"Las FARC-EP, en el periodo de receso de los diálogos, han aprovechado
el tiempo para leer, discutir, analizar y resumir las diferentes propuestas de
la sociedad civil que nos han llegado a través de las mesas regionales y
también a través de la página webwww.mesadeconversaciones.com.co Quisiéramos
exponer aquí una síntesis de ellas, teniendo en cuenta:".
Que hay una realidad de miseria y
pobreza generalizada en el campo colombiano.
Son muchas las expresiones
concretas de esa miseria, mencionadas en la gran mayoría de propuestas hechas
por organizaciones campesinas y populares de la nación: falta de vías
terciarias, falta de mercado para los productos, deficiencias en el sistema de
créditos, en salud, educación, vivienda. En muchas áreas no hay ni siquiera
agua potable, bueno, todos coincidimos en que hay que buscar formas de
contrarrestar esta situación. Pero la Delegación de Paz de las FARC-EP cree que
no se puede curar un cáncer con paños de agua tibia, no. Cuando alguien está
enfermo, se le hace primero un diagnóstico y se buscan las causas que han producido
la enfermedad. El campo colombiano también está gravemente enfermo, los
síntomas ya los nombramos y los conocemos, pero tenemos que buscar las causas
de la enfermedad.
Que la Delegación de Paz de las
FARC-EP considera que un estado existe en primer lugar para garantizar la vida
y los derechos de sus ciudadanos. El Estado colombiano reclama y dice ser un
representante democráticamente elegido por sus ciudadanos. Como tal, pensamos
que está en la obligación de no solo escuchar, sino también implementar las
propuestas que ellos hagan. Semejante magnitud de propuestas hechas por la
ciudadanía de un país es una señal de que esa ciudadanía está pidiendo
participar en la construcción del país, y lo pide a gritos. Además, el conjunto
de las propuestas es de tal tamaño, que se podría considerar una convocatoria
multitudinaria a hacer un referéndum por la paz, es decir, ahí está reflejado
la voluntad de la gran mayoría de colombianos y como tal tiene que ser tomada
en cuenta
Tratamos de hacer una síntesis, o
más bien encontrar un hilo común, en las propuestas transmitidas por los miles
de ciudadanos. Es un primer intento, y todas las opiniones, inquietudes o
sugerencias son más que bienvenidas. El debate debe desatarse, y a través de él
debemos llegar a conclusiones de consenso que nos permitan construir entre
todos la Nueva Colombia.
Muchas organizaciones proponen
una reforma agraria integral, democrática e incluyente. Nos escribe el
compañero Luis Javier Franco Agudelo, de Barbosa, Antioquia: 1. Que el derecho
a la tierra se eleve a rango constitucional y cada familia colombiana tenga
derecho a un mínimo vital de tierra de una UAF. 2. Que ningún colombiano pueda
poseer más de 100 hectáreas de Tierra. 3. Que cada empresa no pueda poseer más
del 10 por ciento de la tierra por Municipio colombiano. 4. Que la guerrilla,
los paramilitares, los empresarios, la clase política sea controlada para que
su acceso a la tierra no sea especulativa y no sobrepase los límites
anteriores. 5. Para cumplir el propósito de que la tierra sea para todos los
colombianos, y que cada familia pueda poseer una UAF y se haga el control del
techo máximo, se haga un censo catastral nacional. En general, se quiere una
democratización de la tenencia de la tierra y los suelos de vocación agropecuaria.
La Organización de Víctimas de Nuevo Horizonte, las Palomas, hacia el Cambio
Rural propone: La legalización del predio donde vivimos y adjudicación de
parcelas a unos desplazados que conviven con nosotros en el mismo predio. La
Empresa Comunitaria de Reforma Agraria El Tambor de Malambo, Atlántico, propone
entregarle tierra a los campesinos y acompañados con proyectos productivos que
verdaderamente mejoren la calidad de vida de los campesinos. La Asociación de
Víctimas del conflicto armado del Sur de Bolívar, ASVICSUR, propone que se
realice mediante ley un límite a la propiedad de la tierra rural que no exceda
las 300 hectáreas, que exista titulación de predios en todo el país y que se
realice una gran reforma agraria. Se quiere eliminar la acumulación improductiva
e ilícita de las tierras mediante la aplicación eficaz de la extinción de
dominio, la expropiación por vía administrativa y la aplicación de fuertes
gravámenes para las tierras inadecuadamente explotados en términos de
producción, generación de empleo y sostenibilidad ambiental.
El desplazamiento de gran parte
de la población rural también es objeto de reflexión y propuestas. Al respecto
dice José Buenaventura Parada Moreno: Reincorporar a los campesinos
desplazados, que fueron llevados a las periferias de miseria de las grandes e
intermedias ciudades, reubicándolos en viviendas en concentración subsidiadas,
a muy bajo valor y cuotas de amortización mínimas; que sean dignas del ser
humano y cuenten con servicios de salud, educación básica primaria, secundaria
técnica superior, recreación y cultura; beneficio del que también podrán hacer
uso las personas que aún se encuentren en sus humildes y aisladas moradas. El
Movice, del Meta, propone: El retorno de desplazados y otros al campo con
garantías de permanencia y rodeados de condiciones políticas, económicas y
culturales para que siembren alimentos y garanticen la seguridad alimentaria a
sus familias comunidades y al país.
Hay una representación muy
significativa por parte de organizaciones femeninas que están reclamando sus
derechos y su participación en todos los ámbitos de la vida nacional: desde
participación política como tener acceso a la tierra. La Alianza Iniciativa de
Mujeres Colombianas por la Paz, de Carmen del Bolívar y San Onofre, quiere: Dar
cumplimiento a los acuerdos nacionales e internacionales en materia de igualdad
de género. Fomentar oportunidades a las mujeres para la tenencia de tierra en
calidad de propietarias. En Colombia, la mujer y muy especialmente la mujer
campesina ha sido discriminada históricamente; muchas organizaciones piden que
también a ellas se les puedan otorgar títulos de tierras, ya que muchas mujeres
son cabezas de hogar y son discriminadas a la hora de adquirir tierra para
trabaja. La mujer campesina muchas veces, aparte de atender su hogar y criar
sus hijos, trabaja en el campo y son trabajos no remunerados. Así que ellas
piden decididamente que se les respete sus derechos y que se haga énfasis
especial en el problema de género cuando se habla del problema agrario.
Fortalecimiento y ampliación de
Zonas de Reserva Campesina. En este sentido, Germán Gaona Amado, de
Vistahermosa, Meta, propone: Que la reserva natural del parque de La Macarena
se convierta en una zona de reserva campesina que le dé garantías, derechos y
deberes al campesino que lleva más de 50 años de asentamiento en este lugar y
que a esta fecha ni siquiera puede utilizar su posesión como garantía para
apalancarse de un crédito. Un compatriota anónimo, de Aguas de Dios,
Cundinamarca, dice: Las zonas de reserva campesina y agrícola bien delimitadas
y priorizadas son la garantía de viabilidad futura como país. Las zonas de
reserva campesina hay que estimularlos como zonas esenciales para el desarrollo
agropecuario ecológicamente y humanamente sostenible, y hay que crear muchas
ZRC más.
Dinamizar proceso de titulación
de las tierras indígenas comunales y territorios colectivos para afros. El
compatriota de Aguas de Dios, de Cundinamarca, dice: Que las tierras y fincas
arrebatadas a los campesinos - indígenas y negros por los generadores de
violencia (guerrilla - paramilitares - narcotraficantes - parapolíticos -
bacrím - corruptos y otros) les sea devuelta sin ninguna clase de restricciones
ni mucho menos aduciendo tenencia de buena fe. Redistribución de las tierras
improductivas. Una propuesta anónima, desde Bogotá: Expropiar tierras que no
produzcan que estén en manos de terratenientes y entregarlas a los campesinos
subsidiarlos y apoyar la agricultura en esas tierras, nacionalizar
infraestructura minera, petrolera (…).
Además, la mayoría coincide en
que hay que complementar la titulación de tierras con programas de capacitación
y asistencia técnica para la producción, administración, el mercadeo y créditos
subsidiados. Respecto a los créditos nos escribe Jorge Vargas Vargas, desde
Firavitoba, Boyacá, que se debe crear una política real de crédito planificado
y blando para los agricultores. El Comité por la Defensa de la Tierra y el
Territorio en Córdoba, de Montería, Córdoba, dice: Que se rediseñe la política
agraria vigente y se enmarque en unos espacios más incluyentes, donde la acción
del Estado llegue hasta el mediano y pequeño productor del campo, con líneas de
créditos de bajos intereses y fácil acceso, y políticas claras y programas que
faciliten la realización de proyectos productivos sostenibles en el tiempo.
Se quiere que los programas de
desarrollo sean previamente discutidos y concertados con las comunidades
indígenas, campesinas y afro-descendientes y contemplen en su concepción, el
enfoque de género y la diversidad ecológica, regional y cultural. Ian Acuña
hace una propuesta sobre cómo respetar esa diversidad: El estado debe auto
escriturarse inmediatamente todo el territorio nacional "baldío" para
que nadie pueda llegar a apropiarse por vías de hecho ningún territorio.
Mediante una figura general (o varias) estos territorios "baldíos" o
improductivos deben cambiarse a una clasificación por nivel de conservación
(definido por su ecosistema original: sabanas en las sabanas, selvas en las
selvas, paramo en el páramo, perdonando la obviedad) y aquellos con cierto
nivel de conservación DECLARARLOS BIEN PUBLICO INALIENABLE, PROPIEDAD DE TODOS
Y NO NEGOCIABLE. Sobre la concertación con las comunidades dice Arturo González
Patrón, promotor del movimiento político Cartagena Raizal y Progresista: En
este sentido, nuestra propuesta concreta es que se ejerza un fuerte
intervencionismo de Estado para poner coto al festival de licencias que otorgan
oficinas de control urbano o curadurías urbanas e incluso concesiones
inconsultas de uso de playas, sin antes socializar suficientemente dichos
proyectos con las comunidades.
Los indígenas Waunana –Nonam, del Bajo Calima,
municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, proponen: Que se incluya como
política de desarrollo integral, nuestra propuesta de Resguardo Biodiverso
construida a partir de un plan de ordenamiento territorial en total identidad
con nuestras prácticas milenarias de vida, de respecto con la Pacha mama y de
solidaridad con la humanidad.
Impulso de política de
recomposición de la economía campesina que fortalezca la soberanía y seguridad
alimentaria en Colombia. La organización EVOCULTURAL propone un huerto escolar
comunitario: Que estudiantes, madres, padres y maestros, quienes necesitan
alimento y carecen de tierra, sembrando juntos, en tierra adjudicadas a las
escuelas, por el Estado, aprendan a sembrar y alcancen la autosuficiencia de
alimentos orgánicos, para compartir no para vender y recuperen el uso de la
tierra en comunidad, aportando así a la solución de la crisis ambiental,
económica y social.
Que el campesinado sea reconocido
en el marco normativo y constitucional como sujeto de especial atención y grupo
social diferenciado con voz y voto para su inclusión política. Dice María
Margarita Obdul, de Bogotá: Mi propuesta es otorgarle a los campesinos la
oportunidad real de desarrollar sus proyectos productivos, proponiéndolos desde
un consejo de comunidad para ser avalados por el estado y no que el estado sea
quienes lo propongan y ellos acepten. Tiene más sentido hacerlo de esa manera
pues son ellos quienes conocen sus necesidades y de acuerdo a lo que saben y
piensan de su comunidad propondrán buscando los mejores beneficios de su
comunidad.
Diseñar un nuevo Código Minero
que responda a las necesidades del territorio, que sea debidamente concertado
con las comunidades y que respete el trabajo de la mediana minería y de mineros
artesanales. (Derogar Resolución 0045 de 2012, revisar, discutir y concertar
con las comunidades la actual política minero-energética. Así pide el Consejo
Comunitario de la Comunidad Negra del Río Naya, Buenaventura: Garantizar la
protección de nuestra identidad cultural y del territorio biodiverso como
garantía de vida para la humanidad, prohibiendo toda concesión que multinacionales
y empresarios soliciten para la extracción o privatización de nuestros
recursos. Esta comunidad de afro-descendientes es una comunidad que practica la
agricultura, minería, pesca, cacería, artesanía en uno de los territorios más
biodiversos del pacífico. La comunidad de El Crucero KM 9, cuenca del Bajo
Calima, fue víctima durante 40 años de la multinacional papelera SMURFIT KAPPA
CARTON DE COLOMBIA, quienes con el consentimiento del gobierno nacional
arrasaron todo el bosque primario, causando daños ambientales y sociales que
están en la total impunidad. Proponen que el Estado y la fuerza pública les
garanticen el deber constitucional de proteger vida, honra y bienes de la
comunidad, reparando sus actuaciones en las que protegen intereses empresariales.
Implementar programas de
desarrollo infraestructurales (carreteras, agua y electricidad, transporte) que
respondan a una política de autoabastecimiento alimentario para Colombia. Que
esos programas tenga veeduría ciudadana y que sean administrados por entes
territoriales (para eso, capacitar pequeños y medianos productores). Un
compatriota de Bucaramanga, Santander: Sugiero una acción sobre las vías
terciarias de las tierras improductivas, para garantizar al campesino
seguridad, estabilidad, y productividad de la tierra. Marcela Daniels afirma:
El desarrollo de la infraestructura vial de Colombia debe considerar la
necesidad de conectar los centros de producción con los principales centros de
consumo. Es necesario que los productos de los campesinos de Nariño, Cauca,
Huila y la Orinoquía puedan llegar a las grandes ciudades para hacer frente a
la creciente importación de alimentos.
En materia de salud, se proponen
iguales oportunidades para todos los colombianos para acceder a un sistema
público de alta calidad. La salud es un derecho, y debe ser de calidad y tener
accesibilidad. La mayoría de las propuestas son claras y concretas: Hay que
hacerle una reforma a la ley 100. El sector salud debe cubrir el 100% de la
población colombiana, propone un compañero de Bogotá. La Mesa Regional
campesina de Montes de María propone: Construcción de puestos de salud rurales
– bien dotados- con visitas periódicas de los médicos y enfermeras. Crear una
norma que otorgue la salud subsidiada al 100% del campesino de estratos 1, 2 y
3, prestar atención de medicina especializada en los municipios.
Respecto a la educación: que el
Estado garantice una educación pertinente, acorde con los usos y costumbres de
las comunidades y grupos étnicos, dando cumplimiento al Convenio 169 de la OIT
y la Ley 21 del 1991. Debe ser gratuita y de calidad, debe haber formación
técnica, se debe promover la investigación. Un compañero de Bucaramanga,
Santander, se pregunta: ¿Que hacemos sin educación rural? ¿Los entes
territoriales cómo apoyan al campesino si no se generan fuentes de trabajo?
¿Qué sentido tiene llevar un concierto de jazz a Mompos, cuando la zona de la
depresión momposina se hunde en la pobreza absoluta, donde no pueden obtener su
mínimo vital? Sin salud, sin vías, sin educación, sin trabajo…Le agrega José
Fernando Salcedo, del municipio de Sogamoso, Boyacá: Pensar en un buen sistema
educativo y de salud pilares de la sociedad rescatar verdaderamente el campo
llegar a miles de veredas abandonadas por el estado brindarles los beneficios
que por derecho tienen, fortalecer la educación en las ciudades y municipios
dar más apoyo al sena creando el sena rural para que muchos de los hijos
campesinos puedan acceder a este beneficio. Un compañero de Jamundí, Valle del
Cauca: Es importante también que esta calidad de educación llegue a las zonas
rurales.
Se debe generar una educación de calidad publica, tanto profesional
como técnica, se debe proporcionar mecanismos de financiación de fácil acceso a
extractos bajos (BECAS), se debe fortalecer el deporte y el desarrollo
artístico desde la infancia y generar la logística necesaria para lograrlo. Una
compañera de Bogotá propone: Inversión integrada, exponencial y progresiva en
Educación y Salud a través del establecimiento del monopolio Estatal de esos
servicios, y la creación del tribunal nacional independiente de salud y
educación. Se trata de establecer por medio de ley la obligación del Estado de
realizar una inversión anual para educación y salud públicas, siempre por
encima del presupuesto de defensa e infraestructura, creciendo un 10% cada año
fiscal. Es decir, el presupuesto de salud y educación debe ser más grande
siempre que la sumatoria de los presupuestos de defensa e infraestructura. Un
compatriota de El Copey, del departamento del Cesar, propone: Determinar,
definir y montar un programa que dé solución al problema de analfabetismo
en el
campesinado colombiano.
En cuanto al problema de vivienda
en el país, se dice que hay que garantizar el derecho a una vivienda adecuada,
con servicios de electricidad y agua, con diseños que sean armónicos con el
territorio, que tenga en cuenta las tradiciones de los pueblos. Dice José
Buenaventura Parada Moreno: Viviendas que pudieran ser alimentadas con biogás,
producto del procesamiento de los desechos vegetales en biodigestores
explotados y administrados por la misma comunidad. Jorge Orozco Suarez propone:
un programa para Resarcir a los que somos "damnificados" por el
funesto sistema UPAC (política económica impuesta por el estado en el gobierno
de Misael Pastrana Borrero) al tener que dar endación de pago a la Corporación
Colmena un apartamento ante la imposibilidad de cumplir las voraces cuotas
(tengo el acta o carta de entrega, del bien que nunca pudimos recuperar) Hoy
11-12-2012 con 60 años y medio, desempleado sin esperanza de recuperar vivienda
pues es un tema olvidado por todos los gobiernos, salvo que los
"defensores" del pueblo, sugieran en la mesa de negociación que nos
incluya en el programa de 100.000 viviendas gratis pues en cierta manera somos
"desplazados" de un techo, sin que a las lumbreras
"asesores" de políticas sociales del gobierno se les ocurra
mencionar. Para que comprueben que hace 10 años no tengo trabajo estable y 11
años sin techo. ¿Qué calidad de vida es esta, para la tercera edad?
Fortalecer la organización
campesina en cooperativas y asociaciones para la producción, transformación y
comercialización de los productos agropecuarios, aprovechando el TLC, pero al
mismo tiempo revisión de ese TLC: generar mecanismos de protección a la
producción local. La Asociación de usuarios campesinos de Salamina, Caldas,
escribe al respecto: -Se debe garantizar el mercadeo de los campesinos a través
de sus propias organizaciones sociales, tales como cooperativas o sección de
mercadeo de cada organización.
Programas de asistencia técnica
rural. Escribe Otoniel Díaz Otero, del municipio de Zapatoca, Santander, que:
Desarrollar un permanente proceso de capacitación y asistencia técnica en
aspectos organizativos, productivos y de comercialización y mercadeo y de
intercambio de experiencias, de manera que haya un constante interés y
verdadero estímulo del productor agropecuario en participar en el proceso de
transformación del sector. La Plataforma Municipal de Organizaciones Sociales
de Carmen de Bolívar: Fomentar y promover procesos ampliados de tecnología,
tierras con calidad, infraestructuras, créditos, distritos de riegos,
investigación científica agropecuaria, subsidios, oportunidades de
comercialización con garantías para todos y todas.
Proteger la producción nacional
de alimentos y consagrar el derecho a la soberanía alimentaria como deber del
Estado. Propone un compatriota de Chaparral, Tolima: (…) implementar proyectos
de investigación, tecnologías de última generación y sobre todo por la defensa
de la soberanía y seguridad alimentaria, como los bancos de semillas nativas.
Hay una gran cantidad de propuestas que nos hablan de la seguridad y la
soberanía alimentaria, por ejemplo esta propuesta que viene del Atlántico:
Frenar la compra de tierras por extranjeros, quienes buscan comprar gran
cantidad de tierras para producir alimentos lo que genera un problema de
soberanía. Que el gobierno subsidie la producción de alimentos. Si no hay
comida hay rabia, y si hay rabia hay violencia. Por ahí empieza la paz. La Mesa
Regional campesina de Montes de María, de Sincelejo, Sucre, quiere crear
mediante alianzas interinstitucionales bancos de semillas especialmente
nativas, para la preservación de la seguridad y soberanía alimentaria.
Que las comunidades mantengan
control local de sus territorios, de sus semillas y de sus medios productivos,
para que puedan producir de manera autónoma y soberana sin depender de empresas
nacionales y transnacionales de alimentos. La producción ancestral con saberes
y semillas de los campesinos tendrá prioridad en el consumo interno del estado
y gozará del subsidio y blindaje contra cualquier manipulación extraña, escribe
la Asociación de usuarios campesinos de Salamina, Caldas.
Un autor anónimo, de
Barranquilla, Atlántico, nos dice: La idea fundamental es que se crearan unas
condiciones que les obligara a estas compañías cumplir labores sociales
notorias, que si quieren explotar nuestras riquezas, nuestros recursos, nuestro
subsuelo, no solo ganen ellas y para sí, absurdas cantidades de dinero sino que
también estas ganancias se reflejen en las poblaciones aledañas. La Junta de
Acción Comunal de Cañaverales afirma: Rechazamos rotundamente la presencia de
los megaproyectos en nuestros territorios y presencia ministerial haciendo las
consultas previas, ya que con la llegada de los megaproyectos, acabarán con la
agricultura, manantiales y afectarán el medio ambiente.
La Red de Mujeres
Comunitarias de Maicao, Guajira, propone una producción agroecológica libre de
semillas transgénicas, basada en la recuperación, manejo e intercambio de la
biodiversidad, semillas nativas y la soberanía alimentaria. ¡¡No a los
alimentos transgénicos!! En cuanto las semillas, se ha propuesto derogar el
artículo 4 del Código penal (ley 1032/06), la Resolución del IA 970/10, la Ley
1518/12, el Convenio Internacional UPOV 91, Decreto 4525/05. Hay que proteger
las semillas nativas y realizar campañas sobre los efectos nocivos de las
semillas transgénicas.
Hay varias propuestas que son
Proyectos de Ley, demasiado extensas para exhibir en este espacio, por ejemplo
el Proyecto de Ley de Franco Romo Lucero de la Federación de juntas de Acción
Comunal de Nariño, llamado “SOBERANÍA ALIMENTARIA, MINERÍA ARTESANAL,
CONSERVACIÓN DE CUENCAS Y BIODIVERSIDAD”.
Como ya dijimos, ésta es solo una
pequeña muestra de las miles de propuestas, pero es una muestra particular de
unas ideas reflejadas en casi la totalidad de las organizaciones campesinas,
indígenas, afrocolombianas, de mujeres, desplazados, etc.
Los integrantes de la Delegación
de Paz creemos que la mayoría de las propuestas implican una mirada integral al
problema de la ruralidad en Colombia, entendiendo que el asunto no se refiere
en exclusivo a los graves problemas de nuestro campesinado sino que se trata de
problemas que afectan al país en su conjunto. No está por demás decir que no se
puede considerar una repartición equitativa de la tierra sin analizar el
problema del latifundio; no se puede siquiera pensar en seguridad y soberanía
alimentaria si no se analiza la explotación de nuestros recursos por parte de
empresas multinacionales extranjeras y nacionales; no se puede hablar de
políticas frente a los productos y semillas transgénicos si no se consideran
las políticas económicas del Estado colombiano.
En conclusión: se piensa que
hay que tratar el problema del desarrollo agrario desde una perspectiva
panorámica, y eso también se ve reflejado en las propuestas, ya que muchas
organizaciones proponen una reforma profunda de las políticas económicas y
sociales del momento. El gobierno no puede ni debe obstinadamente cerrarse a
esas posibilidades, ya que son propuestas y pedidos de muchísimos ciudadanos
que están viviendo dentro del territorio que ellos gobiernan. En otras
palabras: hay una Presión –con letra mayúscula- de la ciudadanía colombiana y
si el gobierno no se la va a tener en cuenta seguirán existiendo los problemas
sociales, la desigualdad, la injusta distribución de la tierra, la falta de
oportunidades para el campesinado y por lo tanto los conflictos, haya o no haya
desarme de las guerrillas.
De todas formas, el pueblo
colombiano puede estar seguro que sus propuestas y aportes al proceso de paz
sean objeto de estudio y análisis por parte de las FARC-EP y serán llevados a
la Mesa de Conversaciones. Es legítimo y justo pedir participación directa en
la mesa, como lo han hecho varias organizaciones y comunidades, y las FARC-EP
hemos pugnado por ese espacio que nos fue entregado a cuentagotas. Pareciera
que para el Estado colombiano hay que levantarse primero en armas para ser
escuchado.
Fuentes:
Mesas de Trabajo Regional para contribuir al fin
del conflicto: Propuestas de la sociedad civil. Comisiones de Paz del Senado y
de la Cámara de Representantes, con el apoyo logístico, técnico y metodológico
de Naciones Unidas. Tomos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9
Propuestas enviadas a la página www.mesadeconversaciones.com.co, recogidas hasta 31 de diciembre 2012
Delegación de paz de las FARC-EP
