Por: Organizaciones Sociales.
Martes 25 de Junio 2013.
Curvaradó.- En una bella experiencia de
acogida solidaria de las familias de los Consejos Comunitarios de
Curvaradó, que desarrollan experiencias inéditas con profundas
convicciones éticas en medio de la violencia política, ejerciendo el
derecho a proteger la existencia de las diversas fuentes de vida y una
restitución en derecho en los territorios para un buen existir,
observamos, interpretamos, departimos y concluimos que:
Declaración Encuentro Internacional por el Derecho a la Tierra
Curvaradó – Chocó 16 – 21 Junio de 2013
Durante seis días nos encontramos 150 delegados y delegadas, de los procesos de La India, Bolivia, Honduras y Colombia junto con observadores internacionales de Estados Unidos y Canadá en este Encuentro por el derecho a la tierra y a los territorios.
En una bella experiencia de acogida solidaria de las familias de los Consejos Comunitarios de Curvaradó, que desarrollan experiencias inéditas con profundas convicciones éticas en medio de la violencia política, ejerciendo el derecho a proteger la existencia de las diversas fuentes de vida y una restitución en derecho en los territorios para un buen existir, observamos, interpretamos, departimos y concluimos que:
1. Existen situaciones similares en nuestros países respecto a la forma como se limita el derecho a la tierra con formas legales, con la violencia, con ausencia de políticas incluyentes o de reconocimiento de derechos étnicos y de género, del derecho sobre el subsuelo y el aire, por parte del Estado y de actores privados nacionales y multinacionales. Los intereses de mercantilización sobre los territorios, de acumulación de los suelos, son amparados por la mayoría de los Estados, que posibilitan la definición del uso para dar respuesta a demandas de consumo de unos pocos en nuestros países y en el mundo. Así se ha incrementado la concentración de la tierra, la huella ecológica y las afecciones sociales con la profundización de la desigualdad y exclusión.
2. Los diseños de políticas globales por parte del Banco Mundial y organismos multilaterales financieros y de mercado, han definido procesos de legalización de la tierra, de restitución en algunos casos, para que dicha formalización posibilite, con políticas nacionales de flexibilización y favorabilidad, la inversión en la compra de tierras para la producción agroindustrial de alimentos, agro combustibles, obras de infraestructura y extracción minera, entre otros. Algunos gobiernos, que se redefinen el sentido de la democracia, avanzando en la soberanía nacional y los derechos de los pueblos, construyen otras lógicas distintas y alternativas a la exclusión y a la destrucción intensiva de ecosistemas.
3. En la India de una población de 1.200 millones de habitantes, 480 millones de personas, no tienen tierra y luchan por ella. Cerca de 2.500.000 de habitantes rurales han sido desahuciados por endeudamientos. Desde 1947, la India logró la independencia de los Británicos, más de 60 millones de personas han sido desplazados por el desarrollo de represas y otras obras de infraestructura. Desde hace 25 años, la organización Ekta Parishad, inspirada en la filosofía Ghandiana con trabajo en 6.000 poblados ha movilizado más de 100.000 personas. Uno de las grandes demandas apoyada por Ekta Parishad fue el movimiento por la justicia, del movimiento Jan Satyagraha, que en octubre pasado logró concretar con el gobierno Hindú un acuerdo de 10 puntos por la Reforma Agraria.
4. En Honduras, desde el golpe de Estado la represión se ha manifestado de diversas maneras con asesinatos, desapariciones, capturas, torturas, judicializaciones, negación del derecho a la protesta y en relación con la tierra ha desconocido los derechos de las comunidades para favorecer las operaciones empresariales mineras y de gestión del agua. Los servicios de seguridad y agentes estatales están al servicio de estos actores privados entre ellos de la empresa DESA, SINOHYDRO, y del grupo FICOHSA, que pretende construir la Hidroelétrica Zarca.
Una de las expresiones de oposición es liderada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. Su lideresa, Bertha Cáceres ha sido detenida de manera ilegal y vinculada a un proceso judicial por liderar propuestas por el derecho al Agua. José Martínez, también del COPINH, fue blanco de abusos de autoridad en su país al salir para Colombia, siendo despojado de unas mantas con mensajes de solidaridad con las comunidades en Colombia.
5. En Bolivia, los pueblos Aymara y Quichua avanzan en la construcción del Suma Qamaña con la Constitución Plurinacional del Estado Boliviano. Enfrentando el acaparamiento y concentración del tierra el movimiento social ha impulsado, con el gobierno actual, la adjudicación de tierras y ha ido enfrentando con la nacionalización y un enfoque novedoso de política agraria a transnacionales extractivas y a las de productos agrícolas como la soja.
6. En Colombia diversas expresiones comunitarias y sociales coincidieron en indicar que la concentración de la tierra en pocas manos y la inequidad rural es creciente. Las políticas de restitución de tierras, de titulación han sido ineficaces para lograr la justicia y la equidad. Los proyectos del llamado desarrollo para el actual gobierno priorizan agronegocios, operaciones extractivas generando nuevas formas de desarraigo, y de exclusión, de desconocimiento del derecho a la Consulta Previa, de destrucción ambiental y social y de fuentes de agua. Bajo tales objetivos estratégicos se favorece el ingreso de privados para acceder a la tierra, favorecer con financiación y exención de impuestos a las empresas privadas de poder multinacional y de ricos en Colombia.
El ejercicio del derecho a la tierra y su protección y uso en Colombia se desarrolla en medio de múltiples y sistemáticas violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario por parte de las fuerzas estatales y sus auxiliares paramilitares, así como, por el desarrollo de hostilidades y operaciones armadas de las guerrillas de las FARC y del ELN, que en desarrollo de su guerra de guerrillas han también afectado derechos de los habitantes rurales.
La Asociación Campesina de Buenos Aires, ASOCAB, Las Pavas, departamento de Bolívar, se enfrenta a operaciones de despojo por empresas palmeras, que han tenido vinculación con narcotraficantes y paramilitares, en transacciones comerciales, y han desarrollado mecanismos fraudulentos para dar cara legal a su despojo. Recientemente uno de los integrantes de ASOCAB fue gravemente herido por operarios de las empresas palmeras.
En el departamento del Cauca, en medio de operaciones armadas, hostilidades y confrontaciones entre las fuerzas estatales y la guerrilla de las FARC, las comunidades indígenas Nasa son afectadas de manera directa por la concentración de la tierra en terratenientes, proyectos de uso de la tierra en Zonas Francas, la negación o dilatación a la titulación de tierras comunales, factores que están posibilitando con la política pública del actual gobierno el ingreso de multinacionales.
En Antioquia, Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, CAHUCOPANA, describió una situación grave de desconocimiento de su derecho al reconocimiento legal como Zona de Reserva Campesina, igualmente, en sus tierras se desarrollan operaciones extractivas mineras desconociendo los derechos de las comunidades campesinas.
Por su parte, la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra, ACVC, describió su apuesta de Zona de Reserva Campesina, para enfrentar la concentración de la tierra, desarrollar propuestas agroecológicas y alimentarias. En respuesta, han sido amenazados por paramilitares, víctimas de montajes judiciales con detenciones injustas y señalamientos contra sus propuestas y labor por parte de sectores de poder.
En bajo Atrato, en Pedeguita, Mancilla, Bijao Onofre, no solo escuchamos si no que observamos, la expansión ilegal del monocultivo de palma aceitera, el corozo de palma, la expansión ganadera y de búfalos en áreas tituladas colectivamente a las comunidades, las que han sido víctimas del desplazamiento y despojo por los paramilitares, beneficiando a varias empresas nacionales como Cultivos Recife S.A.S.
En esta misma región, Playa Roja, se conocieron los mecanismos de compra ventas ilegales, con coacción y a bajo precios, luego de operaciones paramilitares y la continuidad de estas estructuras armadas protegiendo el uso de la tierra por empresas privadas.
En Llano Rico se observó la instalación inconsulta de una base militar en área del título colectivo de Curvaradó, en predios, usurpados por el empresario, Darío Montoya, luego de operaciones paramilitares.
En Brisas de Curvaradó y Camelias, Andalucía Caño Claro se constató la presencia de paramilitar y las operaciones empresariales de Banacol, Del Monte, Dole y la reiterada continuidad de operaciones empresariales de ocupantes de mala fe con banano, con yuca, con palma, con ganado y coca.
En Apartadocito, se verificó la continuidad de operaciones empresariales de ganadería extensiva y banano. En este territorio comunal al que regresó recientemente la familia Ruíz, luego de más de un año de desplazamiento forzado, continúan las actuaciones de grupos armados que les amenazan.
Las demás comunidades y organizaciones de Colombia en mesas de trabajo dieron cuenta de los mecanismos utilizados por cada una de ellas para afrontar el despojo, la definición de uso de la tierra y del subsuelo por actores externos y los mecanismos para afirmar sus derechos a las vidas en sus territorios.
Los participantes en el Encuentro llamamos a las comunidades y pueblos hermanos a:
1. A las partes de la confrontación armada en Colombia un cese bilateral de hostilidades, de modo que se garanticen condiciones reales de movilidad y de protección de la vida, mientras avanzan los diálogos de Paz en la Habana Cuba y se inician un proceso de conversaciones con ELN y EPL, en los que se debe asegurar la participación social y el enfrentamiento de factores estructurales de injusticia.
2. Al gobierno colombiano el reconocimiento a las iniciativas humanitarias y de protección ambiental y territorial, que construyen las organizaciones que hacen parte de la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios; el reconocimiento de las Zonas de Reserva Campesina y los derechos colectivos de los campesinos; la ampliación y titulación exigida por las comunidades indígenas; la agilización de la restitución de tierras solicitadas por ASOCAB para el restablecimiento de su vida campesina y su identidad socioeconómica.
3. Al gobierno de Honduras garantías para el legal y legítimo derecho a la vida, a la protesta social, la solidaridad y para el debido proceso ante la persecución judicial de los dirigentes del COPHIN y otras organizaciones sociales de ese país.
4. Al Gobierno de la India, el cumplimiento del total de los 10 puntos acordados luego de las movilizaciones masivas no violentas del pueblo sin tierra de su país.
5. Al gobierno de Bolivia, avanzar en la nacionalización de la propiedad rural en poder de las transnacionales, profundizando la distribución de tierras a manos de las habitantes rurales del país.
6. A la Vía Campesina, el movimiento Ambientalista, a los movimientos de mujeres, a reconocer estas iniciativas construidas por las comunidades y organizaciones participantes en este Encuentro y establecer relaciones de solidaridad.
7. A las propuestas construidas desde América Latina como el ALBA, la CELAC establecer mecanismos directos de relación y de fortalecimiento de acuerdos socio económicos, político y de hermandad con las propuestas que desarrollas las iniciativas por el derecho a la tierra participantes en este Encuentro.
Zona Humanitaria de Camelias, Curvaradó, 21 de junio de 2013
Suscriben Internacionales
Acción Permanente por la Paz – EU
Bartolina Sisa – Bolivia
Consejo cívico de organizaciones Populares e Indígena de Honduras – COPINH
Equipos Cristianos de Acción por la Paz- EU
Iniciativas Internacionales Ekta parishad – India
SICSAL , Luis Espinal – Bolivia
Suscriben de Colombia
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC
Asociación de Campesinos de Buenos Aires, Las Pavas, ASOCAB –
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño CAHUCOPANA.
Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Tejido de comunicación ACIN – Cauca,
Por Comunidades Construyendo Paz en los territorios, de la Red de Alternativas:
Asociación Agroecológica Esther Cayapú, ASOAESCA, Trujillo – Valle
Asociación Agroecológica de Víctimas de Playa Rica, ASAVIP - Trujillo Valle
Asociación Agroecológica Koinonía, ASOKOINONIA Trujillo –Valle-
Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica CAVIDA
Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita, Dabeiba, Antioquia,
Consejo Comunitario y Biodiverso El Porvenir - Bajo Calima, Valle
Consejo Comunitario del Bajo Naya – Buenaventura, Valle -,
Pueblo Nasa de Putumayo,
Resguardo Humanitario Ambiental Sobia Drua, Alto Guayabal, Jiguamiandó
Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, Bajo Calima – Valle del Cauca
Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán – Bajo Calima, Valle –,
Zona de Biodiversidad Bijao Onofre
Zona de Biodiversidad El Amparo, Trujillo Valle
Zona de Biodiversidad La Primavera, Trujillo Valle
Zona de Biodiversidad Koinonia, Trujillo Valle
Zona de Biodiversidad Santa Rosa de El Limón, Vigía de Curvaradó
Zona Humanitaria Argenito Díaz, Llano Rico, Curvaradó
Zona Humanitaria y de Biodiversidad Las Camelias, Curvaradó
Zona Humanitaria Caño Manso, Curvaradó
Zona Humanitaria Caracolí, Curvaradó
Zona Humanitaria Costa Azul, Apartadocito – Curvaradó
Zona Humanitaria El Paraíso, Dabeiba, Antioquia,
Zona Humanitaria Nueva Esperanza, Jiguamiandó
