PacoCol. 01 de Agosto 2013
A un año de finalizar el actual gobierno
el momento político muestra una interesante dinámica de
contradicciones. Mientras las luchas sociales indican la necesidad
crecientemente acelerada de cambios en lo social y lo político la
tendencia del régimen es a cerrar, frenar y reprimir. Las políticas
públicas muestran la prioridad del sistema para imponer el argumento
económico sobre el político y social. Su propósito explícito: favorecer
poderosos intereses transnacionales, monopolísticos sectoriales y
regionales. Como dice el profesor de Harvard James Robinson,
especialista en la realidad colombiana: “Entiendo el argumento
económico, pero pienso que el argumento político y social es mucho más
importante para este país en términos de tratar de encontrar un
“contrato social” que funcione”. (El Espectador, julio 23 de 2013, pgs.
14-15).
Justo cuando se discute una
solución política entre guerrilla y gobierno en La Habana, con
preacuerdos en torno a desarrollo rural y un cronograma de temas de alta
prioridad para la paz, el “contrato social” en Colombia luce cada vez
más dislocado y crítico. Esa dislocación, en contravía de la justicia
social y la equidad es un producto de la dominación de clase conjugada
con la política de la guerra que desarrolla el gobierno nacional.
Esa
política esta orientada claramente a encajonar la paz en callejones que
impidan, o en el mejor de los casos limiten extremadamente la
democratización institucional y social como forma de la salida
democrática de la crisis. El abordaje del segundo punto de la agenda de
La Habana sobre “garantías y participación política” ha ido dejando al
desnudo la posición gubernamental.
El Marco jurídico para la paz, que seguramente será declarado exequible por la Corte Constitucional excluye los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra que no hayan sido perpetrados de modo sistemático y crea un régimen excepcional de cuatro años en la vigencia del derecho fundamental a la justicia.
En el contexto de la política de la guerra, el marco jurídico debe ser leído en paralelo con la reciente reforma constitucional que amplió el fuero militar para amparar la impunidad de responsables del Estado en graves violaciones de los derechos humanos e infracciones del DIH.
Adicionalmente, el proyecto de ley de baldíos presentado por el gobierno al Congreso intenta legalizar la acumulación de tierras y desconocer la figura de la unidad agrícola familiar UAF, elemento clave en la configuración de las zonas de reserva campesinas. El argumento económico a favor de la “confianza inversionista” hace caso omiso de una política social para materializar los eventuales acuerdos de paz a favor del campesinado.
El Marco jurídico para la paz, que seguramente será declarado exequible por la Corte Constitucional excluye los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra que no hayan sido perpetrados de modo sistemático y crea un régimen excepcional de cuatro años en la vigencia del derecho fundamental a la justicia.
En el contexto de la política de la guerra, el marco jurídico debe ser leído en paralelo con la reciente reforma constitucional que amplió el fuero militar para amparar la impunidad de responsables del Estado en graves violaciones de los derechos humanos e infracciones del DIH.
Adicionalmente, el proyecto de ley de baldíos presentado por el gobierno al Congreso intenta legalizar la acumulación de tierras y desconocer la figura de la unidad agrícola familiar UAF, elemento clave en la configuración de las zonas de reserva campesinas. El argumento económico a favor de la “confianza inversionista” hace caso omiso de una política social para materializar los eventuales acuerdos de paz a favor del campesinado.
Sin embargo, lo significativo es que el aspecto
principal de la contradicción está representado por la dinámica de
huelgas, bloqueos, movimiento sociales de protesta y el anuncio de un
nuevo paro agrario nacional. En varios casos, más que expresiones de
inconformidad rutinarias se observan verdaderos levantamientos sociales,
localizados territorialmente y motivados por necesidades sentidas
frente al abandono estatal, la erradicación forzada de cultivos de uso
ilícito sin política alternativa de sustitución, la destrucción de
maquinaria de la llamada minería ilegal y la actuación arbitraria de
autoridades militares por encima de las civiles elegidas en las zonas
del Plan de Consolidación. En suma, levantamientos populares frente a la
iniquidad oficial, las políticas de la guerra y los tratamientos
represivos envueltos en una descomunal propaganda de criminalización de
la inconformidad y de sus dirigentes.
He allí el contraste
con la política de la guerra que es preciso derrotar con la movilización
organizada, coordinada, multirregional y sectorial del pueblo
colombiano. La unidad es la estrategia y la táctica elegida. La unidad
en la solidaridad, la fraternidad, el respeto por el Otro, la iniciativa
creadora y la audacia colectiva para construir la nueva Colombia.
http://www.pacocol.org/index.php/comite-central/comunicados/5308-a-proposito-del-momento-politico
