El Espectador 14 de Agosto 2013.
La atroz noticia de la muerte de un joven colombiano en Miami, Israel Hernández, a manos de un policía que le disparó con un táser, plantea las siguientes reflexiones.
El exvicepresidente y hoy precandidato presidencial
Francisco Santos propuso que, para controlar las movilizaciones
ciudadanas que en ese momento estaban desarrollando pacíficamente los
estudiantes, se utilizaran armas “no” letales, como las empleadas por la
policía que segó la vida de nuestro joven compatriota. Decía que unos
cuantos choques eléctricos inmovilizaban a los posibles revoltosos y no
perturbarían la tranquilidad ciudadana. Nuevamente se pone de presente
la nula tolerancia a la movilización ciudadana. Al momento de escribir
esta columna el exvicepresidente no ha rectificado su macabra propuesta.
Los jóvenes con derecho al voto deben pensar al momento de ejercerlo:
si un candidato que propuso su electrocución, no siempre mortal, merece
su confianza.
Parecería que el entrenamiento de la fuerza policial
hace más énfasis en la agresión que en la función cívica de defensa del
ciudadano. Dispararle con un arma, potencialmente letal, a un joven
artista que pinta un grafiti es uso excesivo de la fuerza. Al menos la
escena del asesinato no fue alterada, como ocurrió en la muerte de otro
joven en Bogotá.
Cuando se producen las “redadas” de la policía
contra sospechosos, por alguna extraña razón el hecho de ser jóvenes ya
es un estigma y la secuencia ilógica “joven, entonces sospechoso,
entonces criminal, entonces debe ser abatido” parece que se cumple.
Si
se quiere formar una sociedad tolerante y respetuosa de la autoridad,
el ejemplo que reciben los jóvenes de una policía energúmena y
arbitraria, lejos de contribuir a ese objetivo, impide su realización.
Las
políticas policivas para modificar conductas peligrosas o que afectan
la convivencia ciudadana se orientan a prohibiciones y restricciones. Un
caso interesante es el manejo del alcoholismo. Las estadísticas
muestran que el consumo de licor por habitante en Colombia es muy
inferior al de países desarrollados. Sin embargo, aquí una proporción
significativa de las muertes violentas y las riñas se debe al consumo
del alcohol, y estos delitos superan con creces los de otros países. La
irresponsabilidad criminal de los conductores alicorados y los
accidentes que provocan son más altos que los de países con mayor
consumo alcohólico. La diferencia es que aquí sólo se concentran en las
sanciones, que no se aplican, y ante la presión social para controlar
este hecho delictivo sólo se piensa en aumentar las penas de cárcel que
no se aplicarán. En países más cívicos las sanciones pueden no ser tan
altas, pero la probabilidad de aplicación sí lo es y ese es un factor
disuasivo.
Hace unos años el exalcade Mockus propuso, ante el
consumo del alcohol por parte de jóvenes y adolescentes, que se les
enseñara a tomar, es decir que no sólo se les prohibiera, medida que no
tendría efecto, sino que se reconociera la necesidad de enseñar a
manejar conductas negativas causadas por el alcohol. La sociedad dijo
¡no! Eso sería atentar contra la fácil política de prohibir y reprimir,
así el resultado sea inane.
