El representante a la Cámara , quien ha venido
acompañando el proceso por la recuperación de tierras a las comunidades
campesinas de la antigua hacienda Bellacruz (Cesar), aseguró que la
reciente decisión del Incoder de declarar baldíos los predios
correspondientes a más de 1.200 hectáreas de este terreno constituye un
paso significativo para las víctimas de desplazamiento por parte de los
paramilitares. El Incoder le ordenó a la
empresa Dolce Vista, de propiedad de Germán Efromovich, devolver los
terrenos que durante 20 años fueron reclamados por los campesinos.
Predios de la hacienda Bellacruz
El congresista y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, afirmó
que el caso de la antigua hacienda Bellacruz es emblemático porque
demuestra cómo las comunidades campesinas, que buscan hacer válida su
titularidad de la tierra, se ven enfrentadas a un poderoso consorcio que
durante años se ha beneficiado del desplazamiento forzado de más de 13
veredas de campesinos en la década del 90, para desarrollar un proyecto
agroindustrial de palma aceitera.
En ese sentido, Cepeda aplaudió el fallo del Incoder que concluyó que
las empresas La Gloria S.A.S., M.R. Inversiones S.A.S., La Dolce Vista
State Inc., y el grupo agroindustrial Hacienda La Gloria S.A., que
explotan actualmente los predios, no son ocupantes de buena fe y ocupan
de manera indebida los terrenos.
“Este es un paso determinante en el reconocimiento del derecho a la
tierra que tienen estas familias. Llevan años luchando por lo que
perdieron por causa del desplazamiento perpetrado por los paramilitares,
secundados por empresarios que los promovieron y los financiaron en sus
acciones criminales”, señaló el representante.
También recordó que hace un año le dirigió una carta al secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitando que ese organismo se
abstuviera de considerar como participante activo del Pacto Mundial al
Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, por considerar que no cumple
con los principios exigidos como el del respeto a los derechos humanos,
ya que en este proyecto no solo participa Efromovich a través de la
Dolce Vista, sino que dentro de sus socios se encuentra la familia
Marulanda, reconocida por sus vínculos con los grupos paramilitares de
la región.
El congresista confió en que el Incoder pueda dar cumplimiento a su
decisión cuanto antes, y proceda a adjudicar a las comunidades
campesinas desplazadas. Del mismo modo resaltó el incansable trabajo de
Asocol, la organización que solicitó que se iniciara el proceso de
recuperación de baldíos, y cuyos miembros han venido siendo amenazados e
intimidados, por lo cual han tenido que pedir una especial protección
por parte del Estado.
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