Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Algunos de los defensores de Alejandro Ordóñez suelen presentar como
inofensivo su fundamentalismo religioso en relación con el aborto, con el argumento
de que no conocen una sola mujer que no haya podido abortar legalmente por
cuenta del procurador.
Otra cosa muestra la realidad. Por supuesto que sí hay mujeres que gracias
a Ordóñez han encontrado dificultades y clima hostil para abortar legalmente
aun en los tres casos aprobados por la Corte Constitucional, y han tenido que
hacerlo clandestinamente o procrear hijos no deseados.
La Corte Constitucional tuvo que prohibir la publicación de los nombres de
las mujeres que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), para
protegerlas además de denuncias penales temerarias. Y esa decisión debió
tomarla cuando una mujer adulta en Villavicencio que había tenido tres abortos
de alto riesgo quedó nuevamente embarazada y solicitó una IVE que le fue negada
por el sistema de salud, por lo cual interpuso una tutela que llegó hasta la
Corte Constitucional. Mientras se adelantaba el trámite la señora tuvo que
abortar en forma clandestina, no ilegal, y cuando la tutela fue seleccionada
para su revisión, la procuradora Ilva Myriam Hoyos, otra rezandera a ultranza,
formuló una críptica denuncia penal que en la práctica lo fue contra la mujer y
el magistrado Humberto Sierra, aun cuando posteriormente intentó negarlo con un
argumento artificioso, más propio de un rábula que de un agente del ministerio
público.
(Véase el comunicado emitido por la procuraduría http://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=net.comtor.cms.frontend.component.pagefactory.NewsComponentPageFactory&action=view&key=1003 )
A pesar de la prohibición de divulgar los nombres de las mujeres que
solicitan la IVE, el mensaje amenazante quedó lanzado: quien no pueda abortar
legalmente porque se lo impida una entidad de salud y opte por hacerlo
clandestinamente, es una delincuente, y todo eso, sí señor, por cuenta del
procurador.
Que el sistema de salud le haya negado a esa llanera el derecho a abortar
legal y abiertamente y tuviera que hacerlo en forma clandestina no fue un
problema interno de la entidad, sino el temor ante las represalias judiciales
de la intolerancia perseguidora de una Procuraduría que, abusando de sus
funciones, se entromete en muchas entidades que se ven amenazadas cada vez que
autorizan la IVE.
Pero hay más. Una niña de 12 años pretendió abortar legalmente, pero como
le fue impedido su derecho a hacerlo, a tan corta edad tuvo que tener un bebé
no deseado. La Corte Constitucional sancionó en vía de tutela a la EPS que se
negó a prestarle la atención oportuna a esa niña y por los daños irremediables
que le causó, y, atérrense, la Procuraduría defendió en esa ocasión a la EPS
que incumplió sus deberes.
De manera, pues, que no nos vengan con el cuento de que Ordóñez es apenas
un procurador creyente e inofensivo con sus posturas religiosas, porque en
materia del aborto legal ha sido tan nefasto como prevaricador. Por eso tuvo
que rectificar por orden de la Corte Constitucional, así fuera tramposamente,
porque mintió por rendirle culto a su fe.
Por eso no es raro que este procurador siniestro, que se ofende cuando un
funcionario público del alto gobierno cree que otra persona distinta a él pueda
reemplazarlo, haya convertido su delictual campaña reeleccionista en un
referendo antiaborto. A propósito ¿cómo se entera este ayatola de mensajes y
conversaciones privadas de esos funcionarios? Ese será otro tema que habrá que
escarbar. Me sigo resistiendo a creer que este país tenga que soportar la
corrupción de quien como Ordóñez, insiste en hacerse reelegir a sangre y fuego.
Adenda. No hay derecho. La hermosa y pujante Barranquilla aislada y sus
visitantes maltratados y retenidos, porque en el aeropuerto Ernesto Cortissoz
están dañadas unas bombillas, que el incompetente director de la Aeronáutica
Civil, Santiago Castro, no ha logrado reparar.
http://www.elespectador.com/opinion/columna-378300-huellas-de-un-perseguidor
