Pacocol. Jueves 04 Abril 2013
Ley de víctimas: El abismo entre la norma y la realidad, un año de pequeños avances y grandes vacíos.
En la imagen .- En homenaje a Angélica Bello (Q.E.P.D) Por enseñarnos el coraje y la persistencia en la lucha
Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad
En la imagen .- En homenaje a Angélica Bello (Q.E.P.D) Por enseñarnos el coraje y la persistencia en la lucha
Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad
Un Contexto complejo y contradictorio
Ha
transcurrido un poco más de un año de implementación de la ley de
víctimas y 18 meses desde la sanción por parte del señor presidente
Juan Manuel Santos, y la verdad sea dicha, los avances en materia de
reparación y restitución son apenas precarios, si se considera la
gigantesca planta de personal vinculada a la Unidad de Restitución y a
la Unidad de Reparación, además de la gran cantidad de publicidad que se
emite por diversos medios de comunicación
En el periodo en
que se implementa la ley de victimas la característica predominante es
el impulso de una agenda legislativa profundamente proclive a favorecer
los intereses de los grandes grupos económicos y el fortalecimiento de
las políticas neoliberales que en lo fundamental favorecen la economía
extractivista de los recursos naturales del país, así mismo, este
periodo ha estado dominado por los desarrollos de la búsqueda de una
solución dialogada al conflicto armado, especialmente con el impulso de
los diálogos de la Habana, Cuba, entre el gobierno y la guerrilla de la
FARC EP. Todo esto en medio de una agudización del conflicto y un
aumento de las violaciones a los derechos humanos. De otro lado han
aumentado las movilizaciones sociales de distintos sectores que están
reaccionando a las políticas económicas y las restricciones a las
libertades ciudadanas.
Al valorar los detalles de los
“avances” de la Ley, hay que señalar que en la implementación de la
misma persisten problemas graves que han sido señalados con
anterioridad, no sólo por las organizaciones de víctimas y la Comisión
de Seguimiento a la Sentencia T 025/04, sino también, por el informe
elaborado por los órganos de control en el mes de agosto de 2012.
La
Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad, continúa con un ejercicio,
iniciado el año 2012, al producir y informes de seguimiento a la
implementación de la ley, el propósito del mismo es señalar algunas
fallas que se dan en el proceso implementación y que de persistir en
ellos, el Estado estaría desaprovechando la oportunidad de avanzar en el
proceso para reparar y restituir a las víctimas del conflicto armado
interno en Colombia. Este tercer informe recoge las inquietudes de
nuestros afiliados a lo largo y ancho del país, además de recoger las
opiniones expresadas por los representantes de las víctimas en los
espacios transicionales, tanto en el ámbito nacional como en distintas
mesas territoriales.
Pequeños avances
Antes de
señalar las fallas que persisten en la implementación de la ley, es
necesario reconocer los avances, que ella misma implica para el
reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado en
Colombia, entre estos avances están el establecimiento de unas rutas,
procedimientos y construcción de criterios y protocolos para acceder a
los derechos, de esta manera ahora el gobierno cuenta con una serie de
mecanismos y procedimientos que permiten con facilidad atender las
diversas demandas que las víctimas tienen a la hora de exigir el
restablecimiento de sus derechos. Así el logro más contundente de este
primer periodo de la implementación es el intento por montar la
logística para que la ley avance en los próximos años por el camino de
la reparación y la restitución. Se han establecido oficinas, vinculado
personal y se han iniciado acciones institucionales para poner a
funcionar la ley.
Un año entre anuncios de prensa y autismo gubernamental
De
conjunto se debe señalar que el gobierno ha “avanzado” como autista en
la implementación de la ley y ha desconocido la experiencia de las
víctimas y sus organizaciones que desde hace años han formulado
propuestas y acciones para atender a las víctimas y en muchos casos hay
formulaciones y experiencias que bien podrían servir para avanzar de
manera más efectiva y rápida en la tarea de restablecer los derechos de
las víctimas, pero han primado la arrogancia, el desprecio a las
víctimas y la politiquería, especialmente en las regiones, antes que
pensar en lo que realmente necesitan y quieren las víctimas.
Campaña
Permanente, asistido a las convocatorias hechas por la Unidad de
Restitución de Tierras en enero del año 2013, y en la convocatoria
realizada por la Unidad de Atención y Reparación, realizada el día 28 de
febrero 2013, para conmemorar un año de resultados, ambos eventos
convocados justamente para señalar los avances en el proceso de
implementación, pero ellos no aportaron información concreta de dichos
avances, ni en la reparación, ni en la restitución a las víctimas, en
ambos casos se trató de presentaciones anecdóticas de lo que había
significado para los funcionarios el proceso de implementación de la
ley, y como sucedió en el caso de la convocatoria hecha por la UARIV un
evento lleno de carga simbólica y humanismo, pero que no se atreve a
mostrar las dificultades que se presentan en esta primera fase.
No
obstante los desarrollos positivos y el reconocimiento de que aun el
periodo es corto para poder sacar conclusiones, sobre la eficacia o no
de la ley, para reparar y restablecer los derechos a las víctimas de
despojos, es necesario señalar que buena parte de las observaciones
sobre los “avances” en la implementación de la ley de víctimas en su
primer año, tienen que ver más con la falta de voluntad política por
parte de los funcionarios encargados de desarrollarla, que la ausencia
de mecanismos para hacerlo.
Hemos organizado estas
observaciones por grandes temas con el ánimo de facilitar a las víctimas
el análisis de la evolución del proceso de implementación. Entre esas
graves fallas de la ley, se encuentran las siguientes:
No se ha creado el registro único de víctimas, requisito para acceder a los “beneficios” que otorga la Ley en mención.
En
este aspecto de la ley tiene múltiples dificultades, al punto que a la
fecha no se ha podido conformar el registro único y aunque hay avances
en especial en el acceso a la “consulta” de información contenida en
distintas plataformas y bases de datos existentes como lo son el SIPOD
(Registro de Población Desplazada), en el registro de víctimas inscritas
en la ley 975/05, particularmente las víctimas inscritas a través del
decreto 1290 del año 2008 (Reparación Administrativa), igualmente el
registro de las víctimas de actos terroristas (ley 418/97), y las bases
de datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ICBF (menores
reclutados forzadamente) y la base de datos de FONDELIBERTAD (personas
secuestradas), además del registro que lleva la Vicepresidencia la
República, (víctimas de minas antipersona) y por supuesto la base creada
a partir de las inscripciones hechas en el proceso de la ley 1448/11.
Falta
aún acceder a la base de datos de personas detenidas desaparecidas
(Fiscalía) y los registros que lleva el programa derecho humanos del
Ministerio del Interior en el que se encuentran las bases de datos de
las personas vinculadas al programa de protección de sobrevivientes del
genocidio de la UP-PCC, y de los sectores sociales amenazados como lo
son: periodistas, alcaldes, líderes sociales, concejales, funcionarios,
defensores de los derechos humanos, sindicalistas, mujeres, población
desplazada, y líderes y lideresas vinculadas a los procesos de
restitución de tierras.
No obstante, en estos desarrollos
cabe señalar que lo que ordena la ley 1448/11 en el artículo 154, es la
creación del Registro Único de Víctimas, que debería existir un año
después de promulgada la ley, es decir a partir del 10 de junio del
2012, Registro Único que debe ser administrado y manejado por la Unidad
de Atención a las Víctimas UARIV, pero esto no ha sucedido, entre otras
cosas, no por fallas técnicas o tecnológicas, sino fundamentalmente por
la falta de voluntad política de las entidades que administran las
respectivas bases de datos que no están dispuestas a ceder esta
información y ponerla a disposición de un solo ente.
De esta
manera, los anuncios de reparación o mejor de indemnizaciones pagadas
durante el año 2012, correspondieron al ejercicio de ponerse a “paz y
salvo” con un inmenso rezago de indemnizaciones por pagar
correspondientes a víctimas inscritas en la ley 418/97, o a través del
decreto de reparación administrativa, y no necesariamente al proceso de
pago de indemnizaciones en el nuevo proceso de la ley de víctimas.
También
es necesario reconocer que hay un importante avance en la valoración de
las declaraciones, este ejercicio que en el pasado tardaba años ahora
se está dando rápidamente, a punto que está a pocos meses de dar
respuesta a las víctimas que han solicitado inscripción en el Registro
Único de Víctimas de manera mucho más rápida, inclusive en días, esta es
al menos una esperanza que tienen las organizaciones de víctimas.
Otro
problema asociado al tema del registro, tiene que ver con el tamaño del
formulario, pues al tratarse de un interrogatorio en el que cada
víctima debe responder a un cuestionario de entre 13 y 16 páginas, que
niega de plano el principio de la buena fe en favor de la víctima, y de
otro lado el tiempo que demanda llenar cada formulario hace que muchas
personas de los municipios pequeños dónde no se cuenta con la logística
para atender a las víctimas, las personerías han optado por establecer
un día a la semana para recepción a las solicitudes de inscripción, y en
otros casos conceder citas que en algunos municipios implican tardar
varios meses para concretar su entrevista y llenar la solicitud de
inscripción en el registro, esto sin tener en consideración que en
algunos de estos municipios no podrían llenarse las solicitudes por
carecer del servicio de energía y de internet de manera permanente.
Hay
que señalar que el gobierno hace esfuerzos en mejorar esta situación,
en este sentido reconocer el avance que significa haber habilitado
unidades móviles que van hasta dónde se encuentran las víctimas lo que
favorece la inscripción en zonas apartadas, este tipo de esfuerzos
tendrá que multiplicarse para agilizar el proceso de inscripción en todo
el país.
Atención
En general este aspecto de la
implementación, presenta grandes dificultades en especial por la
desarticulación de las instituciones del SNAIRIV; por esta razón la
percepción de las victimas y sus organizaciones en distintitas partes
del país, incluida Bogotá, es que no hay avances en esta materia, en el
primer año de implementación de la Ley. Señalar, que se sigue
concibiendo la atención como la reparación, lo que sin duda es persistir
en una tesis que ha sido rechazada tanto por la corte constitucional,
como por el sistema de Naciones Unidas.
Atención psicosocial
La atención psicosocial, aún no comienza, estás se brindará una vez se formalice la socialización del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas, PAPSIVI, con el cual el gobierno desarrollará este componente de la reparación y aunque el programa significa un avance por cuanto se reconoce el impacto que la salud mental ha traído a las víctimas y la necesidad de ver esta como una integralidad, es decir como parte de la salud física, además de reconocer los enfoques diferenciales que desde hace muchos años las víctimas han demandado en este aspecto.
La atención psicosocial, aún no comienza, estás se brindará una vez se formalice la socialización del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas, PAPSIVI, con el cual el gobierno desarrollará este componente de la reparación y aunque el programa significa un avance por cuanto se reconoce el impacto que la salud mental ha traído a las víctimas y la necesidad de ver esta como una integralidad, es decir como parte de la salud física, además de reconocer los enfoques diferenciales que desde hace muchos años las víctimas han demandado en este aspecto.
Reconociendo la importancia de este PAPSIVI,
también es necesario señalar algunas fallas que sin duda impedirán el
cumplimiento de los objetivos que él mismo se ha propuesto:
•
Precaria consulta entre las víctimas, el protocolo se ha socializado en
el espacio transitorio nacional y en 27 talleres departamentales
estando pendiente 6 departamentos, este ejercicio fue más informativo,
dado el desconocimiento que la mayoría de las victimas tiene sobre este
tema.
• Responsabilidad estatal de reparar. En la
declaración de principios de PAPSIVI se omite de plano el deber estatal
de reparar, lo que en la práctica significa que el Estado sigue sin
reconocer su responsabilidad en la violación a los derechos humanos de
las víctimas.
• El PAPSIVI, depende de un sistema de
salud fracasado al dejar descansar la integralidad, del programa en el
actual sistema de salud, que a diario demuestra su rotundo fracaso para
garantizar el derecho a la salud de las y los colombianos, en el que las
víctimas padecen las mayores dificultades. Para que un programa como
éste funciones se requiere derogar la ley 100/93 y crear un sistema de
Salud que asuma la salud como derecho gratuito para todos y todas.
•
El PAPSIVI no es la reparación, el gobierno insiste en asumir los
programas de atención como elementos reparadores, como lo ha señalado
reiteradas veces la Corte Constitucional, es parte de la obligación
cotidiana del Estado, por tanto la atención psicosocial en sí misma no
repara, sino que es un componente de la rehabilitación.
• Ausencia de indicadores de superación, el PAPSIVI no contiene una batería de indicadores de superación del daño, es decir a quienes acceden a la atención psicosocial, no se puede medir el nivel de superación y poder determinar hasta qué momento se brindará la atención.
• Ausencia de indicadores de superación, el PAPSIVI no contiene una batería de indicadores de superación del daño, es decir a quienes acceden a la atención psicosocial, no se puede medir el nivel de superación y poder determinar hasta qué momento se brindará la atención.
•
El desarrollo de PAPSIVI, depende de las disponibilidad presupuestal,
esto quiere decir que no tiene una fuente presupuestal asignada, la
permanencia del mismo está sujeta al vaivén de la disponibilidad
presupuestal, lo que en la práctica es la continuidad de la forma en la
que hoy se presta la atención psicosocial, al personal que presta esta
atención se les contrata por unos meses y después son desvinculados, y
las víctima no culminan su ciclo de atención.
• El
PAPSIVI contempla acciones para la atención individual, familiar y
comunitaria, desconociendo la dimensión colectiva, que hace parte de un
entorno en el que se desarrollaban las víctimas, y que afectó unas
poblaciones enteras, organizaciones sociales y populares.
• Finalmente señalar que la formación que se brindan, los agentes
encargados del desarrollo del PAPSIVI, no incluye la comprensión de las
dinámicas del conflicto, elemento necesario si se trata de atender
integralmente a las víctimas del mismo.
Las víctimas del crimen del desplazamiento forzado, grave retroceso en su atención
Las
víctimas del crimen del desplazamiento forzado, son las más afectadas
con la implementación de la ley de víctimas, así lo señala la Corte
Constitucional en pronunciamiento del día 19 de marzo del 2013,
“…asisten a un grave retroceso en materia de atención y protección”
según este alto tribunal entre 2012 y 2013, se han producido 150 actos
desplazamiento masivo en 15 departamentos del país, entre los que se
incluyen desplazamientos interurbanos, para estas personas la atención
es precaria, falta de oportunidades, la respuesta estatal a sus
necesidades básicas desconoce los avances y garantías a sus derechos
según ha sido señalado por distintas jurisprudencias, particularmente en
lo relativo a la atención integral de las emergencias.
Sin
duda la mejor muestra de la precariedad con la que la ley atiende a las
víctimas del desplazamiento forzado, es la persistencia del Estado de
Cosas Inconstitucionales (ECI) declarado hace ya nueve años, lo que
muestra la negligencia y ausencia de política real de reparación
incluida la ley de víctimas.
Una resolución perversa
En
octubre el 2012, fue emitida por la UARIV, la resolución 1956, con la
cual se fijan los criterios de priorización para la asignación de los
prorrogas de ayuda humanitaria, en esta resolución se determina como
población prioritaria a niños y niñas, adultos mayores, discapacitados y
personas con enfermedades catastróficas, lo que sin duda es un aspecto
positivo, pero la resolución deja por fuera de la priorización a las
mujeres cabeza de hogar lo que va en contravía de la obligación de
brindar atención preferente a las mujeres según lo establece la corte
constitucional en reiteradas ocasiones, hay sentencias y
particularmente en el auto 092 de 2008.
Estabilización socio-económica
La
Ley no ha podido resolver el tema de la estabilización socio-económica
de las víctimas, y a la fecha no se presenten alternativas claras para
dar solución a este problema.
Más allá de las expectativas
que ha generado el anuncio de las viviendas gratis no existe la
suficiente claridad para determinar cómo las víctimas accedan a estos
beneficios y cuáles son los criterios de acceso a estas casas.
Igualmente,
y lo anotamos como un problema grave, la insistencia por parte de
muchos funcionarios de confundir medidas de atención y ayuda humanitaria
como medidas de reparación, tratando de generar confusión entre la
población víctima.
En detalle los programas de estabilización
socioeconómica que lidera el SENA, hoy consiste en proporcionar a las
victimas información para acceder a líneas de créditos a través de
instituciones bancarias del Estado y en estas se establecen condiciones
de difícil cumplimiento, para acceder a las líneas crediticias.
En materia de empleo, no existen programas que permitan a las víctimas, acceso a empleo estable, duradero y digno. La ayuda humanitaria de emergencia está paralizada en sus adjudicaciones debido a la inexistencia del registro único de victimas (RUV).
En materia de empleo, no existen programas que permitan a las víctimas, acceso a empleo estable, duradero y digno. La ayuda humanitaria de emergencia está paralizada en sus adjudicaciones debido a la inexistencia del registro único de victimas (RUV).
La
política de retorno ha fracasado, por la falta de apoyo económico y
asistencia efectiva a las víctimas, pero sobre todo por la persistencia
del conflicto armado, que para el caso de la restitución y retorno ha
visto como surgen ejércitos antirestitución en cada zona donde se
implementa estos procesos, lo que deja en claro que el paramilitarismo
nunca dejó de existir.
En cuanto al derecho a la vivienda,
para las víctimas del conflicto, estas políticas en la práctica han
fracasado por cuanto la cobertura es limitada y quienes accedieron a los
subsidios no han podido materializarlos con viviendas dignas, entre
otras razones porque el costo de vivienda urbana y con los requisitos
que exige gobierno eleva de manera exagera el costo delas viviendas, en
la en la práctica muchas carta cheques se perdieron por haber cumplido
las fechas límites para hacerlas efectivas.
De otro lado el
Gobierno ha concentrado la política de vivienda para población
vulnerable, victimas y damnificados en contravía de lo exigido por la
Corte Constitucional que ha demandado programas particulares para las
víctimas del conflicto. El programa de 100.000 viviendas gratis, las
cuales son absolutamente insuficientes para atender el déficit de
5.000.000 de viviendas, aún no cuenta con criterios claros y universales
para la adjudicación de las mismas, además este programa está a merced
de interese politiqueros y clientelistas, igualmente en los municipios
se dan problemas estructurales, como la falta suelo urbanizable y la
construcción de viviendas en mano de grandes constructoras que han hecho
inasequible el costo de la vivienda a las víctimas.
La
atención en salud, cada vez se precariza en razón a que la atención a
las víctimas se realiza a través del régimen subsidiado, que al igual
que toda el sistema de seguridad social depende de la ley 100/93 y esta
ha mostrado una y mil veces su ineficacia para atender la salud como
derecho. Hoy para las victimas sigue siendo un problema mayúsculo,
obtener una cita atención medica general, y aparte de ello problemas
para los medicamentos, citas con especialistas, y tratamientos
especializados.
Protección
Siguen siendo
reiteradas las quejas de los líderes y la lideresas, en relación al
problema de la protección, y la prevención del riesgo, a la fecha del
presente informe han sido asesinados por lo menos dos integrante de la
mesa municipal de víctimas, y varios han sido amenazados, otros han
tenido que desplazarse, entretanto la respuesta de la Unidad Nacional de
Protección, siguen siendo lenta y con medidas que no atienden a los
requerimientos y las necesidades de las víctimas. Muchas solicitudes
realizadas por las victimas tardan ente dos y cuatro meses para obtener
algún tipo de respuesta por parte de la UNP.
Divulgación
Persiste
el problema de la divulgación de la ley, las víctimas no conocen sus
derechos, la publicidad que se emite sólo da cuentas de los resultados
de manera general, generando gran expectativa, y por supuesto confusión
entre las víctimas.
Sin participación efectiva
Los
problemas más graves se evidencian en el tema de participación, ésta se
sigue desarrollando sin las suficientes garantías materiales, con
bastantes dificultades para el cumplimiento de las agendas establecidas
en coordinación con las mesas de víctimas, y particularmente, las
convocatorias a los escenarios de participación, siguen teniendo graves
problemas en los procedimientos democráticos para la designación de los
integrantes de las mesas, la convocatoria con suficiente anterioridad a
diversas instancias de representación, la designación formal de
representante a varios sub comités técnicos que no se han reunido ni una
sola vez desde que se establecieron, y la claridad para que los
representantes cuenten con las garantías de una deliberación autónoma y
decisiva.
La participación de las víctimas ha sido un tema
recurrente durante el primer año de su implementación, primero porque se
incumplió el proceso de inscripción y construcción, de mesas municipal,
departamental y nacional, de participación de víctimas, de que habla
el artículo 192 de la ley 1448/11. Posteriormente y para subsanar
carencias del proceso de implementación se instaló el mecanismo
transitorio, este proceso se dio de forma irregular, no en todas partes
se constituyeron mesas, en algunos municipios donde se hizo, no fueron
elegidos democráticamente, fueron los alcaldes y personeros los que
integraron de forma amañada las mesas y donde funcionaron, estas no
contaron nunca con los elementos que garantizara la participación
efectiva, significativa y diferenciada de que habla la Corte
Constitucional en materia de participación. En lugares donde funcionaron
las mesas, éstas sólo fueron consideradas para elegir representantes a
distintas instancias que señala la ley, y en ningún caso las autoridades
brindaron las suficientes garantías materiales para permitir una
adecuada participación de las víctimas.
En el caso de la mesa
nacional de victimas espacio transitorio, el proceso se ha dado no sin
sobresaltos e incumplimientos, más allá de este aspecto hay que señalar
que en materia de participación de las víctimas elegidas para
representar los distintos escenarios: los 4 comités y los 10
subcomités, establecidos en la ley 1448/11, los que fueron convocados
no lo hicieron respondiendo al criterio de convocar previa e informada a
los representantes, pero en la mayoría de los subcomités ni tan
siquiera se han reunido, más aun, algunos de ellos ni siquiera han sido
instalados.
En el caso de la participación en los
territorios, es decir en el ámbito municipal, y aunque el gobierno
señala que han sido conformado los comités territoriales de justicia
transicional en casi todo los municipios del país, es necesario decir
que éstos escenarios existen de manera formal y la participación de las
víctimas no obedece a procesos auténticamente democráticos se llega a
estas convocatorias cuando se citan a las víctimas de manera
desinformada, también señalar que en muchos casos estos representantes
fueron escogidos “ dedocráticamente” por los alcaldes y /o personeros.
Situación
igual se presenta con la aprobación de los planes de acción territorial
(PAT), los cuales fueron elaborados sin la participación de las
víctimas, en varios casos las administraciones convocaron (expertos) y
su proceso de aprobación fue de espaldas o engañando a las víctimas
aprovechando su desconocimiento sobre el tema.
Garantías?
Todo
este proceso se dio sin que el gobierno hubiese admitido o tan siquiera
elaborado algún mecanismo para superar lo que fue una demanda constante
en los distintos talleres departamentales, en relación con brindar
“apoyo material a la participación y la representación” al fin y al cabo
y como fue señalado en varios talleres por representantes de las
víctimas “La representación también es un trabajo profesional”, en
muchos casos la representación de las víctimas para acompañar el proceso
de construcción del protocolo u otras consultas que eventualmente hace
el gobierno, significa para muchos y muchas invertir entre 3 y 5 días,
para participar en dichas actividades señaladas por la ley y sus
decretos reglamentarios, y tras este trabajo, las víctimas deben
regresar a sus hogares sin tan siquiera lo de un tinto, lo que significa
un problema por cuanto para participar, los representantes se deben
ausentar de sus actividades productivas cotidianas, lo que sin duda
alguna es un incentivo negativo a la participación.
Se
esperaba que el protocolo definitivo resolviera esta situación, en
talleres regionales y el nacional, hubo sugerencias sobre este tema pero
estas no fueron tenidas en cuenta por quienes participan en el proceso
de construcción del borrador del circular. Igualmente se había
solicitado que la UARIV se orientara por emitir un decreto de protocolo,
sin embargo se ha elaborado un borrador de resolución lo que sin duda
quita eficacia a la garantía del derecho a la participación.
Igualmente
se espera que en este segundo año de implementación de la participación
este derecho cuente con todas las garantías para la participación
efectiva, significativa, incluyente y determinante que las víctimas han
exigido.
La coordinación del sistema o mejor la descoordinación persistente
Otro
aspecto en el que la implementación de la ley tiene dificultades, es la
puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a Víctimas. SNARIV: este sencillamente no funciona, tan sólo
unas cuantas reuniones convocadas por el Presidente de la república,
pero más allá de ello, en la práctica cotidiana lo que se constata es la
reiteración de algo que ya fue señalado desde el año 2008, por la corte
constitucional, al demandar mayores esfuerzos del gobierno por
garantizar la coordinación del sistema para poner las instituciones en
desarrollo de las ofertas institucionales de manera coordinada para
garantizar de esta manera el principio de la subsidiaridad. Pero esto
sigue siendo una “misión imposible”, porque persiste la actitud de
actuar individualmente en cada una de las instituciones y por
consiguiente duplicar los esfuerzos del estado para garantizar la oferta
institucional, lo que al final termina afectando a las víctimas por la
confusión que generan distintas y simultaneas convocatorias.
Situación
igual o más complicada es la articulación Nación-Territorio, en este
aspecto la ley ha dejado en evidencia que se hablan lenguajes distintos
en una especie de babel, una cosa se dice desde Bogotá y otra cosa se
entiende y se ejecuta en los territorios. La mejor prueba de esto ha
sido el trámite que se han inventado funcionarios de la unidad de
restitución en Urabá, para que las víctimas puedan acceder a garantizar
su derecho a la restitución.
Un problema que explica esta
falta de articulación tiene que ver con los recursos económicos que se
disponen para que la ley sea puesta en marcha desde los territorios, la
verdad las autoridades municipales sienten que no llegan los suficientes
recursos y que debe disponer de sus propios recursos presupuestales
para implementar la ley, frente a lo cual estas manifiestan no contar
con estos recursos, y donde sí existen tales condiciones no existe la
voluntad política, en todo caso las más perjudicadas son las víctimas
que tienen que asistir a todo este proceso, en el que las autoridades se
“tiran la pelota” de un lado a otro atribuyendo responsabilidades en
una especie de pimpón que niega a las víctimas poder acceder con
facilidad a los “beneficios” que otorga la ley.
Uno de los
problema más grande en este asunto es justamente el proceso de
inscripción de las nuevas víctimas, en buena parte de los municipios del
país, son las personerías las encargadas de brindar la primera atención
a las víctimas que quieren participar del proceso de la ley, sin
embargo éstas no cuentan con las capacidades logísticas y humanas para
brindar adecuadamente esta atención, se conocen situaciones como en el
departamento del Cauca, Norte de Santander y también en Sucre, donde las
víctimas tienen que esperar turnos hasta de 3 a 6 meses para ser
atendidos en el proceso de inscripción.
Otro ejemplo, de esta
situación son las condiciones logísticas de los lugares donde se
atiende las solicitudes de las víctimas, las personerías y los lugares
adecuados por las alcaldías no cuentan con la infraestructura para
atender dignamente a las víctimas, en muchos casos existen barreras de
acceso para los discapacitados y en ninguna existen condiciones para que
las mujeres cabeza de hogar sean atendidas, teniendo en cuenta sus
particulares situaciones y desarrollando plenamente la perspectiva de
género, que tanto se ha planteado particularmente por la corte
constitucional en nuestro país
Los cambios en la atención del dicho al hecho
En
el caso de los territorios no han sido evidentes los cambios, la forma
en que se atiende a las víctimas, desde Bogotá por ejemplo existe el
compromiso de sensibilizar a los funcionarios para que sean capaces de
incorporar los nuevos principios y desarrollos establecidos en la ley de
víctimas, pero en muchos municipios están al frente de la atención a
las víctimas las personas que trabajaban en las antiguas UAO, y que
fueron muchas veces cuestionados por las víctimas, precisamente por
propiciar actos inadecuados y victimizantes a quienes solicitaban su
orientación y atención, también se nota un crecimiento de la planta de
personal, pero no siempre teniendo en cuenta la experiencia y la
sensibilidad que demanda este tema, este crecimiento de personal sigue
obedeciendo a los intereses de la clase política local.
Otro
ejemplo de lo que hoy significa la atención a las víctimas, es
justamente la propia UARIV que a pesar de que se ha señalado desde hace
varios meses que se mejoraran las condiciones para que las víctimas
puedan radicar sus documentos y solicitudes, a la fecha de hoy, en la
ciudad de Bogotá las víctimas deben trasladarse a un lugar de difícil
acceso y ubicación, porque el lugar donde se radica la correspondencia
de la UARIV queda en la carrera 100 No. 24D-55, en el sector de
Fontibón, pudiéndose con facilidad establecer una oficina de recepción
de correspondencia y solicitudes en el edificio de Avianca donde
funciona el nivel directivo de ella, que facilite en todo caso la
atención a las víctimas.
El caso de Bogotá
En
Bogotá, donde el alcalde de la ciudad, a comprometidos desde su campaña,
en su acto de posesión que éste será el tiempo de las víctimas, la
atención a las mismas no mejora de manera significativa.
Se
han creado los centros DIGNIFICAR, que eran las antiguas UAO, pero él
solo cambio del nombre no es suficiente para que la atención se
dignifique, siguen siendo largos los turnos para la obtención de la
atención, ahora en mejores condiciones, pero igual demora en la misma.
En varios de estos centros DIGNIFICAR no hay presencia e instituciones
del distrito como la secretaria de salud, y tan sólo se atiende en
promedio 5 a 7 declaraciones nuevas para incluir en el registro único de
víctimas.
En materia de vivienda la administración distrital
ha prometido construir 40.000 soluciones de vivienda de interés social,
pero quince meses después de iniciada la administración del alcalde
Petro, no se conocen los criterios para la adjudicación de las mismas y
saber de qué manera podrán acceder a estas soluciones, las víctimas del
conflicto que viven en la ciudad de Bogotá, igualmente no se conoce el
cronograma para la construcción de estas soluciones.
Igual
situación se vive en el desarrollo del programa de retornos, impulsado
por la administración distrital desde hace un par de años, del cual no
se conocen ni cifras de sus desarrollos, ni los indicadores de
seguimiento y satisfacción para las familias que ya lo hicieron.
En
General es necesario señalar que la característica principal de la
política de atención a las víctimas en la capital de la república, es el
desconocimiento que las víctimas tienen de los elementos constitutivos
de esta, a lo que se suma la falta de convocatoria para diseñar,
desarrollar y controlar los programas de atención. El distrito desde la
alta consejería para las víctimas, no ha tenido en cuenta a las
organizaciones para el impulso de procesos democráticos de participación
efectiva, significativa y diferenciada.
Política de restitución de tierras
Durante
un año de la política restitución de tierras puesta en marcha con la
ley de víctimas, se ha visto cómo el gobierno ha volcado toda acción de
titulación y adjudicación de tierras, presentándola como actos de
restitución, lo que no es consecuente con la definición internacional de
restitución de bienes despojados, que consiste en devolver a las
víctimas los bienes patrimoniales que le fueron despojados “legal” o
ilegalmente por la acción criminal ejercida por grupos armados en
desarrollo del conflicto.
Esta política se adelanta al tiempo
que el conflicto armado sigue desarrollándose con toda la intensidad en
muchas regiones del país, durante este periodo se han incrementado las
acciones de la insurgencia y la respuesta de la fuerza pública a las
mismas se ha intensificado, lo que ha incluido bombardeos en varias
regiones del país, también en estos meses los grupos paramilitares han
dejado conocer su oposición armada la política restitución impulsada por
el actual gobierno, constituyendo ejércitos anti restitución en todas
las regiones donde ejercen control militar e influencia política.
Igualmente
en este periodo han aumentado los esfuerzos del gobierno por hacer
creer al país que son las guerrillas las mayores responsables del
despojo de tierras, lo que sin duda es una falsificación de la historia,
las guerrillas han despojado, esto no se puede negar, pero sin apoyarse
en censos reales no es posible cabalgar sobre esta hipótesis, sobre
todo si se considera que para el caso de las guerrillas lo que
existieron fueron procesos de adjudicación de baldíos desde hace más de
30 años.
En General la política restitución en estos quince
meses muestra cifras muy pobres, se trata de 11.000 hectáreas
restituidas a través de 37 fallos en 6 meses desde que se presentara la
primera demanda ante los jueces de restitución. Estas 11.000 hectáreas
fueron adjudicadas en 6 departamentos y el 80%de ellas corresponden a
predios inferiores a 10 hectáreas, lo que permite inferir que el
proceso de continuará a este ritmo, tardará mucho más dé 10 años para
restituir los 1.5 millones de hectáreas que el gobierno ha comprometido
para el primer año de implementación de la Ley.
A la fecha la
unidad restitución de tierras ha recepcionado cerca de 35.000
solicitudes de restitución, de éstas hay 5.720 solicitudes haciendo
trámite para completar los requisitos y aproximadamente 1.300 pendiente
del fallo por parte de los jueces. Se han declarado 70 zonas de micro
focalización. Hay nombrados 27 jueces y quince magistrados. Y el anuncio
de que otros quince iniciarán labores próximamente.
En el
tema de oficinas, han sido establecidas quince en 13 departamentos,
falta que se acelere el proceso de apertura de estas, al menos en
departamentos como, Choco, Casanare, Boyacá, Caquetá, Cauca, Huila,
Caldas y Atlántico, donde se han dado eventos graves de despojo.
Transcurridos quince meses de esta política, el gobierno ha establecido la logística necesaria para que las víctimas inicien la ruta de restitución, esta ruta tienen a nuestro juicio tres dificultades: a) toda reclamación debe surtir todo el proceso administrativo (seis meses según compromiso del gobierno) y judicial (4 meses a establecidos en la ley) lo que se supone un tiempo largo y un desgaste para el Estado, sí se consideran predios que no presenten ningún tipo de conflicto, u otras reclamaciones sobre el mismo, frente a lo cual se debería implementar una línea administrativa de restitución de manera inmediata, b) otro problema es que todo el proceso de restitución depende de la declaratoria de zonas de macro y micro focalización y estas son emitidas a partir de un concepto dado por el ministerio de la defensa quién es quién determina que el predio esté libre de amenazas de grupos armados ilegales. c) igualmente surge como amenaza los trámites adicionales que los funcionarios se van inventando para exigir a las víctimas requisitos como la Georeferenciación del predio u otros trámites, como lo sucedido recientemente en la oficina de restitución de tierras de Urabá.
Transcurridos quince meses de esta política, el gobierno ha establecido la logística necesaria para que las víctimas inicien la ruta de restitución, esta ruta tienen a nuestro juicio tres dificultades: a) toda reclamación debe surtir todo el proceso administrativo (seis meses según compromiso del gobierno) y judicial (4 meses a establecidos en la ley) lo que se supone un tiempo largo y un desgaste para el Estado, sí se consideran predios que no presenten ningún tipo de conflicto, u otras reclamaciones sobre el mismo, frente a lo cual se debería implementar una línea administrativa de restitución de manera inmediata, b) otro problema es que todo el proceso de restitución depende de la declaratoria de zonas de macro y micro focalización y estas son emitidas a partir de un concepto dado por el ministerio de la defensa quién es quién determina que el predio esté libre de amenazas de grupos armados ilegales. c) igualmente surge como amenaza los trámites adicionales que los funcionarios se van inventando para exigir a las víctimas requisitos como la Georeferenciación del predio u otros trámites, como lo sucedido recientemente en la oficina de restitución de tierras de Urabá.
Las víctimas de este proceso
En
estos quince meses de implementación han continuado la persecución y
amenazas, se ha incrementado en riesgo a líderes, lideresas,
organizaciones y comunidades vinculadas a procesos de reparación y
restitución de tierras. En este periodo han sido asesinado Miller
Angulo, miembro de la mesa departamental de Nariño, el día 2 de
diciembre 2012 en el municipio de Tumaco Nariño, igualmente fue
desaparecido y asesinado posteriormente, Ermes Enrique Vidal miembro de
la mesa municipal de victimas del municipio Valencia en el departamento
de Córdoba, cuyo cuerpo apareció sin vida el día 24 de marzo de 2003 en
tierra alta Córdoba.
Igualmente han recibido amenazas contra
su vida integrantes de las mesas departamentales, en especial en el
Norte de Santander, Atlántico, Eje Cafetero, Valle, Bogotá, Guajira,
Caquetá, Meta, Cesar, Arauca, Bolívar, Amazonas, de las cuales no existe
hasta el día de hoy ningún tipo de pronunciamiento de las autoridades
respectivas, en el sentido de poder determinar quiénes son los
verdaderos responsables de dichas amenazas, frente a este tema existe
total impunidad de decenas y decenas de denuncias presentadas por
líderes, lideresas y organizaciones, a la fiscalía General de la nación.
Igualmente
es necesario brinda reconocimiento a nuestra compañera y amiga Angélica
Bello quien muriera suicidada en su casa en extrañas circunstancias que
hoy son objeto de investigación, la muerte de por suicidio de Angélica,
deja en evidencia el fracaso de los programas de ayuda psicosocial que
actualmente ofrecen el Estado.
Son cerca de 50 líderes y
lideresas vinculados a procesos de restitución, reparación y defensa de
los derechos humanos asesinados en estos quince meses. Un alto
porcentaje para un proceso que el gobierno insiste en presentarlo como
el restablecimiento de derechos a las víctimas y el camino hacia la paz.
Refugiados
Tanto
la Ley como su proceso de implementación siguen desconociendo los
derechos de las víctimas que se encuentran fuera del país aunque se
anuncia una línea para garantizar que estas participen en el proceso y
puedan acceder de manera efectiva a la restitución de todos sus
derechos, está aún no se conoce y los Colombianos y Colombianas
refugiados y exiliados siguen siendo desconocidos.
Enfoques diferenciados
Aunque
se han hecho esfuerzos importantes por garantizar en el papel los
derechos de comunidades afro, indígenas, ROM, discapacitados, niños y
niñas, mujeres, la materialización de estos no avanza de manera
significativa, los procesos de consulta con estas comunidades han sido
precarios y en muchos casos han generado fracturas en los procesos
organizativos, como es el caso de las comunidades afro descendientes, la
implementación de los enfoque diferenciales choca con la falta de
recursos humanos y financieros que los hagan posible, además de una
falta de comprensión de estos temas por pate de los funcionarios
encargados de su desarrollo.
Unas propuestas
Conviene que el gobierno nacional piense dos reformas urgentes en la Ley.
Primera, es necesario reformar el estatus de la unidad de víctimas, porque resulta poco efectivo que una Unidad de Victimas que depende administrativamente de la oficina de la presidencia, sea la encargada de realizar toda la coordinación del sistema nacional de atención integral de reparación de víctimas, dada la estructura del Estado Colombiano, es necesario que la entidad que asuma este rol tenga un estatus de ministerio o al menos de vice ministerio, de manera que se pueda garantizar que la convocatoria a distintas entidades del Estado sea atendida de manera diligente y no como sucede hoy con displicencia o sin prestarle ningún tipo de atención.
Primera, es necesario reformar el estatus de la unidad de víctimas, porque resulta poco efectivo que una Unidad de Victimas que depende administrativamente de la oficina de la presidencia, sea la encargada de realizar toda la coordinación del sistema nacional de atención integral de reparación de víctimas, dada la estructura del Estado Colombiano, es necesario que la entidad que asuma este rol tenga un estatus de ministerio o al menos de vice ministerio, de manera que se pueda garantizar que la convocatoria a distintas entidades del Estado sea atendida de manera diligente y no como sucede hoy con displicencia o sin prestarle ningún tipo de atención.
Otra reforma tiene que
ver con la necesidad de introducir cambios que permitan el
fortalecimiento financiero de las personerías municipales, para ampliar y
mejorar las condiciones de funcionamiento esto incluye la necesidad de
articular las personerías de mejor manera al ministerio público.
Continuar la organización y la movilización por los derechos de las víctimas
Continuar la organización y la movilización por los derechos de las víctimas
Campaña
Permanente, Tierra, Vida y Dignidad exhorta al conjunto de
organizaciones de víctimas, líderes y lideresas, a las organizaciones
defensoras de los derechos humanos a continuar fortaleciendo los
procesos organizativos, que permitan a las víctimas del conflicto armado
en Colombia mejorar los procesos de seguimiento a la implementación de
la ley, al mismo tiempo que fortalezcan y mejoren las condiciones para
desarrollar procesos de movilización, elaboración política, articulación
y exigibilidad de los derechos vulnerados.
Es necesario
entonces, considerar la fecha del 10 de junio del 2013, cuando se
completan dos años de sanción por parte el Sr. Presidente Juan Manuel
Santos, de la ley de víctimas y restitución de tierras y preparar una
gigantesca movilización de las víctimas en Colombia para mostrar al
gobierno la inconformidad, que las víctimas en Colombia tenemos frente a
esta precaria ley de reparación y restitución.
Igualmente es
necesario articular el tema de los derechos de las víctimas, al proceso
de discusión que actualmente se adelanta de la Habana para que el tema
de la agenda, que aborda los derechos de las víctimas se trabaje a
partir de una real participación de las víctimas y sus organizaciones,
en este sentido la jornada de movilización del día 9 de abril en favor
de la paz y por la dignidad de las víctimas del conflicto es una tarea
de primer orden.
Igualmente las jornadas de discusión que sobre este tema iniciaran próximamente las comisiones de derechos humanos del senado en distintas regiones del país deben ser asumidas por las organizaciones de víctimas, como la oportunidad para posicionar las propuestas de las víctimas y visibilizar toda la problemática.
Igualmente las jornadas de discusión que sobre este tema iniciaran próximamente las comisiones de derechos humanos del senado en distintas regiones del país deben ser asumidas por las organizaciones de víctimas, como la oportunidad para posicionar las propuestas de las víctimas y visibilizar toda la problemática.
También
es necesario que las organizaciones articulen sus reivindicaciones con
otras acciones populares que se promueven como el congreso de los
pueblos, las constituyentes impulsadas por marcha patriótica, o la
movilización del 1° de mayo impulsada por las centrales obreras.
No
menos importante es el impulso de acciones políticas que demuestren la
capacidad organizativa y de movilización de las víctimas, a la hora de
exigibilidad de derechos.Campaña permanente tierra vida y dignidad
2 de Abrir 2013.
Informe elaborado por: Alfonso Castillo. Asesor
