Por
María Jimena Duzán
Revista Semana.08 Junio 2013
Queda claro que la inmunidad para expresar sus opiniones solo opera para los funcionarios copartidarios del procurador.
Para el procurador Alejandro Ordóñez los conservadores, sus copartidarios, nunca son culpables. Son seres impolutos, castos y… generosos. Se toman el tiempo de hacerle homenajes inmerecidos, como el que hace poco le hicieron en Medellín. Basta mirar sus fallos y decisiones para advertir ese sesgo que lo hace tan humano y tan poco celestial.
Acaba de liberar de toda
culpa al senador conservador Roberto Gerlein por haber insultado a los
homosexuales. Gerlein, opositor del proyecto de ley que permitía el
matrimonio entre parejas del mismo sexo, defendió su posición en el
Congreso no con la altura que le imponía su investidura sino con la
bajeza del insulto. “Me produce repulsión el catre compartido por dos
varones”, dijo. “Su sexo es sucio, asqueroso, es sexo excremental”.
En
cualquier país democrático estas declaraciones hubieran ameritado por
lo menos una sanción o incluso su destitución. Aquí, no. El procurador,
que es el defensor de las minorías, apoyó a Gerlein con la tesis de que
los congresistas tienen inmunidad para expresar sus opiniones
personales… Sobre todo, agregaría yo, si son conservadores como Ordóñez y
comparten su odio por los homosexuales como Gerlein. Si piensan como
Alonso Salazar, el alcalde de Medellín, que fue destituido por el
procurador, la tesis no funciona.
Salazar no es conservador
ni odia a los gais y tuvo la audacia de hacer una clínica para la mujer
en Medellín con la idea de que ellas pudieran practicarse el aborto en
los tres casos específicos que permite la ley colombiana. El procurador,
que se opone a la aplicación de esa ley, consiguió cerrar la clínica y
desde entonces Salazar se convirtió en un hombre peligroso por pensar
distinto a él y su camarilla. Al poco tiempo fue destituido por Ordóñez
dizque por intervenir en política, cuando lo que hizo fue cumplir con su
deber.
Siendo alcalde denunció a uno de los candidatos de
estar presuntamente aliado con sectores de la mafia y en lugar de que se
investigara su denuncia, fue descabezado por la Procuraduría, acusado
de participar en política. Queda claro que la inmunidad para expresar
las opiniones solo opera para los funcionarios copartidarios del
procurador, pero no para los que piensen como Salazar.
Otro
conservador que resultó ungido por su varita mágica fue el exdirector de
la Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz, acusado de
ser la cabeza de un escándalo que según la Fiscalía es tres veces mayor
que el carrusel de la contratación de Bogotá. Albornoz es muy cercano a
los congresistas conservadores que fueron los jefes de debate de la
reelección del procurador, como Eduardo Enríquez Maya, Miriam Paredes y
Hernán Andrade. Y desde hace tres años, cuando estalló este escándalo,
tampoco se ha vuelto a saber en qué van las investigaciones
disciplinarias.
En la Fiscalía, donde sí ha avanzado la
investigación, la Procuraduría se está atravesando como una mula muerta.
Acaba de rendir un concepto negativo para la privación de la libertad
de Albornoz con el argumento de que la Fiscalía no fundamentó los
delitos, no se sabe cuáles son los testigos. Según el ente acusador, no
puede destapar sus cartas como se lo pide el Ministerio Público, porque
daría al traste con la investigación en esta primera etapa del proceso,
pero la Procuraduría ha decidido amparar a Albornoz bajo su manto.
Otro
protegido suyo es Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia,
también conservador y quien solamente tiene investigaciones preliminares
en la Procuraduría por hechos denunciados hace mucho tiempo, a pesar de
que su gestión como gobernador fue una de las más cuestionadas por
temas de corrupción, tal cual lo evidencia el Libro Blanco de Sergio
Fajardo. Ramos fue uno de los oferentes del homenaje que le rindieron
los políticos conservadores en Medellín al procurador y que fue –ese
sí–, una clara intervención en política.
En la parapolítica,
se ha aplicado el mismo rasero. El conservador y exsenador Ciro Ramírez
acaba de ser absuelto disciplinariamente a pesar de que la CSJ lo
condenó penalmente por los mismos hechos y lo mismo sucedió con Luis
Humberto Gómez Gallo. En cambio, con argumentos menos obvios, Ordóñez
destituyó a la senadora Piedad Córdoba y en su caso no se paró a
cuestionar la idoneidad de los testigos. Ahora va por la cabeza del
superintendente financiero Gerardo Hernández, un funcionario honesto,
que no tiene padrino político y que fue el único que les paró el macho a
los dueños de InterBolsa.
El procurador ha desatado una cacería de brujas y no hay quien lo pare.
El procurador ha desatado una cacería de brujas y no hay quien lo pare.
