PacoCol. 03 de Agosto 2013.
El diálogo entre el Gobierno Nacional y
la guerrilla de las FARC-EP, en La Habana, se rige bajo el concepto de
bilateralidad, en lo que respecta a la igualdad y a la obligación de las
partes. “El Acuerdo General para ponerle fin al conflicto y construir
una paz estable y duradera”, reconoce la existencia del conflicto y por
ende asume las consecuencias de aceptar el Derecho Internacional
Humanitario, el principio de distinción entre combatientes y no
combatientes y las causas políticas, sociales, económicas e históricas
del mismo.
Es evidente, entonces, la naturaleza
política del conflicto y de la guerrilla, calificada por los militares
de terrorista. Una forma de violar el Acuerdo General suscrito por los
delegados del Gobierno a nombre del presidente Juan Manuel Santos. El
mandatario a veces se “chispotea”. Casi que se le sale en alguna
declaración reciente, después de los acontecimientos en que murieron
varios uniformados en Arauca y Caquetá, en actos de guerra de la
insurgencia. Comprensible por el dolor del presidente ante la tragedia
de unos muchachos humildes, involucrados en una guerra que no les
pertenece.
Es pertinente recordar la bilateralidad, porque el
Gobierno Nacional exige “gestos de paz” a la contraparte pero no deja
ver los suyos. Está sentado en La Habana, discutiendo la agenda política
y social, pero en Colombia insiste en la política neoliberal y en la
represión a las protestas sociales. Se niega a resolver viejos y nuevos
problemas que aumentan la pobreza y la desigualdad. Es parte del
ejercicio violento del poder, que acabó con la democracia. Y ocurre
cuando en la mesa discuten el tema de la “Participación Política”,
reducido en el enfoque gubernamental a las “garantías a la guerrilla
para el accionar político sin armas”, pero bajo el mismo régimen de
democracia restringida, de intolerancia y de ventajismo bipartidista.
Con
frecuencia el presidente Santos y el doctor De la Calle Lombana, dicen
que las FARC deben darles la cara a las víctimas, pero ni mu de la
responsabilidad estatal. El paramilitarismo, que hizo famosa la
motosierra para despedazar a las víctimas, apareció de la mano de
políticos nacionales y regionales, pero sobre todo de la fuerza Pública
que lo plantó en las regiones de mayor influencia de la izquierda. El
Estado no ha pedido perdón a las víctimas como sostienen algunos
ingenuos. Falta aún el compromiso de que hechos similares no volverán a
ocurrir y eso no está claro con la actitud de saboteo a la paz por parte
de la cúpula militar. En este sentido es demagogia barata incluir un
vocero de las víctimas en la mesa.
Como también es absurdo
que el Gobierno pretenda imponer un marco jurídico que no es resultado
de un acuerdo bilateral en la Mesa de Diálogos.
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