El Espectador 13 de Julio 2013.
A MEDIADOS DEL AÑO 1984, CON JULIO Carrizosa y
Darío Fajardo recorrí la Serranía de la Macarena para escribir un informe para
el Fondo para la Protección del Medio Ambiente (FEN).
Cansados llegamos a Vistahermosa después de haber caminado el día entero desde una vereda llamada Maracaibo, donde habíamos conversado con una punta de guerrilla. Los Acuerdos de la Uribe estaban en plena vigencia. Se vivía un gran entusiasmo en la región. Había reuniones, se organizaban juntas, se hacían fiestas, circulaban volantes, manifiestos.
La UP avanzaba en Meta mientras liberales y conservadores mermaban su fuerza. El comandante del frente quería presentar su candidatura al Concejo municipal y muchos guerrilleros y milicianos tenían idéntica intención. La gente tenía la esperanza de que la guerra terminara y se preparaba para ese final haciendo proyectos de acuerdos municipales: una carretera, un plan de cacao, otro de frutos amazónicos, un gallinero comunal.
Los colonos querían volver a la economía legal y la guerrilla, a la plaza pública. Los que no querían que eso sucediera eran los gamonales liberales y conservadores y los secuaces de Rodríguez Gacha que manejaban la compra de base de coca y la venta de insumos para producirla. Aquella noche dormimos en paz. Pero nos levantamos en guerra. A las 2 de la mañana pasaron hacia Piñalito, un puerto sobre el río Güejar, tres camiones civiles con soldados, y regresaron a las 8. En la gallera del pueblo había tres muertos.
A partir de ese día, las fuerzas oscuras se dieron
a la tarea de asesinar a más de 300 militantes de la UP en la región. Con todo,
el nuevo partido logró elegir cuatro alcaldes y 47 concejales en Meta. En todo
el país, el avance electoral del nuevo movimiento amenazaba el monopolio
bipartidista: 24 diputados departamentales, 275 concejales, cuatro
representantes a la Cámara y tres senadores; dos de ellos, Iván Márquez y
Braulio Herrera, habían sido guerrilleros.
Uno de los puntos de los Acuerdos de la Uribe
permitía a los guerrilleros acceder a la plaza pública, sin armas y sin
uniformes. Virgilio Barco había sido elegido con cuatro millones de votos y
Jaime Pardo Leal había sacado 350.000 votos. El presidente sacó al
conservatismo de los puestos públicos, pero lo rodeó de garantías para ser oposición.
Lo que nunca dijo fue que por oposición se debía entender exclusivamente la que
ejercían los godos: durante su mandato fueron asesinados la mayoría de los
4.000 o 5.000 asesinados de la UP.
A medida que los votos de la UP aumentaban,
crecían operativos paramilitares, ejecutados por el MAS, el MRN, la Triple A,
coordinados por los departamentos de inteligencia militares (D-2) y (E-2) y por
la XX Brigada, según denunció en su momento el teniente coronel Luis Arcenio
Bohórquez. Después entrarían en acción las fuerzas preparadas por Klein y
secuaces en Puerto Boyacá. ¿Qué pudo haber detrás de esa tenebrosa alianza?
Sólo cabe una respuesta: el acuerdo de acabar con los enemigos del sistema a
cambio de una descarada impunidad al narcotráfico. La evidencia es el crimen de
Pardo Leal, ejecutado por Rodríguez Gacha. Una historia conociLa que está por
conocerse es la que viene. Hoy, al devolverle a la UP la personería jurídica,
el Consejo de Estado reconoce que fue “exterminada” por fuerzas oscuras.
El fallo les facilitaría a las Farc su aterrizaje
electoral si logran ponerse de acuerdo con el Gobierno. La perspectiva de que
las guerrillas transformen en votos la influencia que el Gobierno dice que
tienen en cuanta protesta social hay —y se viene un tsunami—, terminará por
amenazar de nuevo el monopolio de los partidos, que en el fondo siguen siendo
los mismos.
El uribismo siente pasos de animal grande porque
tendrá que compartir el campo de la oposición con la UP, razón por la cual
enfilará todas sus baterías contra ese partido político. Pachito ya salió a
decir que miembros de la UP habían participado en masacres; la bandera
electoral del uribismo será, sin duda, el desconocimiento de la legitimidad que
los exguerrilleros tengan para presentarse a elecciones.
Hace pocos días entrevisté a un mando paramilitar
del Bloque Cacique Nutibara. Le pregunté cómo veía la posibilidad de un arreglo
con la guerrilla en La Habana. Me respondió cortante: “Grave, nosotros, a
quienes no nos permitieron participar en elecciones, no vamos a dejar que las
guerrillas lo hagan; no permitiremos la impunidad”.
