Por: Juan David Laverde Palma
El Espectador. 15 de Junio 2013
El ejército toma el Palacio de Justicia de Bogotá en 1985.EFE
Hace 10 días la Fiscalía encontró un informe del Ejército que se
mantuvo oculto durante casi 28 años, en el que se revelan detalles
sorprendentes de lo ocurrido el 6 y el 7 de noviembre de 1985.
Esta es la primera página del reporte secreto del Ejército sobre el holocausto.
En
la Brigada XIII de Bogotá, en desarrollo de una diligencia judicial
para revisar los archivos de esta unidad militar, accidentalmente la
Fiscalía encontró hace algunos días un explosivo documento que guarda
muchas verdades, hasta ahora desconocidas, sobre el holocausto del
Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Se trata
de un reporte fechado el 15 de noviembre de ese año, es decir, nueve
días después de los hechos, suscrito por el entonces teniente coronel
Luis Eduardo Torres Mesa y enviado a la Dirección de la Escuela Militar
de Cadetes.
El informe, contenido en una carpeta AZ, hasta hoy inédita,
contiene trascendentales documentos sobre lo que realmente sucedió antes
y después de la toma del M-19.
El
Espectador tuvo acceso a este revelador documento, que desde hace 10
días es evaluado por los investigadores del CTI de la Fiscalía. Además
del análisis detallado sobre los antecedentes, desarrollo y conclusiones
de la operación militar, el informe presenta un diagnóstico de las
previsiones y proyecciones respecto a futuras acciones violentas de
grupos armados ilegales, acompañado de mapas y gráficos de la forma como
se desplegó la tropa y el recuento de qué unidades participaron en la
acción. Finalmente la carpeta incluye 19 impactantes fotografías de
aspectos claves de lo sucedido: el camión en que ingresaron los
guerrilleros al Palacio de Justicia, el armamento decomisado y algunos
de los cadáveres de los subversivos.
La
primera sorpresa del reporte del oficial Torres Mesa, para esa época
jefe del Departamento E-3 del Ejército, es que se constata que se sabía
de las pretensiones de la guerrilla de tomarse la Corte Suprema de
Justicia, tal como el Consejo de Estado lo ha recalcado en varias
sentencias, al condenar a la Nación por fallas en la protección de los
magistrados. El documento refiere que desde el 17 de octubre de 1985 se
conocían los planes de la guerrilla y que, como consecuencia de esas
amenazas, la Policía reforzó la vigilancia al Palacio de Justicia.
Además, se lee que el 23 de octubre, a través de un casete anónimo
enviado a una cadena radial por un tal “Óscar”, se advirtió que iba a
suceder algo por lo cual “el mundo quedaría sorprendido”.
Al
enumerar estos y otros hechos violentos acontecidos antes de la toma,
como el atentado al entonces comandante del Ejército, general Rafael
Samudio Molina, perpetrado ese mismo mes de octubre, el reporte secreto
—elaborado el 15 de noviembre de 1985— concluyó que “los antecedentes
relacionados y las comunicaciones enviadas por los comandos superiores
permitieron alertar a la Decimatercera Brigada y mantener unidades de
reacción con capacidad de operar rápidamente”. En otras palabras, el
documento reservado ratifica que para las Fuerzas Militares no fue una
sorpresa la acción del M-19 y que su respuesta se ajustó a un plan
militar coordinado y estudiado.
Por
ejemplo, el informe pormenoriza hora tras hora cómo se dio, según el
Ejército, la recuperación del Palacio. Desde el alistamiento de las
fuerzas de combate y la llegada del Batallón Guardia Presidencial, hasta
el asalto definitivo después de una tercera penetración de unidades de
contraguerrilla, a las 2 de la tarde del 7 de noviembre, para confrontar
el último reducto del M-19. Una cronología que incluye, entre otros
aspectos, la acusación directa a la guerrilla de prenderle fuego al
archivo general de la Corte, la forma como “lograron evacuar 138
rehenes” y el momento final cuando “al verse perdido, el M-19 asesina a
los últimos rehenes que les quedaban en su poder” y la contraguerrilla,
“empleando granadas de mano y armas automáticas”, aniquiló la última
resistencia.
Las revelaciones
La
esencia del documento está en sus conclusiones. De entrada se advierte
que el supuesto éxito de la operación se debió a que desde el comienzo,
en todos los niveles de mando, “desde el más alto hasta el más bajo”,
imperó la voluntad decidida del Ejército de “vencer”. Y la principal
razón de esa convicción fue que “los puestos de mando de la Brigada y de
las unidades tácticas se movieron simultáneamente, permitiendo la
dirección y conducción de las operaciones personal y directamente”. Es
más, el reporte militar resalta que durante toda la operación se mantuvo
“la estructura de mando en los diferentes niveles, canalizando las
órdenes, las coordinaciones, el suministro de información y la dirección
de la operación”.
Todo se hizo a
través del Centro de Operaciones del Ejército y el Centro de Operaciones
de la Brigada, “permitiendo a los comandantes mantener la libertad de
acción necesaria para tomar las decisiones del caso, en el momento
oportuno, con el debido juicio y asesoramiento de sus Estados mayores”.
Aún más: de acuerdo con el reporte que estuvo enmoheciéndose durante
casi 28 años, “tanto el comandante de la Brigada (para ese momento el
general Jesús Armando Arias Cabrales) como los comandantes de batallón
estuvieron siempre en el lugar donde se desarrollaron las acciones
decisivas”. Dicho de otro modo, no hubo ruedas sueltas en la operación y
se cumplieron a cabalidad las órdenes superiores.
Con
un detalle inédito: “Se mantuvo en todo momento una reserva orgánica
por parte de la Brigada y a nivel Ejército, con cuatro unidades
fundamentales, las Unidades Operativas de las brigadas BR-1, BR-7 y
BR-10, las cuales se desplazaron por vía aérea y terrestre, alcanzando
una disponibilidad de tropas suficientes para reaccionar. En este
aspecto, es importante destacar el eficiente y oportuno apoyo por parte
de la Fuerza Aérea”. Una información que de alguna manera coincide con
la controvertida versión del cabo Édgar Villamizar, quien le relató a la
justicia detalles de cómo él y otros militares de la Brigada Séptima,
con sede en Villavicencio, fueron trasladados a Bogotá en 1985 para
apoyar la operación de retoma del Palacio de Justicia.
La
clave del reporte del Ejército al que tuvo acceso El Espectador es que
se confirma la versión judicial que en 2007 le dio a la Fiscalía Édgar
Villamizar —aunque se retractara en 2011—, en el sentido de que sí hubo
desplazamiento de tropas militares por vía aérea y terrestre para
respaldar el operativo y que, por lo menos en su caso, se hizo desde la
capital del Meta hacia Bogotá. El coronel (r) Alfonso Plazas Vega,
condenado por este caso, ha sostenido la versión de que esto jamás
ocurrió y que la justicia no ha podido corroborar la plena identidad de
Édgar Villamizar, lo que por ende descalifica sus declaraciones. Aún
así, el Tribunal de Bogotá consideró a Villamizar un testigo creíble.
Sin
embargo, el informe secreto añade otros datos para exaltar por qué en
su criterio hubo fluidez en las operaciones y flexibilidad en las
maniobras: “El apoyo decidido y oportuno de la Fuerza Aérea con dos
aviones C-130 y dos helicópteros medianos, y lógicamente de la Policía
Nacional con tres helicópteros, el grupo Goes (unidad que efectuó el
asalto helicoportado y sufrió el mayor número de bajas), aumentó la
capacidad de combate y permitió la toma del edificio por tres
direcciones de manera simultánea: la terraza para descender al cuarto
piso, la puerta principal para dominar el primer piso y el sótano, donde
los asaltantes mantenían un grupo con elementos que les hubieran
permitido permanecer por largo tiempo dentro de la edificación”.
Otros
detalles hasta hoy desconocidos hacen parte del dossier encontrado por
la justicia. Por ejemplo, que fue fundamental el empleo de grupos
especializados para el desarrollo de tareas específicas: el Goes de la
Policía, las contraguerrillas urbanas y las tropas que actuaron en áreas
rurales cercanas a Bogotá para contrarrestar actividades subversivas.
El informe destaca la labor “en el momento y sitio apropiados” del
“grupo de tiradores escogidos organizado con la Compañía Avanzada de
Tiro y del Grupo de Explosivos organizado por Oficiales de Ingenieros
que tenían conocimientos sobre esta especialidad”. Lo cual vendría a
comprobar la tesis de que sí hubo francotiradores en la operación
militar.
En el punto sexto de las
conclusiones, el documento del Ejército hace sorprendentes afirmaciones
sobre el manejo de la información periodística divulgada entre el 6 y el
7 de noviembre de 1985. Según el entonces teniente coronel Luis Eduardo
Torres, “desde el comienzo se logró el control de los medios de
comunicación, especialmente de las cadenas radiales RCN y Caracol, a
través de las cuales se enviaron mensajes tanto a la opinión pública
como a los mismos rehenes sobre el comportamiento a seguir, sin que
éstos notaran que se trataba de mensajes provenientes de la Fuerza
Pública”. Justamente, mientras el Palacio de Justicia ardía, en
televisión se dio la orden de transmitir un partido de fútbol entre
Millonarios y Unión Magdalena.
La
ministra de Comunicaciones de la época, Noemí Sanín, expidió en la tarde
del 6 de noviembre de 1985 el siguiente comunicado: “El Gobierno
Nacional agradece a los medios de comunicación la colaboración que
presten ante los hechos conocidos por la opinión y solicita abstenerse
de transmitir por radio o televisión informaciones sobre los operativos
militares en directo o a través de entrevistas o comunicados, puesto que
ello dificulta cualquier operación tendiente a salvaguardar la vida de
las personas que ocupan el Palacio de Justicia”. A su turno, el
presidente Belisario Betancur, en la alocución televisada en la que
asumió toda la responsabilidad de lo sucedido, agradeció el
comportamiento de la prensa durante los hechos.
No
obstante, según el documento hallado en la Brigada XIII hace 10 días,
no sólo los medios de comunicación colaboraron con el operativo militar,
sino que también se coordinaron trabajos con “la Empresa de Energía, la
Empresa de Teléfonos de Bogotá, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja
Nacional, entidades todas que colaboraron de muy buena voluntad, sin
poner objeción a los requerimientos que se les hicieron, de igual manera
que el Instituto de Radio y Televisión (Inravisión), que facilitó sus
equipos de iluminación para trasladarlos y ponerlos a orden del comando
de la operación una vez fueron requeridos”. Esto significaría que el
Ejército también pudo haber filmado secuencias del operativo o
entrevistas con los rescatados.
Otras
sorpresas abundan en este reporte desconocido. Por ejemplo, en el
acápite titulado “Previsiones y proyecciones”, se advierte que a pesar
del “acertado empleo de todos los medios tanto humanos como materiales”,
las Fuerzas Militares debían prepararse para futuras acciones violentas
capacitando grupos especializados con elementos tales como “miras
telescópicas para tiradores escogidos, reflectores para corriente
alterna y directa, equipos de radio para hacer monitoría, equipos para
intervenir llamadas telefónicas, equipos electrónicos de audición a
distancias medias, teleobjetivos, cámaras fotográficas, explosivos
plásticos y elementos para organizar puestos de recolección y
dosificación de personal civil”.
El
documento conocido por este diario se titula “Asalto al Palacio de
Justicia por el grupo subversivo M-19” y en él se manifiesta que la gran
cantidad de material bélico y demás abastecimientos de la guerrilla
eran indicio fehaciente de sus recursos económicos y que por ello se
podía deducir “una vinculación estrecha entre narcotraficantes y
guerrilleros, con capacidad logística para mantenerse a pesar de los
golpes de la Fuerza Pública”. Por eso concluye que “a pesar del éxito
rotundo de las tropas, es necesario reconocer que la alianza
‘narcoguerrillera’ logró uno de sus objetivos: destruir los archivos en
donde reposaban los expedientes por narcotráfico”. La misma tesis a la
que llegó en 2010 la Comisión de la Verdad integrada por tres
exmagistrados de la Corte.
Las crudas fotografías
El
reporte tiene en sus últimas páginas dos mapas en los que se evidencia
cómo fue que la Fuerza Pública aseguró el perímetro que rodeaba el
Palacio de Justicia durante la toma guerrillera y 19 fotografías que
apenas hoy se conocen sobre el decomiso de armas al M-19, los vehículos
usados por la organización subversiva para transportar armamento y
hombres, y tres imágenes con la siguiente inscripción: “Cadáveres de
algunos cabecillas del movimiento subversivo M-19”. El Espectador se
abstiene de publicar dos de éstas por considerar que son demasiado
fuertes. En una de ellas aparecen de cuerpo entero dos señalados
insurgentes sobre bandejas metálicas y con signos claros de que médicos
forenses ya les habían practicado las necropsias.
En
esa misma imagen, uno de los cadáveres presenta el número 3767 sobre
ambas piernas. De hecho, se ve que el número fue escrito con un lapicero
sobre la foto y que con marcador negro se taparon sus partes íntimas.
En la otra imagen que no publicamos se ven claramente seis cuerpos
desnudos en bandejas y por lo menos otros tres cadáveres tapados con
bolsas negras. Parece una especie de morgue improvisada en cuyas paredes
se ven humedades. La única foto que sí divulgamos es en la que
presuntamente aparece Andrés Almarales, uno de los comandantes del M-19
durante el asalto al Palacio de Justicia. De todas maneras, la Fiscalía
está corroborando estas 19 imágenes para determinar cómo y en qué
contexto las obtuvo el Ejército.
En
lo que al parecer sería el parqueadero del Palacio de Justicia se
tomaron dos imágenes de los carros que habrían sido utilizados por el
M-19 para ingresar. Siempre se habló de que estos vehículos habían sido
robados en el sur de Bogotá, pero sólo hoy aparecen imágenes en las que
se pueden ver hasta sus números de placas. En una foto se ve una
furgoneta de estacas de color verde en la que se lee la placa AM3967. En
otra imagen figura un camión de acarreos de color azul, cubierto en la
parte de atrás con una lona café, y su placa es SBS671. En otra toma
aparece la escalera que fue utilizada por el M-19 para ingresar a los
pisos del Palacio de Justicia. Las seis siguientes fotografías fueron
tomadas en los pisos 2, 3 y 4, “en donde se hicieron fuertes los
guerrilleros”.
Dichas imágenes, en
donde aparecen policías y bomberos, y se notan montículos de cenizas del
feroz incendió que consumió el Palacio, tienen la siguiente leyenda en
el reporte secreto: “Aspecto general de los destrozos, concluida la
operación”. Dos fotografías llaman poderosamente la atención. La más
impactante es la que registra cómo quedó el baño donde murieron los
últimos rehenes. Se observan disparos en las puertas de los inodoros y
en los espejos, así como distintos objetos personales regados, un bolso
de mujer de color gris sobre el lavamanos, tres botes de basura, sangre
por todas partes y pedazos de papel higiénico manchados también con
sangre.
Con la inscripción “Parte
del armamento y material de intendencia capturado a los subversivos”, se
ve en particular una fotografía que habría sido tomada en una
instalación militar, donde aparecen tres hombres, dos en ropa de civil y
uno más aparentemente con uniforme. En la imagen se observan periódicos
regados, ropa puesta en perfecto orden, un serrucho, martillos, tres
cajas de cartón arrumadas y un espejo, entre otras cosas. Pero quizá la
imagen más desconcertante es en la que aparece un hombre con la bandera
del M-19 detrás suyo y usando un pañuelo y un brazalete con la misma
insignia, mientras porta un fusil en actitud de exhibición. Al frente se
ven todas las armas decomisadas en la recuperación del Palacio. También
parece que esta imagen se tomó fuera del Palacio.
Esta
imagen suscita varias preguntas. ¿Cómo y por qué un guerrillero del
M-19 posaría luego de ser capturado para estas fotos? ¿Dónde exactamente
fueron tomadas? ¿Cuánto tiempo había pasado después de que el país
conociera la escalofriante cifra de muertos y desaparecidos que dejó el
holocausto?
Por lo pronto, la Fiscalía adelanta inspecciones, cruza
evidencias y fotografías de los levantamientos de los cadáveres y revisa
declaraciones como las entregadas por el coronel José Antonio Tatis
Pacheco. Este último contó en julio de 2007 que trabajaba en la Dijín y
que su unidad fue la encargada de recoger los cuerpos después del
siniestro y llevarlos a Medicina Legal.
Según
dijo, se elaboró una lista de personas que no resultaron incineradas,
entre las que se incluyó a Andrés Almarales. La Fiscalía trata de
establecer si corresponde a la fotografía que hoy divulga El Espectador.
El informe reservado constituye un elemento más para que la justicia
siga escarbando en las esquivas verdades del Palacio de Justicia. Casi
tres décadas después del peor ataque contra el símbolo máximo de la
justicia en Colombia, faltan muchas cosas por decirse y probarse. Los
altos oficiales acusados o sentenciados por los desaparecidos insisten
en su inocencia. Ningún fallo está en firme todavía. Este reporte
secreto dará de qué hablar en ambas orillas.
