Por: Waldo Mendiluza *
Prensa Latina. Martes 28 de Mayo 2013
Foto: Juvenal Balán/AINF
Con un acuerdo encaminado a la reforma
rural integral del campo, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) marcaron desde
Cuba la ruta para la paz en el país sudamericano.
"Lo que hemos convenido en este acuerdo será el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia", expresaron las partes en su comunicado conjunto 16, al cerrar el 26 de mayo en la capital cubana la novena ronda de las conversaciones para poner fin a cinco décadas de conflicto armado.
El Gobierno y la guerrilla
dedicaron más de seis meses -desde el pasado 19 de noviembre- a
discutir el problema de la tierra, al que consideran clave por su
relación con el origen y la profundización de unas hostilidades que han
dejado miles de muertos y millones de desplazados.
Los
interlocutores denominaron el convenio Hacia un nuevo campo colombiano:
Reforma rural integral, iniciativa que busca superar las desigualdades
en el sector agrario y restituir a las víctimas del despojo y del
desplazamiento forzado.
En el habanero Palacio de
Convenciones -sede permanente de las pláticas- Cuba y Noruega, países
garantes del nuevo intento para la paz en Colombia, presentaron a la
prensa el texto alcanzado después de nueve ciclos de diálogo.
Forman
parte del documento cuestiones como el acceso y uso de la tierra, la
infraestructura y adecuación de predios, el desarrollo social, el
estímulo a la producción agropecuaria y las políticas alimentarias.
Según
el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las fuerzas
insurgentes, el acuerdo incluye entre sus propósitos revertir los
efectos del conflicto, la actualización del catastro, la delimitación de
la frontera agrícola y la protección social, con el combate a la
pobreza y el hambre entre las prioridades.
Con el paso dado en Cuba, se cierra temporalmente el primer punto de la agenda previamente pactada para las conversaciones.
Además
de la cuestión de la tierra, el programa recoge discusiones sobre la
participación política, el problema de las drogas ilícitas, el fin del
conflicto, la atención a las víctimas, y los mecanismos de refrendación y
verificación de lo pactado.
De acuerdo con el comunicado
conjunto 16, las pláticas de paz se reanudarán el 11 de junio, cuando
comenzarán los intercambios en torno al tema de la participación
política.
COINCIDENCIAS Y VISIONES ANTAGÓNICAS
Las
delegaciones de paz del Gobierno y las FARC-EP, a través de sus
representantes en la mesa de diálogos, Humberto de la Calle e Iván
Márquez respectivamente, celebraron el acuerdo, pero también dejaron
claras sus posturas, visiones antagónicas de la situación colombiana.
La
participación de la sociedad en el proceso de paz, la necesidad de
transformaciones importantes en el campo colombiano y el enfoque social
en el sector agrario son coincidencias señaladas por las partes.
Sin
embargo, la guerrilla advirtió de la urgencia de cambios estructurales
que permitan una paz con justicia social, lo cual significaría a su
juicio dejar atrás una "política neoliberal generadora de miseria".
En
una declaración a la prensa después del anuncio del acuerdo agrario,
Márquez mencionó preocupaciones de la insurgencia por "la captura del
Estado por parte de grupos de poder que aprueban leyes y regulaciones
que solo favorecen su egoísmo, mientras desprecian el interés común y
llevan la desigualdad y la defensa violenta de sus capitales".
Según
las FARC-EP, en la nación suramericana reinan la corrupción y la
impunidad, elementos que "hoy obstruyen la posibilidad de construir una
alternativa de solución diferente a la guerra".
Al respecto,
la guerrilla manifestó confianza en que las organizaciones sociales,
políticas y populares de Colombia sabrán impulsar los cambios necesarios
para garantizar el camino de la paz.
A todo lo largo del
proceso, las FARC-EP han criticado el latifundio y acusado a las
autoridades de "entregar nuestro territorio a la voracidad de las
transnacionales".
Por su parte, de la Calle definió el
acuerdo alcanzado con las FARC-EP en La Habana como "un cambio
histórico, un renacimiento del campo colombiano, que puede darse en el
escenario del fin del conflicto", pero aclaró que "todo se hará con
pleno respeto por la propiedad privada".
En múltiples
ocasiones, el Gobierno ha descartado que el modelo de país aplicado esté
en juego en la mesa de diálogo, en alusión a las demandas de cambios de
la guerrilla.
Otra diferencia responde a la manera de
legitimar los pactos que puedan lograrse en las pláticas, porque el
Ejecutivo promueve un "mecanismo de refrendación popular", mientras que
las FARC-EP reclaman un "tratado justo y vinculante rubricado por una
Asamblea Nacional Constituyente".
NADA ESTÁ ACORDADO HASTA QUE TODO ESTÉ ACORDADO
Las conversaciones de paz en La Habana se guían por el principio de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado".
El
Gobierno y las FARC-EP precisaron que eso significa que los eventuales
acuerdos están condicionados al logro de consenso en la totalidad de la
agenda de seis puntos previamente establecida por los interlocutores.
En
una declaración a periodistas en el cierre de la novena ronda, de la
Calle explicó que los pasos acordados en la mesa solo se aplicarán una
vez se logre un acuerdo completo para el fin del conflicto.
"Este
principio de que nada está convenido hasta que todo lo esté, también
significa que si a lo largo de la discusión no se llegan a formalizar
acuerdos en todos los aspectos contenidos dentro de un punto específico,
estos pueden quedar como pendientes para ser retomados más adelante",
detalló.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA, PRÓXIMO PUNTO EN LA AGENDA
Los
diálogos de paz entraron el 27 de mayo en un receso para reanudarse el
11 de junio, con el tema de la participación política en la agenda.
En
declaraciones a Prensa Latina el guerrillero Ricardo Téllez, integrante
de la delegación de paz de las FARC-EP, manifestó expectativas por el
inicio de las discusiones sobre las garantías para el ejercicio de la
política en Colombia.
"Vamos a pasar a ese segundo punto de
participación política y ahí esperamos también poder tener avances
sustanciales para que realmente se abra una democracia real en
Colombia", señaló en el Palacio de Convenciones en la jornada final de
la novena ronda de conversaciones.
Téllez precisó que el
objetivo del próximo punto en agenda no es lograr la participación
política de la insurgencia, "sino del pueblo colombiano".
Sobre
esta cuestión, dijo que la guerrilla persigue que el proceso "permita
hacer política sin temor a ser asesinados en Colombia".
Las
FARC- EP han recordado a lo largo de los seis meses de diálogo lo
sucedido con la Unión Patriótica, organización de izquierda fundada a
mediados de los 80 del siglo pasado para insertar en la política -entre
otros actores- a grupos insurgentes, muchos de sus miembros asesinados
por paramilitares.
*Editor jefe de la redacción Nacional de Prensa Latina.
