Por: El Espectador.
16 Julio 2013.
El expresidente Álvaro Uribe en una de las audiencias ante la
Comisión de Acusaciones por el escándalo de las chuzadas. / Archivo
Más de 20 eurodiputados pidieron acelerar la investigación contra el expresidente por su presunta participación en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas.
En una carta dirigida al presidente Juan
Manuel Santos, al fiscal general Eduardo Montealegre, al procurador
Alejandro Ordóñez y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
–fechada este 16 de julio--, más de una veintena de diputados y
diputadas del Parlamento Europeo les expresaron su preocupación por lo
que consideran ha sido el estancamiento del proceso abierto contra el
expresidente Álvaro Uribe por su presunta participación en la creación
del grupo paramilitar conocido como “Bloque Metro de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC)”.
La carta fue promovida por el
eurodiputado español y responsable de la Secretaría de Política
Internacional de Izquierda Unida, Willy Meyer, quien además es el actual
vicepresidente del componente europeo de la Asamblea Parlamentaria
Eurolatinoamericana (EUROLAT). En la firma lo acompañan, entre otros,
Isabelle Durant (Bélgica), vicepresidenta del Parlamento Europeo;
Bárbara Lochbihler (Alemania), presidenta de la Subcomisión de Derechos
Humanos; Eva Joly Francia), presidenta de la Comisión de Desarrollo.
En
la misiva, los eurodiputados solicitan que se aclare la supuesta
participación de Uribe en la creación del mencionado grupo paramilitar y
para ello solicitan que se inicie la práctica de las 21 pruebas que se
definieron en la fase de resolución de apertura de la investigación y se
proteja la vida e integridad personal de los testigos y sus familiares,
particularmente de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, asi
como se brinde toda la protección posible a los abogadas de la Fundación
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), implicados en
el caso, y el representante en la Cámara, Iván Cepeda.
Según el
eurodiputado Meyer, la carta “intenta presionar para que, en un país
dramáticamente golpeado por la violencia y una represión sitemática y
criminal contra sindicalistas, defensores de derechos humanos y
activistas políticos por parte de grupos paramilitares, se luche con
toda la fuerza de la ley y el Estado de derecho, y se aclaren posibles
relaciones de estos grupos criminales con autoridades públicas, sentando
ante a los autores materiales e intelectuales de tanta violencia y
represión que sufre el pueblo colombiano”.
“Como miembros del
Parlamento Europeo, no debemos permitir que la Unión Europea cierre
acuerdos con personas que supuestamente colaboran y mantienen relaciones
estrechas con grupos paramilitares que se dedican a sembrar el terror y
atacar a personas y colectivos que defienden el respeto a los derechos
humanos”, agregó Meyer, quien también se ha ha opuesto al acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Colombia por entender que éste,
además de no tener en cuenta las asimetrías económicas existentes,
agravará la sistémica violación de los derechos humanos en el país.
Todo
tiene que ver con el anuncio, hecho en enero pasado por la Fiscalía, de
reabrir una investigación por parapolítica en contra del expresidente
Uribe, por su supuesta inferencia del exmandatario en la creación del
Bloque Metro de las AUC. La decisión del ente investigador se tomó luego
de evaluar testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien
asegura que Uribe ayudó desde la Gobernación de Antioquia (1994-1997) a
conformar dicho grupo ilegal y que además fue miembro activo de un
grupo de autodefensas que tenía como zona de operaciones el municipio de
San Roque, a mediados de los 90.
Monsalve, que trabajó en la
Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, dijo que el
grupo paramilitar tuvo como miembros a los hermanos Álvaro y Santiago
Uribe Vélez, a los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas Uribe y a
Santiago Gallón. La declaración de Monsalve fue recogida por el
representante a la cámara Iván Cepeda Castro, el 16 de septiembre de 2012 en la cárcel de Combita, en Boyacá.
Otro testimonio que tuvo en cuenta la Fiscalía fue el de Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, excomandante del Bloque Cacique Pipintá, recluido en la cárcel de Itagüí, quien también dijo que el Bloque Metro de las AUC lo fundaron Álvaro Uribe y su hermano Santiago, en compañía del ganadero Santiago Gallón Henao, condenado por paramilitarismo y quien compró en algún momento parte de la hacienda Guacharacas, así como de los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, también ganaderos y propietarios de numerosas fincas en el área de San Roque.
Según Sierra, el grupo criminal se creó
inicialmente para enfrentar a alias ‘Juan Pablo’, comandante del bloque
Bernardo López Arroyave del ELN, quien había asaltado la hacienda
Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez, quemado su casa principal y
robado cerca de 600 reses y varios caballos y mulares de paso fino.
En ese momento, al conocer la reapertura de la investigación, el exmandatario lo atribuyó a una “venganza criminal” y a través de su cuenta en Twitter señaló: “VenganzaCriminal: hace varios días denuncié investigación en mi contra por testimonios de presos manipulados, sin verificar” (sic).
A su vez, su abogado defensor, Jaime Granados,
rechazó que su cliente “haya promovido la delincuencia” y aseguró que
“sin conocer el soporte de la providencia, me causa profunda sorpresa lo
decidido por el ente investigador (…) en relatos plagados de
suposiciones, imprecisiones y mentiras, ninguno de los aludidos
‘testigos’ fue capaz de estructurar una acusación con fundamento en
contra del expresidente Uribe”.
Según Granados, Monsalve, al igual que el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, “sin ningún pudor, afirman que con sus declaraciones pretenden ingresar al proceso de Justicia y Paz, esto para evitar pagar prolongadas condenas”.
“En sus temerarios
relatos únicamente se encuentran elementos que dan a entender que las
mismas fueron acordadas y promovidas por otras personas con oscuros
intereses”, agregó Granados, quien además señaló que desde la muerte del
padre de Álvaro Uribe, el expresidente no tuvo más vínculos con la
hacienda Guacharacas.
Incluso, el asunto ha dado para un rifirrafe
jurídico entre Uribe y el representante Cepeda. El expresidente demandó
ante la Corte Suprema al congresista, entregando pruebas que, según él,
lo comprometerían con el presunto pago de dádivas y el ofrecimiento de
beneficios jurídicos a Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra
para que vincularan a Uribe y a su hermano Santiago con jefes
organizaciones criminales.
Uribe dijo que Cepeda había engañado a las autoridades porque pidió permiso para conocer la situación de derechos humanos de algunos presos en Colombia, cuando en realidad fue a visitar 21 veces a los dos jefes paramilitares para que declararan en su contra. Y remató diciendo que el congresista les había pagado dinero.
Para
terminar, la carta de los eurodiputados no es la primera arremetida
política desde el Viejo Continente contra el expresidente. Por ejemplo,
en marzo de 2011, un grupo de parlamentarios franceses y europeos
expresaron en un comunicado su “indignación” por la nominación de Uribe
como profesor en Francia en la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz
(ENIM). “La Unión Europea y Francia revindican ser defensores de los
derechos humanos. Aceptar tal nominación seria agregar una nueva
incoherencia al cumplimiento estos objetivos políticos, y dar un mal
ejemplo a la educación de los jóvenes europeos (…) Consideramos que el
sistema educativo europeo no puede servir para ‘limpiar’ las personas
que han cometido violaciones de derechos humanos, y que el sr. Uribe
debe responder por las acusaciones de la cuales es responsable frente a
las autoridades colombianas, o a su defecto, frente a la Corte Penal
Internacional”, dijeron.
Al final, Uribe renunció a dar clases en
la Escuela de Ingenieros de Metz, según la rectoría del centro
educativo, por las “presiones” de grupos de extrema izquierda: “El
expresidente no ha querido seguir interviniendo (en la universidad) en
el marco manipulado por una facción de extrema izquierda que había
desacreditado, sin pruebas, su mandato", se dijo en un comunicado
oficial. En los meses siguientes hasta el presente, la izquierda europea
ha seguido presionando para que se investigue al exmandatario. Un pulso
que si bien por ahora no ha tenido consecuencias, en el inmediato
futuro podría tener otro tipo de repercusiones, pues allá, es un sector
muy escuchado.
