En una memorable columna, publicada
en marzo de 1983, escribía el periodista Guillermo Cano, “Nos asistenlegítimos
temores de que, por acción o por omisión, estemos ante una o varias
conspiraciones contra la paz que nos conduzcan inexorablemente a un nuevo y
todavía más sangriento e irreversible enfrentamiento atroz y violento”
(Torpedos de Guerra contra la Paz). Esto a propósito de las crecientes críticas
que desde diferentes ángulos se venían planteando en rechazo a la amnistía
promulgada por el gobierno de Belisario Betancur a los grupos guerrilleros, y
cuestionando la tarea de paz que venía adelantando la Comisión de paz en su
trabajo de acercamiento con la insurgencia armada.
Pocas semanas después el presidente de esta comisión,Otto Morales
Benítez,presentaba al primer mandatario conservador, su renuncia irrevocable a
dicho cargo. En uno de los apartes de la misiva, el ex ministro plasmaba una
frase que posteriormente haría carrera: “Sé que aún le falta a su gobierno una
tarea muy exigente. La más apremiante, es rechazar el escepticismo y a veces el
pesimismo beligerante, que se apodera de todos. Y combatir contra los enemigos
de la paz y de la rehabilitación, que están agazapados por fuera y por dentro
del gobierno. Esas fuerzas reaccionarias en otras épocas lucharon, como hoy,
con sutilezas contra la paz, y lograron torpedearla. Por ello nunca hemos
salido de ese ambiente de zozobra colectiva”.
Casi tres décadas después de escritas estas palabras, resulta inevitable
traerlas a la mente cuando se escuchan las declaraciones de algunos ministros,
ex presidentes, altos funcionarios del gobierno y miembros de las Fuerzas
militares, entre otros, en relación al futuro de los diálogos de paz que se
adelantan en La Habana (Cuba), y en alusión a lasrecientes acciones militares
desarrolladas por las FARC, luego de levantar la tregua unilateral que
declarara durante dos meses. Algunos han pedido con beligerancia que los
diálogos se suspendan de inmediato, mientras que otros con cierta cautela-pero
no por ello con menor inquina- han advertido “que las FARC podrían frustrar el
proceso de paz”.
Y es que en Colombia cada vez que se habla de paz rugen los señores de la
guerra.
Ahora bien, si al despuntar los años ochenta actuaban solapadamente, hace
ya mucho tiempo que actúan públicamente y se les puede ver a la luz del día:
son los mismos que se han enriquecido con el negocio de la guerra; los que han
desplazado a más de 5 millones y medio de campesinos para apropiarse de sus
tierras; Los que han promovido y financiado los grupos paramilitares; los que
han impedido que en Colombia se materialice una verdadera reforma agraria; los
que se han lucrado con los dineros del narcotráfico; los que han ejecutado u
ordenado la muerte de miles de líderes sociales y de la oposición para acallar
sus justas reivindicaciones y mantener, así, los privilegios de una élite.
Pero beligerantes o cautelosos; agazapados o públicos; de dentro o fuera
del gobierno; los enemigos de la paz en Colombia han pretendido, con la ayuda
incondicional de los medios de comunicación,hacer creer al país que las FARC ha
sido la responsable del fracaso de los sucesivos procesos de paz en los que ha
participado esta organización, durante las tres últimas décadas. Sin embargo,
basta una rápida mirada histórica para darnos cuenta de la falsedad de esta
afirmación: Desde los acuerdos del Cese al Fuego, Tregua y Paz (1984) hasta la
agenda pactada en la zona de despeje en el Caguán (1999), pasando por los
diálogos realizados en Caracas y Tlaxcala (1992), ha sido el gobierno de turno
quien de manera unilateral se ha levantado de la mesa.
Sin duda en su momento le faltó mayor claridad a las FARC para exigirle al
gobierno del presidente Virgilio Barco, definiciones concretas sobre una tregua
que se mantuvo en vilo durante mucho tiempo, y no esperar que éste declarara
abiertamente su ruptura; o quizás le hizo falta alcanzar mejores consensos con
los demás integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) a la
hora de plantear unificadamente sus puntos de vista en la mesa de diálogo
frente a los voceros de la administración del presidente César Gaviria; o
ejercer un control más riguroso sobre los excesos de algunos jefes guerrilleros
en el tratamiento a la población civil, en los cuatro años que permaneció la
zona de despeje bajo la administración Pastrana.
Pero ello no lleva a concluir que ha faltado voluntad política de esta
organización armada en la búsqueda de una solución política al conflicto.
Contrario a ello, lo que se ha evidenciado en los gobiernos que han impulsado
procesos de diálogo es una doble lógica: por un lado hablan de paz y, por el
otro, promueven la guerra; no de otra manera se entiende el exterminio de la
Unión Patriótica (UP), mientras estuvieron vigentes los acuerdos de cese al
fuego, tregua y paz; o el bombardeo a Casa Verde simultáneamente con la
votación de una nueva constituyente; o la expansión del paramilitarismo, la
aplicación del “Plan Colombia” y la modernización de las Fuerzas Armadas
mientras se adelantaban los diálogos en el Caguán. Sobra decir que el gobierno
del presidente Juan Manuel Santos no ha escapado a esta lógica: los reiterados
bombardeos a campamentos guerrilleros, la extensión del fuero militar, la
ampliación del pie de fuerza y el aumento del presupuesto militar, son algunas
expresiones de este fenómeno.
La pretensión de derrotar a la insurgencia armada por la vía militar, para
luego negociar su rendición, ha sido un componente común en las diferentes
“estrategias de paz” ensayadas por los gobiernos de turno. De allí su
inclinación a “dialogar en medio de la guerra “. Lo que resulta inconsistente
en esta lógica perversa –que tantos costos humanos y económicos ha traído para
el país- es que en este contexto las acciones militares de la guerrilla sean
presentadas como “ataques contra el proceso de paz”. No quiere esto decir, que
no sea deplorable la retención de policías por parte de las FARC, como lo es
también la situación que viven miles de prisioneros políticos de guerra en las
cárceles colombianas. Pero estos hechos constituyen expresiones de un
prolongado conflicto social y armado. Y precisamente, allí radica la urgente
necesidad de un acuerdo político que ponga fin al mismo.
La paz es un anhelo nacional de millones de compatriotas que, de una u otra
forma, hemos padecido los costos de la guerra. En La Habana se ha abierto una
puerta para la solución política definitiva del conflicto, no permitamos que
los enemigos públicos o agazapados de la paz la cierren, para perpetuar una
guerra que les ha rendido muchos dividendos a costa del dolor de generaciones
enteras de colombianos y colombianas.
http://prensarural.org/spip/spip.php?article10185
http://prensarural.org/spip/spip.php?article10185
