente a
lograr su Desmovilización Desarme y Reinserción o (DDR), con el fin de evitar
realizar las necesarias trasformaciones sociales que son la base del conflicto,
lo alimentan y lo reproducen, logrando de contramano eludir su responsabilidad
social e histórica como clase gobernante, para endosársela a la guerrilla bajo
la pérfida sindicación de que estas no desean ninguna paz y mienten, cuando
hablan de paz.
1978-1982. Gobierno de Julio César Turbay Ayala
Por recomendación del expresidente liberal Lleras Restrepo, Turbay Ayala,
conocido como el presidente del estatuto de la seguridad nacional, instaló a
fines de 1981 un Comité de Paz ad hoc, conformado por monseñor Revollo a nombre
de la Iglesia católica, el comandante de las Fuerzas Militares Forero
Delgadillo, y representantes del poder presidencial como Agudelo Ríos, para que
estudiara la situación de orden público y formulara recomendaciones con el fin de
aclimatar la paz y crear un ambiente favorable para que los guerrilleros se
acogieran a la constitución colombiana. El presidente Turbay rechazó las
recomendaciones de esa comisión argumentando que desmoralizarían al Ejército y,
la comisión se desintegró con pena y sin gloria
1982.1986. Gobierno de Belisario Betancur Cuartas
Belisario quien subió a la presidencia criticando las torturas militares y
demás excesos represivos de su antecesor Turbay, cometidos al amparo del
estatuto de la seguridad nacional; inició una política “social-conservadora” de
una paz idealizada e improvisada, sin contar con la quinta columna existente
dentro de su gobierno, a quienes se limitó a llamar “enemigos ocultos de la
paz”, pero quienes al final resultaron triunfadores. En septiembre de 1982
instaló una comisión de paz asesora del gobierno nacional con 40 celebridades
colombianas, entre quienes se destacaba la ascendente estrella de Noemí Sanín,
quien hoy, 31 años después, ostenta orgullosa un pasaporte del Estado español.
Dicha comisión tenía como principal “presentar al ejecutivo y demás ramas
del poder público, las alternativas de acción dignas de estudio, para que los
agentes subjetivos de la subversión puedan incorporarse a la clara normalidad
de su patria, que los espera”.
4 meses después, Betancur nombró 4 altos comisionados de paz, uno de la
iglesia católica, otro de las fuerzas militares, un tercero del gobierno y el
último del sector empresarial privado, además de una consejera de asuntos de
paz, con el fin de que sirvieran de canales de comunicación entre él, y la
comisión asesora de paz.
Pero más pronto de lo esperado, brotaron las típicas contradicciones de los
dominantes colombianos por el dinero para la clientela electoral, y el director
de la comisión Morales Benítez debió aclarar que: “la comisión no maneja
dineros, no realiza obras públicas, ni reparte tierras, ni dirige las tareas de
la rehabilitación; quienes vigilan las inversiones y siguen el curso de las
obras de rehabilitación son los altos comisionados; ellos son los gerentes de
paz. Ellos pueden hablar de plata contante y sonante”.
Pese al avance de la estrategia paramilitar del Estado que se venía
implementando desde 1960, tres meses después Morales Benítez debió hacer
aquella dramática y conocida declaración de “los enemigos agazapados de la paz,
quienes por fuera y por dentro del gobierno tratan de impedir la paz. Contra
esas fuerzas reaccionarias que en otras épocas lucharon como hoy con sutileza
contra la paz y lograron torpedearla”. Pese a esta dificultad, el gobierno
Betancur, en marzo de 1884, logró firmar con las Farc los acuerdos de la Uribe,
que un año después darían origen al partido político Unión Patriótica. Y para
darle cumplimiento a los acuerdos, un mes más tarde crea otra comisión nacional
de verificación.
El nuevo aparato burocrático para la DDR, continuó en expansión a pesar del
ambiente de zozobra e incertidumbre creado por la quinta columna enemiga de la
paz, y entre julio de 1984 a noviembre de 1985, fecha en que el grupo
guerrillero M-19 se tomó el palacio de justicia de Bogotá. Entonces se creó
otra nueva comisión nacional para negociar con el M19, el EPL y el ADO, junto
con más diez 10 subcomisiones de dialogo nacional, y se conformó otra comisión
de paz, dialogo y verificación como remplazo de las demás comisiones que venían
funcionando.
Con la quema del palacio de justicia en noviembre de 1985, los enemigos
agazapados de la paz endurecen su oposición a las iniciativas del gobierno
Betancur, y la ofensiva exterminadora contra los desmovilizados y militantes de
la UP adelantada por aquellas fuerzas reaccionarias ocultas, pero ya
estructuradas como una herramienta paramilitar del Estado, se configura una sin
salida. Sin embargo, Betancur insiste y logra mejorar un poco el ambiente
político en favor de la paz, con los acuerdos de diciembre de 1985, con dos
destacamentos del ELN y la prórroga de los acuerdos de marzo del 86 con las
FARC. Finalmente la comisión empieza a desgranarse como una mazorca de maíz con
la renuncia paulatina de sus miembros, y el 5 de agosto de 1986, el presidente
debe oficializar la desintegración de la misma.
1986-1990 Gobierno de Virgilio Barco Vargas
Durante los 4 años del gobierno liberal de Virgilio Barco, se dan dos
hechos fundamentales: uno, se desarrolla gran parte del plan de la inteligencia
militar llamado Baile Rojo con el que se exterminó a la Unión Patriótica y dos,
los narco-para-traficantes hacen irrupción pública. Sin embargo, la política de
DDR de Barco, aunque fue bastante más simple que la de su predecesor, también
fue rica en aparatos jurídicos y comisiones.
El ministro del interior Cepeda Ulloa, aclaró el trabalenguas presidencial
de la siguiente manera: “el presidente Barco dijo, no creamos la ilusión de que
va a haber paz. Nosotros podemos aspirar a normalizar la situación pública, no
podemos aspirar a que haya paz. No va haber paz. No creemos en esa ilusión,
aquí lo que vamos es a lograr normalizar la situación”. En efecto, en agosto
del 86 se conforman dos aparato jurídico políticos paralelos denominados,
consejería para la reconciliación normalización y rehabilitación, y el plan
nacional de rehabilitación. Pardo Rueda, actual ministro de trabajo del
gobierno Santos, en aquel entonces director de esa consejería, complementó la
sutil política oficial de paz de Barco de la siguiente manera: “Se trata de omitir
la palabra paz y reemplazarla por tres largos conceptos: reconciliación,
normalización y rehabilitación, desprendiéndola del simplismo convencional de
identificarla solo con diálogos con la guerrilla”.
1990-1994 Gobierno de César Gaviria Trujillo
César Gaviria, antiguo ministro de gobierno del gobierno Barco, dio
continuidad en los puntos básicos de la estrategia de paz del anterior
gobierno, con una ligera modificación: el modelo DDR negociado con el M–19 y
concluido con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se convirtió en el
ejemplo inflexible a seguir durante toda la administración Gaviria. Por
ejemplo, el mismo día en que se llevaban a cabo las elecciones para definir los
constituyentes (9 de diciembre de 1990) las Fuerzas Armadas bombardearon “casa
verde”, lugar donde se encontraba el Secretariado de las FARC, eliminando por
la vía militar cualquier posibilidad de acuerdos políticos con este grupo y con
los demás que aún formaban parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.
Sin embargo dos nuevos aparatos burocráticos se conformarían para enfrentar la
reacción guerrillera: la consejería presidencial para la defensa y la seguridad
nacional a cargo del ascendente burócrata Rafael Pardo Rueda, y la consejería
presidencial para Medellín a cargo de la luminosa María Emma Mejía.
En 1991, después de un accidentado proceso político a favor de un dialogo
por la paz, desarrollado por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar; el
gobierno Gaviria se vio forzado a iniciar formalmente las conversaciones de paz
en Caracas, las cuales poco después se trasladaron a Tlaxcala (Méjico). Como
respuesta administrativa, Gaviria nombró como responsable de las mismas a Jesús
(chucho) Bejarano, asignándole nuevas funciones presidenciales. En enero de
1992, Bejarano es remplazado por Horacio Serpa Uribe, quien 4 meses después y
de común acuerdo con los delegados de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar, dio por terminadas las conversaciones de paz.
Durante el desarrollo de estas conversaciones de Caracas y Tlaxcala, el
gobierno Gaviria conformó como complemento la comisión consultiva para el Orden
Público, y el famoso carrusel burocrático de la paz liderado por Bejarano,
conformado por una pléyade de asesores oficiales, todos hoy vigentes como
Ricardo Santamaría, Carlos Eduardo Jaramillo, Tomás Concha, Reynaldo Gary,
Gonzalo de Francisco, Eduardo Díaz Uribe y José Noé Ríos, entre otros.
Para fines de 1991, el gobierno Gaviria logra acuerdos de DDR con el EPL,
el PRT y el Quintín Lame, y para vincular al empresariado privado en tal
gestión, creó en septiembre 1991, otra comisión asesora de reinserción dirigida
por el actual miembro del equipo negociador de Santos Ricardo Santamaría, para
que articulara con el propio presidente Gaviria, el aporte privado a la
reinserción.
En noviembre de 1993, se restructura la consejería para la paz a cargo de
Carlos Eduardo Jaramillo, quien acompañará a Gaviria hasta el final de su
mandato, concretando acuerdos de DDR , con la Corriente de Renovación
Socialista, las milicias de Medellín, y el Frente Francisco Garnica del EPL. La
política gubernamental de la DDR, había obtenido un claro aunque parcial
triunfo al haber desintegrado la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y
reinsertado gran parte de sus integrantes. Solo continuaron resistiendo en
armas las Farc –EP, el ELN y una pequeña fracción del EPL.
1994.1998 Gobierno de Ernesto Samper Pizano
El gobierno de Samper Pizano, da otro desarrollo burocrático de la DDR.
Buscando aliados que le ayudasen a enfrentar el conocido escándalo del
financiamiento electoral por el narcotráfico llamado proceso ocho mil, Samper
nombró a Carlos Holmes Trujillo, conocido jefe político de la derecha liberal
como alto comisionado para la paz, debiendo aclarar posteriormente en otro
decreto presidencial, que este cargo estaba dentro de la consejería
presidencial para la paz bajo la dirección de José Noé Ríos.
Además, conformó otra instancia de carácter consultivo: la comisión de acción
para la paz, encargada de desarrollar el asunto financiero, tan caro a su
gestión; la cual ampliaría y dejaría establecida a través de la Ley 368 de
1997y reforzaría con la creación del fondo de programas especiales para la paz,
o cuenta del departamento administrativo de la presidencia, destinado a apoyar
financieramente las funciones del alto comisionado para la paz.
Samper, considerando insuficiente todo el anterior aparataje DDR,
estructuró en julio de 1995, una nueva comisión facilitadora de paz para la
reinserción del pequeño residuo del M-19 llamado Jaime Bateman Cayón. La
responsabilidad recayó esta vez en el Arzobispo de Popayán, Alberto Giraldo
Jaramillo, en el administrador Arquidiocesano de Cali Héctor Gutiérrez Pabón,
la secretaria de gobierno del Cauca, el rector de la Universidad Libre de Cali,
junto al ex-combatiente del M-19 Germán Rojas Niño y el presentador de los
cuenta-chistes en televisión, Alfonso Lizarazo.
Y para a agosto del 95, con participación de la iglesia católica, los gremios
económicos, políticos, intelectuales y representantes de los medios de
comunicación, organizó otra nueva comisión de conciliación nacional, integrada
por sectores de la Iglesia católica, los gremios económicos, políticos y
representantes de los medios de comunicación para que ayudaran en el asunto de
la paz.
Por si fuera poco, en Julio de 1998, luego de la declaración de Viana en
España y la declaración de Mainz en Alemania, Samper creó el comité operativo
preparatorio de una posible convención nacional con el ELN, y junto a este
comité operativo, actuó el comité nacional de paz.
Por último, en abril de 1995, el presidente Samper creó la comisión
facilitadora de paz de Antioquia, por decisión de la gobernación del
departamento en ese entonces a cargo de Álvaro Uribe Vélez. Destacamos este
hecho, porque esa fue la primera iniciativa DDR de tipo regional en la que el
gobierno central daba autorización a una gobernación departamental, y sería
pieza clave en la etapa exploratoria que terminaría 10 años después, con la DDR
de los grupos paramilitares durante el gobierno de Uribe Vélez.
1998-2002 Gobierno de Andrés Pastrana Arango
Sin grandes variaciones, Pastrana continuó la lógica de los aparatos
burocráticos jurídicos para la DDR, nombrando a Víctor Gumersindo Ricardo, como
alto comisionado para la paz en la consejería presidencial para la paz, junto a
Camilo Gómez Alzate como su secretario privado y poniendo en funcionamiento el
consejo nacional de paz, junto con el comité nacional de paz.
Pastrana con el compromiso hecho al presidente de los EEUU Bill Clinton,
para adelantar el Plan Colombia elaborado en 1997 en EEUU, y en pleno auge del
narco- paramilitarismo, pasó de la fase exploratoria con la guerrilla de las
FARC –EP, a iniciar el proceso de diálogo y negociación que denominó “negociar
la paz con las FARC medio de la guerra”. Decretó en noviembre de 1998, la
denominada zona de distensión del Caguán y concentró los esfuerzos
presidenciales e institucionales en la constitución de la mesa nacional de
diálogo y negociación y en un comité temático nacional.
El 7 de enero de 1999, día de la instalación formal de los diálogos,
designó como negociadores gubernamentales a Víctor Gumersindo Ricardo, María
Emma Mejía Vélez, Fabio Valencia Cossio, Nicanor Restrepo Santamaría y Rodolfo
Espinosa Meola. Y bajo la coordinación del gobierno, conformó el comité
temático nacional con reconocidos narco- para políticos como Pomárico y Pinedo
Vidal.
El 4 de julio de 1999, cambió el equipo negociador inicial para conformar
un segundo, con Fabio Valencia Cossio, Pedro Gómez Barrero, Camilo Gómez Alzate,
Juan Gabriel Uribe y el general retirado Gonzalo Forero. A comienzos mayo del
2000, Pastrana aceptó la renuncia de Víctor Gumersindo Ricardo y nombró en su
remplazo, como nuevo alto comisionado para la paz, a su secretario privado
Camilo Gómez Alzate. Sin embargo, después 4 meses de difíciles diálogos, el 6
de mayo de 1999, los negociadores del gobierno y los representantes de las FARC
EP lograron firmar y protocolizar los 12 puntos de la Agenda Común por el
Cambio hacia una Nueva Colombia. Por fin después de más de 50 años de conflicto
social y armado en Colombia, se firmaba y legalizaba por ambas partes el primer
documento de Estado: una Agenda y básica para una salida política al conflicto
interno de Colombia.
El proceso de negociaciones continuó a pesar de interferencias políticas y
militares de todo tipo, y en septiembre de 2000, Pastrana tras aceptar la
renuncia del empresario privado Pedro Gómez Barrero, conforma un tercer equipo
para las negociaciones con participación del partido liberal y la Iglesia
católica. En reemplazo de Gómez Barrero nombra al empresario del sector
petrolero y ex director de la Esso-Colombia Ramón De La Torre Lago, a monseñor
Luis Alberto Giraldo Jaramillo, a Luis Guillermo Giraldo Hurtado y a Alfonso
López Caballero quienes junto a Fabio Valencia Cossio, Juan Gabriel Uribe y el
general Forero Delgadillo, continuarían en la mesa. En noviembre de 2000, se
crea como órgano asesor y consultor del gobierno, el frente común por la paz y
contra la violencia, integrado por el propio presidente Pastrana, Horacio Serpa
Uribe, Luis Fernando Alarcón, Antonio Navarro, y los actuales encarcelados Ciro
Ramírez, Samuel Moreno y Luis Guillermo Giraldo Hurtado.
Después de varios congelamientos, a inicios de 2001, Pastrana y Marulanda
lograron reactivar la negociación con la firma del Acuerdo de los Pozos,
reafirmando la necesidad de continuar los diálogos, agilizar las propuestas de
intercambio humanitario, discutir el cese de fuegos, analizar el asunto de la
erradicación manual y concertada de los cultivos ilícitos, e invitar a la
comunidad internacional. Además de común acuerdo conformaron la comisión de
personalidades (también conocida como de los notables) con el propósito de
encontrar caminos para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad
del conflicto.
En abril del mismo año Pastrana creó la comisión de países facilitadores
para el proceso de paz, integrada por representantes de los gobiernos de
Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, México, Noruega y Venezuela,
y en abril, se inician en el Caguán las denominadas audiencias públicas.
Finalmente, el 3 de junio de 2001, el Gobierno Pastrana anunció un nuevo y
cuarto equipo negociador con las FARC-EP nombrando a Reinaldo Botero Bedoya,
Ricardo Correa Robledo y Manuel Salazar Ferro, quienes junto al alto
comisionado Camilo Gómez y un nuevo comisionado adjunto para la paz Luis
Fernando Críales, serían los encargados de afrontar la última fase del proceso
del Caguán, y cuyo accidentado desarrollo en medio de la guerra, terminó con su
rompimiento el 20 de febrero de 2002, motivado por uno de esos hechos de guerra
y sin haber desarrollado ningún punto de los pactados en la agenda de 1999.
2002-2010 El octienio de Álvaro Uribe Vélez
Desde antes de su elección como presidente y una vez posesionado en 2002,
Uribe Vélez condicionó cualquier intento de negociación a la declaratoria
previa de un cese unilateral de hostilidades por parte de los llamados por él
“grupos armados ilegales”. Ninguna insurgencia aceptó una rendición, solo
aceptada por los narco paramilitares de las AUC, con quienes se venía
negociando como se dijo desde 1995, cuando Uribe Vélez era gobernador del
departamento de Antioquia.
El extraño aparato burocrático jurídico para la DDR de los narco
paramilitares, legalizado con la ley 975 de 2005, conocida como la ley de
Justicia y paz, fue conducido por el hoy prófugo de la justicia colombiana Luis
Carlos Restrepo, pero siempre estuvo orientado directamente por el presidente
Uribe Vélez y, tal y como ha quedado demostrado hasta el día de hoy, se limitó
únicamente a extraditar a los EEUU a los principales jefes narco para
militares, acusados no de crímenes de Estado sino de narcotráfico, sin
estructurar una política gubernamental de paz para todo el país.
2010 a la fecha. Gobierno de Juan Manuel Santos
Apoyado por el apabullante aparataje político militar y mediático, creado
por el gobierno estadounidense con el Plan Colombia, durante el octienio de
Uribe Vélez, su ministro de defensa J M Santos resultó elegido en 2010. En su
discurso de posesión Santos plantea una política DDR ambigua, insinuando que él
tenía en su bolsillo la llave para abrir la puerta de un eventual proceso de
paz con las guerrillas, y dando a entender que había centralizado totalmente
bajo su responsabilidad inmediata, el asunto de la paz en Colombia, sin
delegaciones en comisiones nacionales ni otros aparatos burocrático jurídicos
de Estado como los que se venían creando en las administraciones precedentes.
Después de haber dado muerte a dos miembros del secretariado, jubiloso anunció
la cárcel o la tumba, como únicas condiciones que tenía la guerrilla para su
rendición, desmovilización y reinserción.
Mientras en paralelo y haciendo honor al legalismo santanderista
característico de su clase social hasta aquí expuesto, empeñó todos sus
recursos políticos en llevar al congreso de la república los principales
lineamientos de su “locomotora neo-liberal para la paz”; que resultó convertida
en una cascada de leyes presentada como Marco jurídico integral para la paz, y
que contiene la reforma a la justicia, la justicia transicional, el fuero para
el estamento militar, el código penal, el código minero, la reforma política,
la reforma a la salud y, la ley de restitución de tierras; aspecto este último,
que le ha granjeado la oposición radical del sector del rentismo latifundista y
ganadero pre-moderno, ligado al narco paramilitarismo, opuesto visceralmente a
cualquier proceso de dialogo con la insurgencia.
Como todo parece indicar, la guerrilla de las FARC- EP logró superar los
golpes militares recibidos en el secretariado y adaptarse a la nueva situación
fluida de guerra contrainsurgente tecnológica. Este hecho, sumado a los cambios
democráticos y progresistas dados en América latina y el Caribe, junto a la
creciente y masiva movilización popular en el interior de Colombia, han hecho
recapacitar, parcialmente, al gobierno Santos en su empeño de DDR y, considerar
seriamente una posibilidad distinta a la solución militar de exterminio de la
insurgencia, tradicionalmente compartida por toda su clase social. Lo cual ha
aumentado el encono en contra suya, por parte de los enemigos agazapados de una
paz para Colombia.
Con esto, el 04. 09.2012, Santos comunicó oficialmente, que después de 6
meses de contactos discretos con la dirección de las Farc –EP, había logrado
firmar un acuerdo para la terminación del conflicto colombiano, conocido como
la agenda de la Habana. Proceso actualmente en desarrollo en medio de la criminalización
de la protesta social y el creciente accionar paramilitar, y enmarcado dentro
del erróneo concepto pastranista de adelantarlos en medio de la guerra. No
obstante, ambas partes anuncian haber logrado acuerdos sustanciales en cuanto
al primer punto, es decir el problema agrario colombiano, verdadera madre del
cordero.
Pero, también hay que decirlo. Tal como lo venimos relatando, tantos años
de guerra contrainsurgente y de terrorismo de Estado vigente e impune, han
sumido a Colombia en una tremenda y casi insuperable crisis humanitaria,
semejante a la de Sudán, pero potenciada por los efectos de la crisis
civilizatoria global. Claro que como también se ha dicho, Colombia no está en
el desierto del Sahara, sino en una rica esquina geoestratégica de Suramérica y
el Caribe.
Terrorismo de Estado actuante, vigente, sonante, e impune, implementado
consiente y planificadamente por un Estado reconocido legalmente por la
comunidad mundial de naciones, que no puede igualarse jurídicamente con los
crímenes cometidos en medio de la guerra por cualquiera organización ilegal
perseguida por ese Estado. Y que de no superarse inmediatamente, continuará
siendo como ha sido advertido por múltiples organizaciones humanitarias, una
gran amenaza para la paz en Colombia y de la región, pues de no desmontarse
completamente la paz será peor que la guerra.
Dada la trascendencia que este engendro tiene para el futuro de Colombia;
voy a referirme así sea someramente, dando algunas de las pocas cifras
oficiales que se pueden entresacar de entre la maraña estadística existente y
que ha tornado caótica su comprensión.
Cifras oficiales que todos sabemos están “pordebajiadas” (como decimos los
colombianos) pero que alcanzan a mostrar el tamaño del engendro, gestado y
construido a conciencia, desde hace más de medio siglo por la clase dominante y
dirigente de Colombia con la ayuda invaluable del pentágono estadounidense.
El 01 de enero de este año, la fiscalía de Colombia informa que ha logrado
documentar, entre junio del 2005 y diciembre del 2010, es decir durante el
octienio de Uribe Vélez; 39. 546 acciones criminales del Terror del Estado,
realizadas con la complicidad de 1.124 políticos. 1.023 militares y 393
servidores públicos, y que arrojan los siguientes datos macabros: 173. 181
fusilamientos. 1597 masacres. 34. 467 desapariciones forzadas. 3.9 24 fosas
comunes exhumadas, con 4.809 cadáveres. 74.990 desplazados que se suman a los
(6) seis millones de desplazados internos existentes. 3.000 (tres mil) falsos
positivos la mayoría en la impunidad, y 12. 000 militares investigados por la
justicia, para quienes se aprobó una ley de fuero militar. Y en las mazmorras
del régimen se pudren 8. 000 prisioneros políticos.
Pero no es solo en el gobierno de Uribe Vélez. El colectivo por la paz con
justicia social, informa que, durante el primer año del actual gobierno de Juan
Manuel Santos, es decir entre agosto del 2010 y agosto del 2011, se ha logrado
establecer el asesinato de 36 defensores de los derechos humanos, 18 dirigentes
agrarios de la restitución de tierras, 28 sindicalistas de la CUT, y 50
opositores políticos.
Datos que como lo dije, confirman la tendencia gubernamental para
criminalizar la protesta social opositora y, lo más importante, que la
estrategia paramilitar del terror del Estado, llámese Convivir, Autodefensas
Unidas de Colombia, o Bandas Criminales Bacrim, sigue actuando impunemente, y
frente a lo cual, los convoco desde ya con el más amplio sentido
internacionalista de Simón Bolívar, a desplegar una ilimitada solidaridad
militante para que el pueblo trabajador colombiano logre definitivamente una
Solución Política al histórico conflicto social armado y pueda construir una
verdadera paz democrática, con justicia social y soberanía, de la cual deben
formar parte esencial e insustituible las otras dos insurgencias del ELN y del
EPL.
Muchas gracias y discúlpeme el haber abusado de su paciencia.
(*) Alberto Pinzón Sánchez es médico y antropólogo colombiano
