Por: Delegación de Paz de Las FARC-EP-
Rebelión.10 de Julio 2013
Trivializar la paz, que es un derecho síntesis,
base y fundamento para la existencia y ejercicio de cualquier otro derecho,
como lo hacen ciertos columnistas e instituciones, es una insensatez. Esto no
puede menos que afligir los corazones de las mayorías que durante décadas han
sufrido las consecuencias de la guerra.
Un tratado
de paz no es un asunto solo de abogados o de vericuetos jurídicos, argumentados
como falsa preocupación por las víctimas. Las víctimas del conflicto, sí, son
un asunto principalísimo en la resolución de la confrontación; y cómo no serlo,
si es el conjunto de la sociedad, y dentro de ella, esencialmente las
pobrerías, quienes sufren las consecuencias de la guerra y de las políticas
económicas, que también matan. Pero no podemos dejar que se imponga el sofisma
de que los victimarios son quienes han tenido que alzarse en armas para
resistir a medio siglo de terrorismo de Estado. De ahí la urgencia de
establecer la responsabilidad histórica sobre los hechos. Sentimos
profundamente el dolor de las víctimas.
Por ello insistiremos en que se integre un grupo de juristas nacionales e internacionales, que con el conjunto de las comunidades, estudien los alcances de la responsabilidad del Estado por lo acontecido durante las últimas décadas de conflicto interno.
Para la paz es fundamental el poder creador o
Constituyente. Las normas internacionales, a pesar de los adoradores de la
Corte Penal Internacional, no están por encima del poder Constituyente, pues el
país no ha regalado su autodeterminación ni su soberanía que reside en el
pueblo.
La paz de Colombia debe ser una política de Estado
para evitar que situaciones coyunturales como las elecciones la subordinen a
intereses políticos particulares poniendo en peligro el anhelo colectivo de
reconciliación. La Constituyente, por antonomasia, es la llave de la paz. La
retórica del poder contra la Constituyente debe ceder
paso a planteamientos argumentativos que entreguen
razones y no descalificaciones exclamativas. No se trata de que nos hagan
afirmaciones de autoridad. Queremos razonamientos, tal como nosotros los damos
cuando sustentamos su necesidad. Así obramos cuando presentamos el cuadro
metodológico-comparativo que demuestra plenamente el acoplamiento de nuestras
10 propuestas mínimas para la participación política con el texto del acuerdo
general de la Habana.
¿Qué autoridad superior proscribió el artículo 376
del texto de la Constitución Nacional? ¿De dónde se ha sacado que al
Constituyente primario se le pueden trazar líneas rojas imaginarias?
Y a propósito de otros mecanismos de refrendación
que se presentan para descalificar la Constituyente, recordamos la pregunta que
el Doctor Humberto De La Calle se hizo hace algunos años en cuanto a si ha
tenido éxito en Colombia la democracia directa, y en su balance expresa:
"Las tentativas de convocatoria de referendos han fracasado; Agregando
que;los requisitos dispuestos por la ley para validar la iniciativa ciudadana
son demasiado dispendiosos;, con lo cual estamos de acuerdo.
Por otro lado, es un despropósito hablar en
términos peyorativos de refundación de la patria, semejando la
Constituyente al pacto de las tinieblas entre el
gobierno de Uribe y sus paramilitares. No obstante, si las altas autoridades se
resolvieran por adelantar un proyecto refundacional alrededor de la paz, no
romperían en absoluto las reglas de la lógica.
También sería algo plausible… y, por lo demás,
conveniente en un país con una historia muy parca en la configuración de
momentos refundacionales, entendidos como aquellos que galvanizan operaciones
de beneficio y simbolización colectiva; Todo esto efectivamente es cuestión de
voluntad política.
Constituciones armónicas y liberales, habrá
muchas, pero puramente nominales en lo que corresponde a derechos y garantías
sociales, con una existencia de relumbrón, sólo en el papel, como ocurre con la
Carta del 91. Pero nadie podrá negar que sus enunciados en esta materia, son
letra muerta. Únicamente un obnubilado legalista se atrevería a desconocer que
bajo el imperio de esa Constitución el país ha cobijado la más cruda de las
desigualdades, ha vivido uno de los periodos de mayor violencia y de impunidad;
y ha alimentado a uno de los clientelismos más rampantes, incluido el horroroso
“clientelismo armado” de la parapolítica.
¿Acaso el divorcio entre constitución y sociedad,
y un Estado como el colombiano, infestado por prácticas antidemocráticas,
autoritarias, mafiosas y corruptas, no ameritan la irrupción de una voluntad
colectiva para una coyuntura refundacional?... Claro, tal necesidad no
obligaría per se a una Constituyente, pero tampoco la excluiría necesariamente.
Que no vengan ahora sus adversarios a agitar ante
el país la bandera del miedo pretendiendo asustarlo con el argumento de que una
Constituyente envuelve el riesgo de una contra-reforma regresiva. No nos
engañemos, la Carta ya está plagada de contra-reformas propiciadas por la
corrupción, la ambición personalista de ciertos mandatarios, el clientelismo, y
el oportunismo de derecha de los partidos tradicionales. ¿Y es que acaso el
país ya no tocó el fondo de los crímenes de lesa humanidad y de los falsos
positivos, de la desigualdad y la miseria generada por la implementación de
políticas neoliberales, el saqueo trasnacional y la pérdida de nuestra
soberanía?
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Por: Delegación de Paz de las FARC-EP.
10 Julio 2013.
