Por
Daniel Coronell
Revista Semana. 25 Mayo 2013.
De acuerdo con la ley, la violación del reglamento en la nominación
conduce a la nulidad de la elección del magistrado Alberto Rojas Ríos.
Nada ha podido tumbar al honorable magistrado Alberto Rojas Ríos.
Ni las denuncias por estafa, falsificación y fraude contra una viuda y
madre de tres hijos. Ni sus aliados cuestionables. Ni siquiera la
evasión de impuestos que, en otra época y lugar, acabó con el intocable
Al Capone. Sin embar
go, un vicio de procedimiento en su nominación –un
detalle insignificante teniendo en cuenta la interesante trayectoria del
magistrado– podría sacarlo de la Corte Constitucional.
Rojas
Ríos fue nominado para ser elegido en el cargo de manera irregular,
contrariando el reglamento del Consejo de Estado que lo escogió para
conformar la terna de candidatos a la Corte Constitucional.
Los
hechos están demostrados en el acta del 6 de marzo de 2013 y en una
grabación de la sesión en la que fue seleccionada la terna. (Ver acta).
No
es poca cosa que se haya salvado la grabación de la corporación que
sirve de guía para la realización de las actas oficiales. Por una serie
de enojosas casualidades en el pasado reciente han desaparecido –ya en
manos de la Justicia– pruebas que incriminan a personas relacionadas con
tráficos de fallos en el Consejo de Estado.
Esta
vez, felizmente, no va a pasar. Tengo una copia de la grabación con la
pequeña gran evidencia de que la nominación del doctor Alberto Rojas
Ríos es inválida.
El reglamento del Consejo de
Estado establece que cualquier elección debe hacerse por voto secreto.
Es decir que la voluntad de los miembros de esa alta corte no debe
anunciarse públicamente, entre otras cosas para no influir en la
decisión de los compañeros de corporación.
Sin
embargo, ese miércoles, el magistrado Víctor Hernando Alvarado propuso
que los consejeros votaran poniéndose de pie y que después legalizaran
la decisión “ratificando” con papeletas lo que ya estaba definido en una
votación pública, es decir irreglamentaria. Argumentó que otras veces
el Consejo ha recurrido a ese esguince.
El
rechazo fue inmediato aunque minoritario. El magistrado William Zambrano
advirtió: “Una de las razones para no ponernos de pie es que
consideraba que así violaríamos el reglamento”. (Video constancia William Zambrano).
Otra
magistrada, Stella Conto de la sección tercera, sostuvo: “No estoy de
acuerdo con la propuesta del doctor Alvarado. Si en realidad la sala
considera que el voto debe dejar de ser secreto, como debe ser, no
participaré en la elección”. (Video constancia Stella Conto).
A
Martha Teresa Briceño, de la sección cuarta, no la convenció que haber
violado el reglamento en ocasión anterior fuera suficiente justificación
para volverlo a hacer: “Lo que pasa es que la vez pasada el reglamento
no lo cumplimos. El reglamento es muy claro y dice que el voto tiene que
ser secreto y que uno tiene que escribir el nombre en una papeleta y
que el que salga tiene que tener los votos requeridos”. (Video constancia Martha Teresa Briceño).
De
nada valieron las constancias y las advertencias. La decisión
mayoritaria de la Sala Plena fue votar “poniéndose de pie” y no de
manera secreta como lo establece la norma.
Incluso
en la ratificación por papeleta tampoco se cumplió con la condición
reglamentaria del secreto. La magistrada Elizabeth García, de la sección
primera, anunció: “Quiero dejar constancia de que yo voté firmado. El
doctor Vergara también votó firmado. No lo leyeron firmado, pero
queremos que se sepa que votamos por Zamora, firmado”. (Video constancia Elizabeth García).
El
magistrado Enrique Gil advirtió sobre la nueva irregularidad: “Si se
firma el voto se viola el reglamento también. Y el argumento para que no
nos paremos es que se está violando el carácter secreto. Estamos
llegando por otra vía al mismo efecto, entonces se está violando el
reglamento”.
De acuerdo con la ley, la violación del
reglamento en la nominación conduce a la nulidad de la elección del
magistrado Alberto Rojas Ríos. (Video constancia Enrique Gil).
La
buena noticia es que la omisión de este requisito debería, con el
tiempo, sacar de la Corte al honorable magistrado Rojas. La demanda ya
fue interpuesta por el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos.
La
mala (y también risible) es que la nulidad de la nominación debe ser
resuelta por la sección electoral del mismo Consejo de Estado. Van a
necesitar mucha imaginación para negar que sucedió lo que está grabado.
