El abogado Jorge Ibáñez
se apartó de la defensa del Estado porque lo vetaron los militares. ¿Tienen
ellos tanto poder?
Sin duda. Lo demuestran las presiones que se ejercieron para mi salida como
fiscal del caso o las manifestaciones del doctor Ibáñez: causa estupor que a
pesar de que dos ministros (Interior y Defensa) y una alta funcionaria lo
elegieron como agente del Estado ante la CIDH para ese proceso, por cartas de
oficiales activos y, en particular, de un oficial retirado que hoy tiene una
condena por estos hechos, se decidiera contratar al doctor Rafael Nieto.
¿Por qué cree que los
militares vetaron al abogado Ibáñez?
Porque no estaban de acuerdo con que el Estado admitiera responsabilidades.
Reconocer errores hace parte de la reconciliación, de la garantía de protección
de derechos, de la no impunidad.
¿El coronel (r) Alfonso
Plazas Vega es tan poderoso, aún retirado y además detenido, como sugiere el
abogado Ibáñez al punto de lograr su veto?
No sé, pero por la sentencia al coronel (r) Plazas Vega un gobierno entero,
con todo su estamento, salió a discutir para quitarle peso a la decisión de la
jueza Jara. Yo no sé si sea tan importante pero, lo dice el doctor Ibáñez, la
carta era por la molestia en particular de esa persona y salieron a removerlo
del cargo. Yo no sé si sea tan influyente pero todos los generales en retiro
han intervenido por la situación de Plazas Vega.
Pero es que el Ejército,
aunque hace parte, no es todo el Estado. ¿Cómo puede entenderse que la defensa
del Estado se articule bajo la línea de los militares?
Eso es lo incomprensible y lo más grave de esta situación. Al margen de las
declaraciones del doctor Ibáñez, surge el cuestionamiento de que el Estado está
funcionando solamente desde una óptica: cumpliendo lo que el Ejército quiere
que se haga.
¿Por qué tenía que ir el
abogado Ibáñez a explicarles a los militares su estrategia de defensa? ¿Eso
suele hacerse?
Esa pregunta se la tienen que trasladar al presidente, a los ministros del
Interior y de Defensa y a la Cancillería.
¿Qué piensa de la defensa
del abogado Nieto en este caso?
Puedo asegurar que los argumentos centrales que se tomaron para la defensa
del Estado ante la CIDH son los mismos que se plantearon y fueron rechazados
por distintos jueces de la República. Si se revisan los alegatos podrá darse cuenta
de que tienen un origen claro: las intervenciones de estos militares en
audiencia. En especial, la postura de defensa del coronel (r) Plazas Vega.
Sobre la muerte del
magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, el abogado Nieto también hizo
consideraciones polémicas.
El abogado plantea igualmente que no hubo homicidio. Ese proceso lo dejé en
instrucción y sigue bajo reserva. Me pidieron la renuncia el mismo día que yo
abrí investigación contra tres generales en el caso Urán: Carlos Alberot
Fracica, Rafael Hernández y Jesús Armando Arias Cabrales.
¿Qué tiene que ver en
esto el testigo Ricardo Gámez Mazuera?
Como fiscal ni siquiera lo consideré como testigo porque no declaró bajo
juramento. Pero toda la defensa del coronel (r) Plazas se basa en descalificar a
Gámez. Y los argumentos de Nieto son los mismos que usó la defensa de Plazas
respecto a este testigo para descalificarlo.
¿Dice usted que el Estado
se defendió internacionalmente con los mismos argumentos de Plazas Vega?
Las líneas de defensa y las afirmaciones que se utilizaron para negar la
existencia de los desaparecidos son idénticas: que murieron calcinados en el
cuarto piso de acuerdo con el Tribunal Especial de Instrucción de 1986; que
Gámez es un mentiroso; que los videos son borrosos como para hacer
identificaciones; que los levantamientos de los cadáveres fueron desordenados y
eso les resta credibilidad a las necropsias para utilizarlas como pruebas. En
términos generales, las líneas de la estrategia de defensa del Estado son las
mismas líneas de defensa de los militares.
¿Pero no es muy grave que
los alegatos del Estado parezcan calcados a los de Plazas Vega, y que Jorge
Ibáñez asegure que fue el coronel (r) quien más se opuso a su nombramiento?
Grave no, ¡gravísimo! Pero esto es una política de hace mucho tiempo: el
expresidente Uribe salió a defender a Plazas Vega, el ministro Silva salió a
defender a Plazas Vega, inclusive el doctor Santos y todo el estamento detrás
suyo salieron a respaldar la posición de que los jueces harían parte de un Estado
delincuente.
La condena de Plazas está
en revisión por la Corte Suprema. La posición del Estado de que no hubo
desaparecidos, ¿incidirá en su caso?
Puede generar presión porque es la afirmación a nivel internacional de una
posición estatal. Lo afirmo categóricamente: un juez, por más plural que sea,
frente a una posición de Estado así, va a tener una presión muy dura. Cuando el
Estado asume ante una jurisdicción internacional que no hay desaparecidos, pues
cuando salga una decisión al respecto esto va a ser Troya.
El Estado en su alegato
negó los desaparecidos. Usted que llevó la investigación, ¿a qué conclusión
llegó?
No solamente yo, los demás funcionarios judiciales que han tenido el caso
han llegado a la misma conclusión: hubo desaparecidos. Aún en la absolución del
general (r) Iván Ramírez, la jueza 51 dejó claro que hay 11 desaparecidos. En
la decisión de segunda instancia contra el coronel Plazas
Vega, que confirmó su condena, se deja claro que hay dos desaparecidos
plenamente demostrados y se le pidió a la Fiscalía que se practique pruebas
sobre los otros nueve. Lo dijo también el Consejo de Estado en 1997: “Irma
Franco fue desaparecida en manos de agentes del Estado”. No es cierto lo que
dice Nieto de que no existe responsabilidad del Estado en estos casos. Una sola
desaparición es suficiente para hablar de que hubo desaparecidos allí.
¿Qué otras fallas tuvo la
defensa de Nieto ante la CIDH?
Es contradictoria: arguye que no toma en cuenta sentencias internas porque
no están en firme, pero desconoce fallos del Consejo de Estado vigentes sobre
la responsabilidad del Estado. Parte del alegato de Nieto se sustenta en el
salvamento de voto de la sentencia del Tribunal de Bogotá contra Plazas Vega.
Entonces, ¿las sentencias
no sirven, pero sí los salvamentos de voto?
En el documento se atacó también a la Comisión de la Verdad integrada por
los exmagistrados Nilson Pinilla, Jorge Aníbal Gómez y José Roberto Herrera.
¿Comparte ese punto de
vista?
Esa es otra contradicción. Él fundamenta parte de su alegato en las
conclusiones del Tribunal Especial de Instrucción creado en 1986, que dijo que
los desaparecidos fallecieron en el cuarto piso del Palacio. Ese tribunal, sin
embargo, al igual que la Comisión de la Verdad de 2005, no tenía carácter
judicial.¿Al fin qué? Pero, además, en su momento se le preguntó al doctor
Upegui (del Tribunal Especial de Instrucción) qué indagaciones hicieron sobre
los desaparecidos y dijo: “No hicimos ninguna verificación”.
¿Y por qué entonces llegó
a esa conclusión el Tribunal de 1986?
Porque había un número de personas en el cuarto piso similar al número de
desaparecidos. Le digo más: como hubo unos pasteles de hojaldre que se
encontraron en el cuarto piso del Palacio concluyeron que Norma Constanza y los
demás trabajadores de la cafetería subieron al cuarto piso.
Esa era la prueba
de que murieron calcinados pero, dígame, ¿qué pastel de hojaldre sobrevive a un
incendio de más de mil grados centígrados?
Que el Estado argumente
que no hay desaparecidos, ¿echa a la basura el trabajo que usted hizo?
No es tanto por el trabajo que hubiese hecho o no, sino porque veo cómo el
Estado incumple sus responsabilidades y desconoce fallos del propio Estado. Si
mal no estoy, la Rama Judicial también hace parte del Estado. O bueno, eso creo
yo. Pero ya ni sé porque a la Rama la tachan, la tildan y ultrajan y aquí no
pasa nada.
De lo ocurrido esta
semana, ¿qué encuentra más preocupante?
Lo más lamentable fueron las declaraciones del doctor Ibáñez, porque no
sólo resultó vetado por militares activos y en retiro, sino que además terminó
amenazado. Eso no tiene presentación ni aquí ni en ninguna parte. Si bien es
cierto que es grave que haya desaparecidos, es igual de grave lo que, 28 años
después, está sucediendo con el doctor Ibañez. No sólo yo me he jugado el
pellejo en este caso. La decisión de investigar y de decidir ha sido de muchos
funcionarios. Me desconsuela darme cuenta de que el Estado no ha cambiado y que
los discursos de derechos humanos se quedaron en eso, en discursos.
¿Seguimos como en 1985?
Creo que estamos peor porque además el gobierno actúa de frente. Antes, por
lo menos era a escondidas. Ahora es en público que sale a decir que la
sentencia de tal juez de la República no se cumple o es incoherente. O, como
ahora, que no hay desaparecidos. Ya no se necesitan recursos ni instancias: el
gobierno es el que acepta o no una decisión judicial y eso es muy grave.
¿Qué le diría al doctor
Ibáñez?
Que me parece una persona con mucha verticalidad al haber reconocido unas
circunstancias probadas que no se podían desconocer. Entiendo lo que está
viviendo porque nosotros lo vivimos y lo seguimos viviendo: esas presiones y
amenazas y las afirmaciones con las que ahora van a intentar deslegitimar su
trabajo.
¿Qué falto por investigar
en el caso del holocausto?
Mucho. Faltó por profundizar en las ejecuciones extrajudiciales, en la
posibilidad de que otras personas hubieran estado en el Palacio de Justicia, no
se han hecho investigaciones serias allí. Yo solamente tenía competencia para
investigar las desapariciones pero el caso tenía tantas aristas.
¿Por qué cree que el
abogado Nieto Loaiza le genera tanta confianza a los militares?
Él estuvo detrás de la reforma al fuero militar y en muchas actividades que
tratan de proteger la actividad militar. Eso no es malo, lo complicado es, por
ejemplo, tratar de invertir el fuero militar, que tanta polémica ha causado.
Para usted, ¿el abogado
Nieto Loaiza mintió en sus argumentos ante la CIDH?
Creo que está omitiendo realidades absolutamente claras. Está haciendo una
mezcla con lo que le conviene para asegurar una posición en particular. Los
abogados tienen un margen de interpretación frente a las pruebas, pero sí le
puedo asegurar que él ha cercenado lo que le conviene respecto de fallos o
investigaciones en este caso con el fin de favorecer a un sector en particular
y no a los intereses del Estado.
¿Por qué no hemos podido
pasar la página del holocausto del Palacio de Justicia?
Por esto que está sucediendo. Porque nadie quiere reconocer qué pasó. No
hemos pasado ni vamos a pasar la página porque el Estado tampoco ha hecho lo
propio para buscar la reconciliación.
¿El Estado va a terminar
condenado por la CIDH?
No sé, pero aquí ha habido violaciones a la Convención Americana muy
grandes. No ha existido plazo razonable en la investigación. Llevamos 28 años y
no hemos acabado de hacer todas las investigaciones. Además, las sanciones no
se han cumplido y terminan siendo discriminados y atacados los funcionarios
judiciales. Aquí lo que estamos viendo es una repetición de violaciones de
derechos. Yo no soy profeta ni quiero decir si van a condenar o no al Estado,
pero frente a todas estas realidades lo cierto es que el Estado tiene una
responsabilidad. Es que uno no puede tapar la luz del día.
Su caso, el de la jueza
Jara que condenó a Plazas Vega, los magistrados del Tribunal de Bogotá que
confirmaron la sentencia, ¿demuestran que todos los que pasan por este caso
terminan con un INRI?
Claro y no solamente con un INRI sino investigados. A la jueza Jara la
investigaron penal y disciplinariamente. A mí me están investigando también por
decisiones que tomé en el proceso del coronel Plazas. Y siguen toda una serie de
consecuencias por haber investigado este caso. Pero creo que se tiene que
investigar, independientemente de las consecuencias. Aunque con lo dicho por el
doctor Ibáñez es casi imposible creer que este Estado vaya a garantizar
derechos.
¿Usted ha sentido respaldo
del Estado después de su actuación como fiscal de este caso?
