El Espectador.
Foto: Javier Giraldo
En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió
argumentando que no se le podía responsabilizar por los actos cometidos por un
grupo ilegal que nada tenía que ver con la institucionalidad. Agregó que no se
podía destinar un policía o soldado para cada ciudadano, sobre todo en un país
con un conflicto armado de alta intensidad. La Alcaldía de Apartadó, sin
embargo, señaló que precisamente por tratarse de una zona roja, con presencia
de grupos armados con capacidad militar ostensible, “definitivamente requería
el control y atención del orden nacional a través de las Fuerzas Militares del
país”.
La Procuraduría también contrarió la posición del
Ministerio, sosteniendo que existía una “flagrante responsabilidad del Estado
por la ejecución extrajudicial de personas protegidas”. Con el agravante de que
tres de ellas eran menores de edad y fueron asesinadas con igual sevicia. La
muerte de los pequeños Natalia y Santiago Tuberquia ejemplifica como ninguna la
barbarie paramilitar que ocurrió en tantas zonas del país con el beneplácito o
el silencio cómplice de miembros de la Fuerza Pública, y así lo recordó el
Tribunal en su providencia de 472 páginas, conocida por este diario.
Cuando los miembros del bloque Héroes de Tolová
llegaron a la casa de Alfonso Tuberquia y Sandra Muñoz, preguntaron a los
comandantes ‘paras’ qué hacían con los niños. Sugirieron entregarlos a
Bienestar Familiar. Pero alias Cuatro Cuatro, Makeison, Águila 6 y Cobra
concluyeron que serían una amenaza en el futuro y se volverían guerrilleros.
“El papá de los niños les suplicó a nuestros comandantes que por favor no
fueran a matar a los niños, que si querían lo mataran a él, pero a los niños
los dejaran vivir”, narró uno de los ‘paras’ que participaron en la masacre.
Las súplicas fueron en vano. Alfonso Tuberquia se
arrodilló con las manos en la nuca, como se lo ordenaron, y les dijo a sus
hijos que todo estaría bien, que él emprendería un largo viaje. Natalia, de 5
años, fue por ropa para su hermano, de 18 meses, y la empacó en un talego. Se
la entregó y se despidió de él, porque ahí los separaron. La nena fue degollada
con un machete. Para elaborar su fallo, el Tribunal de Antioquia trajo a
colación decenas de testimonios como éste, rendidos ante la Fiscalía y la
Procuraduría tanto por exmilitares como por exintegrantes de las Auc.
Recién ocurrida la masacre, el entonces presidente
Álvaro Uribe acusó a la comunidad de San José de Apartadó de tener relaciones
con la guerrilla. La justicia, sin embargo, ha ido en contravía de tales
pronunciamientos, al punto de que hace un par de semanas se conoció que la
Corte Constitucional le ordenó al expresidente Uribe una “retractación frente a
las acusaciones realizadas contra la comunidad”. El extraditado exjefe
paramilitar Don Berna confesó que el bloque a su mando, Héroes de Tolová, había
cometido este crimen colectivo de la mano del Ejército. Van 17 exparamilitares
condenados por estos hechos.
De los uniformados procesados, el capitán (r)
Guillermo Gordillo ha sido el único en aceptar su responsabilidad en estos
dolorosos hechos y fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Superior
de Antioquia. En junio del año pasado fueron condenados también el teniente (r)
Alejandro Jaramillo, los subtenientes (r) Jorge Milanés Vega y Édgar García
Estupiñán y el sargento Darío Brango Agámez. Fueron absueltos el coronel
Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, los sargentos
Henry Agudelo y Ángel María Padilla y los cabos Ricardo Bastidas y Sabaraín
Cruz Reina, cuyos expedientes están en estudio en la Corte Suprema de Justicia.
