El Espectador. 24 de Marzo de 2013
Tres mil campesinos de carne y hueso, llegados en chiva desde lejos,
del Cesar, de Cundinamarca y el Caquetá profundo, se reunieron en San
Vicente del Caguán en el tercer encuentro de zonas de reserva campesina.
Un tema candente en la mesa de diálogo de La Habana convertido en el
punto central del pulso entre el Gobierno y la guerrilla que impidió
cerrar la semana pasada la discusión del primer capítulo de la agenda,
el de la tierra, como estaba planeado.
Los asistentes al encuentro, defensores de esa figura creada por la
Ley 160 de 1994, con José Antonio Ocampo como ministro de Agricultura, y
César Gaviria, de presidente, la defienden porque han vivido en carne
propia la dura situación que las zonas buscan solucionar. Son campesinos
hijos de los colonos que, expulsados por la violencia partidista de los
años 50, se asentaron “selva adentro” en el Caquetá, el Putumayo, el
Guaviare, el pie de monte llanero, tumbando monte, para levantar
pequeñas fincas que terminaban vendiendo como “mejoras” a propietarios
mayores, casi siempre hacendados ganaderos, para luego “abrir” otra
parcela y reiniciar el proceso, y así… un camino que repitieron sus
hijos.
La declaratoria de una zona como de reserva campesina
permite frenar este destino de colonos itinerantes que les impide
arraigarse en su tierra y construir su comunidad en torno a la vereda.
El propósito no es otro que asegurar que las tierras continúen en manos
campesinas al permitir que las parcelas se vendan sólo entre campesinos e
impedir así la concentración en grandes haciendas, al tiempo que con la
declaratoria de ZRC, el Estado se compromete a apoyar con inversión
social vías de comunicación, electrificación y soporte a la producción
por la vía de la asistencia técnica.
Con las zonas será posible
definir en el mapa rural colombiano y proteger la agricultura campesina
que ya aporta de hecho cerca del 50% de la comida del país. En este
momento existen seis zonas que fueron creadas legalmente a mediados de
los años noventa; siete tienen suspendido su proceso de aprobación por
el Incoder, porque el Ministerio de Defensa se opone vehemente y según
los asistentes al encuentro hay cincuenta más para iniciar el complejo
proceso de su aprobación. Estas últimas suman 9 millones de hectáreas,
de las 48 que existen en Colombia con capacidad productiva.
La
polémica ha surgido porque las Farc en La Habana han ido más lejos.
Plantean que las zonas de reserva campesinas se conviertan en
territorios autónomos, entidades territoriales como los municipios, a
semejanza de los resguardos indígenas o de los territorios colectivos de
los consejos comunitarios de afros. Pretensión que el Gobierno no está
dispuesto a conceder, y de ahí el impasse en las negociaciones de La
Habana.
Se sale de este encuentro, después de ver y oír a muchos
de los más de tres mil campesinos, pensando que para el país y el
posconflicto, qué mejor que un mapa rural con comunidades organizadas y
veredas a donde llegue la modernidad y las nuevas generaciones
encuentren una alternativa de vida digna, distinta al irremediable
desplazamiento al no futuro de las ciudades.
