Prensa Rural 05 de Agosto de 2013.
La Asociación
Campesina del Norte de Antioquia - ASCNA, identificada con NIT:
900488021-4, denuncia públicamente y hace queja oficiosa al ministerio
público en cabeza de sus agencias, procuraduría general de la nación y
defensoría del pueblo, del ametrallamiento indiscriminado realizado por
helicópteros del ejército colombiano, ocurrido el pasado martes 30 de
Julio, en los límites entre las veredas Concha Arriba y Concha Media del
municipio de Anorí, Antioquia, iniciando a las 2:30 p.m. y
extendiéndose hasta las 3:30 p.m. cerca a la escuela de la vereda
Concha Media donde en el momento del ametrallamiento había niños y niñas
estudiand, lo cual causó terror y zozobra entre los campesinos de las
dos veredas y en particular entre los estudiantes de la escuela.
Este acto de terrorismo de Estado es una flagrante infracción al
Derecho Internacional Humanitario, como ataque a bienes civiles, centros
educativos y vulneración al principio de distinción poniendo en riesgo a
la población civil campesina y en particular a los niños y niñas que
estudian en esa escuela.
Mencionado acto de guerra psicológica está enmarcado en el nuevo
procedimiento o fuero penal militar por el cual se ve como blanco válido
a todo lo que a las fuerzas militares les parezca sospechoso de ser el
enemigo en un área de operaciones.
EXIGENCIAS.
Al
Estado colombiano garantizar la vida y el bienestar de la población
civil de las veredas Concha Arriba y Concha Media del municipio de
Anorí, Antioquia, en particular de sus niños y niñas y abstenerse de
vincularlos al conflicto armado. Investigar y sancionar estas
infracciones al derecho internacional humanitario.
A
las agencias del ministerio público, personería de Anorì, procuraduría
general de la nación y defensoría del pueblo: investigar y esclarecer
estos hechos y tomar las sanciones que correspondan. Buscando proteger
la vida y bienes, como la infancia y la población civil en general de
las veredas afectadas.
SOLICITAMOS
A
la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los
derechos humanos, investigar y pronunciarse sobre estos hechos.
A
las organizaciones sociales, populares y de derechos humanos
pronunciarse ante el Estado Colombiano a favor a que estas infracciones
al DIH no queden en el marco de la impunidad.