Por. Ricardo Villa
El Espectador.
Durante al menos quince años, desde mediados de
los años 1990 hasta finales de la primera década del 2000, el Estado ejerció
mancomunadamente con los paramilitares un poder sustentado sobre la violación
del orden legal constitucional. Al tiempo que se mantuvo la fachada de una
democracia, hubo un golpe de Estado.
Mucho se ha hablado sobre la infiltración
paramilitar en los organismos estatales; pero la palabra “infiltración” esconde
una trampa: desatiende no sólo la aquiescencia de los más altos funcionarios,
sino también las instancias en las que los paramilitares obedecieron a aquellos
funcionarios. Por ejemplo, en la campaña de desprestigio a la Corte Suprema de
Justicia durante los juicios más duros por “parapolítica”, fue imprescindible
la participación activa de paramilitares que atendían solicitudes hechas desde
el Ejecutivo.
Al utilizar un término tan fuerte como “golpe de
Estado”, entiendo que abro las puertas para generar una discusión bizantina en
torno a definiciones. Para evitarla, uso el término del abogado francés Olivier
Brichet: “El golpe de Estado es un acto de autoridad consistente en un atentado
meditado, ilegal y brusco a las normas de organización, de funcionamiento o de
competencia de las autoridades constituidas; […]según un plan preconcebido y
por motivos diversos, por un hombre o grupo de hombres asociados con el fin de
[…] apoderarse del poder, o de defender o reforzar su posición en el mismo […],
o de producir una modificación en la orientación política del país” (1). Aplica
para el caso que nos ocupa.
El que Colombia vivió, aproximadamente, de 1998 a
2008, fue un engranaje de poder que no se limitó a los civiles armados y en
camuflado que imaginamos cuando pensamos en un “paramilitar”. En este golpe de
Estado participaron miembros del poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y
las Fuerzas Armadas. En muchas regiones el paramilitarismo y sus aliados son
una estructura indisociable del Estado. Fueron exactamente lo mismo.
Hay una diferencia entre la corrupción mafiosa que
generaron los carteles de la droga y hoy ejercen las bandas criminales, y el
entramado de empresarios, terratenientes, congresistas, fiscales, militares,
policías, narcotraficantes, periodistas, gobernadores, asambleístas y
concejales que pisoteó la democracia en Colombia. Que quisieron “refundar la
patria”, y que en buena medida lograron hacerlo. La Colombia del 2010 no es la
misma de los noventa. Es más conservadora. En muchos lugares del país se vive
como si acabáramos de salir de una de una dictadura.
Hace poco más de un año visité La Gabarra, Norte
de Santander, y conocí la cárcel de La Sesenta, a unos quince kilómetros del
pueblo, luego de cruzar la salida por el río Catatumbo. En realidad no es
ninguna cárcel, sino un cobertizo a cielo abierto donde se improvisaron unas
rejas y se hacinaba a quienes quebraran la “ley paramilitar”. Todo con la
complicidad de las “fuerzas del bien” (como las llama Alonso Sánchez Baute en
la importante novela periodística Líbranos del bien).
Los paramilitares son la manifestación más cruel y
visible de un entramado de cómplices donde la impunidad es la regla. No hubo
justicia transicional. Los principales jefes paramilitares, por ejemplo, nunca
fueron juzgados en Colombia, y la mayoría de quienes participaron con ellos en
el golpe de Estado siguen libres.
El jueves de la semana pasada entrevisté durante
dos horas a un personaje que conoce bien esta dinámica porque la vivió de
primera mano, e hizo denuncias graves que fueron ignoradas por el ex presidente
Álvaro Uribe. En la próxima columna me extenderé sobre este ejemplo, que
considero uno de los más importantes en el golpe de Estado que permitió
establecer un país de ultraderecha durante más de diez años. Explicaré,
también, porqué es cínico el término “venganza criminal”, que utiliza el
abogado Jaime Granados para calificar las confesiones hechas por los jefes
paramilitares contra sus defendidos.
(1)
Brichet Olivier. Étude de coup d´Etat en fait et en droit. (1935). Cita tomada de:
Botero, Martín Eduardo. “El país de los mini-golpes de Estado y la Segunda
República”.
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juicio/cont/9/cnt/cnt13.pdf
