Sabado 10 de Agosto 2013
Culminamos
hoy un nuevo ciclo de conversaciones de paz en La Habana con avances
significativos en la construcción de un acuerdo en torno al punto dos
de la Agenda referido a la Participación Política. Estamos dando los
primeros pasos en esa dirección.
Tuvimos en esta ronda el gran honor de
escuchar a académicos expertos de la estatura intelectual de Víctor
Manuel Moncayo, Marco Romero, Carlos Medina Gallego y Sergio de Zubiría,
profesores del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y de
los Andes. Días atrás habíamos escuchado las esclarecedoras
disertaciones de los doctores Alberto Rojas Puyo y Fabio Velásquez que
nos entregaron como insumos para la discusión el producto de sus ideas
para la Participación Política y Ciudadana, herramienta indispensable
para la construcción de un nuevo país.
Nos recordaron los profesores que el
conflicto en Colombia tienen causas estructurales; que aquí hubo un
estado de sitio permanente que atropelló derechos ciudadanos durante
muchos años; que la paz debe ser política de Estado para que los
eventuales acuerdos, perduren; que debemos buscar un modelo incluyente
de democracia, que no acabe con la confrontación de las ideas, pero que
nos saque de la guerra. Con ellos coincidimos en la certeza de que sin
el ejercicio de la oposición política no hay democracia, que la
movilización ciudadana es el más eficaz contrapeso a los grupos de
poder, y que los Foros colocaron la voz ausente de las organizaciones
sociales en la mesa de conversaciones y produjeron los insumos de sus
propias demandas.
En Colombia hay un descrédito creciente
de la política, y por ello estamos convocando a un acuerdo de voluntades
para refundarla y reinventarla, para que sirva a todos, especialmente a
las mayorías ignoradas y para que sirva a la paz y a la reconciliación.
Para que el acuerdo se convierta en verdadero tratado de paz, tendrá
que remontar las fronteras y las líneas rojas que se atraviesan a la
posibilidad de cambios estructurales, legislativos y constitucionales.
Queremos que la guerra emprenda su marcha irreversible hacia la política
en un ambiente de justicia social y democracia verdadera.
Tras este propósito superior, y derecho
síntesis, la paz, hemos presentado a consideración del país y del
gobierno nacional 10 propuestas mínimas para la participación política
para la democratización real, la paz con justicia social y la
reconciliación nacional, de cuyas primeras cinco se derivan ya, 49
propuestas, entre las que destacamos “participación política y
reestructuración democrática del Estado, creación del poder popular,
límites a la concentración del poder público, rediseño del orden
jurídico-económico, reforma democrática a la justicia, reforma política
democrática y electoral, creación de la circunscripción de paz,
conformación legal de un nuevo movimiento político, democratización de
la propiedad sobre los medios de comunicación y fortalecimiento de la
propiedad pública estatal y comunitaria, ordenamiento territorial para
la democratización y la participación política y social, conformación de
la cámara territorial que asuma la voz olvidada de las regiones, y
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, entre otras.
Por otra parte, queremos reiterar que el
tema de la verdad histórica y el de la justicia transicional que está
siendo considerado por estos días en la Corte Constitucional a
instancias del gobierno, hacen parte de la Agenda como componentes del
punto quinto, y deben ser debatidos en la mesa de La Habana y no en
Bogotá. En estas circunstancias la esperada sentencia de la Corte puede
constituirse en un petardo contra las conversaciones que buscan una
salida política al conflicto. Los que insisten en hacer prevalecer
parcializados aspectos jurídicos sobre el anhelo mayoritario de paz,
podrían estar generando innecesariamente motivos para la continuación de
la guerra y la generación de nuevas víctimas. Este asunto debe ser
resuelto sin injerencias externas, soberanamente entre los colombianos.
El poder creador, el constituyente primario, es el que tiene la palabra,
es el que puede. Ese soberano puede más que el poder constituido, y es
que las cortes externas no deben interferir si es una Constituyente la
que alcanza la paz.
La Constituyente es la fuente de toda
autoridad, el summun de la autoridad del pueblo y expresión de la
soberanía nacional. No hay otra salida.
La historia de la contienda colombiana
no puede ser investigada, relatada, por una sola de las partes en
conflicto. Debe ser integral, abarcadora, contando lo de todos. Hay que
precisar la responsabilidad política del Estado, de los partidos, de la
clase dirigente. Precisar quién ordenó asesinar a Jorge Eliécer Gaitán,
el alcance de la injerencia de los Estados Unidos en el conflicto
interno de Colombia, la guerra de baja intensidad, el papel de la
Escuela de las Américas. Establecer quiénes apoyaron económica y
políticamente a las hordas paramilitares que asolaron al país, quién o
quiénes diseñaron la estrategia de exterminio del movimiento político
Unión Patriótica, quién la de los falsos positivos... Por eso insistimos
en la creación de la Gran Comisión de la responsabilidad histórica
integrada por nacionales y personalidades del ámbito internacional, que
evalúe y complemente el informe general del grupo de memoria histórica y
entregue nuevos insumos a la mesa.
Para mayor rigor histórico -reiteramos-,
se deberá acceder a los archivos de los organismos de inteligencia de
los años 40 y 50, del SIC, del DAS, de la inteligencia de la policía y
el ejército y demás organismos secretos de inteligencia, así como a las
actas de los Consejos de Ministros que recogen las órdenes de detención
impartidas por el gobierno sin orden judicial, a la luz de la aberrante
facultad que le otorgaba la vieja Constitución.
Hemos afirmado que las víctimas son
víctimas del conflicto, que el Estado es responsable por acción o por
omisión, lo que fue reconocido recientemente por el Presidente de la
República, Juan Manuel Santos.
Es pertinente insistir que en todos los
casos en donde se ha aplicado justicia transicional o marcos jurídicos
como el que se pretende en Colombia, el conflicto o las dictaduras se
superaron primero; el conflicto llegó a su fin con un vencedor y, los
ganadores aplicaron sus reglas del juego con sus gobiernos nuevos y sus
aparatos jurisdiccionales nuevos; y este no es el caso de Colombia. Este
tema no puede tramitarse unilateralmente. Como está demostrado, el
Estado responsable no puede ser juez y parte para efectos de una ley de
transición, con el pretexto de aplicarle justicia a la otra parte
contendiente.
Finalmente, queremos reiterar que es
nuestro anhelo, que el conjunto de la sociedad se vincule a las
discusiones y definiciones sobre la paz de Colombia, considerando que
este es un asunto que atañe a todos. Dentro de esa perspectiva, queremos
invitar a los partidos políticos y a los precandidatos presidenciales a
La Habana para intercambiar sobre los problemas múltiples que aquejan
al país, y para buscar un entendimiento que permita colocar más y más
cimientos a este emprendimiento de construir la paz sobre sólidas bases
de justicia social, que nos reconcilie para siempre.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
