Nuestra Constancia Histórica y Censura
Ética ante la continuidad de desconocimiento de los derechos de las
comunidades indígenas por las actuaciones de tipo paramilitar en el
corregimiento de Pavarandó en represalias a las denuncias permanentes de
operaciones omisivas, tolerantes, cómplices de la brigada 17 y la
policía de Urabá con estructuras paramilitares y traficantes de drogas.
Ref: Amenazas a líderes y comunidades por denuncias sobre coca y paramilitarismo
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas por las actuaciones de tipo paramilitar en el corregimiento de Pavarandó en represalias a las denuncias permanentes de operaciones omisivas, tolerantes, cómplices de la brigada 17 y la policía de Urabá con estructuras paramilitares y traficantes de drogas.
La dilatada respuesta institucional para enfrentar el uso de predios comunitarios de las comunidades indígenas, usados y ocupados, ilegalmente por sembradores y traficantes de cocaína, es respondida sin adecuada información a los denunciantes y la circulación de la misma a los que operan contra derecho. Al mismo tiempo, la respuesta institucional no ha derivado en un desmonte de la estructura criminal y el enquistamiento de lógicas de operación paramilitar en Pavarandó, Mutatá, Belén de Bajirá, Llano Rico.
Ante ustedes la fundamentación fáctica de esta Constancia Histórica
*Sábado 2 de marzo hacia las 3:30 pm entre la comunidad de Ibudó e Irada integrantes de la fuerza pública se instalaron en medio de los pobladores indígenas. El efectivo regular cabo Carbono expresó que se encontraban allí para que la comunidad les informara del lugar en que se encontraban los cultivos de coca.
Los indígenas les solicitaron alejarse de los lugares de habitación de la población y les recordaron que desde 2012 el gobierno nacional conoce los lugares específicos de las siembra de coca ubicados al “lado izquierdo” subiendo por el río Urada, sin cruzar quebrada Arenosa, siembras de ocupantes de mala fe.
Desde ese día los militares iniciaron la erradicación manual de cultivos.
*Martes 12 de marzo en horas de la noche nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que en el caserío de Pavaradó, un señor de nombre JOSÉ PUERTAS, al parecer uno de los afectados con la erradicación, afirmó que el ejército les informó que los denunciantes fueron los indígenas de la comunidad de Ibudó, entre ellos, el gobernador ELADÍN CARUPIA DOMICÓ.
Entre los que allí se encontraban manifestaron que el ejército les mantenía al tanto de todo y que si los indígenas de Jaibia- Coredocito, Alto Guayabal, Bidoquera-Ancadia, Nuevo Cañaveral Ibudo y Padado-Apartadocito son los responsables del daño del negocio, eso se pagaba con sangre. Agregaron: "si la coca era completamente erradicada hay que dar muñeca a los indígenas”.
* Viernes 15 de marzo aproximadamente a las 6:00 p.m. en el corregimiento de Pavarandó, los indígenas de Alto Guayabal, ALBERTO JUMI, ALEJANDRO BAILARÍN, LUIS CUÑAPA, el vendedor de bienes de supervivencia y de gasolina para los motores de las embarcaciones fueron informados que no les hospedaría más, ni les iba a vender más productos.
Horas después se conoció que un ex paramilitar y neo paramilitar apodado “Kaliman” dio la orden en diversos establecimientos de no proveer a las comunidades indígenas.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de garantías para exigir protección de Derechos Territoriales de las comunidades indígenas por parte de agentes estatales que no actúan con diligencia, si no que desinformar y colocan en riesgo a los denunciantes.
Nuestra Censura Ética ante la continuidad de las operaciones paramilitares contra las comunidades indígenas impidiendo la libre movilización, la libre compra de bienes de supervivencia sin que las autoridades policiales y militares les enfrenten y aseguren estos derechos.
Nuestra Censura Ética ante las amenazas de muerte a las comunidades indígenas por parte de participantes en la ocupación de tierras, siembra de coca y operaciones de tipo paramilitar sin que existan garantías para asegurar la vida e integridad de estas, por parte del Estado colombiano.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y sus responsabilidades institucionales solicitamos sus respuestas a estas preguntas:
1. ¿Qué operaciones se han adelantado contra ls estructuras paramilitares o BACRIM que operan en Pavarandó, Mutatá, Llano Rico y que afectan los derechos de las comunidades indígenas? ¿Cuántas se han realizado?, ¿En qué fechas?
2. ¿Cuáles son los resultados de dichas operaciones en términos de capturas, de procesados, de sentenciados, de privados de la libertad y de identificación de los beneficiarios tanto de las operaciones represivas como de investigación penal?
3. ¿Cuáles son los protocolos para intervenir en erradicación de cultivos de coca? ¿Se informa a los denunciantes y a los denunciados? ¿Qué se hace frente a la identificación de los responsables, se les informa? ¿Qué procedimiento existe de identificación de los predios, se usan fotos satelitales u otros medios de Identificación, que no dependan de los denunciantes y sus testimonios? ¿Cuáles? ¿Cuál es el tiempo estimado para que conocida una denuncia, se proceda a la
erradicación?
4. ¿Qué medidas concretas y en qué plazo se van a adoptar para proteger a los líderes y las comunidades amenazadas de muerte?
De toda consideración.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Foto tomada de internet .
