Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)
Ya lleva más de una semana la protesta campesina en la región del Catatumbo
–campesinos de doce municipios se han sumado a la misma- y las demandas
sociales no se diferencian a las de muchas regiones del país, carencia de
servicios públicos básicos, problemas de alternativas productivas rentables
–que es una de las razones para la presencia de cultivos de uso ilícito-, en
fin, presencia precaria o inexistente del Estado. Pero en el centro de la misma
aparece con fuerza el tema de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y
la demanda de conformación de una zona de reserva campesina –que está en curso
desde antes de los diálogos de La Habana-, porque los campesinos consideran que
es una forma de garantizar su propiedad de la tierra y los programas de
desarrollo.
Pero la respuesta estatal ha guardado el estándar histórico de este tipo de
movilizaciones sociales. Primero dejar las cosas sin atención, exclusivamente
en manos de las autoridades locales que no tienen la capacidad para poderlas
resolver –entre otras porque la mezquina descentralización es poco lo que les
ha transferido a estos funcionarios en cuanto a capacidad de decisión- y de la
Fuerza Pública, que normalmente tiende a ver estas movilizaciones sociales
solamente como un problema de orden público –que también lo son- y como
expresiones de infiltración de movimientos subversivos y por supuesto la
respuesta tiende a ser básicamente represiva. Segundo, como normalmente no se
resuelven de esta forma, sino que tienden a crecerse –el gobierno no debería
olvidar que en una sociedad como la nuestra con tantas carencias sociales
represadas la posibilidad de replicación de estas protestas en otras regiones
del país es muy grande-, entonces aparece el nivel central del gobierno tratando
de resolver un problema que hubiera podido evitar si tuviera una capacidad de
acción proactiva y no solamente reactiva.
En el caso colombiano, en el pasado y en el presente –refresquemos la
memoria con la masacre de las bananeras en 1928, la muerte violenta de nueve
estudiantes de la Universidad Nacional, entre el 8 y 9 de junio de 1954 al ser
reprimida la manifestación de jóvenes universitarios liberales y conservadores
durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, el tratamiento a múltiples
movilizaciones sindicales y campesinas- la situación no es muy diferente: toda
expresión de protesta social -sea de campesinos, pobladores, sindicalistas o
estudiantes-, como expresiones o manipulaciones de los ‘terroristas’, pero todo
ello para deslegitimar la protesta frente a los ciudadanos y justificar casi
siempre tratamientos solamente represivos. En Colombia la presencia del conflicto
interno armado crónico les ha dado argumentos a los gobernantes para esta
descalificación.
El poder establecido siempre tiende a descalificar a quienes lo cuestionan
o lo confrontan y casi siempre terminan dándole calificativos y valoraciones
equivocados. Durante la guerra fría eran los ‘comunistas’ quienes supuestamente
estaban detrás de todo tipo de expresión de descontento social. Después del 11
de septiembre de 2001 son los ‘terroristas’ los nuevos demonios. Pero realmente
lo que hay en el fondo es la incapacidad de los gobernantes -sin importar mucho
el signo político, todos reaccionan de manera similar- de reconocer la protesta
ciudadana como una de las expresiones legítimas del descontento social.
Porque claramente lo que expresa la protesta social es un descontento que
se manifiesta por las vías de hecho, fundamentalmente porque hay poca o nula
credibilidad en los canales institucionales. Este es de los grandes desafíos de
las democracias contemporáneas, que tienden a creer que la democracia se agota
en los mecanismos de representación institucional y minimizan o subvaloran las
expresiones de la participación ciudadana. A propósito, ¿donde están los
congresistas de la región del Catatumbo, de los distintos partidos políticos
ayudando a resolver un problema social relevante?
Ojalá el gobierno nacional, a través de sus distintos funcionarios, con el
acompañamiento de la iglesia católica que ha sido fundamental y de los
gobernantes municipales, encuentren el camino apropiado de solución, vía el
medio básico para resolver conflictos en democracia: el diálogo con los
ciudadanos descontentos. Y que la tentación propia de los gobernantes
autoritarios, que creen que todo se resuelve solamente con el uso de la fuerza
no prime, porque muy seguramente el problema no se resuelve sino que se
empeora. Sensatez esperamos de los gobernantes, especialmente con regiones
totalmente abandonadas de la acción pública, como esta del Catatumbo.
(*) Alejo Vargas Velásquez es profesor titular de la Universidad Nacional
de Colombia y coordinador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.
