El Tiempo 13 de Julio 2013.
Carlos Urrutia, delegado de Colombia ante Estados Unidos, está en mora
de aclarar su papel en la venta de tierras campesinas a grandes
conglomerados.
Mientras en Colombia pasan agachadas las noticias sobre la compra de
tierras campesinas que hicieron varios conglomerados, en Estados Unidos
dos prestigiosas publicaciones informan sobre el asunto y vinculan al
embajador en Washington a lo que, según el diario The Wall Street
Journal, “muchos colombianos consideran un despojo”. Tanto el Journal
como la revista Time dedican amplio espacio a la compra de 80.000
hectáreas de tierra en el Vichada. Los congresistas Jorge Enrique
Robledo y Wilson Arias afirman que se violó la ley al pasar la propiedad
de predios de labriegos a las empresas Cargill –productora gringa de
alimentos–, Riopaila Castilla S. A. y Grupo Aval S. A. (propietario de
EL TIEMPO).
Citando códigos y dos leyes susceptibles de interpretaciones, los
portavoces de las tres compañías niegan cualquier ilegalidad. Sin
embargo, el procedimiento por el cual las fincas campesinas se volvieron
latifundios es altamente sospechoso. En el caso de Riopaila y Cargill,
funcionó una red de empresas fantasmas que incluye la creación en Bogotá
de 27 sociedades anónimas simplificadas (SAS), cuyo único socio era el
abogado Francisco Uribe Noguera, y el traslado de dichas sociedades a
España, donde Uribe las cede a cinco firmas españolas afincadas en
Luxemburgo. Estas, a su turno, crean otras que compran a las primeras, y
al final del tortuoso laberinto aparece Riopaila y se queda con la
tierra. A través de una filial y 26 SAS, Cargill emplea malabarismos
parecidos que le permiten hacerse con 40.000 hectáreas de campesinos
pobres.
Si todo era legal, diáfano, transparente, ¿por qué necesitaron
semejante baile internacional de sociedades, con paraísos fiscales como
Luxemburgo y un destino final común?
Aquí hay tres problemas. Por un lado, la irregularidad de las
maromas, ya declarada por varias autoridades. Por otro, la presencia
entre telones de la conocida firma de abogados Brigard & Urrutia,
diseñadora y ejecutora de las complicadas tramas jurídicas, a la que
pertenece el abogado Uribe. ¿Se prestó el exitoso bufete para sacar el
cuerpo a la ley mediante un barroco entramado societario? Finalmente:
¿debe renunciar a su puesto el embajador Carlos Urrutia, socio y cerebro
de Brigard & Urrutia cuando se diseñaron las retorcidas redes de
empresas, como lo exigen los congresistas del Polo Democrático?
Urrutia es un gran abogado, pero carece de experiencia diplomática.
Lo nombró allí el presidente Juan Manuel Santos por amistad y
capacidades. Enfrentamos, pues, un viejo virus administrativo sobre el
que prevenía hace 80 años el expresidente Eduardo Santos, tío de JMS y
prócer liberal del siglo XX: el peligro de los hombres de negocios
cuando ocupan puestos del Estado, pues a menudo arrastran intereses
incompatibles con la función pública y despliegan talante de empresarios
particulares, acostumbrados a vigilancias acomodaticias.
No digo que todo empresario convertido en diplomático de ocasión sea
un problema. Madrid prueba que no es así. Pero Urrutia reaccionó como un
ejecutivo de empresa y no como un servidor público. Cuando el senador
Robledo le preguntó por su papel en la confección de las telarañas del
Vichada, respondió en una carta con timbre de la embajada en Washington:
“Usted formula una serie de preguntas que nada tienen que ver con las
funciones que desempeño”.
Se equivoca, embajador Urrutia: existe una fiscalización política
ejercida en nombre de la confianza pública que acompaña o pierde un
funcionario. Los embajadores son empleados de los contribuyentes y deben
aclararnos toda duda que exista sobre su pasado, presente o futuro. Por
eso me sumo a la pregunta: ¿cuál fue su papel en la arquitectura de
este anómalo laberinto jurídico mediante el cual las propiedades
campesinas pasaron a dos grande conglomerados en una zona de guerra
social? Si el Gobierno está satisfecho con su silencio, los ciudadanos
no.
cambalachetiempo@gmail.com
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