21 Agosto 2013
COLOMBIA: Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica
En días pasados se dio a conocer la publicación
institucional “BASTA YA. Memorias de guerra y dignidad” que estuvo a cargo del
Centro Nacional de la Memoria Histórica, liderado por el investigador Gonzalo
Sánchez y una serie de conocidos profesionales. Esta entidad nació a la sombra
de la célebre ley de “justicia y paz” en épocas del Gobierno de Uribe Vélez y
permaneció con el gobierno de Santos.
Como se reconoce explícitamente en su prólogo:
“Este informe da cumplimiento al mandato legal (Ley 975 de Justicia y Paz) de
elaborar un relato sobre el origen y la evolución de los actores armados
ilegales.”, por tanto no podríamos aspirar a conocer una dimensión real de la
violencia Estatal, sus autores intelectuales y mucho menos los reales
beneficiarios políticos y económicos de los crímenes de Estado, que después de
dos leyes de victimas permanece en la impunidad; sin verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición.
El informe
indudablemente representa un esfuerzo académico importante que permite develar
globalmente las dimensiones de la violencia en el país, pero se trata de una
“verdad oficial” con el obvio sesgo institucional, que evita entrar en
“honduras incomodas” que podrían conducir al lector a reconocer la existencia
de una marcada violencia institucional, a demostrar que no se trata de simples
“agentes del Estado” o “miembros aislados de la fuerza pública” sino de toda
una estrategia, planeada, fríamente calculada, para favorecer poderosos
intereses económicos y políticos del establecimiento.
La enmarañada lista de “actores violentos” que
plantea la investigación distrae una realidad de bulto: el vínculo Estado-paramilitares,
cuya acción común arroja el 85% de las víctimas, producto no del azar, sino de
una estrategia coordinada de acumulación de capital y del monopolio del poder.
Dimensiones
de la violencia institucional
El solo
hecho de anclarse en el término genérico de “la violencia” o “las víctimas del
conflicto” en realidad esconde una verdad histórica del país, la violencia
institucional, aquella que surgió de la acción represiva del Estado desde
mediados de los años 40 del siglo pasado y que se fue adaptando para que fuera
funcional a los intereses de las elites dominantes.
No pueden
catalogarse “víctimas del conflicto” a 5 millones de campesinos, indígenas y
negritudes expulsados de sus tierras por la acción militar-paramilitar para
favorecer las inversiones de la agroindustria de la palma africana, la caña de
azúcar; las explotaciones de oro y carbón; la construcción de hidroeléctricas o
las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos. Estos no son hechos
derivados del conflicto, son acciones criminales de despojo violento cobijados
por el Estado para favorecer unos intereses desmedidos de lucro, por parte de
grandes capitales trasnacionales.
¿Qué tiene
que ver los llamados “falsos positivos” con el conflicto? 3.700 Jóvenes
reclutados por el ejército con la oferta de empleo que a los dos días fueron
asesinados a sangre fría y después aparecieron enterrados en fosas comunes en
zonas distantes de su lugar de origen. Es el retrato maloliente de una miseria
institucional urgida de mostrar artificiosos triunfos militares al financiador
del Plan Colombia.
Cooperación
para la guerra y la muerte
La marcada
dependencia de los EE.UU. y su protagonismo en los desarrollos de la violencia
institucional, la asistencia militar y los manuales de torturas y
desapariciones inspirada en las doctrinas de la seguridad nacional determina
una responsabilidad concreta de los EE.UU. en la victimización y
desarticulación de las diversas formas organizativas de la sociedad colombiana,
los Estados Europeos no escapan a esta responsabilidad
Millones de
dólares de “cooperación” para el Plan Colombia significaron bombardeos
indiscriminados contra la población civil, desplazamientos masivos de
campesinos, miles de detenciones arbitrarias, desaparecidos, los “falsos
positivos” e incentivos materiales a brigadas militares para la violación
sistemática de los derechos humanos, dólares que financiaron el
paramilitarismo. Al mismo tiempo que ocurrían masacres y desapariciones por
montón los EE.UU. certificaba en derechos humanos a los sucesivos gobiernos de
Colombia. Esta realidad no está registrada por la simple razón que la
investigación es financiada por la USAID y Agencias Europeas.
Fallos que
condenan a Colombia por crímenes de Estado
El
documento reduce la importancia de alrededor de 12 fallos emitidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- que condenan al Estado colombiano por
prácticas de terrorismo estatal y paramilitar, lo cual prácticamente pasa
inadvertido en la publicación. (masacre de Trujillo, masacre de los 19
comerciantes del Magdalena Medio, masacre de la Rochela, masacre de Caloto-Cauca,
masacre de Mapiripan, Asesinato del Senador de la UP Manuel Cepeda, masacre de
Santo Domingo-Arauca, etc.,) En estos fallos se demuestra claramente el
carácter de un estado infractor, promotor del paramilitarismo en su estrategia
de “guerra sucia” contra organizaciones sociales y la oposición de izquierda en
el país.
El
genocidio del Partido Comunista y la UP y otras fuerzas de izquierda
Uno de los
hechos más vergonzosos en la historia del país, el genocidio del Partido
Comunista, la UP, el movimiento político a Luchar, del Frente Popular, el M-19
y otros, aparece refundido en el subtitulo: 2.2. Expansión guerrillera,
políticas de paz y eclosión paramilitar (1982-1996) con interpretaciones
bastante convenientes para los autores intelectuales de este exterminio.
Cada uno de
los pocos fallos emanados de tribunales judiciales va configurando cada vez más
una clara responsabilidad del Estado, que nunca protegió a la oposición de
izquierda, los culpables tampoco fueron judicializados, a pesar de que las organización
de derechos humanos aportaron pruebas que señalan a políticos del bipartidismo,
empresarios, militares y paramilitares involucrados en esta larga cadena de
muerte.
En síntesis
la población colombiana fue sacrificada con el fin perverso de colocar el
Estado al servicio de las transnacionales y las mafias; los partidos
tradicionales resultaron con fuertes vínculos con el paramilitarismo, los
militares y el gran capital beneficiarios de la “guerra sucia”; En lo
sustancial la rama judicial no adelanto investigaciones, permitió la injerencia
de los militares en procesos judiciales adelantados contra civiles y favoreció
la impunidad; Los medios de comunicación del gran capital no solo
estigmatizaron, sino que guardaron silencio cómplice y ahora se muestran
sorprendidos por lo ocurrido en los últimos 30 años.
Se requiere
una Comisión de la Verdad
Entre
otras, tales son las precariedades de “la verdad oficial”. En entrevista
concedida el 23 de julio pasado al diario El tiempo, el investigador Gonzalo
Sánchez plantea: “La Comisión de la Verdad en Colombia no sería como la de
Argentina o Perú, porque aquí ya está muy avanzado el esclarecimiento...” No
compartimos tal apreciación porque estamos ante una “verdad parcial” en la que
falta el testimonio de una parte importante de los sectores victimizados.
El
Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado propone “crear una
Comisión de la Verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos,
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia desde
1945 hasta la fecha de la conclusión y entrada en vigor de un acuerdo de paz,
con especial énfasis en los crímenes cometidos por agentes estatales y grupos
paramilitares”. (PROPUESTAS MÍNIMAS SOBRE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS
DE NO REPETICIÓN.
http://www.movimientodevictimas.org
/)
“La paz que
soñamos exige la depuración de la fuerza pública, el desmantelamiento de las
estructuras paramilitares y el sometimiento a la justicia de los poderes
económicos y políticos que han sembrado al país de violencia” (El Camino hacia
la paz pasa por la Justicia – Ccajar)
