01 Agosto 2013.
“Una condena cantada”
Un proceso judicial plagado de irregularidades y sesgos expone a 12 campesinos y campesinas de Curuguaty a una situación de total indefensión
Desde el día 15 de julio se está llevando a
cabo una extendida audiencia preliminar, que deberá decidir si se eleva a
juicio oral y público la acusación del fiscal Jalil Rachid contra 12
campesinos por el caso Curuguaty, localidad del departamento de
Canindeyú, en Paraguay. Concretamente Rachid acusa a los campesinos con
los cargos de delitos de asociación criminal, invasión de inmueble y
tentativa de homicidio doloso.
Las irregularidades de este proceso han sido
tantas que las organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos
no dudan en considerar todo el proceso como una farsa, un montaje
desarrollado como intento de imponer una interpretación “oficial” sobre
la masacre que fue tomada como justificativo para perpetrar el golpe de
Estado el 22 de junio de 2012, que destituyó a Fernando Lugo de la
presidencia del país.
“La fiscalía armó toda la acusación, la historia y la narración de
los hechos a partir de la investigación de las muertes de los policías,
no investiga las muertes de los campesinos; tiene una visión
absolutamente parcial de los hechos, y no admite otra tesis posible.
Generó una conclusión previa a la investigación”, denuncia Perla
Alvarez, integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e
Indígenas (CONAMURI) y Articulación Curuguaty esta semana en entrevista
con Radio Mundo Real.
Perla agrega que tampoco se investigaron las denuncias de torturas,
ejecuciones arbitrarias, de tratamiento inhumano al momento de las
aprehensiones, entre otras varias denuncias realizadas por los abogados
defensores de los campesinos y campesinas. La defensa planteó a la jueza
actuante Rosa Janine Ríos, 11 incidentes de nulidad del proceso
jurídico que se está llevando a cabo. Se trata de irregularidades
diversas que finalmente no fueron tomadas en cuenta por la jueza. Como
ejemplo, Perla menciona que “las actas de imputación no mencionan los hechos de los que se acusa a los compañeros, simplemente están sus nombres”.
Entre los hechos importantes por los que la defensa considera que el
proceso judicial es nulo, específicamente en relación con la acusación
de “invasión de inmueble”, se denuncia un caso de prejudicialidad: “Mientras
no se defina la titularidad de las tierras [de Marina Cué], Campos
Morombí [la empresa supuestamente afectada por dicha invasión] no tiene
el derecho de pedir el desalojo de una propiedad, cuya titularidad no le
pertenece”, informa Perla.
A todo esto, la jueza Janine Ríos ha demostrado una actitud parcial
en la presente audiencia, admitiendo por ejemplo, la incorporación de
pruebas del fiscal Rachid a la causa em forma extemporánea. Estas mismas
pruebas han sido objeto de fuertes críticas: Una botella de caña,
cortauñas, 5 honditas de goma, un rollo de papel higiénico, balas sin
percutir o casquillos de proyectiles son algunas de las “evidencias”
presentadas por el fiscal del plan homicida de los campesinos y
campesinas acusadas. Guillermo Ferreiro, uno de los abogados defensores
calificó todo este proceso relacionado a las pruebas de “bochorno
absoluto”.
Para la entrevistada es claro que todo este proceso pone de manifiesto que “se
necesita de forma acelerada condenar a los compañeros y a las
compañeras, porque de lo contrario toda la historia del golpe de Estado
se derrumba, porque fue la base que fundamentó el juicio político y
posterior destitución del presidente Lugo”.
Por otra parte, la persecución del sistema judicial tanto a los
campesinos y campesinas imputadas como a los que fueron considerados
prófugos, los está condenando a una situación de vulnerabilidad
socioeconómica y también de salud. La integrante de CONAMURI señala
también la existencia de 4 comunidades afectadas por la masacre de
Curuguaty: “familiares de las víctimas caídas en la ocupación son
afectadas directa o indirectamente por la masacre. Fundamentalmente el
efecto es de carácter sicológico, sico-social, comunitario; hay
desmembramientos familiares, inseguridad por la infiltración que parte
del propio gobierno o de los poderes locales en disputa por el
territorio, estamos hablando de narcotráfico, ganaderos, sojeros,
fuerzas políticas de los partidos tradicionales en la zona”.
La audiencia aún no finalizó, y en el día de hoy (jueves, 1º de
agosto) la defensa solicitó la recusación de la jueza Janine Ríos por
“parcialidad manifiesta”.
Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.
Conamuri
Qué Pasó en Curuguaty
Foto: radiotvnuevoparaguay.com
http://www.radiomundoreal.fm/6958-una-condena-cantada
