Prensa Rural. Jueves 15 de 2013
Nuevamente nos llena de dolor que el estado colombiano permita que sigan asesinando campesinos
Un grupo de
paramilitares que se hacen llamar AUG, con uniformes y escarapelas,
quienes desde un complejo cerca a Nuevo Antioquia, ubicado más
exactamente en el sector conocido como Zabaleta, llegan hasta la
vivienda del campesino José Pacheco y por el método del ahorcamiento lo
asesinan cobardemente. Ese mismo día en la noche en el sector conocido
como La Ahuyamita y la vereda El Limón, parte alta del corregimiento de
San José de Apartadó, en límites con Córdoba, son asesinados Arlenis
Reyes de 23 años de edad, quién tenía 3 hijos, Eder Darío Sáenz de 27
años de edad y Luis Alberto Ibarra 24 años de edad.
Fruto de todo esto, por lo menos dos familias han tenido que iniciar
el lamentable desplazamiento hacia un lugar seguro por el miedo y el
terror que se vive en la zona.
Exigimos nuevamente al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN
MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación del Departamento de Antioquia
de Sergio Fajardo, al alcalde de Apartadó Gónzalo Giraldo Aguirre y a
la fuerza pública que los graves hechos que hoy enlutan la paz y la
democracia, provienen de no comnbatir y perseguir los grupos
paramilitares que hacen presencia en Nuevo Antioquia en la base
paramilitar del sector La Zabaleta, es necesario que se expliquen las
razones por las cuales no se busca acabar con esto grupo, pues son un
peligro para población en general.
Exigimos que las instituciones de estado busquen en el ámbito de sus
competencias, la responsabilidad estatal frente a los derechos a la
vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y
psicológica, y que estos hechos no queden impunes. Instamos A LA OFICINA
DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
(OACNUDH), a dar cumplimiento del mandato como veedores para que estado
colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Llamamos a LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO para que asuma su papel institucional de velar por las garantías y
el respeto a los derechos constitucionales y humanos a la vida, la
seguridad personal, la integridad física y psicológica.
Pedimos a las organizaciones democráticas, a las de Derechos Humanos,
a la comunidad nacional e internacional a que repudien los hechos que
hoy nuevamente enlutan y llenan de sangre esta zona del país.
http://prensarural.org/spip/spip.php?article11665
