Director del semanario 'Voz'
Columna de Opinión el Tiempo
20 de Octubre 2012.
Las intervenciones de Humberto de la Calle e 'Iván Márquez' en la
instalación de los diálogos plantearon las contradicciones políticas e
ideológicas de las partes, que permiten avizorar la complejidad de los debates
y discusiones en Cuba.
El discurso de las Farc no dista mucho del de un partido de izquierda o un
sindicato u organización contestataria en el marco de la precariedad de la
democracia. El establecimiento debería pensar hasta dónde está dispuesto a
llegar, si es que quiere la paz, en cambios políticos, sociales y económicos
para erradicar las causas del conflicto.
Causas del conflicto
La agenda no excluye la posibilidad de que en su desarrollo se tengan en
cuenta los graves problemas nacionales, como lo están exigiendo sectores
sociales que son excluidos del proceso. No se trata de reformas maximalistas,
pero sí de acuerdos que fortalezcan la democracia y la justicia social. Son las
causas del conflicto y la razón de ser de un nuevo pacto político y social para
la paz estable y duradera.
Al establecimiento y al gran capital no les gustan los cambios progresistas
y de mayor equidad; sienten fobia por reformas democráticas porque amenazan su
enorme poder político y económico. Quedó demostrado en pasados procesos con las
Farc y el Eln, porque cuando era inevitable abordar temas de fondo buscaron con
afán el pretexto para la ruptura. En esta ocasión, como existe la agenda
acordada y de entrada tiene que abordarse, pretenden reducirla.
Con todo, el inicio fue el destape de posiciones; no hay por qué entrar en
desespero, ambas partes declararon la voluntad de paz. Es imprescindible
creatividad y audacia para allanar la salida política. Lo más importante es
buscar el silencio de los fusiles, y ello dependerá de la profundidad de los
cambios. Ambas partes están en pie de igualdad. El Gobierno y los grandes
medios deben abandonar el cuento falaz de que la guerrilla está derrotada. Ese
método fracasó durante cinco décadas y solo sirvió para prolongar el conflicto.
Sobra la advertencia con tufo a ultimátum de que el Gobierno no es rehén del
proceso. El balance periódico debe ser para dinamizar el diálogo, no para
acabarlo. El tiempo debe ser el necesario para abordar una agenda de discusión.
El Gobierno no puede presentar al Estado como víctima cuando es el principal
depredador de los derechos humanos en el conflicto.
