La legitimación de esa nueva fuerza política es el primer paso para
darle a la guerrilla la confianza de que en la política legal sí hay
espacio para todas las voces.
Carlos Ossa Escobar, quien fue consejero presidencial del gobierno de Virgilio Barco, se ha encargado de recordarnos, tanto en testimonios periodísticos como en declaraciones que reposan ante la Justicia, cómo a finales de los 80, cada día mataban a un miembro de la Unión Patriótica, ante la mirada indolente y cómplice de los organismos de seguridad del Estado. Dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 70 concejales y por lo menos 1.500 militantes fueron asesinados a lo largo de cinco lustros. Muchos de sus más destacados líderes, como Aida Abella, terminaron en el exilio; otros, como Iván Márquez, regresaron al monte a construir un partido clandestino al servicio de la guerra.
En las épocas en las que Ossa fue testigo de excepción, la cúpula de las Fuerzas Militares, luego de exhaustivas investigaciones, aseguraba que los de la UP los mataban sus propios amigos de las FARC.
Hoy sabemos que eso es mentira. Que a la UP la acabó una alianza macabra de políticos del corte de César Pérez, condenado por la masacre de Segovia; los narcotraficantes; las fuerzas oscuras del Estado, y también sectores económicos que, como en el caso de Urabá, estaban incómodos con el poder local que este movimiento adquiría. De hecho, un Tribunal de Justicia y Paz calificó como “genocidio” lo que ocurrió con la UP en esta región bananera de Antioquia, a propósito de una sentencia contra el jefe paramilitar ‘HH’.
En el 2002 la UP ya no contaba ni con los líderes ni con los votos para competir con las maquinarias electorales que las AUC, con una refinadísima versión de la combinación de las formas de lucha, echaron a andar para hacerse con el poder político en todo el país. La UP perdió su personería jurídica y pasó a ser cosa de un pasado triste y vergonzoso.
Ahora cuando se vuelve a hablar de paz, surge en el panorama una fuerza política de izquierda que evoca a la UP: la Marcha Patriótica. Allí están muchos que sobrevivieron al exterminio, como Carlos Lozano y Gloria Inés Ramírez, junto a líderes jóvenes dispuestos a superar el trauma que les dejó la violencia política, como Iván Cepeda y Andrés Gil.
El año pasado, cuando la Marcha Patriótica salió a luz pública con una masiva movilización en Bogotá, los mismos botafuegos de siempre salieron a señalarla de mampara del terrorismo. Pero las conversaciones de La Habana parecen haber cambiado la percepción del Gobierno sobre la Marcha, y ahora hasta el presidente Santos se ha decidido a salir, junto a Piedad Córdoba, una de sus principales voceras, el 9 de abril, cuando se realizará una marcha de respaldo al proceso de paz.
La legitimación de la Marcha Patriótica es el primer paso para darle a la guerrilla la confianza de que en la política legal sí hay espacio para todas las voces, para todas las posiciones. Que no se repetirá la experiencia de la UP.
Pero el futuro de la Marcha Patriótica depende, en buena medida, de que pueda participar en elecciones en el 2014, cosa que no está para nada garantizada. El umbral impuesto por las nuevas reglas del juego electorales es prácticamente inalcanzable para un movimiento nuevo, cuya base social es sobre todo campesina. Y los congresistas que hacen parte de ella, y que finalmente tienen los votos, no podrán presentarse a su nombre sin incurrir en transfuguismos.
La Unión Patriótica y la Marcha Patriótica tienen en común que han surgido al calor de los procesos de negociación. La una tuvo un desenlace trágico, el futuro de la otra no se ha definido todavía. Por eso, sin que se lo ordene ninguna corte o tribunal, el Gobierno debería buscar los mecanismos para restablecer la personería jurídica de la UP, apelando al artículo 152 de la Ley de Víctimas, que contempla la reparación colectiva a grupos políticos; y permitir que la Marcha Patriótica la use para las próximas elecciones. Eso, y restituirles, bajo una figura de favorabilidad, las curules que perdieron durante la guerra sucia, serían gestos simbólicos del Gobierno y, sobre todo, de los partidos.
Que la Marcha Patriótica no se quede por fuera del juego democrático es crucial para ir allanando el camino de la reconciliación y de la paz política que tanto pregona por estos días el presidente Santos.
