El Espectador
Aplicar amnistía para condenados e indulto
para investigados por delitos políticos como rebelión, sedición, asonadas y
delitos conexos. Esa es la propuesta que recibirán los presidentes de la Corte
Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la
Judicatura en la próxima reunión de Comité Interinstitucional.
Según la propuesta del magistrado Ruiz,
conocida por este diario, ni el indulto ni la amnistía aplicarían para
terrorismo, homicidio intencional, tortura, secuestro, extorsión, desaparición
forzada u otros delitos atroces. Se aplicarían, además, “respetando los
criterios de razonabilidad, igualdad y proporcionalidad” en los delitos
políticos y sus conexos, poniendo como ejemplo el “hurto de armamento para la
rebelión o el daño de bienes”. Esta propuesta, aclara el magistrado, “se debe
tramitar a través de una ley de la República y se aplica por el Gobierno
Nacional”.
En el marco de los diálogos de paz, que están
teniendo lugar entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, se hace imposible
pensar que esta idea no tendrá repercusiones políticas. Sin embargo, Ruiz, en
entrevista con este diario, aseguró que la sugerencia de la amnistía y el
indulto para presos políticos nada tiene que ver con lo que se está negociando
en La Habana: “Mi proposición nada tiene que ver con el Gobierno, en el
Congreso no la conocen todavía. Mi propósito es poner sobre la mesa ideas que
apunten a solucionar el dramático problema de hacinamiento que viven los presos
colombianos”.
El documento de Ruiz Orejuela incluye también
conseguir que los jueces revisen “oficiosamente” quiénes cumplen los requisitos
para que les sustituyan la medida de prisión intramural por prisión
domiciliaria, libertad condicional o vigilancia electrónica, y que se trabaje
para articular una política criminal que contemple que la cárcel sea sólo para
delitos de alto impacto social. “Es que yo estuve en La Modelo —señala Ruiz—,
sentí en carne propia el sufrimiento de los reclusos. Me parece que tenemos que
hacer algo por ellos, algo más que echarle la culpa al Inpec de todo”.
El magistrado Ruiz sostiene que su objetivo
es enfocarse en el problema superlativo de hacinamiento que viven casi todas
las cárceles del país, con tasas que ya superaron el 50%. No obstante, es
previsible que esta propuesta entre a formar parte de un extenso debate que
nació desde el mismo momento en que se supo que el Gobierno negociaba con las
Farc. Figuras como el fiscal general, por ejemplo, han sostenido que es
necesario que se construya un marco jurídico que dé vía libre a la amnistía y
al indulto para lograr una salida negociada al conflicto. “Es una decisión
impopular, pero el país debe reflexionar”, respondió entonces el senador
liberal Luis Fernando Velasco.
En el Congreso, no obstante, así como en
muchos otros sectores del país, múltiples voces se oponen férreamente a estas
iniciativas, porque relacionan estas concesiones con impunidad. La sugerencia
del magistrado Ruiz Orejuela excluye los delitos atroces, pero, aunque él
asegure que apunta sólo a resolver la problemática del hacinamiento carcelario,
es imposible negar que se presenta en un momento histórico de extrema
sensibilidad para todos los bandos involucrados en el tema de la paz. “Es una
simple propuesta para ver si es acogida. La hago como docente y como jurista”,
concluye Ruiz.
