El
señor Vidal fue desplazado forzosamente de su finca ubicada en la
vereda de Mieles corregimiento de Batata, Córdoba, hace varios años, y
aunque no estaba adelantando un proceso de restitución de tierras
formalmente, decidió retornar a su finca.
Por
su parte, el señor Gustavo Adolfo Pizo, de 31 años, fue asesinado el 25
de marzo, y era el presidente de la Asociación de Trabajadores
Campesinos de Totoro (Cauca), el secretario de organización
del Sindicato de Pequeños Agricultores del Cauca
(SINPEAGRIC ), pertenecía al movimiento político Marcha Patriótica y
dirigía además el tema de reservas campesinas en la zona Oriental del
Cauca.
La
Oficina recuerda que las zonas de reserva campesina son formadas por
campesinos que se unen para tener una producción agrícola más efectiva.
Estas asociaciones son protegidas por las normas de derechos humanos.
La
Oficina hace notar que recibió información el 11 de marzo sobre
amenazas de muerte proferidas en contra del movimiento político y social
Marcha Patriótica-Cauca, en su conjunto y en particular a algunos
líderes de este movimiento, quienes son adicionalmente integrantes de:
Sindicato de Pequeños Agricultores del Cauca SINPEAGRIC (filial de
FENSUAGRO-CUT);Proceso Campesino y Popular de la Vega; Sindicato
Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca SUTEC; Federación de
Estudiantes Universitarios FEU; Coordinadora Estudiantil Tuto González;
Juventud Comunista; y Red de Derechos Humanos Francisco Isaías
Cifuentes.
La
Oficina reitera su preocupación por que en las zonas rurales del país,
los activistas y defensores de derechos humanos están mayormente
desprotegidos. El año pasado el 97% de los defensores de derechos
humanos asesinados pertenecían a zonas rurales.
La
Oficina insta a las autoridades del Estado a implementar medidas
eficaces dirigidas hacia los activistas y defensores de derechos humanos
rurales, con el fin de que logre proteger su vida.
La
Oficina urge a los líderes, activistas y defensores de derechos humanos
en la zona rural a solicitar al Estado medidas efectivas que garanticen
sus vidas y a cuando lo requieran su derecho a la restitución de
tierras.
Finalmente,
la Oficina expresa sus sentimientos de condolencia a las familias de
los líderes asesinados, a sus amigos y al movimiento de víctimas y de
defensores de derechos humanos en el país.
Gustavo
era el secretario de organización del Sindicato de Pequeños
Agricultores del Cauca (SINPEAGRIC). Esta información me parece
particularmente importante porque las amenazas del 10 de marzo estaban
directamente dirigidas a unos dirigentes de SINPEAGRIC (aunque Gustavo
no estaba mencionado en la lista de personas directamente declaradas
“objetivos militares”).
En lo que se refiere a la amenaza del 10 de marzo, sugiero añadir la información siguiente:
Las
amenazas de muerte fueron proferidas en contra del movimiento político y
social Marcha Patriótica-Cauca en su conjunto y en específico a
algunos líderes de este movimiento, quienes son adicionalmente
integrantes de: Sindicato de Pequeños Agricultores del Cauca SINPEAGRIC
(filial de FENSUAGRO-CUT);Proceso Campesino y Popular de la Vega;
Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca SUTEC;
Federación de Estudiantes Universitarios FEU, Coordinadora Estudiantil
Tuto González y Juventud Comunista, Red de Derechos Humanos Francisco
Isaías Cifuentes.
Sé
que es una lista larga pero me parece políticamente importante
especificarlo (se trata de organizaciones que han denunciado violaciones
DDHH por parte de FFPP y que han visibilizado estos temas a través
también de marcha patriótica y organizando eventos con participación de
ivan cepeda y piedad córdoba).
También
añadiría que las amenazas del 10 de marzo fueron firmadas por “las
antiguas AUC bloque calima, hoy rastrojos” y que en su amenaza decían
que iban a emprender su “plan espada de honor, con el objetivo de hacer
limpieza social de los nuevos Grupúsculos, llamados marcha patriótica, y
sus grandes estructuras guerrilleras”.
