La Habana-Cuba- 29 de Julio 2013
Un
intenso debate nacional se ha generado desde hace algunas semanas a
partir de las valientes denuncias realizadas por dos parlamentarios del
Polo Democrático: Wilson Arias Castillo y Jorge Enrique Robledo en torno
a la cuestión de apropiación de tierras destinadas a la reforma agraria
por parte de importantes personajes de la vida económica y política del
país, en connivencia con instituciones del Estado, bajo la perspectiva
de la impunidad que prodiga el contar con un inmenso poder de
manipulación y de corrupción en los órganos legislativos y judiciales
de nuestro país.
Resulta
de la mayor relevancia en la actual coyuntura política el que se le
brinde la mayor atención a los gravísimos hechos denunciados por los dos
mencionados congresistas, para que estos hechos no queden en la
impunidad.
La gravedad del delito denunciado, permite al menos hacer un par de reflexiones pertinentes:
La
primera de ellas, que las componendas y conciliábulos que se
adelantaron en pos del acceso ilegal a grandes extensiones de suelos
fértiles en la Altillanura por parte de empresarios que posan de
“honestos y emprendedores”, pero que en realidad son unos truhanes y dan
buena cuenta de la existencia de una institucionalidad viciada y de una
clase dominante que sigue comprometida con la “acumulación originaria”
que le representó la violencia paramilitar y el desplazamiento masivo de
millones de labriegos.
Asistimos no a un simple “escándalo” (como lo han minimizado ciertos articulistas)
sino a un hecho gravísimo de corrupción en el cual se mezclan
indistintamente la corrupción descarada, la falsedad documental, la
estafa, las ansias de la acumulación sin límites y el terrorismo de
Estado. Un coctel explosivo cuyo único beneficiario pareciera ser el
gran capital que se esconde detrás de las victorias económicas de los
“emprendedores” del sector agroindustrial.
Lo
que se esconde detrás de la apropiación fraudulenta y marrullera de los
baldíos del Oriente colombiano, es la connivencia entre la llamada
“gente de bien” y el proyecto paramilitar. Al ciclo de violencia y
despojo, le sigue el ciclo de acumulación y prosperidad a gran escala.
La
segunda reflexión que pretendo plantear es la siguiente. El pasado 21
de junio, las delegaciones del gobierno nacional y de las FARC-EP
presentamos al país, desde el Palacio de las Convenciones de La Habana,
apartes del acuerdo parcial alcanzado en la discusión de la Agenda de la
Mesa de Conversaciones. Ésta fue una noticia de alcance nacional, que
afianzó la confianza que los ciudadanos demócratas de Colombia tienen en
que es posible y factible alcanzar una paz estable y duradera en el
corto plazo. Intelectuales, líderes agrarios, periodistas y defensores
de Derechos Humanos ponderaron públicamente la estatura histórica de
aquel anuncio público, que augurara vientos de democratización y equidad
para el campo colombiano.
Sin
embargo, en el breve lapso que corre desde aquella fecha hasta hoy, el
gobierno nacional y este comportamiento deshonesto de algunos líderes
empresariales, se ha encargado de que serias dudas se ciernan sobre el
escenario de esperanzas que habíamos logrado construir conjuntamente al
lograr el mencionado acuerdo parcial.
En
primer lugar, asistimos la cruenta represión en contra del movimiento
campesino del Norte de Santander y sus justas reivindicaciones de una
Zona de Reserva Campesina para la región del Catatumbo.
Dicho
movimiento continúa resistiendo con discursos e ideas y sin fusiles a
pesar de la represión del accionar de los agentes del Estado en el área.
Son ya cuatro campesinos muertos, numerosos manifestantes heridos,
periodistas agredidos, y un buen número de líderes de la comunidad
estigmatizados y criminalizados sin sustento alguno. Todo bajo el
auspicio directo de la alta oficialidad militar y de las juntas
directivas de las trasnacionales que están detrás de las riquezas del
Catatumbo, que constituyen el poder real en dicha región, por encima de
los mandatarios locales.
Luego, se develó el corrupto entramado que protagonizan Brigard & Urrutia,
Corficolombiana, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Mónica Semillas y demás
adalides del mal llamado “emprendimiento agroindustrial” en el Oriente
colombiano.
¿La
respuesta? El tapen-tapen, la complicidad judicial, el encubrimiento de
los “generadores de opinión”. Incluso, afirmaciones tan obtusas como
que los mencionados parlamentarios Arias y Robledo serían “cajas de
resonancia” de las FARC-EP, a pesar de que ambos políticos llevan toda
una vida rechazando la lucha armada.
Para
cualquier observador incauto, la conclusión no puede ser otra: el
gobierno manda una muy mala señal sobre lo ya acordado con el movimiento
insurgente, y abre la puerta para un justificado desconcierto de
nuestra parte ante su real compromiso con los eventuales acuerdos.
Frente
a un estado de cosas injusto, en donde primaba la corrupción y la
violencia para la acumulación de riqueza y el expolio al campesino, fue
que nos alzamos en armas como FARC-EP hace ya 49 años. No se logrará una
paz estable y duradera sin cambiar el escenario.
