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Bajo el titular Condenan a tres militares a 32 años de prisión por falso
positivo, leo sobre el fallo de un Juzgado de Medellín contra el capitán John
Alexander Sandoval Díaz, el subteniente Edwin Leonardo Tora Ramírez y el cabo
Carlos Medardo Cuesta Pizarro. Por encima de la versión oficial sobre los
hechos del 18 de mayo de 2004, primaron los testimonios en el sentido de que
las víctimas fueron apartadas, golpeadas, acusadas de guerrilleros y
acribilladas en cercanías de la finca en la que trabajaban en Ituango,
Antioquia.
También leo que el actual embajador de Colombia ante los Estados Unidos, ha
sido denunciado penalmente por la adquisición fraudulenta de 40.000 hectáreas
de tierras baldías en el Vichada, destinadas a convertirse en ingenios
azucareros, y que su firma de abogados Brigard y Urrutia es investigada por el
Consejo Superior de la Judicatura por los mismos hechos, que judicialmente han
sido tipificados como asesoramiento ilegal, falsedad en documento privado y
estafa.
Encuentro que funcionarios de la Defensoría del Pueblo acompañaron la
salida de seis familias del municipio de Valencia, Córdoba, con el fin de
salvaguardar sus vidas e integridad personal. En total se trató de 34 personas,
entre ellos 22 menores. Todas eran familiares de un líder reclamante de tierras
que fue asesinado en días pasados. Fueron acompañados también por funcionarios
de la Misión de apoyo al Proceso de Paz de la OEA (con los paramilitares) y la
Policía Nacional.
La llamada crisis del Catatumbo, originada por las protestas del
campesinado, es objeto de diversos informes. Por una parte, el Viceministro de
Trabajo José Noé Ríos advierte que el gobierno está listo para sentarse a
conversar, siempre que los labriegos levanten el paro que realizan.
Por su parte, el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo,
explica que determinará si se han presentado hechos ilícitos en la
movilización. Su intención es manifiesta: La fiscalía está valorando
información para… ver si algunas personas que participan en estas marchas
pueden ser objeto de alguna medida o acción judicial.
Dicha noticia se relaciona con la titulada Por protestas en el Catatumbo,
Santos cita a reunión extraordinaria. En ella se indica que el Presidente
convocó al mininterior y al viceministro de defensa para discutir la situación
que se vive en la región del Catatumbo. Y se aclara que La decisión del
mandatario de pedir ‘cuentas’ se da luego de conocerse que uno de los líderes
de la protesta, César Jerez, fue relacionado con las Farc.
Juan Diego Restrepo, con el titular La del Catatumbo, una triste historia,
escribe para Semana Online una crónica en la que resume el viejo conflicto. Y
subtitula: Ante el fracaso del Estado en la región del Catatumbo, a las
autoridades solo les queda estigmatizar la protesta campesina y sus justas
peticiones.
En eso coincide con Leonardo León, quien escribió para Prensa Rural una
nota titulada En defensa de César Jerez. Es probable que la clave del asunto se
halle en el último párrafo de su artículo, que dice: Esperemos que la Mesa de
Interlocución y Acuerdo llegue a feliz término, que el poder militar y el poder
mediático cesen sus acciones de odio contra el campesinado y que la zona de
reserva campesina para el Catatumbo sea una realidad para frenar la gran
minería y el latifundio en beneficio de las comunidades que sólo quieren vivir
en paz.
Pasando al tema de la paz, reseño el artículo de fe del periodista Enrique
Santos Molano en el diario El Tiempo, Una paz para mascar. De manera serena,
describe el actual proceso así: Lo que hay en La Habana no es una charla
cordial de amigos alrededor de unos tragos y sobre temas en los que no
necesitan discutir, porque están de acuerdo. Es una conversación entre
enemigos, que tienen cada uno su punto de vista, que defienden sus respectivas
posiciones, y que en medio de sus divergencias intentan conciliar un acuerdo…
Y remato este largo resumen con el titular del diario El Espectador: FARC
plantean que Ejército y Policía sean fuerzas para la paz. La guerrilla insta a
la celebración de ese debate nacional.
Falsos positivos probados, seguramente objetos de apelaciones y demás
recursos, con pleno respaldo de las instituciones militares y el Estado
empeñados en probar a ultranza la inocencia de sus leales tropas. La legalidad
violada abiertamente por cuenta de sus más preclaros representantes en el campo
internacional, por cuenta de la codicia generada por la locomotora
agroindustrial. La misma que consigue, por encima de la ley de víctimas y de
restitución, que ahora, con apoyo humanitario oficial e internacional,
continúen los desplazamientos forzados en el país.
Videos y fotografías que circulan, permiten observar la desbandada masiva
provocada por el Ejército Nacional y la Policía, tras emplear sus armas de
fuego contra la marcha campesina en Ocaña. Dos muertos y nueve heridos a bala
no significan nada para el Estado colombiano porque se trata de campesinos
humildes. En cambio urge investigar y judicializar a sus líderes. O mandarlos
matar, si es posible. Esa, ni más ni menos, ha sido la causa del conflicto
armado interno.
La misma lógica con que se exige a los campesinos levantar el paro para
entrar en conversaciones, nos exige a nosotros desmovilizarnos primero para
hacer política. Lo acordado con los campesinos siempre ha sido incumplido, al
tiempo que a nosotros siempre nos han cerrado violentamente la vía de la
política abierta. Si los de abajo exigimos que los gobernantes cambien su modo
de relacionarse con nosotros, tan solo obtenemos que crezca la hilaridad de los
poderosos y su prensa.
La terminación del conflicto y la paz no van a ser producto de
conciliábulos entre gobierno y guerrillas en el exterior, sino el producto de
profundas transformaciones en la vida colombiana. Definitivamente el modelo de
democracia que defiende la oligarquía de este país, no va más. Quedó claro en
el Foro sobre Participación Política, lo exigen la serie de paros y protestas
anunciados, lo atestan 49 años de lucha armada continua, lo certifican las
miles y miles de vidas ahogadas en sangre.
Se puede leer en las noticias. El modelo de imposiciones e intolerancias se
ha agotado. La democracia colombiana, por encima de los discursos, es una
vergüenza, Santos. Vamos a cambiarla.
(*) Timoleón Jiménez es Comandante del Estado Mayor Central de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP)
Fuente: http://farc-ep.co/?p=2454
