Andrés París y Jesús Santrich
La Habana-Cuba-28 de Julio 2013
Andrés París y Jesús Santrich
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, julio 28 de 2013
El optimismo de los colombianos en la
posibilidad real de lograr la reconciliación nacional, sobre bases de
justicia social, no puede ser atropellado por quienes, mientras lanzan
al mundo discursos de paz, persisten en mantener y profundizar las
causas de la confrontación, una de las cuales es sin duda el problema de
la tenencia y uso de la tierra.
De nada serviría hablar en La Habana de
la limitación de la propiedad de la tierra, del freno a su
extranjerización, de su formalización a favor de los pobres y de la
soberanía nacional, si el gobierno convierte lo acordado en palabras
vacías que se las lleva el viento.
La inaplazable reforma agraria ligada al anhelo de paz, no puede quedar reducida a una burla de poderosos grupos económicos, banqueros y propietarios de emporios azucareros que posan de “nuevos llaneros”, con “repentinas” ansias de tierra, que avanzan poniendo por delante a abogados tramposos y mafiosos que operan bajo el manto de la más descarada impunidad y protección gubernamental.
Como se deduce del tratamiento infame
que se le está dando a las justas protestas de los pobladores del
Catatumbo, al gobierno no le interesa defender al campesino pobre, sino
los sacrosantos derechos del capital. Hasta se ha inventado un nuevo
proyecto de ley, como supuesta solución salomónica, para que los
forajidos enmascarados que ostentan un gran músculo financiero y han
actuado con probado ingenio delictuoso en sus labores de acaparamiento
de tierras y Unidades Agrícolas Familiares, no vayan a perder su
inversión.
¿Acaso vamos a permitir que la sentencia
de la Corte Constiucional que tumbó los artículos 60, 61 y 62 del Plan
Nacional de Desarrollo, que pretendía abrirle paso al acaparamiento de
las tierras por parte de grandes empresarios, sea escamoteada por el
Bufete de abogados de la firma Brigard y Urrutia que trabaja para
Riopaila Castilla S.A., Cargill, Fazenda y Sarmiento Angulo?
¿Vamos a permitir que por atajos y con
triquiñuelas empresarios apátridas y trasnacionales representados en
Poligrow, Cementos Argos, Mónica Semillas o Inversiones Manuelita,
montados en la llamada “locomotora de la prosperidad” violen todas las
prohibiciones que existen para acumular baldíos y atropellen impunemente
las pocas normas decentes de la legislación colombiana, haciéndose a
propiedades situadas en zonas donde se produjeron masacres y
desplazamientos forzados, como si no pasara nada?
El país necesita saber quiénes son esos
“campesinos” sospechosos que vendieron sus UAFs de 1.100 hectáreas a
las trasnacionales, a mil millones de pesos, cada una. Urge conocer la
verdad, porque la mayoría de esas tierras fueron despojadas
violentamente por el paramilitarismo de Estado.
El gobierno en vez de inventarse trucos
para feriar la Altillanura y legalizar los acaparamientos producidos
antes de 1994, o los posteriores, en vez de reeditar su intento de tomar
las UAF con el cuento de la “flexibilización necesaria” y el argumento
de que se requieren los “favores” de la inversión extranjera o del
músculo financiero de “inocentes empresarios “ que no sabían que
violaban la ley, debiera quitar el antifaz a estos negociantes, a sus
testaferros y a sus notarios y jueces de bolsillo, para demostrar con
hechos que no está dispuesto a permitir que se acreciente la injusticia
que ahoga al campo y la ilegalidad que ha capturado al Estado.
El gobierno está obligado a defender la
diafanidad de su compromiso con la paz propiciando que se devuelvan
urgentemente las tierras acaparadas, como los subsidios y excenciones
tributarias que fluyeron también hacia estos timadores. La justica
ejemplarizante contra estos sujetos y la reivindicación de los derechos
de la gente del campo que clama por que se le formalice la tierra y sus
zonas de reserva, hacen parte fundamental de la construcción de paz.
Recordemos que el acuerdo parcial sobre
tierras logrado en La Habana consigna textualmente, que: “El gobierno
nacional en concertación con las comunidades, y teniendo en cuenta lo
planteado en los principios del presente acuerdo, promoverá el acceso a
la tierra y la planificación de su uso en las Zonas de Reserva
Campesina, haciendo efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las
zonas constituidas y de las que se constituyan en respuesta a las
iniciativas de las comunidades y organizaciones agrarias que éstas
consideren representativas, de manera que cumplan con el propósito de
promover la economía campesina… se promoverá la participación activa de
las comunidades que habitan en las Zonas de Reserva Campesina en la
ejecución de sus planes de desarrollo”.
Y más adelante plantea que: “:La
constitución de las zonas estará acompañada de procesos de formalización
de la propiedad… Con el propósito de regularizar y proteger los
derechos de la pequeña y mediana propiedad rural, es decir, garantizar
los derechos de los legítimos dueños y poseedores de la tierra…, y como
garantía contra el despojo de cualquier tipo, el gobierno nacional
formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional
y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en
Colombia”.
Es hora de empezar a cumplir y dejar de
reprimir. Es extraño que este asunto lo maneje el ministerio de Defensa
-que sólo mira con el ojo de la consolidación militar- y no el
ministerio de agricultura. Es hora de abandonar el argumento rebuscado
de que no se dará paso a la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo por
su ubicación geográfica colindante con la República Bolivariana de
Venezuela.
28-07-2013_Delegación de Paz FARC-EP_Comunicado... par delegacionpazfarc
28-07-2013_Delegación de Paz FARC-EP_Comunicado... par delegacionpazfarc
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