Por: Redacción Vivir
Miercoles 22 Mayo 2013
El proyecto de ley de igualdad de
oportunidades fue archivado en el Congreso y en la práctica la Ley
Antidiscriminación no es tan efectiva para las víctimas.
El 21 de mayo de 2011, durante la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad, Juan Manuel Santos anunció que presentaría al Congreso un proyecto de ley de igualdad de oportunidades para la población afrocolombiana.
El
proyecto incluía facilidades para que los afro accedieran a la
educación superior con más cupos, becas y créditos, e incentivos a los
partidos políticos que inscribieran en sus listas un porcentaje
exclusivo para esta población.
“Queremos que Colombia sea un país libre de cualquier tipo de discriminación, y queremos garantizar un trato igualitario para los afrocolombianos y para todas las comunidades”, afirmó el mandatario.
Sin embargo, dos años
después, el proyecto que prometía remediar la discriminación histórica
que ha sufrido esta minoría étnica, se vino abajo.
De acuerdo a Dani Ramírez, coordinadora de Género de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrodescendientes, el Ministerio del Interior ordenó que le dieran pare de trámite al proyecto porque tenía dificultades para hacer efectivos los derechos de los afro. Según la líder, además de lo planteado por el Mininterior, “ni siquiera se aseguraban los recursos para poner en marcha el proyecto”.
De acuerdo a Dani Ramírez, coordinadora de Género de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrodescendientes, el Ministerio del Interior ordenó que le dieran pare de trámite al proyecto porque tenía dificultades para hacer efectivos los derechos de los afro. Según la líder, además de lo planteado por el Mininterior, “ni siquiera se aseguraban los recursos para poner en marcha el proyecto”.
César Rodríguez, director
del Observatorio de Discriminación Racial de Dejusticia, cuenta que el
proyecto “lo dejaron languidecer en el Congreso y no hubo voluntad
política para ir más allá de la propuesta”.
Por su parte Dora Maturana, abogada del Movimiento Nacional Afrocolombiano Cimarrón, señala que además el proyecto no recogía las verdaderas necesidades de los afro, y si la ley hubiese quedado como estaba, “seguiríamos con el mismo esquema de discriminación de hace tantos años”.
Por ello, el Movimiento
Nacional Afrocolombiano Cimarrón presentó una nueva propuesta a la
Presidencia de la República y al Ministerio del Interior. El documento
incluye la solicitud de $50 mil millones para la reestructuración y
fortalecimiento del fondo especial afrocolombiano de créditos educativos
para la educación superior, así como la formulación de un plan de
estudios afrocolombianos y la creación de la dirección de etnoeducación y
estudios afrocolombianos en el Ministerio de Educación.
¿Qué se ha logrado?
¿Qué se ha logrado?
Desde
noviembre de 2011, los afrocolombianos cuentan con la Ley
Antidiscriminación, la cual contempla que las personas que incurran en
actos de discriminación por razones de raza, etnia, nacionalidad, sexo y
orientación sexual serán sancionados con penas de uno a tres años y
multas económicas que oscilan entre 10 y 15 salarios mínimos.
Sin
embargo, esta norma también tiene sus disidentes. El pasado 25 de
febrero, en un concepto enviado a la Corte Constitucional, el procurador
general Alejandro Ordóñez solicitó que se tumbe la ley por considerar
que viola los derechos a la libre expresión y la libertad religiosa, de
personas que declaren o actúen de acuerdo a sus convicciones religiosas,
ideológicas o políticas.
Si bien el episodio del procurador
generó malestar y el 16 de mayo la Corte Constitucional se declaró
inhibida para estudiar la demanda, argumentando que la acción no fue
presentada con argumentos fuertes y contundentes, las barreras para que
esta norma beneficie a los afrocolombianos van más allá.
Según
la abogada Dora Maturana, aunque la ley está vigente, ha habido muy
pocas denuncias y ni siquiera una sentencia condenatoria por
discriminación racial. Lo más grave, dice, es que la norma no ha sido
bien difundida y “las víctimas no saben a quién acudir. Van a la
Fiscalía y no pasa nada porque el organismo no sabe cómo actuar”.
De
acuerdo a César Rodríguez, “el sistema penal colombiano y los fiscales
no están entrenados para calificar ese tipo de delitos y esto va en
contra de la aplicación efectiva de la ley”.
Los escenarios de la discriminación
Los escenarios de la discriminación
Hace
dos años Dani Ramírez llegó de Buenaventura a Bogotá para estudiar una
maestría en Estudios de Género y no duda en afirmar que esta la ciudad
es “el peor lugar para un negro”. Asegura que “en el momento en el que
pisé esta capital comencé a sentirme negra y entendí qué era el racismo.
Me ven y no creen que soy una mujer dedicada a la academia, dicen que
‘ahí viene otra cocinera, otra trabajadora doméstica’. Ser mujer y negra
es todavía peor. De nosotras sólo creen que bailamos y cocinamos bueno y
que pueden explotarnos porque somos más fuertes”.
Según
Ramírez, la situación es todavía más difícil en la universidad: “Los
negros tenemos que demostrar que sabemos más, leer más y trabajar el
doble para que nos crean que somos capaces”.
En lo mismo
coincide Aidén José Salgado, responsable del tema afro en la Universidad
Distrital, quien sostiene que la educación superior también es
discriminatoria con la población afrocolombiana: “Por un lado, en los
contenidos curriculares no se concibe por ningún lado nuestro aporte,
hay un leguaje racista por parte de los profesores, hay muy pocos afro
en las universidades privadas y la cátedra de afrocolombianidad, que se
decretó en 1998, está en el papel pero en la realidad muy pocas
instituciones la imparten”. “Está muy bien que se promuevan las normas,
pero no es suficiente. Yo no necesito que me
pongan más días
de conmemoración, necesito que se me garantice vivir en igualdad de
derechos, como cualquier otra mujer en Colombia”, concluye Dani Ramírez.
