El Espectador
El abogado penalista Jaime Granados ha utilizado dos veces la misma expresión para desestimar las investigaciones en contra de dos de sus defendidos: el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ex Fiscal General Luis Camilo Osorio.
La condena habría podido darse antes si el Estado no hubiese impedido que avanzara la investigación. En el año 2001 había una ya abierta en la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, poco después de su posesión, el entonces Fiscal General Luis Camilo Osorio (2001 – 2005) ordenó archivar aquella investigación.
La decisión implicó un golpe a la legalidad y a
la institucionalidad. Colombia estaba entrando entonces en la etapa más aguda
de una suspensión de la democracia.
En 1999, antes de ser presidente, Álvaro Uribe
Vélez dio un discurso ante políticos y empresarios de ultraderecha. Fue durante
la ceremonia de desagravio a un general del ejército colombiano que fue
retirado de su cargo, pues era cómplice en la ejecución de masacres en el Urabá
antioqueño: Rito Alejo del Río, quien en agosto del año pasado fue condenado a
28 años de cárcel.
El ex Fiscal General Osorio despidió a Pedro Díaz,
el coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Fiscalía, quien era el
principal abanderado de la investigación contra Rito Alejo del Río. Díaz
denunció que “en este proceso quedó en el aire una denuncia sobre más de 150
asesinatos y más de 100 desapariciones forzadas en el Urabá desde diciembre de
1995 hasta julio de 1997, época en la que el general fue comandante de la
Decimoséptima Brigada, esos hechos no fueron investigados, quedaron por
fuera".
En el corazón del Estado el golpe fue tan sutil
que muchos todavía sostienen que nunca existió. Colombia está en negación. No
quiere aceptar que vivió la dictadura más violenta en la historia de América
Latina.
El Estado y los dueños civiles de los paramilitares
tienen la ventaja de haber creado ejércitos de civiles, en lugar de fortalecer
a las Fuerzas Armadas, durante la segunda mitad de los años noventa. Esto les
permitió cometer la purga política e intelectual, los genocidios a pueblos
indígenas, las desapariciones y las masacres, sin comprometer el buen nombre de
las instituciones. Así se lavó las manos, y puede aún decir que los
paramilitares no fueron su brazo armado; pero la complicidad demuestra lo
contrario.
Entrevisté el 10 de enero a Richard Maok Riaño
Botina, quien fue miembro del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
General de la Nación (CTI) hasta el 28 de agosto del año 2002. Maok ha
denunciado que el ex Fiscal General Osorio lo despidió por investigar la
infiltración paramilitar en la Fiscalía. Él realizó el cruce de bases de datos
más grande hasta su momento entre las investigaciones a paramilitares y los
datos de funcionarios públicos. Descubrió que 250 funcionarios eran
paramilitares. 100 de ellos trabajaban en altos cargos de la Fiscalía.
El lunes 26 de agosto del 2002, Maok le mostró el
resultado de esta investigación a Mario Espitia, el Director Encargado Nacional
del CTI. Espitia preguntó si él estaba en ese cruce de datos. Revisaron, y sí,
el nombre de Mario Espitia figuraba. Maok me dijo que de inmediato Espitia lo
recriminó por haber realizado la investigación y que no podía tener esa
información. A las 5.30pm del martes 27 Maok fue arrestado y su casa allanada.
El 28 de agosto el ex Fiscal General Luis Camilo Osorio lo despidió. La
resolución de despido es del 26 de agosto y fue redactada pocos minutos después
de la reunión entre Richard Maok y Mario Espitia.
Después de su despido, Maok se reunió con el
entonces Representante a la Cámara Gustavo Petro. El Representante Petro le
envió un derecho de petición a Álvaro Uribe Vélez entregándole la
investigación, y solicitando que un Fiscal ad hoc reemplazara a Osorio y se
continuara con el trabajo de Maok sobre paramilitarismo. El ex Fiscal General
Osorio negó la existencia de dicha investigación. Álvaro Uribe, a pesar de
tener la investigación de Maok en su despacho, jamás la determinó.
El ex Fiscal General Luis Camilo Osorio es
investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero
la Comisión no ha querido tomar el testimonio de Richard Maok en este caso. La
diligencia ha sido aplazada tres veces sin motivo válido. Lo único que aduce
para justificar su ineficiencia, o su complicidad, es que “no ha sido posible”
entrevistarlo.
La próxima semana presentaré fragmentos de la
entrevista y revelaciones adicionales.
http://www.elespectador.com/opinion/columna-397942-venganza-criminal-ii
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