Por: Delegación de paz de las FARC-EP
En sus más recientes propuestas, dadas a
conocer en La Habana, la guerrilla de la FARC propone reparar la deuda
histórica con el campo, crear un fondo para la justicia social
territorial, iniciar la desmilittarización del campo, protecciones
especiales frente a las políticas macroeconómicas, encadenamientos entre
las economías de la ciudad y el campo y políticas de desarrollo en el
marco de un reordenamiento territorial del país.
Con el propósito de avanzar en la democratización de las relaciones urbano- rurales y en atención a un principio de justicia social territorial se formulan las siguientes nueve propuestas:
1.Reparación de la deuda histórica con el campo
2.Fondo extraordinario para la justicia social territorial
3.Desmilitarización de las zonas rurales
4. Protecciones especiales frente a la política macroeconómica y de comercio exterior
5.Encadenamientos equitativos entre economías rurales y urbanas
6.Desarrollo y ordenamiento territorial equitativo para el buen vivir de la población
7.Fiscalidad para un relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo
8.Reconocimiento de la riqueza pluriétnica y multicultural de la sociedad rural
9.Organización institucional para la democratización de las relaciones entre la ciudad y el campo.
1. Reparación de la deuda histórica con el campo
Se emprenderán acciones orientadas a la reparación de la deuda histórica, política, económica, social, ambiental y cultural, con el campo y su población, producto del ejercicio de la violencia estatal y paramilitar y de la guerra, de la depredación socioambiental y de la política económica imperante. Para tal efecto, se diseñarán y realizarán múltiples actos simbólicos de reparación y se dispondrán durante los siguientes 10 años recursos extraordinarios adicionales, equivalentes al menos al cinco por ciento del producto interno bruto anual. Con tales recursos se conformará un “Fondo extraordinario para la justicia social territorial”.
2. Fondo extraordinario para la justicia social territorial
El “Fondo extraordinario para la justicia social territorial” tendrá un valor mínimo de 300 billones de pesos (base 1995), sin perjuicio de los recursos anuales de presupuesto que actualmente se destinan para la financiación de la política sectorial y social en el campo. Será de destinación específica, para contribuir principalmente a la superación de las profundas desigualdades sociales y la pobreza de población rural, y de las desigualdades entre el campo y la ciudad.
Serán fuentes de financiación del Fondo, entre otras:
a) Impuesto a la gran propiedad latifundista, basado en el reavalúo catastral y la renta presuntiva.
b) Establecimiento de la doble tributación para grandes contribuyentes.
c) Impuesto de “Justicia social territorial”, preveniente de una sobretasa al impuesto de rentas y utilidades de grandes contribuyentes.
d) Recursos correspondientes a la reducción programada anual del gasto en seguridad y defensa hasta situarlo en el promedio de América Latina.
e) Aumento del impuesto a las regalías a las transnacionales minero-energéticas a un mínimo del treinta por ciento.
f) Expansión monetaria.
g) Aportes de los Estados del capitalismo central con intereses económicos en Colombia.
h) Renegociación de la deuda pública externa e interna.
3. Desmilitarización de las zonas rurales
Se emprenderán acciones para la desmilitarización programada y sistemática de la sociedad y del Estado, en general, y, de manera particular, de las zonas rurales. La desmilitarización conlleva el abandono de la doctrina de la “seguridad nacional” impuesta por el Pentágono; la no estigmatización de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; el reconocimiento y el respeto por sus territorios; y su exclusión de estrategias contrainsurgentes. Debe acompañarse, por tanto, de una profunda redefinición del pensamiento militar predominante y de la correspondiente reestructuración de las fuerzas militares.
2.Fondo extraordinario para la justicia social territorial
3.Desmilitarización de las zonas rurales
4. Protecciones especiales frente a la política macroeconómica y de comercio exterior
5.Encadenamientos equitativos entre economías rurales y urbanas
6.Desarrollo y ordenamiento territorial equitativo para el buen vivir de la población
7.Fiscalidad para un relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo
8.Reconocimiento de la riqueza pluriétnica y multicultural de la sociedad rural
9.Organización institucional para la democratización de las relaciones entre la ciudad y el campo.
1. Reparación de la deuda histórica con el campo
Se emprenderán acciones orientadas a la reparación de la deuda histórica, política, económica, social, ambiental y cultural, con el campo y su población, producto del ejercicio de la violencia estatal y paramilitar y de la guerra, de la depredación socioambiental y de la política económica imperante. Para tal efecto, se diseñarán y realizarán múltiples actos simbólicos de reparación y se dispondrán durante los siguientes 10 años recursos extraordinarios adicionales, equivalentes al menos al cinco por ciento del producto interno bruto anual. Con tales recursos se conformará un “Fondo extraordinario para la justicia social territorial”.
2. Fondo extraordinario para la justicia social territorial
El “Fondo extraordinario para la justicia social territorial” tendrá un valor mínimo de 300 billones de pesos (base 1995), sin perjuicio de los recursos anuales de presupuesto que actualmente se destinan para la financiación de la política sectorial y social en el campo. Será de destinación específica, para contribuir principalmente a la superación de las profundas desigualdades sociales y la pobreza de población rural, y de las desigualdades entre el campo y la ciudad.
Serán fuentes de financiación del Fondo, entre otras:
a) Impuesto a la gran propiedad latifundista, basado en el reavalúo catastral y la renta presuntiva.
b) Establecimiento de la doble tributación para grandes contribuyentes.
c) Impuesto de “Justicia social territorial”, preveniente de una sobretasa al impuesto de rentas y utilidades de grandes contribuyentes.
d) Recursos correspondientes a la reducción programada anual del gasto en seguridad y defensa hasta situarlo en el promedio de América Latina.
e) Aumento del impuesto a las regalías a las transnacionales minero-energéticas a un mínimo del treinta por ciento.
f) Expansión monetaria.
g) Aportes de los Estados del capitalismo central con intereses económicos en Colombia.
h) Renegociación de la deuda pública externa e interna.
3. Desmilitarización de las zonas rurales
Se emprenderán acciones para la desmilitarización programada y sistemática de la sociedad y del Estado, en general, y, de manera particular, de las zonas rurales. La desmilitarización conlleva el abandono de la doctrina de la “seguridad nacional” impuesta por el Pentágono; la no estigmatización de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; el reconocimiento y el respeto por sus territorios; y su exclusión de estrategias contrainsurgentes. Debe acompañarse, por tanto, de una profunda redefinición del pensamiento militar predominante y de la correspondiente reestructuración de las fuerzas militares.
4. Protecciones especiales frente a la política macroeconómica y de comercio exterior
Considerando que la política macroeconómica y de comercio exterior neoliberal, elaborada en los centros urbanos del poder económico y político, ha afectado de manera significativa la economía de la sociedad rural, en general, y, de manera particular, la economía campesina y la economía de producción de alimentos, se emprenderán medidas de protección especial de esas economías. Mientras se producen los cambios necesarios en el modelo económico y la política económica general, se adelantarán acciones de protección frente a la revaluación del peso, el endeudamiento, incluida la condonación de las deudas campesinas, y los impactos generados por los tratados de libre comercio.
5. Encadenamientos equitativos entre economías rurales y urbanas
Se propiciarán encadenamientos equitativos entre las economías rurales y las economías urbanas, privilegiando la consolidación y la estabilidad de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como a los consumidores urbanos de los sectores medios y pobres de la población. En tal sentido, se promoverá un sistema de compras estatales de los productos de las economías rurales, especialmente de alimentos, basado en precios de sustentación y la eliminación de la intermediación. Se estimulará la agregación de valor de esas economías. Se propiciarán formas asociativas y de cooperación entre productores rurales y consumidores urbanos. Se apoyarán asociaciones y cooperaciones urbanas para compras de producción rural; así como asociaciones y cooperaciones rurales para compras de pequeñas y medianas producciones urbanas.
6. Desarrollo y ordenamiento territorial para el buen vivir de la población
Se impulsarán programas de desarrollo con enfoque territorial que garanticen el buen vivir de la población. Tales programas se fundamentan en un ordenamiento territorial que posibilite la estabilidad y la sostenibilidad de la sociedad rural y, en especial, que proteja en primera instancia el derecho a la tierra y el territorio de la población, y genere las condiciones para el disfrute de los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales. Tal ordenamiento debe atender el principio de justicia social territorial, por lo cual presume el reconocimiento y el respeto del territorio y de las territorialidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, la dotación con infraestructura física y social para garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo, así como la protección y el apoyo a la ruralidad urbana.
7. Fiscalidad para un relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo
Se organizará un sistema de transferencias específicas del gobierno central en la forma de una bolsa de recursos que permita financiar la organización territorial basada en el reconocimiento de los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como en un relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo. Tal sistema de transferencias debe concebirse en la forma de un sistema de compensación para superar las diferencias en la asignación de los recursos y las profundas asimetrías en el desarrollo local y regional. En primera instancia se sustentará en una reforma profunda al sistema general de participaciones y al régimen de regalías, así como en recursos provenientes del “Fondo de justicia social territorial”.
8. Reconocimiento de la riqueza pluriétnica y multicultural de la sociedad rural
La superación de la desigualdad y la inequidad entre el campo y la ciudad implica el reconocimiento efectivo de la riqueza pluriétnica y multicultural de la sociedad colombiana, hasta ahora sometida a la marginalidad y la exclusión. Para ello se requiere el impulso de programas especiales tanto en la ciudad como en el campo que contribuyan a la aprehensión social de tal riqueza, de sus aportes al conocimiento, a la organización de la vida, la economía, la producción, y al relacionamiento con la naturaleza. Ello involucra una transformación profunda de la cultura política.
9. Organización institucional para la democratización de las relaciones entre la ciudad y el campo
La democratización de las relaciones entre la ciudad y el campo demanda la conformación de una institucionalidad que garantice de manera efectiva los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población rural, en general, y de manera particular de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. De manera específica, se trata del reconocimiento del derecho a la participación de esas comunidades en todas las instancias decisorias de la política estatal. La participación política de tales comunidades mediante circunscripciones especiales que desarrollen y amplíen las existentes ocupa un lugar central. La justicia social territorial conlleva una redistribución democrática del poder que reconozca y respete las comunidades actualmente excluidas o débilmente representadas.
Considerando que la política macroeconómica y de comercio exterior neoliberal, elaborada en los centros urbanos del poder económico y político, ha afectado de manera significativa la economía de la sociedad rural, en general, y, de manera particular, la economía campesina y la economía de producción de alimentos, se emprenderán medidas de protección especial de esas economías. Mientras se producen los cambios necesarios en el modelo económico y la política económica general, se adelantarán acciones de protección frente a la revaluación del peso, el endeudamiento, incluida la condonación de las deudas campesinas, y los impactos generados por los tratados de libre comercio.
5. Encadenamientos equitativos entre economías rurales y urbanas
Se propiciarán encadenamientos equitativos entre las economías rurales y las economías urbanas, privilegiando la consolidación y la estabilidad de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como a los consumidores urbanos de los sectores medios y pobres de la población. En tal sentido, se promoverá un sistema de compras estatales de los productos de las economías rurales, especialmente de alimentos, basado en precios de sustentación y la eliminación de la intermediación. Se estimulará la agregación de valor de esas economías. Se propiciarán formas asociativas y de cooperación entre productores rurales y consumidores urbanos. Se apoyarán asociaciones y cooperaciones urbanas para compras de producción rural; así como asociaciones y cooperaciones rurales para compras de pequeñas y medianas producciones urbanas.
6. Desarrollo y ordenamiento territorial para el buen vivir de la población
Se impulsarán programas de desarrollo con enfoque territorial que garanticen el buen vivir de la población. Tales programas se fundamentan en un ordenamiento territorial que posibilite la estabilidad y la sostenibilidad de la sociedad rural y, en especial, que proteja en primera instancia el derecho a la tierra y el territorio de la población, y genere las condiciones para el disfrute de los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales. Tal ordenamiento debe atender el principio de justicia social territorial, por lo cual presume el reconocimiento y el respeto del territorio y de las territorialidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, la dotación con infraestructura física y social para garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo, así como la protección y el apoyo a la ruralidad urbana.
7. Fiscalidad para un relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo
Se organizará un sistema de transferencias específicas del gobierno central en la forma de una bolsa de recursos que permita financiar la organización territorial basada en el reconocimiento de los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como en un relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo. Tal sistema de transferencias debe concebirse en la forma de un sistema de compensación para superar las diferencias en la asignación de los recursos y las profundas asimetrías en el desarrollo local y regional. En primera instancia se sustentará en una reforma profunda al sistema general de participaciones y al régimen de regalías, así como en recursos provenientes del “Fondo de justicia social territorial”.
8. Reconocimiento de la riqueza pluriétnica y multicultural de la sociedad rural
La superación de la desigualdad y la inequidad entre el campo y la ciudad implica el reconocimiento efectivo de la riqueza pluriétnica y multicultural de la sociedad colombiana, hasta ahora sometida a la marginalidad y la exclusión. Para ello se requiere el impulso de programas especiales tanto en la ciudad como en el campo que contribuyan a la aprehensión social de tal riqueza, de sus aportes al conocimiento, a la organización de la vida, la economía, la producción, y al relacionamiento con la naturaleza. Ello involucra una transformación profunda de la cultura política.
9. Organización institucional para la democratización de las relaciones entre la ciudad y el campo
La democratización de las relaciones entre la ciudad y el campo demanda la conformación de una institucionalidad que garantice de manera efectiva los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población rural, en general, y de manera particular de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. De manera específica, se trata del reconocimiento del derecho a la participación de esas comunidades en todas las instancias decisorias de la política estatal. La participación política de tales comunidades mediante circunscripciones especiales que desarrollen y amplíen las existentes ocupa un lugar central. La justicia social territorial conlleva una redistribución democrática del poder que reconozca y respete las comunidades actualmente excluidas o débilmente representadas.
DELEGACION DE PAZ DE LAS FARC-EP
