Por: Hernando López.
PacoCol. Lunes 05 Agosto 2013
El pasado domingo 28 de julio comenzó el
nuevo ciclo de la Mesa de La Habana, afectado por los recientes hechos
de guerra en que murieron 18 miembros de la Fuerza Pública en Arauca y
Caquetá, como por las movilizaciones sociales y populares que el
Gobierno Nacional acusa, como es costumbre, de estar infiltradas por las
FARC-EP.
En la antesala del ciclo, el jefe de
la delegación oficial, Humberto de la Calle Lombana, anunció con
vehemencia que no habrá cese de fuegos ni tregua y que la Fuerza Pública
seguirá persiguiendo a los destacamentos guerrilleros; y conminó a las
FARC-EP a no hacer política con el proceso de paz. Mientras que Andrés
París, de la delegación de la guerrilla, leyó una declaración en que
señala: “difícilmente se logrará la paz si el Gobierno profundiza las
causas del conflicto”, en referencia a su posición sobre el paro en el
Catatumbo.
“El optimismo de los colombianos en la posibilidad real de lograr la reconciliación nacional, sobre bases de justicia social, no puede ser atropellado por quienes, mientras lanzan al mundo discursos de paz, persisten en mantener y profundizar las causas de la confrontación, una de las cuales es sin duda el problema de la tenencia y uso de la tierra. (…) De nada serviría hablar en La Habana de la limitación de la propiedad de la tierra, del freno a su extranjerización, de su formalización a favor de los pobres y de la soberanía nacional, si el Gobierno convierte lo acordado en palabras vacías que se las lleva el viento”.
Rifirrafe en nuevo ciclo
Fue el rifirrafe en torno a los más recientes acontecimientos, en especial las movilizaciones sociales y populares que tienen lugar en distintos puntos de la geografía nacional. Lo cierto es que la mesa de diálogo no interfiere en la lucha social. Como declaró un dirigente de izquierda: “La lucha de clases no tiene tregua por los diálogos de paz”. Al contrario, estos sacaron a la superficie numerosos reclamos y demandas de las comunidades, nunca resueltas por este ni anteriores gobiernos.
El Catatumbo tiene años de luchas, movilizaciones y exigencias de solución de acuciantes problemas. Es una región abandonada. El Estado se acuerda de ella para reprimirla y perseguirla con el pretexto de los cultivos ilícitos, pero no resuelva la pobreza y el atraso de sus habitantes. El estallido social era inevitable y no puede acusarse de él a la guerrilla, pues la movilización y la protesta vienen del desespero de la comunidad engañada una y varias veces.
Para analistas del proceso de paz es terca la actitud del Gobierno Nacional de dialogar en medio de la guerra. En los cuarteles celebran hasta con champaña cuando los campamentos de las FARC son bombardeados con toneladas de bombas, como lo reveló una fuente de este semanario, pero cuando la guerrilla le propina los golpes a la Fuerza Pública llueven los reclamos y las descalificaciones.
“¡Hay que detener la tragedia y el drama de la guerra!”, le declararon a VOZ voceros de Colombianos y Colombianas por la Paz, que insisten en la tregua y el cese de fuegos bilateral y en los acuerdos humanitarios. “Es la única forma de disminuir la intensidad del conflicto y de evitar que los hechos de la guerra alteren la mesa de diálogo”, anotaron.
Para las FARC, el Gobierno no cumple los acuerdos. Dice la declaración de prensa del pasado domingo 28 de julio, en La Habana: “Como se deduce del tratamiento infame que se le está dando a las justas protestas de los pobladores del Catatumbo, al Gobierno no le interesa defender al campesino pobre, sino los sacrosantos derechos del capital. Hasta se ha inventado un nuevo proyecto de ley, como supuesta solución salomónica, para que los forajidos enmascarados que ostentan un gran músculo financiero y han actuado con probado ingenio delictuoso en sus labores de acaparamiento de tierras y unidades agrícolas familiares, no vayan a perder su inversión”.
El diálogo es político
Para varios analistas el proceso de paz es político y por ende la acusación de que las FARC lo utilizan para hacer política es inane. “Santos también hace política con la paz porque la utiliza en función de la reelección”. La paz es para que fluya la política como forma de fortalecer la democracia y la justicia social. En esta dirección son importantes los cambios, las reformas y los compromisos concertados. La crítica al Gobierno es que mientras habla de paz y de cambios sociales en La Habana, en Colombia está cerrado al clamor popular.
El Gobierno tiene que dar más, demostrar la voluntad de paz con hechos concretos, es lo que dicen los promotores de las movilizaciones. Además de las movilizaciones del Catatumbo, de los mineros y los caficultores, están en preparación el paro agrario y de la salud del 19 de agosto, la marcha de los educadores el 1 de agosto, el paro de los camioneros, entre otras que sacuden el panorama social del país.
“Queremos decirle a los colombianos y a la comunidad internacional que, si no se cumplen los acuerdos, si el Gobierno pretende mediante acciones dilatorias desconocer los compromisos firmados, no habrá paz laboral educativa en el país y el único responsable será el gobierno”, dice la declaración de Fecode, publicada el pasado domingo 28 de julio en el diario El Tiempo. ¿También dirán el presidente Santos y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que los educadores colombianos están infiltrados por la guerrilla? Los estallidos sociales son detonantes del conflicto.
El segundo punto de la agenda
Entre tanto, en La Habana, continúa la discusión sobre el segundo punto de la agenda, después de un largo receso: la participación política. La delegación de paz de las FARC-EP hizo diez propuestas concretas. El Gobierno, aunque no lo ha divulgado, considera apenas tres puntos, a saber: Estatuto de la Oposición, acceso a los medios de comunicación y garantías para que las FARC se conviertan en proyecto político y puedan tener presencia parlamentaria.
Sin embargo, el tema de las reformas políticas y de la democratización del régimen de democracia restringida y bipartidista, no es del interés gubernamental. Es otro de los inamovibles. El sistema es inmodificable. “Todo está bien”, dicen. Así será difícil el debate, opinan varios periodistas que cubren los diálogos. “A lo mejor, aseguran los expertos, habrá otro acuerdo parcial y los desacuerdos quedarán como líneas rojas en el congelador”.
Lo importante es que la mesa continúa, aunque en medio de las vacilaciones y concesiones al militarismo por parte de Santos. Apremian los tiempos fatales, así como los inamovibles, pero cada vez gana más audiencia el respaldo a la paz. Personajes como el procurador Ordóñez y el ex presidente Uribe Vélez, acompañado de sus acólitos José Obdulio, Pachito, Rangel y otros, están aislados, son pasivos de la historia en este proceso que, de culminar bien, será un hito en la nueva realidad colombiana.
La entrega del gringo
En las concesiones al militarismo, el presidente Juan Manuel Santos decidió vetar la presencia de Piedad Córdoba, a nombre de Colombianos y Colombianas por la Paz, en la liberación del “marine” estadounidense, capturado por las FARC en las selvas del Guaviare, Kevin Scoot Sutay. El Secretariado de esta organización guerrillera había anunciado la entrega del militar gringo a una misión humanitaria integrada por el CICR, Piedad Córdoba y el delegado de la Comunidad de San Egidio. Santos respondió que solo al CICR.
Este portazo de la Casa de Nariño a la misión humanitaria por ahora deja en suspenso la liberación de Sutay, aún no se ha pronunciado el secretariado de las FARC en el sentido de si acepta el veto del mandatario colombiano a Piedad Córdoba o si insiste en la composición de la misión. La ex congresista, con humildad, aceptó la absurda decisión, aunque quien tiene la última palabra es la guerrilla que fue la que adoptó la decisión de entregarlo a una misión humanitaria con nombres concretos.
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