Por : Camilo raigozo. Notimundo
Miércoles 29 Mayo 2013.
El 21 de febrero
de 2005 en una acción conjunta militares y paramilitares masacraron
demencialmente a tres niños y cinco adultos de la Comunidad de Paz de San José
de Apartado. Para esa fecha el número de asesinatos de habitantes de esa
comunidad ya sobrepasaba los 170.
En un intento
por desviar las investigaciones y la atención de la opinión pública nacional e
internacional, altos mandos militares, los más cercanos círculos del gobierno del
entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en complicidad con los principales
medios de comunicación culparon inicialmente a las FARC.
Además de ocultar a los verdaderos perpetradores de la masacre, también utilizaron la estrategia de
justificar los crímenes.
“En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente
buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente
señalados por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de
querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”,
señaló perversamente Uribe.
Tanto el
presidente Uribe, como el vicepresidente Francisco Santos, sostuvieron con el
mayor cinismo posible, respaldados por la dictadura mediática y sin el menor
respeto por las víctimas y sus comunidades que “los mataron porque andaban en algo malo”.
El PJ Javier Giraldo
aclaró en rueda de prensa este 29 de mayo que durante dos años el gobierno de
Uribe y la Fiscalía sostuvieron que habían sido las FARC las responsables, a
pesar que las comunidades y ONGs de derechos humanos, desde un principio señalaron al ejército y a los
paramilitares como los autores de la horrenda barbarie.
Fue un grupo de congresistas estadounidenses quienes hicieron una investigación por su
cuenta concluyendo que habían sido las fuerzas militares las responsables de la masacre y
por eso el gobierno de ese país le suspendió la ayuda económica a la Brigada 17
del Ejército.
Por los señalamientos
criminales de Uribe la Corte Constitucional ordenó el año pasado “la
retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y
sus acompañantes y la definición de un procedimiento para evitar futuros
señalamientos contra la misma”.
Dicha
retractación que incluía la petición de perdón por parte del gobierno se tenía
prevista para este 29 de mayo, pero se frustró por el incumplimiento del
presidente Santos, lo que fue tomado por la comunidad como otra afrenta más.
Las comunidades
habían aceptado acudir al acto de desagravio ordenado por la Corte
Constitucional, con la condición de que fuera el mismo Presidente de la
República quién a nombre del Estado se retractara y pidiera perdón a las
comunidades por las ofensas proferidas por Uribe y Santos había aceptado esa
condición.
Sin
embargo a
última hora, cuando los 32 delegados de la comunidad ya se encontraban
en Bogotá el primer mandatario decidió no acudir personalmente, sino que
delegó al ministro del Interior Fernando Carrillo, lo que no fue
aceptado por
las comunidades quienes decidieron ausentarse dejando que Carrillo le
pidiera
perdón a las sillas vacías. Foto de El Espectador.
“Desde el primer
contacto con el Ministerio del Interior, la Comunidad manifestó con absoluta
claridad y contundencia que solamente consideraría como retractación
proporcional una manifestación explícita del Presidente de la República, ya que
había sido un mandatario con ese alto rango quien había cometido el grave
delito de calumnia que había provocado tantos centenares de consecuencias
fatales con características de crímenes de lesa humanidad en cadena durante 9
años”, explicó la comunidad en un comunicado leído en rueda de prensa.
A renglón
seguido advirtió en el documento que “El Ministerio del Interior le comunicó a
la Comunidad desde el mes de abril que el presidente Santos había aceptado
realizar la presentación de la retractación y se fijó su cumplimiento para una fecha en abril, la
que luego fue objeto de varios aplazamientos ocasionados por los problemas de agenda
del Presidente.
“Finalmente la
fecha se fijó para hoy 29 de mayo de 2013 y la Comunidad designó a 32 de sus
miembros para desplazarse a Bogotá y participar en el acto”.
Mientras el
gobierno considera haber cumplido con lo ordenado por la Corte Constitucional,
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sostiene lo contrario. El veredicto
sobre quién tiene la razón queda en manos nuevamente de la misma Corte
Constitucional.
Video completo de la rueda de prensa de las Comunidad
